El confidencial informaba ayer de que los banqueros españoles habían conseguido por fin que el gobierno y el parlamento, en su inmensa mayoría, aprobase la entrega de miles de millones de euros de la caja común nacional para sanear sus cuentas particulares. Lo que les permitirá, una vez más, obtener beneficios al final de sus ejercicios contables -beneficios que no repartirán entre el resto de los españoles. Pero dicho rescate, según afirman, “es necesario para el resto de empresas”, en concurso de acreedores y de trabajadores (tres millones y medio en espera de serlo).   Los banqueros, no sólo los españoles, están demostrando ser más marxistas que el propio Marx (“Lo que hay de cierto es que no soy marxista”). Son los únicos que han hecho realidad la unión global de una clase económica para conquistar el poder político: “Banqueros del mundo, uníos”. Incluso han reclamado y conseguido a su favor medidas propias del Manifiesto Comunista como son las nacionalizaciones.   “Conquistar el poder es ponerlo a nuestro servicio” han debido de pensar los principales bancos del mundo. Pero imposible dar semejante golpe de palacio sin un sistema contrario a la representación política, la división de poderes efectiva, y la elección directa del jefe del ejecutivo. Sólo en un capitalismo burocrático y partidocrático podría darse la crisis financiera y económica actual porque sólo en él las consecuencias sociales catastróficas (externalidades negativas) de sus especulaciones son permitidas.   La élite económica global ha dado un golpe de Estado en cada partidocracia, en su especialidad de “Golpe de Palacio”, revelando así la consistencia de la servidumbre mediática e intelectual, y, concitando, sin embargo, las esperanzas para una inminente instauración de repúblicas constitucionales, pues tan responsable de la traición a la sociedad civil es la élite política como su simbiótica élite económica.   Pedro Solbes (foto: jmlage)

La cumbre del G-20 promovida desde el Consejo Europeo por Sarkozy para reformar el sistema financiero internacional, y que se celebrará en la capital estadounidense el 15 de noviembre, tendrá como objetivo principal, según Bush, establecer una “serie común de principios” que supondrán un paso fundamental para evitar crisis similares, pero sin perder de vista la necesidad de comprometerse con el “mercado libre, la libre empresa y el libre comercio, que son los fundamentos del crecimiento económico”.   A pesar del veto del anfitrión, Zapatero confía en los buenos oficios de Sarkozy y Durao Barroso para incluir a España en un cónclave que podría marcar el destino de la economía mundial en las próximas décadas. Con la solidez de su sistema financiero como principal carta de presentación de un país serio, el Gobierno español considera que sus recomendaciones deben ser atendidas en la conferencia de Washington.   Sarkozy propone crear fondos soberanos nacionales para proteger a las grandes empresas europeas de los capitales “extranjeros”, y después de proclamar “la muerte de la dictadura del mercado”, advierte sobre una revolución a escala planetaria si fracasa la “refundación del sistema capitalista”. Ésta es imposible, según Hugo Chávez, quien entusiasmado con las palabras de su “camarada” francés, reclama “una cosa nueva”: “Un socialismo del siglo XXI”.   En una condena de los vicios privados sin beneficios públicos, Zapatero pondera las aportaciones que podría hacer el Gobierno español en la conferencia del G-20: “queremos ir para cambiar las cosas y que los ciudadanos de mi país y de otros sepan que hay gobiernos dispuestos a no consentir tanta avaricia o que se engañe a tanta gente por voracidad”; y en contra de las medidas proteccionistas, se muestra convencido de que la libre competencia hará que los mercados financieros salgan adelante.   La “visión española” estaría fundada en una reforma del FMI que promueva un sistema de inspección más riguroso y transparente, haciendo que los mercados financieros sean “accesibles y controlables por los ciudadanos a través de los Gobiernos”. Que éstos sean controlados por las sociedades civiles a través de sus representantes no entra todavía en las miras de Zapatero.   hechos significativos La tasa de desempleo se sitúa en el 11,33%. Las eléctricas devolverán 1300 millones por emitir CO2.  

