Qué atrajo a Aznar hacia los círculos neoconservadores. ¿Fue su compromiso moral de libertador democrático? Entonces, ¿por qué no empezó por construir un nuevo proyecto político en su propio país que separara los poderes del Estado y representara a la sociedad civil? O fue precisamente su sentido de Estado lo que le hizo creer en los inmensos beneficios derivados de la guerra de Iraq como declaró Jeb Bush, quien no sabía que España es una Monarquía. O fue su sentido Atlántico lo que le llevó a respaldar, tal como Kristol escribiera, la expansión de la OTAN como garante de la presencia norteamericana en posiciones geoestratégicas europeas para ejercer su liderazgo sobre las cuestiones que afectan a Europa, sin entender que el conflicto en Georgia, el escudo antimisiles en Polonia y la independencia de Kosovo son productos en gran medida de la falta de libertad política y liderazgo europeo. O fue su apoyo a la política energética del nuevo siglo americano basada en una intervención directa, utilizando la fuerza militar si fuera necesaria, para obtener un petróleo barato de los países productores. En todo caso, la política neoconservadora no ha conseguido realizar sus sueños libertadores llevando la democracia a Europa ni mucho menos a ningún país del resto del mundo. Existen problemas fundamentales en sus postulados, que lo impiden. En primer lugar, no es capaz de separar el régimen de poder del régimen económico creyendo que tanto la democracia como el capitalismo han conducido al final de la historia, sin entender que la democracia formal resuelve únicamente el problema político del poder (quién manda) pero no resuelve el problema de la justicia social y la igualdad, que siempre estarán presentes en mayor o menor medida. Y en segundo lugar, su aberrante y criminal discordancia entre los medios y sus más nobles fines, convierte su pretendida fortaleza moral en un mero juego de la retórica de los impulsos, como escribió el genial Mark Twain.    página anterior   Esquema de la serie de artículos (*)  (Foto: Army.mil) {jomcomment}

Al juez Rafael Tirado, que no ejecutó durante dos años y dos meses una sentencia de cárcel contra el presunto asesino de la niña Mari Luz Cortés, le fue impuesta una multa de 1500 euros, una sanción que el CGPJ podría ampliar, tras el recurso de la fiscalía que pide dos años de suspensión. Juana Gálvez, la secretaria judicial suspendida de empleo y sueldo durante dos años por el Ministerio de Justicia, cometió una serie de errores (ausencia y tardanza de algunas notificaciones, o que éstas fuesen incorrectas) que tuvieron consecuencias trágicas.   El portavoz del Colegio Nacional de Secretarios Judiciales ha manifestado que la sanción a su compañera es “injusta”, mientras que ésta ha declarado que “con más medios se habría evitado el drama”. Sin embargo, el secretario de Estado de Justicia, señala que “no es verdad que lo que le ha pasado a Juana Gálvez le pueda ocurrir a cualquiera de los 4000 secretarios judiciales españoles”.   Al paro de los secretarios judiciales (que se acercó al 85%) se unió la celebración de juntas de jueces (el mecanismo previsto en la ley para que los magistrados puedan tratar sus problemas) en toda España, siendo calificada esta coincidencia por el Ministerio de Justicia de “huelga encubierta” para protestar por el expediente disciplinario que pende sobre el juez Tirado y la “desproporcionada” sanción a la señora Gálvez, así como denunciar “las injerencias” del poder político en el ámbito judicial.   Las asociaciones propondrán una serie de medidas para paliar las carencias estructurales del sistema judicial y su falta de modernización. En esta línea el CGPJ estudiará la instalación de un sistema informático que haga saltar una alarma cada vez que un juez vaya a cometer un error. Jueces para la Democracia reconoce que la opinión pública puede pensar que las reivindicaciones del mundo judicial responden al “corporativismo” como ha dicho el Gobierno, pero la realidad es que “los jueces han dicho basta”.   La portavoz del CGPJ advierte a los jueces que sus críticas “no ayudan a sentar ese respeto institucional que tanto demandamos”, pero asegura que el Consejo “desde su independencia”, no se siente “presionado”, ni siquiera por los que han designado a sus integrantes mediante cuotas de partido estatal.   hechos significativos El juez Garzón se niega a tramitar el recurso de la Fiscalía contra su decisión de investigar crímenes desde 1936. Desde la patronal CEOE dicen que "nos están echando a gorrazos" de Argentina.  

