La amenaza de huelga de los Jueces es interpretada por los partidos como una cuestión política más, según sus respectivos intereses. Mientras el PSOE la sirve como una aberración constitucional que derivaría en una imposible inacción del Estado, el principal partido de la oposición, con oportunismo, la presenta como un fracaso más de la desastrosa gestión de lo público por el Gobierno. El reduccionismo político del conflicto es coherente no sólo con la naturaleza de las demandas planteadas por las asociaciones judiciales, sino también con los opositores formales definidos por la contienda. Si reclamar mejoras salariales y más medios materiales para sus Juzgados centra la problemática en lo meramente laboral, con total ausencia de demandas destinadas a su constitución como auténtico poder separado del Estado, lo realmente trascendente es frente a quién se plantea la huelga, en reconocimiento de la contraparte en conflicto.   Las huelgas no las ganan los derechos en disputa como torpemente se plantea de forma general, sino que son conflictos en que vence una parte y pierde otra. La oposición de posturas en la huelga es correlativa a la de los adversarios enfrentados. Las huelgas o se ganan o se pierden. De esta forma, los Jueces están planteando la huelga contra el Ministerio de Justicia, y muy particularmente contra su titular D. Mariano Fernández Bermejo en lugar de hacerlo contra el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), lo que significa el expreso reconocimiento de que “el patrón” de estos huelguistas, aquél a quien deben obediencia jerárquica y con quien están en relación de subordinación y conflicto es con dicho Ministerio. Los jueces reconocen así con su actitud que el CGPJ es mero títere político, ya que no pretenden sentar al Sr. Dívar al otro lado de la mesa de negociación laboral, sino que es al Sr. Fernández Bermejo a quien identifican claramente como el único interlocutor válido al que exponer sus reivindicaciones. Por eso esta huelga no constituye rebelión judicial alguna contra el poder político, sino simple conflicto entre burócratas.   Las reclamaciones de los togados tras la postura del Ejecutivo exigiendo mayor fuerza sancionadora contra el Juez Tirado por el CGPJ, gota que colma el vaso, lejos de constituirse en exigencias de dignidad demandando una auténtica separación de poderes, se limitan a la simple solicitud de respeto a la independencia personal de jueces y Magistrados en el desempeño de la función jurisdiccional. Ese acatamiento del mundo judicial de su status de mero departamento administrativo deriva expresamente de su pacífico sometimiento al marco constitucional vigente que es radicalmente contrario al mínimo principio de separación de poderes, y muy concretamente del artículo 117.1 del texto de 1.978, cuando al hablar de independencia judicial lo hace no del Poder Judicial como propio y parte del Estado, sino tan sólo de la independencia personal de jueces y magistrados al dictar sus resoluciones.

José Luis Rodríguez Zapatero (foto: guillaumepaumier) Gobierno y monaguillos están ansiosos por aparecer en los medios de comunicación y así el Presidente del Gobierno explica en la “Cadena SER” las medidas que han tomado para paliar la crisis que negaron hasta ayer, el “Plan E” y exhorta a que todos hagamos nuestras tareas animando a los que tienen empleo a consumir para ayudar a superar la crisis. Quiere suavizar las declaraciones que su Ministro de Economía efectuaba el día anterior al diario “El País”. Los monaguillos repiten como papagayos las consignas del jefe y los chicos de la Oposición pasean por el parque preelectoral o posan en el diván cual majas de Goya.   De forma paralela la cruda realidad se ha ido abriendo paso con la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros del viernes pasado, en la que la Vicepresidenta y el Ministro de Economía nos desvelaron su mutante verdad: “La actualización del programa de estabilidad 2008-2011”, que modifica el cuadro macroeconómico que sirvió de base hace un mes para la aprobación de los PGE-2009 y queda así: un descenso del 1,6% del PIB en 2009, un déficit público del 5,8% del PIB y un paro del 15,8%. Con descaro y alelamiento, respectivamente, proclaman que “las medidas económicas que han adoptado, unidas a las rebajas de los tipos de interés y a la caída de la inflación permitirán recuperar el crecimiento y la creación de empleo a partir de 2010”. Esta intervención sirvió para hacer de colchón al golpe que le propinó el Comisario Europeo Joaquín Almunia el siguiente lunes: descenso del 2% en el PIB, déficit público del 6% del PIB, tasa de paro del 16% con propensión a subir hasta el 19% en el 2010.   Por si fuera poco, ese mismo día la empresa Standard & Poor’s publica el descenso de la calificación de la Deuda española así que los mercados internacionales exigen un 1% suplementario para suscribir bonos españoles y un seguro sobre el crédito, CDS (credit default swaps) de 141 puntos básicos (es decir, si un inversor quiere asegurar hoy 10.000 euros en bonos españoles a 10 años tiene que pagar una prima anual de 141 euros, cuando hace un año eran 30 euros).   En fin, con la que está cayendo, nuestros dirigentes son ¿optimistas o pesimistas? ¿Utópicos o realistas? ¿O, simplemente, padecen de imbecilidad?

