No obstante, idéntico achaque (*) en cuanto a la carencia de una teoría del Estado es imputable al socialismo, en la medida en que una ideología, por definición, y el socialismo o la socialdemocracia no son la excepción, no puede dejar de concebir el poder desde una perspectiva instrumental: un agente al servicio de designios previamente establecidos como justos o deseables.   En esta tesitura, cuestiones tales como la forma de estado o la forma de gobierno son accidentales. Y esto explica, tanto la tradicional tendencia a la transacción propia del socialismo español, como aconteció con los pactos con el régimen primorriverista, o bien su tendencia abiertamente golpista o revolucionaria como aconteció con la rama largocaballerista durante la Segunda República. Explica también la continua transacción que supone la llamada Transición.   Por eso son frecuentes las justificaciones de lo acontecido recurriendo al tópico según el cual lo accidental era la forma de estado y lo esencial la dicotomía dictadura/democracia. Huelga recordar que dicho planteamiento ignoraba intencionadamente la necesidad de un proceso constituyente como el propugnado por los llamados “rupturistas”: solo entonces tendríamos una Constitución democrática en la que cabría tanto la forma de estado monárquica como la republicana. No es exacto, por tanto, que la izquierda española provenga de una tradición republicana; si lo es que defendió la República solo cuando la amenaza golpista del general Franco y sus secuaces se hizo palpable.   A causa de estas deficiencias resulta extremadamente difícil plantear la discusión sobre la forma de estado, la forma de gobierno, la separación de poderes o la representatividad de los electores desde perspectivas ideológicamente marcadas. Un liberal sostendrá que lo esencial es la garantía de las libertades públicas, civiles y mercantiles: obtenidas estas, para un liberal tendrá un carácter puramente secundario la existencia o ausencia de democracia. Un socialista propenderá a considerar que la democracia, por si sola, no garantiza la justicia social o distributiva, y menos aun las libertades propias de los regímenes liberales.   Reducidas a un carácter accesorio y supeditado al objetivo ideológico fundamental, cualquier pacto es posible. El de los liberales con una dictadura militar como la de Augusto Pinochet. El de los socialistas con Primo de Rivera. Un liberal no podrá dejar de observar la democracia con la desconfianza propia de quien teme hallarse ante una nueva forma de tiranía respaldada por las masas; un socialista la mirará con el desdén que merece el llamado “Estado burgués de derecho”. La democracia puede aceptarse o rechazarse. Pero, para encontrarla, es imprescindible huir de la estrechez propia de los discursos ideológicos.

La Cámara de Representantes de EEUU ha aprobado el plan de estímulo económico (con un gasto público de 825.000 millones de dólares), presentado por Obama, y que incluye recortes temporales de impuestos para las pequeñas empresas y las familias, inversiones en infraestructuras, y programas de asistencia social. Aparte de intentar reanimar la actividad productiva de su país, el nuevo presidente ha comenzado a revisar la política exterior de la superpotencia.   Según una información del diario británico The Guardian, Obama y sus asesores están preparando el borrador de una misiva que podría ser dirigida al pueblo iraní y enviada al líder supremo, el ayatolá Ali Jameini, o bien publicada como carta abierta. Pretenden que ésta constituya un gesto simbólico al coincidir con el trigésimo aniversario de la revolución iraní, a raíz de la cual y del asalto a la embajada norteamericana en Teherán por un grupo de estudiantes, EEUU e Irán rompieron sus lazos diplomáticos.   La carta supondría un reconocimiento de la República Islámica y el abandono del propósito estadounidense de cambiar este régimen, lo que permitiría abrir la puerta a conversaciones bilaterales directas y desbloquear las relaciones con Mahmud Ahmadineyad, a la espera de las elecciones en junio, donde podría surgir una figura más conciliadora. El ex presidente Bush desechó los intentos de “deshielo” del reformista Mohamed Jatamí (1997-2005) al incluir a Irán en el “eje del mal”. Unos meses más tarde, el descubrimiento del programa nuclear iraní y la posibilidad de que Israel tome la iniciativa de bombardear las instalaciones donde se está desarrollando, han agravado la situación.   Mientras Obama señala que su Gobierno tendrá que tomar “decisiones duras” en las guerras que mantienen abiertas en Irak y Afganistán, la secretaria de Estado, Hillary Clinton, está considerando el envío de la citada carta. Ante la mano tendida del presidente de EEUU, el ministro de Exteriores iraní ha declarado que están dispuestos a “abrir el puño” y cooperar “si la nueva Administración cambia su política “no sólo de palabra sino también en la práctica”.   hechos significativos   Rajoy cree que es el momento para ofrecer "altura de miras", y por tanto, de que el PP "se eleve por encima de su ombligo".   Después del vendaval de hace seis días, 5000 familias siguen sin luz en Galicia y Cataluña.   Destituido el gobernador que intentó vender el escaño de Obama.

