El pasado viernes una nevada provocó el colapso del tráfico en Madrid y el cierre de su aeropuerto -en el que no disponían de máquinas quitanieves suficientes-, entre las 11’50 y las 16’40 horas a causa de la falta de visibilidad y al riesgo de que hubiese alguna placa de hielo que pudiera afectar a la seguridad de los despegues y aterrizajes; aparte de los retrasos y trastornos que han sufrido los viajeros, se han cancelado más de 700 rutas aéreas.   La ministra de Fomento, Magdalena Álvarez, cree que “no hay un solo culpable” sino que se ha producido una “concurrencia de fallos de todos los responsables implicados: la Agencia Estatal de Meteorología, el Ministerio de Interior, el de Fomento, la Comunidad de Madrid y el ayuntamiento de la capital”; además, entre todos ellos, no ha existido coordinación.   Mariano Rajoy, que ve a la señora Álvarez como una especialista en “organizar el caos”, considera inaceptable que uno de los aeropuertos más importantes del mundo cancele todas sus operaciones por una nevada de apenas cinco centímetros, lo que prueba la ineficacia del Gobierno para “resolver los problemas de la gente”. El jefe del PP pide la cabeza de la ministra de Fomento, y acusa a Zapatero de “despreciar a los ciudadanos que tienen derecho a ser tratados como tales”, por no haberla destituido todavía, después de los problemas con el AVE y la red de Cercanías de Barcelona.   Sin embargo, a doña Magdalena, que se siente respaldada por Zapatero, le choca que pida su marcha aquel que “tenía que haber dimitido hace tiempo porque siempre pierde las elecciones”; tal respuesta ha sido calificada, desde el PP, de “chulesca, chabacana y barriobajera”. Diputados de ambos partidos estatales también se han enzarzado en esta disputa: Monserrat Nebrera ha señalado que la ministra tiene “un acento de chiste”, lo que agrava sus problemas de comunicación (“se aturulla y se hace un lío”) y que Chaves “se la quitó de encima y la colocó en el Gobierno”; “se ha mofado de ocho millones de andaluces” ha respondido Antonio Hernando, quien nos descubre que “ en democracia, no hay nada más repugnante e injusto, que reírse o criticar la procedencia, el acento o las singularidades de las personas”.   hechos significativos   Según Zapatero, los abusos y la avaricia desmedida, causas de la crisis, además de que “siempre hay gente que no se autocontrola”. El ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, profetiza que “no vamos a llegar a los cuatro millones de parados”.

Calle de Praga (foto: Lorrie McClanahan) Funcionarismo apátrida El Estado de Partidos está contra la República porque lo esencial de ésta, la sociedad en acción libre, es sometida a las decisiones del grupo que se instala en el Estado. Está contra la democracia porque el individuo no tiene voz institucional y el Estado se halla inconstituido. El Estado de Partidos está contra la patria porque la única forma solidaria de nación no se encuentra en el patriotismo mejor o peor entendido, sino en el servicio remunerado al Estado. El ciudadano mercenario se une a los demás en campañas concretas orquestadas por la propaganda del gobierno de turno. El patriotismo deja paso al funcionarismo.   La pesadilla de Kafka, el Estado convertido en administración inhumana, llegó de arriba. Era el poder arrollador lo que temía la sensibilidad del escritor; fue la facilísima acomodación de los hombres al paso del rodillo lo que lo aterró. Y sin embargo, mientras él, por su condición de poeta y de judío, sufría la inercia de la crueldad absurda, no pudo sospechar que los seres humanos llegarían al extremo de desearla. Comprobó en su carne lo peligroso que puede llegar a ser el patrioterismo, pero pudo al menos centrar sus críticas sobre el bloque social que crea ese sentimiento de pertenencia. Ya no existe tal cosa. La sociedad envilecida por los crímenes de las dictaduras ha vuelto a ser inocente apatridándose y partidándose. El cacareado nacionalismo sentimental, que de ser coherente llevaría de nuevo al fascismo, es en realidad un estatismo oportunista. Si Europa hubiera sentido la necesidad de saltar sobre la patria para liberarse del dolor de la guerra, la unión del continente, una vez caído el muro, habría sido imparable. Pero el proceso choca contra los intereses de las oligarquías estatales y de la iconoclastia popular. La ausencia de libertad es tan enemiga del patriotismo natural como de la unión de las naciones. Mientras, los hombres no necesitan ya el rostro reconocible, moral para ser respetados, que Kafka buscó. La subvención, la providencia que abraza más a quienes más implicados en la administración están, la encriptación de los símbolos y la servidumbre exigen el perfecto anonimato o la fama esperpéntica. El Estado de Partidos es una Monarquía sin rey, una gran corte con boato postmoderno.