Tempus ex machina (foto: The Alieness GiselaGiardino) No somos máquinas Una de las pruebas que se aportaron para combatir la visión monista materialista de la conciencia es la demostración de Gödel. Sus implicaciones epistemológicas y la sutileza política que desprende son tan interesantes que merecen, por sí solas, una reseña divulgativa del libro de Juan R. Searle que la recoge:   1. Algunos procedimientos computacionales se detienen (búsqueda de un número natural mayor que ocho); otros no (búsqueda de un número impar que sea suma de dos pares). 2. Definimos A como el conjunto enumerado de todos los procedimientos (o computaciones) cognoscibles para decidir si los procedimientos computacionales se detienen, de forma que si A(q,n) (el conjunto de todos los procedimientos que nos permiten saber si cierta computación (q) aplicada al número (n) se para) se detiene, Cq(n) (la computación C del número n), no lo hace. 3. Si se considera el caso en el que q=n, tenemos que si A(n,n) se detiene, entonces Cn(n) no se detiene. Pero ahora sólo tenemos el número n, y todo A(n,n) tiene que ser un miembro de la serie Cn(n); supongamos que A(n,n) es la kgésima computación de n, es decir: A(n,n)=Ck(n).4. Pues bien, tomando el caso en el que n=k: A(k,k)=Ck(k). Pero si nuestra premisa original es que si A(k,k) se para, Ck(k) no se para y sabemos que A(k,k)=Ck(k), entonces tenemos que si Ck(k) se para, Ck(k) no se para y siempre que toda proposición implica su propia negación es falsa: Ck(k) no se detiene. 5. Es decir que el conjunto de todos los algoritmos conocidos destinados a saber si una computación se para no nos ha servido para averiguar lo que de hecho sabemos, que Ck(k) se detiene. 6. La conclusión es que nosotros no utilizamos un algoritmo cognoscible para averiguar lo que sabemos. (*)   Al menos las piadosas máquinas nos enseñan que no somos máquinas.

El sentido común en 2008 reclama los derechos humanos de quinta generación: el derecho de la sociedad civil a la República Constitucional. Desde la independencia de los EE.UU. (1776) quedó demostrado que los derechos humanos no pueden llevarse a la práctica sin una constitución democrática que impida la vulneración de su expresión en la vida social. La experiencia humana y los criterios racionales no pueden despreciarse admitiendo imposiciones aristocráticas tradicionales que obstaculicen la igualdad de oportunidades y la libertad política. Son estos los derechos humanos de primera generación, que no se consiguen sin la organización adecuada del poder político elegido por los electores -cosa que sigue olvidándose en la mayoría de los Estados europeos.   Tomás Paine (foto: Marion Doss) Y eso es así, entre otras razones, porque “los primeros derechos humanos” no están ligados exclusivamente al concepto de libertad, como suele pensarse habitualmente, sino también a la igualdad humana al impedir la formación de monopolios en el hacer económico, social y político. Es la negación práctica de toda clase de monopolios lo que sustenta el principio democrático. ¡No permitir el monopolio en nada es el sentido común de lo poquito conseguido en la libertad política humana desde tiempos de Thomas Paine!   El sentido común, más de trescientos años después, nos enseña también que los derechos humanos de segunda, tercera y cuarta generación tampoco pueden llevarse a la práctica con la simple reclamación de la intervención estatal porque dicha intervención, para ser correcta, tiene que ser de raíz democrática y no producto de la misma oligarquía financiera que los vulnera. Los derechos económicos, sociales y culturales; el derecho a la paz y a la calidad de vida y las garantías para la conservación del medio ambiente y contra la manipulación genética (bioética) no pueden llevarse a la práctica (y la teoría también es práctica) si la economía está en manos de un monopolio antidemocrático, los derechos sociales secuestrados de la sociedad civil, la cultura minimizada por la frivolidad, y el medio ambiente y el cuerpo humano sometidos al interés exclusivo del beneficio crematístico.