Me gustaría responder a un artículo de D. Juan Hernández Bravo de Laguna, Catedrático de Ciencia Política de la Universidad de La Laguna, titulado 'Trágicos y tétricos estratos', (Diario de Avisos, domingo 18 de enero de 2009).   Estoy de acuerdo con el Sr. Bravo de Laguna en que ninguno de los dos bandos que condujeron a la guerra civil, era democrático. Voy más allá, la II República era un régimen liberal (representativo de la sociedad civil), pero no era democrático (no había separación de poderes).   Donde pienso que se resquebraja la argumentación del Sr. Bravo, es al tildar de 'ejemplar' a nuestra Transición política. De la misma manera que la democracia fue, como usted bien dice, la gran derrotada antes de comenzar nuestra contienda civil, cuando murió el dictador, el pacto entre herederos y opositores al franquismo dejó, como en la II República, excluidos a los demócratas. Con la 'Santa Transición', se repetía la Historia, se reeditaba el error; porque lo que tenemos en España, Sr. Bravo de Laguna, no es democracia, ni nada que se le parezca. El pueblo sigue sin elegir en unas listas creadas por las cúpulas partidistas. Podría repetirse la frase setenta y pico años después: "¡No es esto!, ¡no es esto!".   Como decía, el pacto del consenso traiciona, por definición, esa palabra tan manida y a la vez desconocida por la mayoría de españoles: Democracia. Esta taumatúrgica palabra, sigue secuestrada lejos de Parlamentos y Diputaciones, esperando -de nuevo-, su oportunidad. Junto a ella estamos los leales, los que sí sabemos y comprendemos a la perfección su significado; nos sentimos herederos de otras generaciones ya traicionadas. Somos los demócratas, Sr. Bravo, los que siempre nos quedábamos fuera, los que aborrecemos la partitocracia y denunciamos la corrupción. Esta vez, estamos aquí para impedir que la impostura apague el potente faro de la libertad política. Guiaremos a nuestros conciudadanos hacia un lugar en el que usted y otros muchos presumen habitar desde hace años, y en realidad, no han pisado en la vida. Es el lugar en el que nosotros siempre hemos estado, nunca lo abandonamos, pase lo que pase. Generación tras generación y… continuamos ahí, enquistados, esperando las condiciones ideales para que brote con fuerza el árbol de la democracia; con sus raíces, que no pueden ser otras que las de la libertad. Huelo a humedad y azahar.   Juan H. Bravo de Laguna

Pedro Solbes asegura que no sale un céntimo del presupuesto público para subvencionar la actividad bancaria, y que el resultado final del plan de apoyo a ésta “debe ser neutro para el Tesoro, e incluso ligeramente positivo”. “Los bancos no están recibiendo dinero sino liquidez”, dice el ministro, cuya preocupación principal es evitar un estrangulamiento financiero, y para ello las entidades crediticias deben disponer de recursos suficientes. Sin embargo, el señor Solbes confiesa que “el sistema no está funcionando como nos gustaría” y exige a la banca que arrime el hombro.   Esta semana la patronal bancaria ha tachado de “pura demagogia y pura maldad” las acusaciones del Ejecutivo acerca del mal uso de las ayudas públicas a las entidades financieras, que no se han traducido en un aumento apreciable del crédito a los agentes económicos. El ministro de Economía cree que los “bancos no son malos”: lo que ocurre es que ahora tienen mayor aversión al riesgo y piden muchas más garantías. “Entiendo que defiendan su posición”, dice Solbes, ya que “la solvencia es un aspecto clave de la banca que hay que respetar”.   