La mayoría de los Gobiernos están financiando las medidas económicas excepcionales para paliar los efectos de la crisis con emisiones de Deuda Pública (bonos, letras, préstamos). Un ejemplo de ello es el Gobierno de España que utiliza este instrumento para financiar el déficit presupuestario para 2009, el rescate de los activos financieros “de máxima calidad” de los bancos, el “sudoku” de la financiación de las Comunidades Autónomas y los créditos extraordinarios concedidos a los Municipios, amén de avalar emisiones de otros Agentes públicos y privados. A su vez, las Comunidades Autónomas y Municipios también lo están utilizando en dosis peligrosas.   (foto: Jöao Amaral) Este instrumento parece ser el elixir financiero por excelencia, pero su utilización de forma descontrolada y sin la debida cautela puede conducir a una espiral de endeudamiento difícil de parar pues muchas veces se piden préstamos para amortizar otros que están apunto de extinguirse (efecto pirámide). La emisión de Deuda Pública se hace para evitar la financiación de los gastos por vía tributaria y así eludir las críticas sobre la presión fiscal que soportan los ciudadanos actuales, pero serán nuestros hijos lo que soportarán esa carga tributaria cuando tengan que amortizarla (traslado temporal de impuestos). Dichas emisiones pueden interferir en las disponibilidades financieras de los demás agentes de la economía nacional, restando medios financieros al sector privado al desplazar esos recursos hacia el sector público (efecto desplazamiento) y haciendo que los recursos que quedan sean más caros.   Además de estos efectos internos, hay que tener en cuenta la situación de los mercados financieros internacionales en los que próximamente vamos a ver emisiones de Deuda Pública de muchos países europeos (se estima en 2,2 billones de euros la deuda soberana a emitir). El entorno en el que van a competir los títulos españoles (estatales y autonómicos) va a ser muy duro: mayores exigencias de calificación, mayores tipos de interés, etc. Aun así la colocación de esos títulos no está garantizada como se puede observar en la última emisión de bonos de Alemania, que solamente colocó dos tercios de la emisión.

Las reacciones oficiales ante al episodio de la nevada que paralizó la capital de España, oportunamente amplificadas, comentadas y enfrentadas por el periodismo del Régimen, constituyen un magnífico escaparate para visualizar el constante patrón disipador de la responsabilidad política, ocultador de la realidad institucional y retroalimentador de la obligatoria incompetencia partidista en que se basa el posfranquismo juancarlista.   La primera perversión arranca de una subversión moral de los valores, tal como demuestra la exagerada disonancia entre la acalorada reacción mediática por circunstancias tan puntuales e imprevisibles (no es común que en Madrid caiga una precipitación como la del pasado viernes y, ciertamente, la meteorología no es una ciencia exacta), y la serena resignación con la que se asoman al abismo económico y social al que nos han conducido las tres décadas de esta Monarquía de partidos: como si resultara más dramático e intolerable estar atrapado durante horas en un coche o no poder coger un avión, que, por ejemplo, perder el empleo cayendo presa de la angustia vital por el propio futuro y subsistencia. Y si se exige tanto en lo fortuito debe ser para distraer de las consecuencias de lo deliberado.   La sorpresa inicial por la copiosa nevada tornó en impotencia de las administraciones para paliar la situación, mas aquí éstas no son gobernadas por un mismo partido, sino por los dos grandes, con lo que no es posible recurrir a la alternativa de la oposición para ocultar un vacío general de capacidad; pero la lógica partidista debe continuar. Conviven, entonces, versiones contradictorias de los mismos hechos junto a sesudas atribuciones cruzadas de una responsabilidad para nada clara, volcando necesariamente ésta, en mayor o menor medida, al Gobierno Central, la prensa próxima al PP; o convirtiéndola, para los adictos al PSOE, en un más justo fallo de todos (la nivelación con el adversario conviene al poder), cuando no culpando, en la versión más agresiva, al Ayuntamiento y la Comunidad.   Semejante alud de confusión termina sepultando la verdad y reduciendo las posiciones a meros credos. Se impide así a los españoles percibir con claridad que lo acaecido es algo circunstancial que, al margen de la lucha partidista, poco importa a una tropa de dirigentes incompetentes y cuyas molestias además ellos no van a sufrir.   Son las caprichosas y absurdas divisiones administrativas, de las que los fenómenos meteorológicos no entienden, con competencias, coordinación y jerarquía para nada cabalmente normalizadas, pues no responden a otro criterio que la multiplicación absurda de parcelas de poder y oportunidades para los partidos, las auténticas causas del disparate; y si en lo intrascendente se borran, qué no ocurrirá con lo decisivo.

