Fernández Bermejo (foto: P. Totana) No tuvimos Ilustración o un proceso histórico digno de tal nombre. Las clases intelectuales, acostumbradas a vivir de los favores y las canonjías del poder político, han cultivado una estéril mentalidad estatal. Y los periodistas, cortesanos de la Monarquía de partidos, contaminan el ambiente mediático con mentiras apologéticas.   Vivimos donde la confusión ha hecho su obra maestra: “España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho” o en un reino del disparate. ¿Acaso puede concebirse un Estado que no sea social? ¿Existe algún Estado que no sea de Derecho? Y sin división de poderes no se puede mencionar la democracia, que en todo caso es una forma de gobierno y no un tipo de Estado.   Siendo una penosa tradición local atribuir al que detenta el gobierno o sus ministerios una gran inteligencia, como si los cargos encumbrados dependiesen de grandes talentos, qué difícil, sin embargo, resulta insertar a Zapatero y a Fernández Bermejo –con sus llamativas mediocridades- en la estadolatría de la servidumbre voluntaria de los españoles, si no recordásemos el abandono a la inercia de lo establecido y cómo se padece la rutina del poder, que tiene una tremenda fuerza.   Se puede soportar con paciencia un régimen oligárquico si éste no resulta excesivamente opresivo, pero lo que a nadie agrada es contemplarlo tal como es, en su desnudo despotismo; de ahí que sea siempre prudente elevar ante él algunas barreras aparentes, que aunque no lo detengan, al menos lo escondan un poco. La obscenidad con la que el Gobierno reclamó al CGPJ que impusiera una ejemplar sanción disciplinaria al juez Tirado ha herido, y por tanto despertado, el amor propio de los magistrados.   Mariano Fernández Bermejo, capataz de un ministerio que desaparecerá en un sistema democrático, anuncia que elaborarán una ley ad hoc para impedir a los jueces que vuelvan a cometer la insolencia de ponerse en huelga. “Cuando el poder legislativo está unido al poder ejecutivo en la misma persona o en el mismo cuerpo no hay libertad porque se puede temer que promulguen leyes tiránicas para hacerlas cumplir tiránicamente”: palabra de Montesquieu.

El sistema de reparto entre los dos grandes partidos orgánicos del Régimen, que no otra cosa es esta Monarquía, se traslada hasta los mismísimos escándalos que sus respectivos voceros públicos se encargan de presentar sesgadamente, efectuando el juicio parcial que retroalimente o capte nuevas adhesiones frente a la apestosa inmundicia del rival. Algo ganan todos, pues estos episodios solamente deben apreciarse en su conveniente mitad. De esta forma, para los unos, lo impresentable es que el juez que está investigando un caso de cohecho y tráfico de influencias que afecta al partido de la oposición haya despachado informalmente, durante el tan simbólicamente señalado trance de dos monterías, con el ministro de Justicia, quedando la desvencijada trama del PP en algo, aunque censurable, anecdótico y puntual; resultando ésta última lo vergonzoso para la prensa afín al PSOE, y cosa perfectamente normal el que Garzón y Bermejo coincidan en afición y lugar. Eliminando la razón partidista de la ecuación para sumar los desmanes denunciados, puede apreciarse una muestra más de la corrupción generalizada y de la concertación en el abuso del poder intrínsecos al actual Estado de partidos.   Sin embargo, hay quien se afana en alzarse sobre tan exagerado sectarismo para poder así proteger lo esencial. Compensando el expresivo titular de su periódico del domingo sobre los sobornos en el PP con el tratado “cinegético” de su personalísima Carta del Director, Pedro J. Ramírez vuelve a erigirse en el auténtico público adalid del honrado pacto de los partidos, que a él tanta influencia y estatus le ha reportado, llamando la atención a Garzón y Bermejo por sacar los pies del tiesto poniendo en riesgo el chiringuito, pues entre aquellos que conocen los arcanos del poder basta una leve insinuación para entenderse; sólo que esta vez se le disparó la pluma al escribir en el último párrafo: El problema es que, como se descuiden, a lo mejor se encuentran con que tienen overbooking y toda una generación de idealistas maleados va quedando en evidencia… ¡Escatológico!   Pedro J. Ramírez (foto: petezin)