Al ministro, -que no descarta nada, ni siquiera la entrada en el capital de los bancos- le parece un debate muy interesante el porcentaje de capital y de recursos propios que han de tener los bancos para llevar acabo sus actividades: “Hay un límite legal, fijado en el 7%, que algunos han rebasado y al que otros tratan de llegar”. A pesar de que en los Consejos de Administración de las Cajas de Ahorro “participan” las diputaciones, los ayuntamientos y las comunidades autónomas, Solbes estima que las operaciones de estas entidades han de obedecer a criterios claramente técnicos e intereses financieros.   Ante la lucha de ambiciones que el control de Caja Madrid ha desatado en su propio partido, el señor Rajoy propone la despolitización de las Cajas, siendo el Banco de España el que las supervise. Después de afirmar que “si el señor Solbes no tiene ideas lo más patriótico es quitarse de en medio”, don Mariano, henchido de patriotismo, da un paso al frente y enarbola las suyas: mayor austeridad, fomentar el crédito y bajar los impuestos.   hechos significativos   Soldados ugandeses del Ejército de Resistencia del Señor aterrorizan a la población del norte congolés con secuestros de niños y cientos de asesinatos.   Zapatero recomienda a Obama un enfoque “más comprometido y dinámico” respecto a Oriente Próximo.

Cervantes imaginario de De Jáuregui Castellano y español La desintegración cultural española se percibe ya para empezar en el modo en que muchos denominan a nuestra lengua común. Desconozco el origen del uso del término “castellano” para nombrar a la lengua en que ahora escribo. Pero de una cosa estoy seguro: su utilización es reforzada por el Estado de Autonomías actual. Resulta evidente que hay un trasfondo político en esta denominación, cuyo objetivo último es poner al español y otras lenguas vernáculas peninsulares en estado de igualdad. Es decir, cuyo objetivo solapado es conseguir ocultar el hecho de que en aquellas regiones donde se hablan otras lenguas aparte del español, el español o bien predomina o bien tiene el suficiente peso como para que sea imposible ignorarlo. Y, siendo la lengua común a todos los españoles, no puede colocarse en el mismo rango. Esto nada tiene que ver con el valor intrínseco de cada lengua, que de por sí es incalculable.   Quienes utilizan el término “castellano” son o bien independentistas o bien gentes sorprendentemente mal informadas. Tanto unos como otros deberían recordar que esa lengua es hablada también por varios cientos de millones de latinoamericanos, quienes tomarían por absurda, incluso insultante, esta denominación, y detectarían inmediatamente su peculiar y local dimensión política. En un contexto internacional, y debido al desarrollo del español fuera de nuestra Península, se justifica la denominación “español castellano” para distinguirlo de formas coloquiales cada vez más diferenciadas en, pongamos, México, Perú, o Argentina. Pero el idioma, tanto en América Latina como aquí, es el español. Se trata del único término que engloba lo común a todos ellos, lo esencial, y por ello es imprescindible.   Mas la “limpieza” lingüística de los nacionalismos peninsulares no está para reconocer semejantes obviedades. En su lugar discrimina a todos aquellos que hablan en sus territorios el español, e insufla al resto de ciudadanos desprevenidos una conveniente confusión terminológica, de origen político. Pues hablar de español es hablar de unidad de España. Y al posmodernismo le incomoda la unidad. Prefiere una alegre e inconsciente difusión de pluralidades donde la falsa tolerancia de los unos por los otros sustituye a la armonía suscitada por lo común.

