La estratega Chacón rechaza la dicotomía entre misión de paz y operación bélica de una Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad (de Afganistán) inspirada en el Capítulo VII de la Carta de Naciones Unidas, que permite emplear la fuerza, no sólo para mantener la paz, sino también para imponerla. Además conmina a los ejércitos occidentales a evitar las bajas civiles, por “imperativo moral” en primer lugar, y por “eficacia”, porque “los bombardeos indiscriminados enajenan el apoyo de la población”. En cualquier caso, no podemos abandonar en las manos del yihadismo esa tierra hostil, arenga la ministra de Defensa.   Carmen Chacón (foto: Carme Chacon) Frente al pacifismo del Nuevo Testamento, Mahoma enlaza con el Dios de los ejércitos del Antiguo. La Guerra Santa no es un simple esfuerzo moral: fundamenta la expansión del Islam. Pero fue la Iglesia, la que con las Cruzadas, tomó la iniciativa de la guerra: de azote divino pasa a ser Santa. Maimónides acierta a distinguir la guerra necesaria para la defensa del territorio nacional, de la expedición voluntaria. Tomás de Aquino intenta conciliar guerra y moral, pero Vitoria señala que la extensión del imperio no es causa de guerra justa. Sin embargo, Molina remata la discusión afirmando que todas las guerras son justas si los beligerantes están persuadidos de ello, como en el caso de las guerras de religión.   Más tarde, Kant inicia el camino hacia la paz perpetua, exhortando a cada ciudadano a que concurra “con su asentimiento a decidir si se hará o no la guerra”: Esta confianza en los instintos naturales del pueblo para impedir las guerras provocadas por los intereses de los gobernantes, no podía imaginar que las guerras desatadas en el futuro por la pasión nacionalista serían mucho más mortíferas que las emprendidas por la ambición de los reyes. El fracaso de la Sociedad de Naciones corroboró ese error de una teoría pacifista, que no ha rebasado, en sus múltiples versiones, el lugar de la utopía.   Las diversas modalidades de resistencia pasiva no pueden ser consideradas como variedades del pacifismo. La táctica de Gandhi, empleada en el momento posbélico en el que está remitiendo la agresividad del vencedor, habría conducido al holocausto hindú si, en lugar de usarla contra los ingleses, hubiera tenido que ser experimentada contra los nazis.

Hace apenas unos meses escandalizó a la opinión pública el caso de un conductor que reclamaba judicialmente a los padres del joven que atropelló, causándole la muerte, los daños ocasionados a su vehículo por el cuerpo del fallecido.   La respuesta mediática fue automática saliendo al paso de un claro ejemplo de uso antisocial del derecho encuadrable en la figura del fraude de ley. Al amparo de una norma de cobertura, en este caso el derecho al resarcimiento íntegro por daños y perjuicios, se perseguía un resultado no deseado por el ordenamiento jurídico.   Resulta curioso que la reciente solicitud de los representantes legales de D. Alberto Cortina y D. Alberto Alcocer solicitando que les devuelvan los veinticinco millones de euros abonados a sus socios minoritarios en concepto de intereses en el “caso Urbanor” no haya corrido la misma suerte de indignación mediática.   Tal solicitud, tan legítima procesalmente como repugnante al derecho en cuanto al fondo, tiene origen en la revocación por un Tribunal Político, como es el llamado Constitucional, de una Sentencia condenatoria dictada en vía ordinaria y firme por el Tribunal Supremo, despenalizando la actuación de los “empresarios” como extensamente fue noticia en estas mismas páginas. Las defensas de “Los Albertos” explicaron como “hasta el día de hoy, no han sido ingresados los veinticinco millones de euros en la cuenta del Supremo de la que ellos cobraron hace seis años” y alertaron de que en caso de que no paguen, la ejecución pasa por el embargo de bienes y derechos suficientes con el incremento diario del veinticinco por ciento.   El Auto judicial que ampara a los empresarios condenados en vía jurisdiccional ordinaria y absueltos por el Constitucional, fechado de 23 de Septiembre último, acordó requerir a los accionistas minoritarios “para que en el término de treinta días procedan al ingreso en la cuenta del órgano Judicial”, de las cantidades siete meses después de que el Tribunal Constitucional revisara la sentencia condenatoria del Tribunal Supremo, absolviendo a los Albertos del delito de estafa por el que fueron condenados.   Al Tribunal Supremo, aceptando su desautorización por la clase política a través del Constitucional, sólo le queda llevar a efecto todas y cada una de las consecuencias de la revocación de su sentencia y remitir, evidenciando su impotencia, a los socios minoritarios a la vía civil para continuar sus acciones contra “Los Albertos” una vez abonen la suma reclamada.   Un auténtico aviso a futuros y osados navegantes por el poder político-económico, sólo comparable a la quema pública del Juez Liaño.