rh?zom?ng plεats oƒ dεs?rancε (foto: jef safi) Insertos La presentadora narraba con sofisticación cualquiera de las relevantes noticias del informativo; y cuando de su boca gominola surgía la palabra “payaso”… una fotografía fija de don Mariano Rajoy. Segundos interminables. El decisivo asunto generó una polémica otoñal. Quizá por eso nadie reparó en el inserto terrible que nos había preparado, como venganza, un portavoz del Partido Popular: está bien que hagan propaganda, pero no subliminal, dijo. Nunca, nadie, había hecho un retrato tan duro y triste de la partidocracia, en un sarcasmo gris.   Subliminal, como sublime, mana etimológicamente de lo que se encuentra “bajo el umbral”. Parece que la expresión tiene extrañas connotaciones de caída, de “entrega” al dintel. De yacimiento. Pero, ¿qué umbral deja de traspasar un alegre y caminante payaso-Rajoy? El de la conciencia. Entonces, suponiendo que la conciencia sea sólo un estar preinteligente en el mundo, ¿el payaso se ha refugiado más hondo, en el ser? Y aceptando también este lugar, ¿qué ser político yace en la mente del celtíbero?   El Estado cooptado sólo puede hacer propaganda subliminal, porque la propaganda tradicional se denomina información, como el reparto discrecional de la riqueza lujuriosa se llama Economía y como la intervención anterior y posterior del gobierno sin Estado o estado de Gobierno (no de sitio) en la sociedad civil se conoce como Política. Todo lo asombroso y revolucionario que suele ser lo sublime en el Arte, es tosco y conservador en la Política. La pérdida inducida de la conciencia nacional, de haber nacido juntos, no niega la sublimación de la conciencia estatal o estado sustitutivo de conciencia. Mente funcionaria. El Estado subliminal es aquel que habiendo sido usurpado, no tiene capacidad de contener, sino que sólo puede ser contenido; somos sus contenedores. De la misma forma que no nos es dado presentarnos o representarnos en él, sino ser sus servidores. Ocurre cuando el individuo es enfrentado a él sin el molesto trámite de la socialización (civil) y excluye la libertad.

Mientras predomine el pensamiento moral binario (amigo-enemigo), antes instintivo que crítico y abierto a la consciencia de nuestra ignorancia, el problema del nacionalismo tiene difícil solución. El nacionalismo ideológico es, en sustancia, binario: en un lado están los nuestros y, en el otro, los demás. Y aunque este código de pertenencia tribal sirvió eficazmente propósitos de supervivencia (a los que podríamos regresar en caso de catástrofe), y demolerlos como si ya fuesen inútiles sería simple castración, se requiere de nosotros amplificar el sentimiento moral primitivo de pertenencia hasta abarcar el espacio entero de lo posible. En lo social, la convivencia pacífica entre todos los seres humanos. En lo político, el mejor y más racional de los diseños de Estado, que garanticen la libertad y control democrático del poder.   Javier Pons, director general de TVE Corazones de Hielo (Story Board, 2007) es un valiente documental realizado por Pedro Arjona y producido por el escritor y periodista Jorge Reverte sobre la realidad social vasca. De mano de una serie de entrevistas a algunas de las víctimas de ETA, y con la tragedia Antígona de Sófocles como trasfondo, el documental deja traslucir, sin victimismo ni afán vengantivo, la entereza de quienes se enfrentan a la locura binarista del nacionalismo más exacerbado.   El secuestro de la sociedad vasca basado en la permanente amenaza de violencia está meridianamente dibujado en este sobrio documental. La violencia como la forma más inmediata –y menos eficiente– de expresar la frustración propia, originada en el miedo a lo otro, lo extraño, lo ajeno. Y, de acuerdo con la visión del realizador, Antígona como representante de la visión de todos aquellos ciudadanos respetuosos hasta tal punto de las leyes divinas de la convivencia racional y pacífica que ponen en peligro sus vidas contra los que se creen ley.   Jorge Reverte me cuenta que ninguna televisión pública ha osado emitir el documental, salvo la segunda de ETB, a las dos de la madrugada y sin previo aviso. Tal es la cobardía, y tal es la naturaleza del secuestro no ya sólo de la sociedad vasca sino de la española en conjunto. El silencio al que se ven sometidos los justos, como me señalaba el propio Reverte, es otro tema clásico.