Pero no es esta (*) la única confusión en la que incurre el manifiesto fundacional de “Innovación Democrática”, que proclama su rechazo “a un sistema en el que la cúpula de unos partidos que representan a un exiguo porcentaje de votantes, designa, por su inclusión en unas listas cerradas y bloqueadas, a quienes hayan de formar parte del Congreso de los Diputados y, con su mediación, a quienes hayan de integrar el resto de los organismos e instituciones del Estado: Consejo General del Poder Judicial, Tribunal Constitucional, Tribunal de Cuentas del Reino, Defensor del Pueblo, Consejo de Radiotelevisión Española, etc..”. Pero ya el planteamiento es erróneo en su propia premisa. Las cúpulas de los partidos no representan a un exiguo porcentaje de votantes, pues lo cierto es que no representan a ninguno. Independientemente del mayor o menor porcentaje de votantes que hayan refrendado las listas partidistas en cuestión, el resultado que ello produce no es una “representación” propiamente dicha sino, a lo sumo, un refrendo o, en el mejor de los casos, una delegación.   El mayor o menor grado de acuerdo de los votantes con las listas que les son presentadas no implica en absoluto que de ello pueda emanar representatividad alguna. Sostener lo contrario podría llegar a ser tan inconsistente como suponer que la aclamación de un dictador por las masas supone que éste representa a aquellas. No, la representatividad es un concepto bien distinto, y presupone necesariamente la noción de responsabilidad del representante ante el representado. Y esta responsabilidad es radicalmente incompatible con la naturaleza del sistema de listas, es decir, con el sistema proporcional de reparto de escaños, que indefectiblemente suprime la responsabilidad del representante ante el electorado y lo sujeta a su jefe de filas. Es por lo tanto inconsistente el subsiguiente rechazo del manifiesto a “una legislación electoral como la vigente que favorece falsas representatividades primando desmesurada y fraudulentamente determinadas opciones, con absoluto desprecio al principio de igualdad consagrado constitucionalmente.”.   Después de haber planteado con absoluta lucidez la no representatividad de los electores que este sistema acarrea, los autores vuelven a adoptar la propia lógica del sistema electoral proporcional, de aquel sistema que produce esa falta de representatividad denunciada. Sólo desde un punto de vista que sitúa el centro de gravedad del sistema no en los electores sino en las propias cúpulas de los partidos políticos, puede sostenerse la queja frente al primado de “determinadas opciones” en el reparto de escaños: esto forma parte de las querellas entre los partidos por su mayor o menor participación en el reparto del poder, pero jamás por la representatividad de unos electores a la que los propios partidos han renunciado.

Si los jueces no son independientes se les despoja de su auctoritas, que es siempre personal, y se les degrada a condición de empleados. Todo se queda en una protesta; para ser rebelión tendrían que reivindicar su razón de ser y lo que por definición les pertenece: la autoridad. Es verdad que hacer depender sus ingresos de la celeridad con que sentencien según uno de los motivos de la protesta, es de suyo degradar la justicia que de ellos se espera. Mas, pensando maquiavélicamente, si la protesta se hace depender del interés particular, cabe conjeturar que el conflicto haya sido provocado intencionadamente antes del golpe definitivo contra el “poder” judicial una vez desprestigiado del todo ante la opinión. Debió ser Revel quien dijo que sin la propaganda el socialismo se queda en nada y hay que reconocerle al actual gobierno, que se dice expresamente socialista, su habilidad para el agit-prop en una sociedad sin defensas, en vías de desintegración; desintegración provocada, y financiada, por los sucesivos gobiernos de esta Monarquía de partidos.   