Felipe González (foto: Petezin) Nunca la verdad en la narración de los hechos ha sido tan incompatible con el discurso público como en esta era de propaganda donde la clase intelectual se parece cada vez más a la clase política con la que está imbricada. Desprovistos de buena fe y de memoria de lo inmediato, ni siquiera les interesa la verdad en la mera descripción de lo notorio: los más simples datos se subordinan a los enrevesados juicios de valor.   Luis María Anson considera que Felipe González es “el hombre de Estado más importante del siglo XX español de la misma forma que Cánovas del Castillo lo fue en el XIX”, lo que justificaría el lamento de Gil de Biedma “La historia de España es la más triste porque siempre acaba mal”. El Fray Gerundio de Campazas de la sapiencia europeísta, nos vuelve a sumir en la paralizante perplejidad moral y mental de la confusión: “La Reina no dice lo que la periodista esa (Pilar Urbano), autora del libro, dice que dice. Y tampoco lo piensa”. Con esas palabras, dichas en una entrevista televisiva donde “derrochó sentido común, templanza y excelente información” “González se ha puesto al lado de la verdad y de la justicia”, proclama Anson en uno de sus habituales raptos de pasión monárquica.   Pero el sentido común es apartado del vigente paradigma cultural que nos disuade de entrar en áreas de conocimiento reservadas a expertos (como los tecnócratas financieros o los “hombres de Estado”), a la vez que nos incita, con demagogia, a participar en la política, precisamente la materia que requiere más información y razonamiento, y donde, empero, resulta más evidente la manipulación del lenguaje y de los acontecimientos para disimular la falta de escrúpulos.   Para unirse en la democracia, tanto la libertad como la verdad han de atravesar el desfiladero que hay entre la Escila que ve en los hechos políticos el resultado de algún desarrollo necesario que los hombres no pueden evitar y la Caribdis que los ignora, los deforma o trata de borrarlos del mundo. En el “Filoctetes” de Sófocles, Neoptólemo, a quien Ulises había persuadido para que mintiese, rehúso hacerlo a causa del noble placer de decir la verdad. Y cuando todos mienten acerca de todo lo importante, el hombre veraz, sea consciente o no de ello, ya ha empezado a actuar y a comprometerse en los asuntos públicos.