Congreso de los Diputados (foto: Jaime de Urgell) Para los comentaristas que se hallan atrapados en las servidumbres de la lucha partidista, el reciente gesto del Partido Socialista, su proclamada intención de apoyar, antes de que se suscite cualquier debate, los presupuestos de aquellas comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular y aliados, es una demostración de patriotismo y “ética de la responsabilidad” ante los negros nubarrones que se ciernen sobre el horizonte. Para aquellos que pretenden sustraerse a tal clase de servidumbres, pero se niegan a ahondar en la naturaleza íntima de un sistema que ha vuelto ocioso el debate en las instituciones e inviable el control del poder, se trata simplemente de más oportunismo, tan frecuente en la lucha partidista. A este tipo de análisis responde el editorial de ABC del 20 de octubre, con un alarde de voluntarismo muy notable: "En la medida en que los populares no interioricen el complejo de culpa que el Gobierno quiere inocularles y respondan como exige una democracia parlamentaria -con control político, oposición constructiva y exigencia de responsabilidades-, la táctica socialista estará abocada al fracaso.".   No es verdad. Ni la "oposición constructiva", suponiendo que sepamos lo que es tal cosa, forma parte de los presupuestos teóricos del parlamentarismo ni el control del Gobierno se ha demostrado viable en la práctica de los regímenes parlamentarios. Cuando el Poder Ejecutivo emana del Poder Legislativo, el segundo queda irremisiblemente sometido al primero y la separación de poderes se ve conculcada: sólo una institución representativa de los electores podría frenar esta sumisión. Cuando a todo ello se añade un sistema electoral proporcional de listas, en el cual los candidatos deben su puesto a su partido y no a un electorado al que no representan, la consustancial disciplina de voto de sus señorías termina por cerrar el círculo del descontrol del poder. La práctica institucional que este sistema impone permite a un partido prometer apoyos parlamentarios previamente a cualquier debate que se suscite, sin que ello cause mayor conmoción: confesión involuntaria de la propia nulidad del parlamento como foro de control. Tal es el modus operandi de una “democracia parlamentaria” que ABC sienta como dato incontestable. Ni es democracia ni es parlamentaria.

Garzón ha requerido al Registro Civil de Madrid para que en el plazo de diez días remita a su Juzgado el certificado de defunción de Franco. El Magistrado justifica el oficio cursado en la necesidad de dejar constancia procesal de la inimputabilidad por muerte del dictador, como causa extintiva de su responsabilidad penal en el proceso por crímenes contra la humanidad que ha abierto contra el franquismo.   Con su actividad judicial parece que a D. Baltasar le queda alguna duda de la muerte del anterior Jefe del Estado. Y es que en Derecho, el conocimiento público o notoriedad de un hecho lo exime de la necesidad de su prueba. Lo evidente no tiene que ser probado. Entonces, ¿qué se oculta bajo la losa de mármol de El Valle de los Caídos? Quizá lo sepamos cuando se levante para convertir el pedregal serrano en parque temático, como parece ser intención del partido en el poder.   Sin embargo Garzón, sin saberlo y en su incansable afán de protagonismo, antítesis del prudente comportamiento que a todo juzgador debe adornar, da en el clavo abriendo la puerta que nos asoma a un abismo insondable. ¿Está de verdad Franco muerto? Porque si resulta evidente que el antiguo inquilino del Pardo no respira, si hay prueba constatable de que su obra permanece, remozada tras el pacto constitucional del año setenta y ocho, el paso de la dictadura de partido único a la de varios partidos de Estado en los que el hecho biológico de la muerte es el único que aparta a los antiguos oligarcas de su lugar en ese Estado, y en cuya jefatura se corona quien directamente designó el tirano, también son evidencias que hacen prueba plena de que en España, tantos años después, sigue sin existir Democracia.   Que Garzón tenga cuidado. La razón del Derecho y la lógica jurídica son tan aplastantes que pueden ponerle en un serio brete por sus ansias de oropel mediático. Nos decían en la milicia para nuestra seguridad en el manejo de las armas, que las carga el diablo y las dispara un idiota.   Se comienza solicitando el certificado de defunción de Franco, pero si sigue esa línea de investigación, el instructor deberá sin duda tomar declaración a Fraga y sus compañeros para pedirles explicaciones sobre su actuación en los distintos cargos públicos que desde el alzamiento del 18 de Julio hasta ahora les han permitido seguir ininterrumpidamente subidos al coche oficial.   También deberá remitir otro oficio a Zarzuela como indagatoria, dado que allí habita alguien tan importante para la instrucción de la causa como quien tuvo el más cercano conocimiento del principal implicado en los hechos investigados y a quien debe su actual status institucional. Y si no lo hace, es porque tal evidencia no necesita prueba. Menos aún que la muerte de Franco.

