La estabilidad de gobierno tras el reparto del poder político encumbrado como bien supremo, da sentido al pacto pseudoconstitucional de 1978, sacrificando la libertad política y convirtiéndose en la primera Razón de Estado de la fundación de esta partitocracia. La irrepresentación y la corrupción conceptual de la nación, subjetivizando su significado como hecho dependiente de la voluntad, tuvieron reflejo práctico en la organización territorial de las autonomías como natural consecuencia de ese consenso.

El sometimiento voluntario de la Justicia al poder político asumiendo el rol de simple ejecutor de sus decisiones y renunciando a ser facultad estatal independiente, constituye la Segunda Razón de Estado. No es elucubración personal, sino que así lo reconoció de forma expresa quien, por designación de ese mismo poder político ostentara la jefatura máxima de lo Judicial.

Ya en el año 2009 y en su discurso oficial pronunciado en el acto de toma de posesión del Presidente de la Audiencia Nacional, quien lo fuera del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Excmo. Sr. D. Carlos Dívar, señalaba que “la Audiencia Nacional debe regirse por algo tan fundamental como es la Razón de Estado, porque el verdadero Estado es el justo y el de derecho”.

Ante tales palabras parece revolucionario pretender que simplemente sea la Ley la que guíe las actuaciones tanto de ese Órgano Jurisdiccional como de los restantes del mal llamado Poder Judicial. La dignidad judicial desaparece a la misma velocidad en que se acepta el papel ejecutor de esa infame Razón de Estado a la que se deja la función arbitral de determinar Lo Justo en una concentración de poderes incompatible con la Democracia. La vacuidad del concepto de Estado de Derecho sólo es un adorno dialéctico, edulcorante de tan manifiesta expresión de pleitesía.

Por si quedara alguna duda, durante ese mismo discurso el Presidente del CGPJ se dirigía a los diputados del Congreso presentes en el acto, pertenecientes a la Comisión de Justicia, a los que expresaba su deseo de que en el futuro pudieran incorporarse a los grupos de trabajo integrados por los vocales del órgano de gobierno de los jueces, tanto el Ministerio de Justicia como las Comunidades Autónomas con competencia en materia de Justicia “en aras a una mayor colaboración, con el fin de alcanzar un acuerdo social por la Justicia”.

El círculo de la inseparación se cierra de nuevo con el broche del consenso y la invocación una vez más de “lo social”, Tercera Razón de Estado y excusa última para ofrecer los servicios de una Justicia sólo separada nominalmente del poder político. Es la praxis del estado social, antidemocrático y de derecho que se traza en el Artículo 1 del texto llamado constitucional.

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