En el comunicado final de la reunión internacional que ha tratado la crisis financiera y sus efectos sobre la producción, se insta a los Gobiernos a poner en marcha medidas fiscales e incentivos públicos que estimulen la demanda interna y logren reanimar la economía. En cuanto a la anunciada necesidad de dar los primeros pasos en la reforma del sistema financiero mundial, lo único concreto que se ha acordado es celebrar nuevas reuniones donde grupos de trabajo proseguirán la discusión. El mensaje más inequívoco lanzado desde la cumbre del G-20+3 ha sido la defensa de la liberalización comercial frente al proteccionismo.   Si bien los participantes del cónclave han expresado su deseo de reflejar la influencia de las economías emergentes en el FMI, y que éste amplíe su capacidad para prestar dinero a países en desarrollo, no aparece ninguna mención a su posible papel de vigilante de las finanzas internacionales, puesto que el Foro de Estabilidad Financiera, un organismo creado por el G-7, sigue siendo el que reúne a los supervisores de las principales plazas financieras, aunque los gobernantes más poderosos tendrán como prioridad hacer sitio en ese restringido organismo a China e India.   El uso de los Presupuestos es la alternativa que se abre paso entre las posibles medidas gubernamentales para afrontar la crisis económica aunque lleve aparejados el endeudamiento y el déficit público. Así, Zapatero, tras poner como ejemplo a China -que destinará medio billón de euros a inversiones públicas-, ha declarado que “el incremento de la inversión pública es el instrumento más sólido para combatir una situación de estancamiento o recesión económica".   No solo el desarrollo de la cumbre de Washington ha defraudado muchas expectativas. Corroborando lo dicho por Bush (“La solución nunca ha sido más Gobierno”), el mismo Zapatero que iba a “dar la batalla ideológica” contra los postulados neoliberales, se ha transmutado en uno de los más ardorosos defensores de una libertad económica que el “Estado no debe coartar” ya que su responsabilidad es “poner orden en los mercados financieros, no sustituirlos”.   hechos significativos   El grupo inmobiliario Tremón, con una deuda de 900 millones, se declara insolvente. Izquierda Unida sigue sin coordinador general, a la espera de una comisión que lo nombre. Principio de acuerdo en Irak para la retirada de tropas en 2011.

Ernst Jünger Vacío político A cada generación le toca luchar su propia batalla por la libertad; y la gana… o la pierde.   La victoria pasa primero por la extensión y consolidación de una idea que en un primer momento se nos presenta quizá tan sólo como una intuición aislada. La libertad, de niños, puede consistir en la súbita y magnífica intuición el espacio infinito del cielo. De adolescentes, en una lucha tan encarnizada como multiforme contra el statu quo, allí donde lo detectemos. Pero con los años va arraigándose con cada vez más fuerza la idea de que la libertad efectiva no se mueve en el vacío, sino que en cuanto fenómeno colectivo está inserta en unas coordenadas históricas de las que depende por completo para su realización, y sin las cuales la intuición primigenia de la libertad bordea el peligro de convertirse en simple huída. En otras palabras, de la libertad mística y después individualista se pasa a la política.   Es cierto: el siglo XX europeo ha vivido momentos tan monstruosos, tan oscuros políticamente hablando, que una apropiada articulación de este último estadio parecía casi imposible. De ahí que se nos haga comprensible ese movimiento exclusivo hacia la libertad interior, foráneo a lo político y público estrictamente hablando, que Ernst Jünger dibujó incomparablemente en su tratado La Emboscadura (1951), o Henry Miller en sus novelas autobiográficas entre los años treinta y sesenta.   Pero tal situación no es la de nuestra España aún transeúnte por la calle Falacia de la Transición. Nuestro desarrollo material, las libertades públicas, y la ausencia virtual de amenazas inminentes nos obligan a empujar la sociedad hasta la conquista de la libertad política; la cual, siguiendo el patrón antes mencionado, acaso debe hacerse sentir primero como una vasta e informe intuición para después ir tanteando el cuerpo del enemigo hasta conocer bien sus formas concretas y dentro de nuestras coordenadas históricas específicas. Por último quedaría desarrollar un sentido democrático y repúblico que conformará la realización final, pues el resultado que obtengamos depende enteramente de las ideas y los medios de que dispongamos para conseguirlas. Cada día más cerca.