Bien cocinado (foto: Éole) Sospecha de Estado En uno de sus avances gastronómicos, el señor Pérez, conocido como Rubalcaba, sirvió anteayer a la televidencia las vinculaciones de las nuevas organizaciones independentistas vascas Askatasuna y D3M. La receta dice que aunque los integrantes de las listas de los abertzales son desconocidos, la Guardia Civil y la Policía Nacional han encontrado indicios de que algunos pueden tener relación con Herri Batasuna.   Quizá, lo único que instintivamente parece tan enemigo de lo natural como la sospecha de Estado de un ministro del interior partidocrático sean los guisos de la cocina experimental, moderna y alta. Comprobar cómo los españoles andan acostumbrados no sólo a que se prohíban partidos políticos -defiendan estos lo que defiendan y dejen de condenar aquello que les plazca- sino a asistir a las campañas para-políticas de toma y daca previas a cada pantomima electoral, reseca el ánimo. ¿En qué pugna verdadera ganan todas las partes? Si los nacionalistas son admitidos en el juego recibirán del Estado que niegan pingües reconocimientos y, si no es así, la clandestinidad mantendrá inmaculado su oportunismo político; si el Gobierno deja fuera de las elecciones a los sospechosos habituales explotará la imagen de paladín de la ley y si no, tendrá de nuevo chivo expiatorio de males y tensiones venideras, además de presentable mediador ante ETA.   Cuando los políticos cocinan, lo hacen en secreto. Imagina, niño mío, cómo es la cocina del Ministerio del Interior. Cuando los cocineros crean, lo hacen en televisión y en los restaurantes sin fronteras que sirven heces de vencejo en grandes lienzos para cobrar precios de marchante. Si se pregunta al ministerio represor o a los vascólatras qué justificaciones tienen sus actos, mienten o intentan convencer de lo que no fue con la oscuridad de los calabozos y la violencia. Si se pregunta a un experimental cocinero qué ingredientes contiene su obra, exhala aliento de laboratorio. Cocíname a los batasunos, ministro. “Emplata” caliente la información desquiciada de esta pre-campaña, que ya nos llegamos a escuchar tus razones tan idiotizados como rascamos nuestro bolsillo para presumir de que hemos degustado suflé de tierra.

En sus primeros pasos, Obama quiere convencer a los musulmanes -que “han descubierto que el camino de la destrucción no lleva a ninguna parte”- de que no deben ver a EEUU como un enemigo: “Si países como Irán, abren su puño, encontrarán nuestra mano tendida”. Admite que “a veces cometemos errores”, pero que “EEUU no nació como potencia colonial”. La contraposición de la inocencia americana frente a la decrepitud europea crea uno de los mitos fundacionales de los nuevos estados unidos, cuya sociedad de inmigrantes hizo “tabula rasa”.   R. W. Emerson Una de las características del puritanismo de los colonos fue la consideración del disidente frente a la autoridad de la comunidad. Así, se comprende la importancia de R. W. Emerson y H. D.Thoreau y de sus obras “La conducta de la vida” y “Walden”. El primero de ellos ejemplifica el humanismo del Nuevo Mundo: sincero, inconformista, amante de la vida y con una confianza indestructible en sí mismo y en las posibilidades de transformar, primero, América, y después, el mundo; su amigo Thoreau escribió un tratado sobre la desobediencia civil que Martin Luther King estimaba como un “legado de protesta creativa”. Walt Whitman, en “Perspectivas democráticas”, afirma que los estadounidenses tienen “probablemente la naturaleza poética más plena” al creer que el destino de su nación (en la cual “todo puede ocurrir y cualquier sueño puede hacerse realidad”) es el de llevar la paz y la justicia al mundo.   En 1890 William James, siguiendo una observación de Peirce, acuña el término “pragmatismo”, en cuyo maridaje con el “americanismo” verá Heidegger un oscuro signo de los tiempos, al convertir el conocimiento (sobre todo con el rendimiento práctico de las ciencias) en una mera herramienta de dominio. Con su énfasis en el sentido común, la práctica y el desarrollo técnico, esta visión inmanente de las cosas (que son contingentes y revisables) trata la naturaleza como un proceso de transformación incesante.   Con una tradición de aislacionismo, idealismo wilsoniano e imperialismo, no le será fácil a Obama zafarse de las influencias del complejo militar-industrial y abordar una esperanzadora reconstrucción pragmatista de las relaciones internacionales.