Los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, los Juzgados de lo Penal y las secciones especializadas de las Audiencias Provinciales tramitaron durante los tres primeros trimestres de 2.008 un total de 108.261 denuncias según datos difundidos por el Observatorio contra la Violencia de Género del Consejo General del Poder Judicial. Los datos que ofrece el referido estudio son realmente preocupantes para la valoración de las garantías jurisdiccionales y respeto a los derechos humanos en nuestro país, sin que hasta al momento organizaciones internacionales como Amnistía Internacional hayan dicho nada al respecto. Si a pesar de que, según también resulta de la misma estadística, el 11 % de las denuncias acabaron retiradas por la negativa de la presunta víctima a continuar con el procedimiento, aún así ocho de cada diez procedimientos de este tipo que resultan incoados finaliza con sentencia de condena para el varón (el 83%), o bien nos encontramos rodeados de criminales en una verdadera epidemia delictiva, o bien se produce una respuesta penal ajena a la realidad social con la consecuente lesión de los derechos individuales en juego.   La ausencia de separación de poderes conlleva el sometimiento de la Justicia a criterios ideológicos en su funcionamiento propios del orden político al que sirve. Por eso no debe extrañar su respuesta pendular a las patologías sociales fundando la represión de conductas concretas no en el Derecho, sino en la coyuntura de lo políticamente correcto. De la misma forma que conductas escandalosas no eran antaño penalmente reprobadas, la mera declaración de la presunta víctima de simple desconsideración sin prueba alguna es motivo ahora de imputación por delito y casi segura condena en los términos estadísticos referidos. Que nadie se engañe. La diferente respuesta judicial no se debe a una evolución social positiva en la cultura del respeto a la mujer ni a una lacra arrastrada por la previa tolerancia del franquismo con estas conductas, tal y como ha declarado la Ministra de Igualdad (¿?) Dña. Bibiana Aído, ya que tal afirmación resulta contradicha por los mismos datos del CGPJ que nos indican que el porcentaje de denunciantes extranjeras, ajenas tanto ellas como sus raíces culturales a cualquier influencia o educación franquista, asciende al 35, 6%.   La potencia de lo ideológico y lo coyuntural cuando no hay separación de poderes arrastra al Derecho y al garantismo judicial de las libertades personales. Por eso resulta incómoda la denuncia de la inversión de la carga probatoria contraria a los textos internacionales más básicos sobre Derechos Humanos que presume la culpabilidad del reo por la naturaleza específica del ilícito enjuiciado, debiendo éste demostrar su inocencia. Ese utilitarismo ideológico de la Justicia dependiente del poder político permite declarar sin escándalo la constitucionalidad de una ley que califica un mismo hecho como delito o falta dependiendo del sexo del sujeto activo que lo cometa.