Baltasar Garzón (foto: UNIA) Después de la aprobación de la Ley de Memoria Histórica el 31 de octubre de 2007, muchas han sido las asociaciones creadas para representar a las víctimas de la Guerra Civil. La denuncia de alguna de estas asociaciones por desapariciones, ha hecho que el Juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, obviando la Ley de Amnistía del 77 y por consiguiente la Constitución, se declare competente para investigar los crímenes de la Guerra civil y el franquismo hasta el año 1951, autorizando la excavación de fosas y exhumación de cadáveres. El Ministro de Justicia ha puesto a su disposición el Instituto Nacional de Toxicología; a su vez, el Magistrado ha contratado a dos expertos, uno de ellos el ex fiscal anticorrupción y candidato en las últimas elecciones por IU Carlos Jiménez Villarejo.   Las Asociaciones para la Recuperación de la Memoria Histórica no son representativas de todos los familiares de las víctimas. Algunas han sido creadas por los intereses partidistas del PSOE e IU (esta última para no desaparecer del panorama político), utilizando a personas afines a dichos partidos desde la cúpula; no tienen base, sólo corresponden a unas siglas. Ha sido la Administración quien les ha facilitado los archivos de desaparecidos requeridos por Garzón. Las desavenencias entre sus miembros es notoria por la distinción que hacen respecto a las víctimas: se procede a la exhumación de todas pero sólo se identifican a unas cuantas. Si en una fosa hay 4.500 restos y sólo reclaman la identificación 20 familias habría que realizarles la prueba del ADN a todos los restos hallados, jamás podrán hacerlo en su totalidad. Muchos familiares se niegan a la exhumación (caso Federico García Lorca), otros no aparecen. El coste es elevadísimo e imposible de asumir.   La megalomanía del juez le ha llevado a saquear en las exhumaciones de las víctimas inocentes, al desposeerlos de sus enseres personales y a utilizar a muchos familiares, desobedeciendo incluso al Fiscal General del Estado en su prohibición de abrir diligencias sobre los desaparecidos. A Zapatero “su” juez se le ha ido de las manos, si no lo utiliza para callar las protestas de la judicatura. Pero las exhumaciones continúan, su valor arqueológico es incalculable. Y el Juez traspasa las fronteras en todos los sentidos. La partitocracia con estos actos y a través de sus medios de comunicación está abriendo una división casi inexistente en la población española. Esto es un verdadero disparate.

La capacidad de sentir dolor ha sido seleccionada en la evolución de todas las criaturas que poseen un sistema nervioso. Tal forma de alertar eficientemente de que algo resulta perjudicial o no funciona bien, ya sea en el propio organismo o en su relación con el medio, ha favorecido el medrar de aquellas. La metáfora orgánica para explicar lo social ha dado mucho juego, pero nunca ha encontrado parangón respecto a la cuestión del dolor.   Frente al firme objetivo particular de conseguir de hecho la propia supervivencia, transmitiendo en ello sus propios genes, que aparentemente incita la existencia de los animales, la cosa no está tan clara al trazar el paralelismo a los sistemas sociales. No hay más remedio que descender al nivel del individuo, pudiendo concluir, en buena lógica, que la continuidad del sistema debe implicar que al menos la mayoría de ellos acepten sus condiciones generales de vida. Siguiendo la comparación que nos guía, las conciencias individuales, compartidas en los grupos primarios, actuarían como una especie de células sensoriales. Mas serían los medios de comunicación social los que desempeñarían el papel de correas de transmisión a los órganos dirigentes.   Sin embargo, no puede haber discordancia entre el sistema nervioso y la mayoría de las células de una criatura, y tampoco pueden ignorarse o controlarse las conexiones neuronales que alertan de una disfunción trasmitiendo la desagradable sensación de dolor. Pero en la sociedad, existe contradicción de intereses entre quienes mandan y quienes obedecen, y los primeros pueden alterar normativamente la comunicación social, contando además con instrumentos educativos y coercitivos que les conceden la capacidad de influir en las “formas de pensar y de sentir” de los segundos.   Nada convendría más a una minoría privilegiada que detentara el poder que la mayor parte de la sociedad lo asumiera como algo normal, aceptando su destino con resignación sin tan siquiera ser conscientes de que las instituciones políticas no son sino construcciones humanas y de que, como tal, pueden cambiarse. El sistema educativo español impide una formación adecuada en conocimientos generales, excusándose en la especialización conforme, se dice, a las necesidades del mercado laboral; o la pública apología del relativismo moral y cultural, considerándose con naturalidad la mentira en el discurso político; o el ocio basado en la evasión del mundo cotidiano, resultado de un individualismo hedonista reprimido durante la jornada de trabajo; y el menoscabo de los grupos primarios, especialmente de la familia, o de cualquier otro colectivo que persiga un objetivo general común, sometidos al obligatorio control y filtro estatal. Todo esto actúa como un anestésico que impide la percepción del malestar general de la sociedad española.