María Teresa Fernández de la Vega expresó en El País su deseo de que al juez Tirado le cayesen tres años de sanción. La levedad de ésta fue calificada de “intolerable” por la vicepresidenta, que anunció un recurso del fiscal. Las acusaciones de corporativismo al CGPJ por parte del Gobierno han sido consideradas en el ámbito judicial como presiones e injerencias políticas desmesuradas:“por primera vez un Gobierno sin ningún tipo de tapujo quiere dictar al Consejo la sanción disciplinaria al juez”. Esta intromisión, las mejoras salariales y materiales que reclaman, la carga de trabajo que soportan, y negarse a que los señalamientos de los juicios sean realizados por los secretarios de juzgado, han motivado la huelga de jueces.   De los 4500 jueces que hay en activo, la mitad de ellos no están asociados. Mientras que la Asociación Profesional de la Magistratura y Jueces para la Democracia llevarán a cabo protestas simbólicas, a las que se sumarán los fiscales (concentraciones de quince minutos ante las sedes judiciales), la huelga será secundada por los miembros de la asociación Francisco de Vitoria y el Foro Judicial Independiente. El presidente de éste, Conrado Gallardo, estima que los magistrados de estas últimas asociaciones se han rebelado contra las que durante 25 años no han hecho otra cosa que repartirse puestos de poder y cargos.   El CGPJ ha dictaminado que no hay “cobertura legal” o “base normativa” para que los jueces ejerzan el derecho de huelga. Y el Ministerio de Justicia ha remitido una circular a los secretarios judiciales en la que solicita que se recaben datos concretos sobre la incidencia de la huelga: el número de vistas que se suspendan y de jueces que no respeten el horario de audiencia pública. Esta orden, al convertirlos en “espías y chivatos de los jueces”, “incomoda” a dichos secretarios.   El ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, cree que los que han convocado esta huelga -después de ella “nada va a ser igual”- “hacen crujir el marco constitucional”. Bermejo amenaza con que el Régimen “va a asumir mal que los jueces den la sensación de no cumplir las normas”. Y en el horizonte, otra huelga el 26 de junio.   hechos significativos Bermejo considera que es “una gran paradoja” que los jueces, como los pilotos, se pongan en huelga, cuando era el proletariado quien iba a ella.   Las asociaciones Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente acuerdan el establecimiento de unos servicios mínimos “responsables”.

Nuevo comienzo (foto: Deannster) Huelga crisálida La justicia española ansía abandonar su condición de oruga rastrera para protagonizar su conversión en un ser bueno y bello. Pequeños acontecimientos, insignificantes dramas personales, ahogados en el curso del caudal de las voluntades perdidas, son capaces de desencadenar torrentes genéticos de dignidad y autonomía. Pero ¿serán de potencia sin igual estos riachuelos desbocados como para esculpir los inmensos valles por los que la Democracia pueda manar para transitar hasta las gargantas sedientas de los ciudadanos? &nbsp Sin verdad no puede existir gobierno. Porque es en el gobierno de las sociedades donde la verdad debe estar presente, donde no exista poder alguno no definido por las leyes, donde el torrente civil se manifieste en su forma más pura, donde la verdad mane de la libertad política de los ciudadanos. Sin verdad sólo existe razón de Estado, arbitrariedad, explotación, un conjunto de leyes agonizando raquíticamente como niños hambrientos de barrigas hinchadas de polvo y cal. Corrupción, mentira, cohecho, tráfico de influencias, inmunidad, privilegios ocultos y mafias. Estos son los señores de la justicia cuando ésta no pasa de ser una función pública que mana del poder ejecutivo. La verdad es sacrificada tras el telón de los favores de Estado, de los sindicatos estatales, de los partidos mediáticos, sin política civil y con cuerpo estatal. La muerte de la justicia, la muerte de la verdad. &nbsp La justicia debe ser amarga siempre. Necesaria ante el conflicto, sólo puede contentar a una de las partes y sólo a su amo, cuando es del pueblo de quien mana la verdad como poder delegado con alas de justicia y colores iridiscentes de libertad. Como una oruga abortada, la huelga de jueces no puede agotarse perdida en la mezquindad de un desarrollo material útil para que los mandamases no puedan descargar su incompetencia y arbitrariedad sobre los magistrados. La justicia debe hacer el maravilloso camino de la tierra al cielo, siempre buscando la verdad de los hechos del poder, sin prisa, segura de sí misma, como la oruga al transformarse en pupa. Para ello tendrá que hacerlo sin complejos, con poder y autoridad civiles.