Gráficas (*) Se ha publicado el último valor del Índice de Producción Industrial (IPI) correspondiente al mes de noviembre de 2008 para España y el dato no podía haber sido peor. Este índice refleja la variación mensual e interanual en la producción total industrial, desde la fabricación de relojes o televisores hasta la extracción minera y energética, excluyendo la construcción. Para el mes de noviembre de 2008 la variación en la producción industrial con respecto al mismo mes de 2007 fue del -15,1 %, dato corregido teniendo en cuenta los días laborables. Pero este dato no es un hecho puntual. Desde el mes de mayo, todas las variaciones han sido negativas. Particularmente, desde el mes de julio, la serie se puede ajustar a una recta con pendiente negativa del -3,05, es decir, por cada mes transcurrido, perdemos un 3% de producción con respecto al año 2007. Una ralentización progresiva, rápida y sin suelo a la vista, que no tiene comparación con ningún otro país de la UE, ya que Italia y Grecia, los dos países que más se acercan, lo han hecho a un ritmo del -1,29 y -1,25 respectivamente, es decir menos de la mitad que el español. Si calculamos la tasa media en la variación interanual del IPI hasta el mes de noviembre para España obtenemos una disminución media del -8,8 % y hasta el mes de octubre del -7,75 %, siendo la siguiente en la lista Italia con una disminución del -4.5%.   Estos datos unidos a la cifra para diciembre de 500 autónomos menos por día, según los datos de la ASNEPA, confirman que los multimillonarios rescates bancarios con dinero público, justificados por el necesario papel de estas entidades de usura y control en la reactivación de la economía productiva, no están sirviendo para la recuperación del tejido industrial, siendo la situación española particularmente grave debido al oscurantismo de una clase política sin control ciudadano que ha prestado miles de millones de Euros a los causantes de la crisis financiera y la burbuja inmobiliaria, sin garantía alguna de que estos fondos retornen a los contribuyentes que están perdiendo sus puestos de trabajo y que, siendo la sociedad civil europea más endeudada, no tiene capacidad de consumo. Son los financieros quienes han provocado la crisis, pero han sido los políticos del Estado de Partidos los que la propagarán provocando una recesión que deberá traer consecuencias para un Régimen fallido que ha roto las esperanzas apolíticas y sumisas de millones de hogares desengañados y cansados de la corrupción política.

El lenguaje, que no deja de ser un espejo social, refleja la inflación de ignorancia y la falta de sentido común predominantes. La eubolia, divinizada por los romanos, o el buen consejo que la prudencia presta a la dicción, es una virtud extraña a la clase partidocrática y a sus ramificaciones mediáticas, cuya logomaquia ha contagiado a las capas oportunistas de la sociedad civil, sumiendo a las demás en la paralizante perplejidad moral y mental de la confusión.   El idiotismo lingüístico no sólo permite a los miembros del mismo gremio reconocerse entre sí (con su jerga arcana, a los economistas no les importa ser incomprendidos): es además una poderosa herramienta de subyugación. La parla gubernamental se caracteriza por el vicio de engañar mediante un tropel de palabras, enredar lo obvio y cotidiano con hilos pedantescos, y por la vanilocuencia que precisa de la hipérbole. Los Zapatero, Blanco, Fernández de la Vega o Magdalena Álvarez creen que siempre tienen razón porque, como si fueran votos, disponen a su antojo del sentido de las palabras.   En fin, si los seres que habitan el paraíso no piensan en nada, algo natural en un lugar donde no hay necesidad de ello, por qué los miembros de los partidos estatales no habrían de dejar la sustancia cerebral en reposo, utilizando sólo los comodines que eviten pensar (“políticas”, “consenso”, “medidas sociales”), colocados en cualquier frase en lugar de las palabras que allí harían falta.   En el lenguaje de los periodistas del poder, como en el administrativo, la fisonomía específica de cada uno de ellos se borra, diluyéndose en una mediocridad común, empedrada de toda clase de circunloquios, meandros sintácticos y perífrasis que puedan desviarles de la verdad. Desde luego, los movimientos y hábitos de estos hombres están perfectamente regulados, ya que la esfera de sus ideas no es más extensa que la jaula de un papagayo.   Con periodistas acostumbrados a no pensar antes de escribir, no son necesarias las leyes que prohíben el pensamiento y que conforman la existencia de hombres que piensan una cosa y dicen otra; o sea, la “corrupción de la buena fe” y “el fomento de la perfidia” (Spinoza).   Fernández de la Vega (foto: bnim)