La libertad guiando al pueblo (foto: wallyg) Cuerpo conservador Durante los primeros años de la Revolución Francesa la tendencia a distanciarse formalmente de todo lo que recordara al Antiguo Régimen fue imparable. A los revolucionarios –uno solo, François Neûchatel, era genuinamente republicano-, les resultó difícil congraciar la idea de República con la de un poder ejecutivo encarnado en una sola persona (monarquía) y pensaron años después en un ejecutivo múltiple. Pero la penosa experiencia del Directorio cambió radicalmente esa perspectiva y la caída del régimen corrupto de Barras consagró la dictadura de Napoleón disfrazada de vigoroso y trino consulado, en la Constitución del año VIII.   Aunque la idea original había sido del ingeniero político Sieyès (integrante del consulado tricefálico), Cabanis defendió entonces la necesidad de un cuarto poder, superior a los demás, encargado de velar por la inmutabilidad del equilibrio entre ellos y por la integridad de la constitución. Este extraño poder, que el médico-político esperaba terminase con las convulsiones de la década anterior, fue conocido como cuerpo conservador.   La revolución francesa fue un emocionante y frustrado proceso de búsqueda de liberación y justicia. La inmensa mayoría de las hermosas puertas que fue abriendo en su carrera hacia la luz, se cerraron con el tiempo. Pero, al menos, durante el segundo que permanecieron abiertas permitieron a la sociedad civil ser consciente de su propio ser.   La Transición de los treinta años ha seguido el camino inverso. Las puertas nunca fueron abiertas, porque a la sociedad civil se le negó la posibilidad de recorrer su propia historia, así que ni con la dignidad de la derrota o el error se nos permitió contar. Un cuerpo conservador de sí mismo eliminó de antemano la posibilidad de libertad política. La Constitución española no es una constitución. Es al acta que levantaron los protagonistas de esa fechoría durante su inmaculado ascenso a los cielos estatales.

El Estado no está separado de la sociedad, lo que implica que la libertad política es el único modo democrático del control por esa sociedad del poder del Estado. En cambio, en las reiteradas y reincidentes celebraciones mediáticas de la carta otorgada de 1978 todo se centralizó en cómo “los poderes del Estado” daban las gracias al pueblo español por permitirles detentar el poder durante treinta años y cómo, en recompensa, ellos habían concedido las libertades individuales al sufrido y reprimido español medio. Muy pocas palabras sobre la autenticidad de la representación política y ninguna sobre la libertad política y la separación de poderes.   Peces Barba y las conferencias 30º aniversario (foto: Rafael Gómez) Sin embargo tanto fasto no oculta la ausencia de dicha libertad colectiva en España. Tanta insistencia y repetición de que desde el 6 de diciembre de 1978 los “españoles son iguales ante la ley” (sin especificar si se refieren a la ley española o europea, o catalana, o vasca o gallega) no hace, por encantamiento, constitucional al régimen político de la transición. Esa es la verdad del pensamiento político. Si queremos tener una constitución, al estilo de los EE.UU. o Suiza, debemos ser conscientes de que los derechos civiles o libertades individuales no son la causa esencial para que una norma fundamental kelseniana adquiera el rango de legítima constitución democrática en el orden jurídico y político. Obviamente las libertades individuales (positivas “para” y negativas “de”) deben ser reconocidas, respetadas y desarrolladas, pero no son el elemento que define a una constitución. Ese es el criterio de la inteligencia política.   Establecer, hace treinta años y por tiempo indefinido, un sistema parlamentarista liberal de partidos estatales era, y es, ignorar la naturaleza colectiva de la libertad en una política democrática. Para los políticos, ajenos al pueblo y a su educación democrática, un parlamentarismo liberal trasnochado no supondría clase alguna de límites constitucionales a la mayoría de partido en la Cortes Generales. Y la ausencia de control entre los poderes es la muerte de la libertad política.   La constitución, si quiere ser democrática, debe asegurar la libertad política en una democracia representativa sin partidos estatalizados. Entonces los representantes políticos de la nación no podrán faltar al aniversario de su celebración porque todos tendrán garantizada la libertad como nación unida.