Mientras que la democracia es la única atmósfera conocida que salvaguarda la libertad y dignidad políticas, las irrespirables o mefíticas emanaciones que suele despedir el capitalismo nos persuaden de lo dolorosamente lejano que está el desarrollo moral de la humanidad de la ordenación/desordenación social y económica que el Mercado sin límites ni controles procura.   La ruina del colectivismo totalitario ha reforzado hasta extremos pavorosos la condición sacratísima del Mercado-Demiurgo, cuya mano invisible (teoría que rivaliza en rigor científico y extravagancia imaginativa con la de la generación espontánea de los seres vivos) acaricia mucho menos de lo que golpea, estrangula y aniquila.   Pero en la Arcadia venezolana, Hugo Chávez dice que la crisis “no ha afectado un pelo” a su país debido a que su Gobierno logró desengancharlo de un capitalismo, que “ya descansa en paz” y que, por tanto, es imposible refundar, como sugiere Sarkozy. Según este gobernante, en aquella zona están desarrollando la democracia general y plena como uno de los símbolos del nuevo socialismo. Ésta no deja de ser otra ideología del fin de la Historia, que al hacernos confiar en una altruista utilización de los dispositivos estatales, contiene el germen de su fracaso absoluto al desconocer o desatender la potencialidad opresora del Poder y su correlato estatal.   Chávez, Fidel y El Diablo (foto: Jari Carr) Sin control de la dirección y ejercicio del Poder, se produce la desviación de los fines cuya promesa de cumplimiento encumbra a esos gerifaltes surgidos de un pueblo al que, una vez apoltronados, no dudan en traicionar y sojuzgar. Y el socialismo del siglo XXI, como todas las propuestas revolucionarias que no solucionan democráticamente las inevitables relaciones de mando y obediencia, está condenado a transitar por las estaciones del terror, la tiranía y la descomposición.   Alejado del socialismo chavista pero inmerso en la socialdemocracia europeísta, Zapatero ha descrito la situación actual como una “crisis de responsabilidad” en la que unos pocos “se han enriquecido mucho y la mayoría se está empobreciendo”; ante lo cual, reclama un “ejercicio de responsabilidad”, que sin libertad política, seguirá siendo la misma irresponsabilidad.

Todo Régimen trata de reproducir desde el poder las condiciones sociales que aseguren su vigencia. Por ello se construye, entre otras cosas, una legitimación posterior. Ésta actúa como la vía de asunción del statu quo que conecta coherentemente el pasado con el momento actual y le da sentido histórico.   Tras el toro (foto: José Moreno) Tal operación desempeña una función formal independiente de su contenido, por lo que, aparte de su mayor o menor grado de abstracción o racionalidad, adquiere categoría de mito fundacional. Solamente cuando el orden político-institucional es resultado de un proceso público previsto según unas reglas éticas objetivas, su justificación puede acercarse tanto a la sinceridad que, continuando vigentes las referidas normas fundadoras, le acompaña implícita.   El pasado legitima. La Historia se convierte, así, en un instrumento para apuntalar el presente. Como la realidad actual puede experimentarse tan palpable como tozuda, es mucho más fácil modelar convenientemente lo ya acontecido, o en todo caso asegurar su coherencia con la ocultación del ahora. Pero la chabacana manipulación deja su rastro imborrable en el forzado anacronismo. No obstante, pasado algún tiempo, la apropiada y conveniente diacronía se asume y clausura entre los usuarios del poder.   La pertinaz controversia pública y partidista sobre nuestro pasado reciente es la prueba definitiva de que la Monarquía actual no tiene legitimación posible, más aún se nutre de la forzada división de los españoles para perpetuarse, precisamente por remontar su abolengo, en contra de lo que suele decirse, en la Segunda República.   La inconstitución nacional, resultado del degenerado consenso autonómico de reparto proporcional del poder, necesita apoyarse en el cinismo y la cobardía, cuando no en la ignorancia de docentes, intelectuales y periodistas, todos ellos reverentes al mismo Estado que soportan y que les soporta. Y aun sobrepasados por su podredumbre, la atribuyen falsamente a un mal de partido, todo por negar a los españoles la publicidad de un cambio institucional que nos conduzca a la democracia, algo que ellos también temen afecte a su influencia, posición y cartera.