A todo el mundo le parecería un esperpento que el poder ejecutivo, el Gobierno, se declarase en huelga o que holgase el poder legislativo (en ambos casos sería una suerte). Lo que a casi nadie le parece un esperpento es que el poder judicial se declare en huelga. Y lo es aunque sea legal (a pesar del CGPJ).   Según la teoría del Estado, el poder político es uno, único. No puede admitir otro poder en competencia. Y la misma Carta otorgada, la pseudo Constitución reconoce sin embargo esos tres poderes como si fuesen distintos. La Santísima Trinidad es un misterio, pero el Estado no es sagrado y si uno de sus poderes protesta contra otro, el ejecutivo, el gobierno, que es el verdadero poder político, el deus ex machina, lo que los une, significa que se está resquebrajando o descomponiendo. Una escisión así es una rebelión. ¿Estará el poder político tan corrompido que es incapaz de mantener su unidad?   La teoría de la soberanía es la clave del Estado. La soberanía estatal, a diferencia de otras formas de gobierno, es política y jurídica, unió los tres poderes, al arrogarse el soberano político, el ejecutivo, el derecho a legislar, a crear el Derecho. Así se constituyeron las Monarquías Absolutas. En Inglaterra fracasaron afirmándose en cambio la supremacía del Derecho, que pertenece al pueblo, sobre el poder político, el Gobierno; el Parlamento representa al pueblo y los jueces, autoridades sociales que conservaron su independencia, garantizan que el Derecho, el common-law, siga siendo del pueblo: el Gobierno bajo el imperio de la ley.   Los príncipes absolutos respetaron inercialmente la independencia de los jueces. Pero desde la revolución francesa es un dogma constitucional que son partes de uno solo. No obstante, el Estado de Derecho consagró su separación funcional y aunque el derecho estatal (legislado) prevalecía sobre el consuetudinario, el judicial, cuya independencia estaba arraigada en las costumbres, a pesar de que los jueces ya no declaraban o creaban el Derecho como los anglosajones, limitándose a interpretarlo, funcionó aceptablemente.   En España, el corruptor consenso monárquico decidió de acuerdo con su lógica, que el único poder que cuenta es el del gobierno; no bastaba degradar el Derecho, empezando por falsificar el concepto de Constitución: politizó definitivamente el poder judicial poniéndolo a su servicio. La historia es conocida. Y el creciente caos del gobierno, de clara tendencia totalitaria -para el totalitarismo todo es político y los tres poderes han de estar politizados-, dedicado a gastos más demagógicos descuidó atender las necesidades materiales del poder judicial. Y éste pone ahora en tela de juicio con su huelga, un tanto inconscientemente, la soberanía totalitaria del poder político, es decir, la soberanía del consenso.