El ADN porta la información necesaria para que una célula pueda funcionar. Codifica las proteínas que actuarán como agentes estructurales pasivos o como agentes enzimáticos activos. Dichas proteínas se sintetizan por medio de los procesos de transcripción y traducción, que suelen estar regulados en función del ambiente y las condiciones que rodean a la célula. Cualquier cambio que afecte a las condiciones de la célula, provocará una respuesta a nivel de transcripción y traducción del ADN. Lo sorprendente de todo esto, es la recursividad de estos procesos: el ADN es capaz de modificarse a sí mismo si es necesario. Es decir, el ADN posee la información necesaria para modificar esa misma información, por medio de la síntesis de enzimas específicas como nucleasas y ligasas.   El sistema funciona y se mantiene de una generación de células a otras, permitiendo que éstas se agrupen en supraestructuras para dar lugar a tejidos, órganos, y seres complejos. Pero sólo mientras no haya algo que altere la información. La presencia de agentes extraños que modifiquen la información del ADN puede dar lugar a mutaciones y cambios en la función de los genes. Es el caso, por ejemplo, de los virus. Éstos pueden introducir información errónea en el ADN de la célula para utilizarla en su propio beneficio. O los priones, que modifican el producto de los genes, las proteínas.   Para que una sociedad funcione y no se autodestruya, debe dotarse de mecanismos de regulación que le permitan funcionar como un todo. Las instituciones que conforman el Estado son las encargadas de llevar a cabo esa regulación, y el código que determina la génesis y formación de las mismas, la constitución. Cuando la constitución es algo ajeno a la sociedad civil, las instituciones estatales también lo son, y el código constitucional sólo porta la información necesaria para el mantenimiento de la clase o estamento que lo introdujo en esa sociedad. Igual que un virus introduce información perniciosa en el ADN de una célula. El código que dé origen a las instituciones del Estado debe provenir de la sociedad civil, para que, de forma recursiva, ésta última se regule a sí misma. Sin un período constituyente que permita a la sociedad civil generar las estructuras necesarias para su autorregulación, la maquinaria estatal permanecerá al servicio de unos pocos, convirtiéndose en un uróboros que se devora a sí mismo.   Nucleasa actuando sobre el ADN (fuente: Wikimedia Commons)

La huelga de jueces es absolutamente legal según el vigente ordenamiento jurídico. Se podrán cuestionar los motivos, pertinencia o el oportunismo de su planteamiento en momentos de aprieto para el gobierno, pero su legalidad es incuestionable. No existe precepto alguno que excluya a los Jueces y Magistrados de tal derecho recogido de forma genérica en el artículo 28.2 del texto “constitucional” del 78 y particularmente en cuanto a su carácter de empleados públicos en el Art. 1.2 de la Ley Orgánica de Libertad Sindical que únicamente los excluye del derecho a sindicación, pero no de huelga, en su apartado 4. Lo no prohibido por la Ley expresamente está permitido si no es fraude de ley, y no existe previsión legal alguna que limite el derecho a la huelga de los Jueces. No es de extrañar por tanto que la propia Vicepresidenta, Sra. Fernández de la Vega, con tal base jurídica se manifestara públicamente en ese sentido mientras ocupara el cargo de Letrado-Jefe del Servicio de Personal del Consejo General del Poder Judicial reconociendo un derecho que ahora se niega desde el Gobierno.   