Papeletas de los partidos (foto: Luis Carlos Díaz) En vísperas de la insigne efeméride del pacto fundacional de la actual Monarquía, los medios de propaganda no desaprovecharán la oportunidad de recordarnos las bondades del Régimen, esgrimiendo como prueba irrefutable el espectacular cambio, indiscutiblemente para mejor, de la sociedad española desde entonces. Las justas dosis de nostalgia y cotidianidad endulzarán la crónica para inducir una sensación de euforia y orgullo por haber vivido estos treinta años de “La Democracia”, los mejores de la historia de España. Mas precisamente al hacerlo así, lo que inconscientemente evidencian no es otra cosa que una Sociedad que continúa sometida al Estado de forma parecida a como lo estaba con el régimen anterior, solo que ahora con varios partidos en vez de uno.   Suele asumirse que un poder monolítico necesita de la rigidez social para poder perpetuarse. Es más, históricamente ha sido así. La libertad, concebida globalmente, puede significar una amenaza. Por eso se reprime. Y lo esencial en ello no es la libertad personal “de”, sino la libertad “con” los demás para llegar a decidir los asuntos colectivos desde la misma sociedad. Y es evidente que tal cosa nunca originó los partidos políticos en España: no fue la libertad política de los españoles lo que fundó estas organizaciones, al contrario, sucedió que el anterior pacto entre los partidos políticos limitó su alcance al refrendo a sus listas.   Segregar las libertades individuales, para que su uso y abuso civil encubriera la imposibilidad de utilizarlas políticamente para fundar la vida en común fuera del control del Estado, consensuado previamente por los partidos subvencionados, fue el original mérito indiscutible de la llamada “transición”. El dominio estatal sobre la comunicación social cierra cualquier resquicio a un referente público para la disidencia, a no ser que ésta acepte previamente el pacto constitucional. La ingeniería social del poder añade la selección personal oportuna, con que lo que digan quienes ocupan algún puesto relevante carece de valor, pues solo pueden acceder a él quienes precisamente piensen de la manera conveniente.   La promiscua normativa estatal respecto a los derechos y la exhibición pública de transgresores y extravagantes estereotipos de libertad personal resultan inversamente proporcionales a la libertad política de los españoles.

La segunda contradicción en la que incurren los defensores del “derecho de autodeterminación” tiene lugar cuando se legitima tal pretensión en un Derecho Natural, previo por tanto al Derecho Positivo, para a continuación fundamentar tal pretensión en una legitimación histórica y fáctica que explicaría, por ejemplo, por qué Euskadi habría de tener más razones que cualquier otro ente nacional para exigir tal autodeterminación. Si tal legitimación de carácter puramente positivo se da por válida, sobra toda alusión a un derecho natural de pueblos y naciones a autodeterminarse; inversamente, si ese derecho natural se da por asumido, el Derecho Positivo no tiene más opción que doblegarse a aquello que, al parecer, es intrínsecamente justo, tan justo como el derecho del individuo a hacer de su vida lo que estime conveniente sin dañar a terceros. Los defensores del derecho de autodeterminación consideran, por tanto, que las naciones son titulares de derechos como lo son los individuos para el liberalismo clásico.   El discípulo de von Mises y de Rothbard, Hans Hermann Hoppe, en su obra “Monarquía, Democracia y Orden Natural” propugna abiertamente la abolición del Derecho Público, la supresión del Estado en tanto que ente monopolizador de la violencia legítima, según lo establece la teoría más recibida, y su sustitución por asociaciones voluntarias de individuos en las que incluso la garantía de la seguridad física de sus miembros estaría completamente privatizada. A este contexto es al que termina por remitirnos toda defensa del derecho de autodeterminación intelectualmente exigente: no es posible sostener que una comunidad política que se pretende soberana reclame para si un derecho que a su vez se le niegue a una comunidad de vecinos que se pretenda titular de un poder constituyente y con facultad de autodeterminarse.   Hoppe, uno de los más destacados contribuyentes a la teoría del “anarcocapitalismo”, sostiene la vital importancia de reconocer el movimiento secesionista, pues sabe que ello es un primer paso fundamental para la disolución de los estados nacionales en “unidades territoriales más pequeñas”, donde “será más probable que individuos económicamente independientes (…) sean reconocidos como la élite natural que legitima la idea de un orden natural de pacificadores y jueces no competitivos y financiados libremente, y una serie de jurisdicciones concurrentes como las que hoy existen en el comercio y en los viajes internacionales”.   La honestidad intelectual de Hoppe es la que no tiene una clase política defensora de un derecho bajo el que malamente se ocultan ambiciones oligárquicas de poder que el Estado de las Autonomías no ha hecho más que exacerbar.