La historia de la justicia se divide en dos con el triunfo de la democracia representativa y la independencia efectiva del poder judicial. Toda reivindicación o huelga para afirmar dicha independencia de los jueces frente a toda presión o influencia externa a la ley y constitución es, desde entonces, legítima e incluso un deber moral en la instrucción y emisión del fallo en cualquier proceso concreto. Los jueces, como los científicos y pensadores, deben buscar, desde entonces, la verdad con total independencia. Esa es su verdad espiritual: la independencia como grupo e individualmente. La verdad espiritual de los jueces, en democracia, no es su “conciencia religiosa o de clase” porque la justicia es siempre la justicia legal –teniendo siempre en cuenta la equidad. Los medios materiales, en cambio, aunque importantes, no les permitirán alcanzar su esencia propia, es decir, su independencia para buscar la verdad.   La independencia judicial, por otro lado, es la que permitió recuperar la dignidad y la autoridad ante los ciudadanos a una institución que, siendo virtuosa, también debía comprender el nuevo paradigma social y político. ¿De quién, y para qué, tenían que ser independientes los jueces? Ambos interrogantes brillan por su ausencia en el debate actual de la “huelga de los jueces”, cuando deberían ser las primeras cuestiones a tratar porque ellos “representan” la garantía de la verdad social. Los jueces, si quieren ser un poder independiente de un Estado con democracia representativa, tienen que ser independientes, en primer lugar, de los dos poderes restantes del Estado, a saber, del gobierno de la nación y del parlamento: los políticos en el gobierno dirigen la administración y ejecutan las leyes del congreso pero deben dejar libertad absoluta a los jueces a la hora de juzgar. Los jueces, en cambio, deben cumplir y hacer cumplir la ley y, además, velar por la constitucionalidad de las mismas. El parlamento, con más razón, no puede entrometerse en los procesos judiciales. Además los jueces no pueden presentar “objeciones” de conciencia religiosa o de clase: su independencia es también una independencia de las tradiciones que conforman las conciencias individuales. Esa es una diferencia, no menor, con la justicia anterior a la modernidad de la democracia representativa. La reivindicación legítima de lo jueces es la conquista de su independencia o verdad espiritual.   Mariano Fernández Bermejo, Ministro de Justicia (foto: Lisergia)

A este paso, la huelga de los jueces va camino de convertirse en una incidencia menor entre los múltiples conflictos del mundo de la justicia. Dos días antes, el 16 de Febrero, comenzó en la Comunidad de Madrid el paro indefinido convocado por los sindicatos de funcionarios de la administración de Justicia, reclamando el cumplimiento de los compromisos acordados con la Consejería que sirvieron para desbloquear la problemática en un primer momento.   Escudo del ICAM Y ahora es la abogacía la que mueve ficha. Las asociaciones de abogados mayoritarias de la misma Comunidad Autónoma han comunicado la intención de sus integrantes de renunciar en bloque y al unísono a las guardias del Turno de Oficio del próximo mes de marzo. Las consecuencias de este plante de los defensores serían muchísimo más serias que las de los agentes, oficiales y tramitadores, y aún incluso que la de los propios jueces. De llevarse a efecto, bastaría que cualquier detenido, fuera cual fuera el ilícito penal que se le imputara, solicitara ser asistido por abogado de oficio para inexcusablemente tener que ser puesto en libertad a las setenta y dos horas al agotarse el tiempo máximo legalmente establecido.   Esta vez la protesta persigue el cobro de veintisiete millones de euros correspondientes a retribuciones impagadas a los abogados del Turno por su labor profesional durante el año 2.008 y la actualización de sus baremos retributivos, que datan del año 2.003 sin que hayan sido puestos al día nunca hasta hoy mismo.   El descontento generalizado de los operadores jurídicos es una consecuencia ineludible de la descomposición institucional de este frágil castillo de naipes. Un gigante con los pies de barro que en este caso manifiesta sus carencias en la dependencia económica del poder político para la remuneración y organización de la Justicia Gratuita, en que los Colegios de Abogados juegan el papel de simples gestores. La articulación y sostenimiento de tan elemental derecho no puede corresponder en lazo de dependencia económica del ejecutivo nacional ni autonómico. Esa autonomía funcional y justa retribución sólo pueden alcanzarse con un poder judicial independiente con su propio presupuesto en el que los respectivos Tribunales Superiores de Justicia sean quienes asuman las competencias actualmente en manos del Ministerio de Justicia o de la Consejería de Justicia en aquellas Comunidades Autónomas que asumieron la competencia.