Daryl Cagle: Caricatura de la Justicia El discurso gubernamental en contra, muy particularmente difundido por el titular de Justicia, D. Mariano Fernández Bermejo, es ajeno a la más elemental razón jurídica. Tal argumentación ministerial objeta que siendo los jueces titulares de un poder estatal, como es el judicial, no pueden ejercer el derecho a la huelga, resultando igual de absurdo su ejercicio que si los parlamentarios ejercieran el mismo derecho ausentándose de los escaños. El Ministro demuestra con tal afirmación desconocer qué es un poder estatal y por supuesto lo que la independencia en el ejercicio de su función supone. El imperum del poder estatal no reside en sus concretos titulares de manera particular, ni se limita en cuanto al Judicial se refiere al ejercicio independiente de la función jurisdiccional por Jueces y Magistrados, como paupérrimamente expresa el Art. 117 de la constitución vigente. Esa carta de naturaleza como auténtico poder necesariamente debe enmarcarse en lo institucional, como pieza del engranaje estatal de funcionamiento conjunto e independiente más allá del titular del órgano judicial, implicando a una pluralidad de operadores jurídicos que se constituyan como contrapeso efectivo a los restantes poderes del Estado. Por eso el Ministro hace trampas. Para él los Jueces son simples funcionarios para determinar tanto su progresión en el escalafón, la elección política de su órgano de Gobierno o para proveer sus vacantes determinando sus medios materiales, honorarios incluidos, a la vez que los denuncia públicamente como fantasmal suma de poderes individuales del Estado, lo que les impediría acudir a la huelga.

Albert Esplugas Boter, miembro del Instituto Juan de Mariana y autodefinido como liberal, se explaya en el diario “Libertad Digital” (Estado S.A., 29 de enero) acerca de su preferencia por la empresa privada en detrimento del Estado, con los argumentos habituales de quienes critican el poder político con una lógica que al propio poder político le resulta por completo ajena. La inanidad de tales condenas reside, precisamente, en ese desplazamiento.   Nada cabe objetar a la constatación de evidencias no opinables, tales como que “el Estado obtiene sus fondos por la fuerza a través de impuestos”, mientras que “la empresa se financia con aportaciones voluntarias de inversores y consumidores”, o bien que “en el mercado podemos cambiar de proveedor de internet o de compañía de gas con una llamada”, mientras que “si queremos cambiar de policía, tener una justicia más eficiente o pagar menos impuestos por estos servicios, tenemos que hacer las maletas y mudarnos a otro país”. Tales constataciones no pasan de ser el lamento de quien querría ver el Estado convertido en una empresa privada más, es decir, abolido.   Por ello, no cabe sostener tal crítica desde los propios presupuestos de la existencia del Estado: este, según el celebrado aserto de Max Weber, se caracteriza por asumir el “monopolio de la violencia legítima”, y no puede, por tanto, concurrir al mercado en condiciones de igualdad para el desempeño de funciones que, en virtud de tal monopolio, solo a él le corresponden.   Tales críticas disuelven en la más completa continuidad la idea del Estado propia del liberalismo de la posguerra mundial y los planteamientos anarquistas de quienes, como Hans Hermann Hoppe, propugnan abiertamente la abolición del Derecho Público y la sustitución del Estado por asociaciones privadas de carácter voluntario, con facultad para legislar a conveniencia en el territorio objeto de su jurisdicción.   En suma, la generalización del derecho de autodeterminación. No es necesario entrar en la discusión ideológica sobre tales planteamientos, pues no son las opiniones personales lo que aquí está en juego, sino únicamente el rigor teórico de una exposición. Y cuando se espera del poder político que éste renuncie a su propio fundamento sin propugnar, al mismo tiempo, su abolición, se está incurriendo en el achaque que Carl Schmitt observaba en el liberalismo: la carencia de una teoría del Estado, que no puede ser disimulada con la simple crítica del poder político. Tal carencia es, también, por supuesto, achacable al anarquismo, con la diferencia sustancial de que sus defensores rechazan una eventual teoría del Estado en la misma medida en que rechazan el poder mismo: desplazan, por tanto, la controversia de la política a la antropología.