La avalancha consumista que desencadena la Navidad suele provocar la denuncia vaticanista del materialismo de unas sociedades que desprecian los valores espirituales, como si éstos fuesen incompatibles con los de la economía de mercado, cuando Max Weber ya puso de manifiesto la formidable ligazón entre ambos. En el campo del marxismo encontramos recurrentes apelaciones a la falsa conciencia, y a superestructuras ideológicas cuyo fin se reduce a engañar a los explotados y lavar la conciencia de los explotadores.   El mantenimiento de la maquinaria para extraer plusvalía o acumular beneficios precisa del concurso o la complicidad de unos hombres que buscan la justificación de su conducta; para ser abrazado por quienes lo encarnan, el mercado también ha de forjarse un espíritu, una forma más o menos elaborada de explicar la adhesión a un sistema económico en el que estamos inmersos. Incluso la corriente crítica que enarbola la bandera de la justicia social para recriminar al capitalismo la desigualdad y la miseria que produce, se ha ido disolviendo en ese bienestar general que dice avalar, sin garantías políticas, la socialdemocracia estatal.   Ahora, después de treinta años participando en el régimen, el PCE vincula su tradicional rechazo del capitalismo al de la Constitución, que se habría convertido en papel mojado para los trabajadores, incumpliéndose todos los “títulos y artículos de derechos sociales, económicos y ambientales”. Además, los que lucharon de manera continuada contra la dictadura, y que renunciaron a la República, siguiendo las indicaciones de Carrillo, para integrarse en la Monarquía neofranquista, se aprestan a “desmontar definitivamente el mito de que al Rey le debemos la democracia y la libertad”. Lo rubricado en 1978 ya no es más que un “bastión tras el que se escuda el poder político y económico”, y por tanto, el partido comunista da por roto el pacto constitucional.   Fraga y Carrillo (foto: Jaime de Urgell) Alegra que dejen de invocar el consenso y lancen exorcismos contra el espíritu de la transición, pero cuando el punto de partida es el descontrol del poder y la irrepresentación política, no tiene sentido aludir a “una calidad democrática bajo mínimos”. En este Diario, también estamos “a favor de una Tercera República” y de que, esta vez, no se arrebate a la ciudadanía la apertura de un período constituyente.

Cuando las cámaras legislativas representan a los partidos y no a los ciudadanos, su producción normativa obedece tan sólo a los intereses ideológicos de aquellos, dejando sin respuesta jurídica las necesidades sociales. Entonces el Derecho y la sociedad corren caminos no sólo dispares, sino opuestos, debido a la propia naturaleza coactiva de la Ley positiva.   Ello explica que el parlamento catalán la semana pasada, aprobando un proyecto legislativo tan capital para la ordenación de la vida social como es el Libro II del Código Civil foral, dedicado al Derecho de Familia, diera rango de ley en su artículo 235-49 a la obligación de los padres adoptivos de comunicar al menor su condición de adoptado tan pronto como éste tenga la suficiente madurez y en todo caso “cuando cumpla 14 años”.   La irrepresentatividad y la ausencia de separación de poderes dan lugar de forma inevitable a la confusión entre derechos y deberes, creando artificialmente el imposible concepto jurídico del derecho-deber. Lo que es una obligación no puede ser un derecho, y viceversa. La trampa del derecho-deber, en este caso, consiste en la imposición de una obligación ideológica partidaria ajena a la sociedad, amparándose en el derecho del menor a conocer su filiación biológica.   Lo ideológico intrínseco en la voluntad suprema del partido como único agente político con capacidad normativa, subraya y pone en primera línea lo absoluto de la realidad biológica, superando y prevaleciendo sobre los lazos emocionales y sociales particulares de cada familia. No es extraño que así, la uniformidad sea la norma de normas, puesto que todo es un derecho y un deber al mismo tiempo. En hipérbole socialista, el proletario adoptante ya no será dueño ni de su prole porque lo será el Estado.   Al tratarse de una norma civil no se recoge punición alguna como consecuencia directa de su incumplimiento. Tal vez en desarrollo reglamentario se articule un cuerpo de funcionarios que se dedique a hacer cumplir la norma acudiendo a los hogares para dar el trámite de información que los adoptantes no ejecutan voluntariamente en la fatídica fecha del decimocuarto cumpleaños. Tarjeta de felicitación con sorpresa: “Eres adoptado y tus verdaderos padres son…”.   El mismo proyecto de ley incluye en su definición del concepto familia, y a todos los efectos legales, a las parejas que manteniendo convivencia estable están formadas por personas que no se pueden casar porque alguna de ellas continua casada con otra al mismo tiempo. El pendular paso del Estado único de un solo partido al de varios partidos en el Estado, nos lleva de penalizar el adulterio al reconocimiento legal de la institución poli, inter y multifamiliar.