Ningún régimen político puede subsistir sin autoridad; ni siquiera un régimen despótico, que en cierto modo se autolimita mediante ella. Sólo un régimen tiránico puede mantenerse sin autoridad mientras no se agoten su fuerza y su capacidad de engañar, en los que descansa. Y, al menos en la cultura occidental, la autoridad constituye una parte fundamental de la forma política: la que contiene al gobierno. Esta parte ha sido siempre los jueces, que por un equívoco debido “oficialmente” a Montesquieu, se denomina el “poder” judicial. La causa es que en la doctrina y la práctica occidentales, el Derecho, el orden jurídico, que vertebra a los regímenes de manera parecida como las matemáticas ordenan las ciencias, ha sido considerado por encima de lo político, lo que delimita el ejercicio del poder.   Cierto que cuando la Ley deja de ser uno de los medios de conocimiento del Derecho convirtiéndose en su fuente principal, el Derecho acaba transformándose en Legislación y la autoridad tiende a asemejarse al poder (auctoritas non veritas facit legem –la autoridad no la verdad hace la ley- escribió ya Hobbes, el fundador de la teoría del Estado). Sin embargo, se conservó la idea de que la Ley está por encima del poder. Pero en la española situación política de la Monarquía de partidos se ha degradado también la llamada “santidad de la Ley” y es natural que, el poder político –el consenso nacional-socialista de todos los partidos- quiera acabar siguiendo su lógica con los restos de la independencia judicial, pues la autoridad es siempre personal y sigue habiendo jueces fieles a su razón de serlo. Un famoso dicho alemán reza: “todavía hay jueces en Prusia”. Evoca que un juez insignificante frenó las apetencias de poder del déspota ilustrado Federico el Grande; de quien hay que decir que lo comprendió y aceptó; eran otros tiempos.

El viaje en El Beagle permitió a Charles R. Darwin observar el resultado de la evolución, pero el mecanismo de la “selección natural”, como la forma en que tal cosa se hubiera producido, le fue sugerido tras la lectura del “Ensayo sobre el principio de la población” de Thomas R. Malthus, al extrapolar las vicisitudes socioeconómicas de la humanidad a la larga historia geológica del mundo natural. De hecho, siempre que exista competencia por algo, ya sea por los recursos escasos o por ocupar el estatus al que van asociados, ha de resultar necesariamente alguna selección, pues unos llegan y otros no. Se trata, entonces, de una solución universal que en la naturaleza se ejecuta azarosamente, pero que en lo humano responde a una intencionalidad.   Si comparamos ambas formas de selección, enseguida nos damos cuenta de que discurren en distintos sentidos. En lo biológico, es la realidad medioambiental la que condiciona a los organismos, favoreciendo a los individuos más aptos; en lo antropológico, son las relaciones humanas las que reproducen la realidad social, amparando a los personajes más convenientes. En ausencia de normas ad hoc y de una autoridad externa que fuerce su cumplimiento, en toda organización se impondrá siempre una jerarquía, y en cada escalón irán promocionando quienes satisfagan a sus superiores, pues el poder es la oportunidad existente en una relación social que permite a un individuo hacer cumplir su voluntad, o al menos no vulnerarla. La ambición por mejorar su puesto particular es la red que atrapa a quienes quieren ascender, que habrán de cuidar su actitud para medrar en el grupo, sabiendo interpretar correctamente los deseos de sus jefes y previendo acertadamente los avatares del mando, deformando así sus propios criterios; resultando habitual, en estas condiciones, la tendencia de seleccionar personas cuya capacidad no suponga una amenaza inmediata para los mismos jerarcas.   Charles Darwin (foto: Colin Purrington) En España, ya se han alzado voces públicas clamando contra la baja calidad y preparación, que en no pocos casos llega a la insolencia, de los últimos dirigentes de esta Monarquía; ignorando deliberadamente que tal cosa es la inevitable consecuencia de que los partidos, convertidos en organizaciones estatales de poder, se entregasen a sí mismos el atributo de decidir acerca de todo cargo político, y hasta social. Solamente la elección personal y democrática del jefe del gobierno, por un lado, y del representante parlamentario, por el otro, devolverán la dignidad a la sociedad española. Cabría preguntarse si los mencionados voceros han sido precisamente seleccionados por su virtud para no denunciar lo esencial al respecto, cuando no por su incapacidad para poder percibirlo.