Tasa de paro (gráfico del INE) El Instituto Nacional de Estadística (INE) acaba de publicar la Encuesta de Población Activa (EPA) relativa al tercer trimestre del año. Los fríos números nos muestran que España, con algo más de 45 millones de habitantes, tiene una población activa de 22,9 millones de personas, 642.600 más que el año pasado, lo que denota su potencial demográfico. Pero parte de esta población activa no está ocupada, 2.598.800 personas (11,33%), síntoma del mal funcionamiento del sistema económico, es la hemorragia social que no cesa, 217.000 personas más que el trimestre anterior y 806.000 más que el mismo trimestre del año pasado. Cuando el Servicio Público de Empleo Estatal (los restos del INEM) publique el paro registrado y el número de demandantes de empleo no ocupados (DENOS) correspondiente al mes de octubre, el escáner de la realidad será demoledor.   La curva de tendencia del gráfico del INE nos ilumina lo que nuestros dirigentes nos están ocultando día a día con sus declaraciones; quizás para velar por nuestra salud mental (Ministro de Sanidad); quizás para que las “proyecciones científicas del Ministro de la Verdad” (Ministro de Economía y Hacienda), que auguraban en julio el 10,5% de tasa de paro al final de 2008, no tengan que ser cambiadas por enésima vez; quizás para que algún guionista de ciencia ficción nos deleite con un “Informe sobre Estrategia Nacional de Pensiones….” hasta el año 2029 (Ministro de Trabajo).   Las cifras de esta EPA también indican que el número de ocupados ha descendido en 164.300 personas, es decir, se ha destruido empleo y más personas se han quedado en la cuneta de esa carretera del crecimiento (no desarrollo) de la que nadie conoce su final. Día a día nos desayunamos con la publicación de algún Expediente de Regulación de Empleo: ayer con los de Ford, Seat, Iveco, Santana, General Motors, Nissan y Futura; hoy con los de Global Steel Wire, Bridgestone, Faurecia, ONO; mañana…   Y por último, la EPA nos abre la puerta de aquellos hogares en los que, teniendo miembros activos, todos están parados, 638.100, el 68% más que el mismo mes del año pasado. Este dato demuestra el deterioro de la sociedad española y la profunda crisis que padecemos. No es pesimismo, es nuestra realidad y los que la ocultan, diluyen o edulcoran no merecen ser nuestros dirigentes.

Refiriéndose a la intención del juez Garzón de investigar los crímenes perpetrados por el régimen franquista, Miguel Ángel Aguilar (EL PAÍS, 21 de octubre) se apunta a la ficción ideológica largamente consagrada para la legitimación histórica y democrática de la llamada Transición, señalando que "ahora llega el juez campeador (…), dispuesto a invalidar la transición en aras del justicialismo (…) La invitación de Baltasar Garzón es para que nos avergoncemos del mejor momento de nuestra historia, cuando decidimos defraudar a los hispanistas y comportarnos como ribereños del Báltico en vez de entregarnos a las pasiones suicidas de los ardientes mediterráneos".   El sujeto colectivo al que implícitamente se refiere Aguilar fue y es inexistente, y esa presunta decisión o gran acuerdo nacional para la transición pacífica de un régimen a otro es el embeleco al que la propaganda oficial nos tiene habituados. Ni en España existían dos bandos suficientemente grandes y en situación de amenazarse mutuamente, ni los españoles decidieron nada que no estuviera de antemano decidido por el pacto entre las respectivas clases políticas de la dictadura y de la oposición.   No hubo otra posibilidad más que el refrendo de una Constitución pactada por unos líderes y apoyada por unas cámaras legislativas a las que los electores no otorgaron poderes constituyentes: este es el déficit democrático de la Transición, por encima de las interminables discusiones ocasionadas por la llamada "memoria histórica", tan olvidadiza en lo que atañe al pseudocambio político acontecido a la muerte de Franco.   Aunque todo esto sean obviedades reflejadas en las hemerotecas, se hace necesario subrayarlas. La labor de periodistas e intelectuales dedicados a difundir con fruición los mitos de la transición se parece más a la labor trofaláctica de una madre que introduce la comida ya ensalivada y masticada en la boca de sus solícitas crías que al esfuerzo por describir una realidad prescindiendo de etiquetas.   Miguel Ángel Aguilar (foto: Cortes de Aragón)