Tras mantener el precio del dinero en su nivel más alto (4%) de los últimos siete años, cuando la crisis ya irrumpía, e incluso aumentarlo en un cuarto de punto el pasado julio, el BCE ha cambiado drásticamente de tendencia, y apelando al margen de actuación que le concede el descenso de la inflación, pero sobre todo, para hacer frente a la recesión –por primera vez, en diez años de existencia, ese instituto emisor prevé una contracción media del 0’5% en el PIB de la Eurozona para 2009- Jean-Claude Trichet acaba de anunciar la mayor reducción de los tipos de interés desde la introducción del euro en 1999: del 3’25% hasta el 2’5%. La tasa del BCE continúa por encima de las de EEUU (1%); Reino Unido (2%): el nivel más bajo en 50 años-; o Japón (0’3%).   En Francia, Sarkozy considera que la mejor respuesta a una crisis que no es “ni pasajera ni coyuntural” consiste en ofrecer un “esfuerzo masivo de inversiones”; y para ello, impulsará en los dos próximos años un plan de apoyo de 26.000 millones que concederá una atención especial al sector del automóvil, que genera el 10% de los empleos directos y al de la construcción. El presidente francés confía en que dicho plan reactive la economía del país aunque el déficit público se eleve al 3.9% en 2010, que rebasa el límite del 3% del Pacto de Estabilidad; al respecto, la Comisión Europea ya ha anunciado que se mostrará “flexible”.   Mientras tanto, en España, donde el 90% de las entidades financieras han solicitado los avales del Estado para emitir deuda nueva, previstos en el plan de salvamento bancario, el ministerio de Economía, insta a trasladar “cuanto antes” esas ayudas a la economía real, en especial a las familias y a las pequeñas y medianas empresas, volviendo a abrir el grifo del crédito. Por su parte, el consejero delegado del Santander, Alfredo Sáenz, denuncia que, con la “excusa de la crisis”, algunos bancos europeos reciben “vitaminas extra” a través de su recapitalización con fondos públicos, merced al trato de favor que les otorgan sus Gobiernos. Este directivo solicita a la CE que se garanticen las reglas del juego financiero, cuando los Estados se ven en la necesidad de cambiarlas.   hechos significativos   ETA asesina a un empresario que trabajaba en la construcción del AVE en el País Vasco. Unos días después de su inauguración, la cúpula de Barceló empieza a resquebrajarse. Ecologistas en Acción denuncia los medios torticeros empleados por el Parlamento andaluz para modificar la legislación medioambiental.

Amanecer para el pescador (foto: cuellar) Elipsis, acción y poder La elipsis es un recurso literario tan formidable que los escritores podrían clasificarse según su tendencia a utilizarla o evitarla. La moda actual impone despreciar todo lo que no haya sido expresado en un mensaje unívoco e inmediatamente asimilable, contundente. La sencillez formal parece dotar de honesta sabiduría incluso a las más superficiales vulgaridades. Las causas de este amaneramiento cultural son numerosas, pero destacan: el prestigio del lenguaje científico; el constante laconismo espectacular de la propaganda -expresión de la desconfianza entre congéneres que a su vez confían en quienes los gobiernan- y la publicidad – expresión de la confianza en la idiocia del consumidor-; y la constatación de que tras el silencio o la metáfora demasiadas veces se esconden la cobardía y la banalidad. En cualquier caso, nadie pone en duda el hecho de que el escritor dice tanto con lo que escribe como con lo que omite.   Porque la elipsis, claro está, es omisión de palabra en un contexto; puede decirse que se trata de una omisión expresiva. Bien, pues en Política ocurre algo parecido. La acción original de la sociedad no puede trasladarse, aunque resulte tentador, al Estado; siempre le pertenece a ella. Pero, cuando se trata de organización jerárquica, la omisión contextual de la acción juega un papel determinante. Es absolutamente imposible determinarlo todo, encauzar toda la energía societaria. La elipsis política guarda en sí la autoorganización, la evolución de los sistemas ideados y la existencia de lo no regulado. Mientras es típico de la República que una escueta y clara verbalización a la vez que una gran elipsis, constantemente reveladora de la acción libre, expresen la constitución del Estado (omisión previa que se ve compensada en una necesariamente meticulosa acción de gobierno), en otros regímenes (Imperios y Monarquías), el Estado ha asimilado el potencial creador de la sociedad civil convirtiéndose en un monstruo de Frankenstein burocrático, archirregulado y exigente de un gobierno escueto y brutal en sus acciones e inmensamente elíptico en su eficacia real. Esta última situación, como para sorpresa de muchos se descubrió que ocurría en la Alemania nazi, es la propia de nuestra España. Y la Constitución es su fruto sagrado. Felicidades.