Ilustración: Alejandro Pérez La Justicia está en huelga. Y los empleados del Ministro de Justicia, también. Poco importa la chispa final que ha encendido esta hoguera en la judicatura. El colectivo de trabajadores del Ministerio de Justicia ha saltado como un resorte y ha convocado un paro para el día de hoy.   Y es que la situación se está haciendo cada vez más insostenible entre los profesionales del derecho.   Durante años han tenido que aguantar y padecer, junto a los demás ciudadanos de este país, injusticias y tropelías cometidas a manos de los detentores de los poderes Legislativo y Ejecutivo. Casos como el linchamiento del juez Gómez de Liaño; pantomimas como los juicios del GAL o del 23F; promulgación de leyes sobre maltrato que eliminan la presunción de inocencia y dejan al 50% de la población indefensa; leyes de paridad que no igualan, sino que acentúan los enfrentamientos entre sexos; fallos del Tribunal Supremo que obligan a los padres a aceptar el adoctrinamiento ideológico de sus hijos… Han tenido que actuar como el brazo ejecutor de la cabeza totalitaria enquistada en el Estado. Si a eso se le añaden unas malas condiciones laborales, la conflagración tenía que originarse, antes o después.   Lo decepcionante de este paro judicial sería que todo quedara relegado a unas reivindicaciones laborales, por muy legítimas que puedan ser, y al olvido después de conseguir unas pocas prebendas.   Quizá los encargados de aplicar las leyes deberían plantearse su protesta de otra forma. Podrían tener más éxito en sus reivindicaciones si aplicaran realmente esas leyes, empezando con la Carta Magna. Bastaría con hacer cumplir el artículo 67.2 para declarar todas las leyes inconstitucionales [1, 2] y que el sistema saltara por los aires.   Es posible que la huelga de los empleados del Ministro de Justicia se solucione en poco tiempo. Pero la huelga general de la Justicia, no. La Justicia está en paro desde hace más de 30 años. Ni siquiera ha tenido un contrato temporal, ni una beca. Le dieron el finiquito las cortes legislativas autonombradas constituyentes en 1978. La Constitución fue su carta de despido.

La confusión mediática sobre la huelga de jueces que hoy tiene lugar es reflejo de la propia confusión de un sistema institucional que, al no establecer la existencia de un Poder Judicial independiente, deja irresuelta la dicotomía entre poder y servicio ante la que las llamadas “voces autorizadas” no parecen querer tomar partido, o bien prefieren optar por la ubicuidad.   Pero un poder del Estado no puede ser al mismo tiempo un servicio sin caer en la más estrepitosa inconsistencia para toda teoría constitucional mínimamente exigente. El poder es consustancial al Estado, el servicio no lo es. El axioma por el cual Max Weber caracteriza al Estado como aquella organización que asume, dentro de unos lindes territoriales definidos, “el monopolio de la violencia legítima”, implica que el Estado no puede enajenar el ejercicio de tal violencia; en suma, no es libre de renunciar al poder por el que se define, sin negarse a si mismo. El Estado no puede renunciar a gobernar, legislar o juzgar sin dejar de ser Estado. El poder no es privatizable a menos que el Estado acepte su propia desaparición. Los servicios sí pueden serlo, pues no es por la prestación de éstos por lo que el Estado se define, y por tanto su enajenación o delegación en manos privadas es asumible sin incurrir en inconsistencia alguna con aquello que define al Estado en cuanto tal.   Los planteamientos ideológicos, y en particular la socialdemocracia, incapaces de elevar una teoría del Estado por encima y al margen de los principios que como ideologías los definen, mezclando forma con materia, no estarán en condiciones de entender esta distinción fundamental. No obstante, cuando los medios de comunicación caracterizan la función judicial como servicio, incurren en una impostura que no puede ser más que fiel reflejo de un sistema impostor que, en efecto, simula la existencia de un Poder Judicial independiente y de hecho lo reduce a una función administrativa comandada por el ministro del ramo en nombre del Poder Ejecutivo. Que al tener sujeto al Poder Legislativo por la antidemocrática vía del parlamentarismo, se erige en dueño y señor del juego institucional. Que los jueces en huelga quieran sentar al otro lado de la mesa de negociaciones al señor Ministro de Justicia, ignorando así al Consejo General del Poder Judicial, demuestra, en efecto, que han entendido a la perfección la situación de dependencia jerárquica a la que se sujeta el ejercicio de su profesión.   Que tal distribución de papeles en este conflicto no cause mayor escándalo o protesta por parte de los medios de comunicación, inmersos como están en el propio contenido de las reclamaciones, ajenos a la cuestión formal previa que aquí se plantea, equivale a aceptar sin discusión el propio marco institucional en el cual este conflicto se ha planteado.