Caamaño ha cumplido su amenaza ya advertida desde estas mismas páginas. Desde el pasado 4 de Noviembre y por gracia de la Ley Orgánica Complementaria a la de Reforma de la Oficina Judicial, resulta obligatoria la constitución de depósito para recurrir las resoluciones judiciales. Si éste no se verifica en tiempo y forma, no se admitirá a trámite el recurso teniéndose por no interpuesto a todos los efectos. Tal obligación atañe no sólo a los recursos contra sentencias o resoluciones que pongan fin al proceso, sino a todas contra las que quepa algún tipo de recurso, incluidas aquellas denominadas interlocutorias, que son las destinadas a la ordenación interna del proceso o de orden incidental, y hasta para la revisión de los actos de los Secretarios Judiciales. Se encuentran excluidos de tal obligación de constituir depósito el Ministerio Fiscal y las administraciones públicas. El justiciable de a pie únicamente está excluido de la obligación de depositar en el orden penal, y en el social cuando tenga la condición de trabajador.   El nuevo depósito, que va desde los 25 a los 50 euros por cada recurso, será destinado, según Caamaño, a sufragar la asistencia jurídica gratuita y a la modernización de la justicia y pretende, según el Ministerio, disuadir de la interposición de recursos temerarios. Pero parece poco creíble que alguien que pretenda dilatar un procedimiento por los intereses en juego vaya a ser disuadido con la cuantía de los depósitos establecidos, mientras que entorpece el ejercicio efectivo del derecho a la defensa del justiciable que actúa con buena fe procesal, ya que resulta de aplicación uniforme independientemente de la cuantía litigiosa y sitúa en desventaja al litigante contra la administración. Ello sin contar con la más que habitual falibilidad de las resoluciones judiciales de instancia, que son luego enmendadas, y aún de la posibilidad de acudir a la condena en costas por temeridad al recurrente temerario sin constituir depósito alguno según la legislación procesal hasta ahora vigente.   No quepa duda de que la mera institución de este peaje judicial la pagará todo justiciable, sea o no recurrente, ya que, dada la premura de los plazos procesalmente establecidos para recurrir, Abogados y Procuradores elevarán sustancialmente la provisión de fondos. La independencia judicial es inversamente proporcional a la dependencia económica de la Justicia del poder político. Caamaño identifica de nuevo justicia con burocracia, reduciendo la problemática de la ausencia de un efectivo Poder Judicial con presupuesto propio a la simple ausencia de medios materiales, en la que justifica cualquier recorte de las garantías ciudadanas y de independencia judicial, atando en corto con nuevos lazos económicos a la Justicia para que no se escape del control político ni lo funcional ni en lo económico.

Fernando Savater y Rosa Díez (foto: Upyd) Bisagra estatal Desde la disolución de UCD, aquel conglomerado de ex franquistas transicionales, el PSOE y la AP de Fraga (después, PP) han configurado el régimen de partidos estatales. Cuando el dominio felipista empezó a resquebrajarse, don Jordi Pujol pudo coser a su antojo las costuras de la gobernabilidad. Los fracasados intentos de reflotar el centrismo (CDS de Suárez) o de reformularlo (operación Roca), así como la marginación de IU, hacían indispensable el concurso de CiU en situaciones parlamentarias de mayoría relativa. Así pues, un Gobierno central, cuyas pautas son marcadas por el nacionalismo periférico –que desde su posición de ventaja obtiene jugosas competencias-, es el envenenado fruto que se desprende del régimen electoral vigente.   Y para combatir estos perversos efectos particularistas, dejando intacta la causa general de la podredumbre política, surgió UPyD, con la frescura de Rosa Díaz y Fernando Savater al frente. En la clausura del I Congreso, aquélla ha declarado que el impulso de su formación es necesario para obligar a PSOE y PP a comportarse como verdaderos partidos nacionales, sin verse sometidos a los nacionalistas. Esta ex eurodiputada ha ilusionado a su feligresía con el anuncio de la llegada del día en que UPyD condicione quién gobierna España: ojalá llegue antes la posibilidad de que los ciudadanos sean quienes lo decidan, eligiendo a su presidente. Aunque padezcan el peor Gobierno y la peor oposición posibles, ahí está, sin embargo, el partido laico y progresista de la señora Díez para remediar las cuitas de los españoles, defendiendo: la unidad nacional, la igualdad de todos los españoles ante la ley (con una regia excepción, por supuesto) y “la separación de poderes” o lo que en UPyD entiendan por tal cosa. Ya lanzada, doña Rosa, también dictaría las líneas correctas de la política internacional, impidiendo la complicidad de Zapatero con el dictador cubano y el sátrapa marroquí.   Reafirmada en la jefatura con el 80% de los votos de la militancia (conforme a un inapelable funcionamiento oligárquico, los críticos han sido expulsados de los órganos de dirección) Rosa Díez se dispone a engrasar una bisagra con la que se podrá girar a la derecha o a la izquierda estatales, pero no abrir la puerta de la Monarquía de Partidos para acceder a la democracia.

Rodríguez Zapatero y Felipe González (foto: Zapatero 2008) Fidelidad ultrajada Cuando el 14 de abril de 1931 fue proclamada la II República, se abrió un nuevo periodo para los partidos políticos y en las elecciones a Cortes Constituyentes del día 28 de junio del mismo año, se pudo comprobar qué influencia tenía cada uno de ellos entre los electores. La lista más votada resultó ser la del PSOE, que por aquel entonces contaba con 23.000 afiliados en toda España. Posteriormente, en las elecciones generales del 19 de noviembre de 1933, dicho partido descendió considerablemente en su número de votos. En las siguientes elecciones, 16 de Febrero de 1936, volvería a ser el PSOE el partido con más escaños dentro del Frente Popular.   Siendo España en aquella época una nación con un 45,5% de población activa rural era casi imposible la afiliación a partido alguno. A veces los aspirantes de provincias tenían que trasladarse a Madrid y ser presentados por uno o varios militantes del partido. En el caso del PSOE era requisito indispensable. Los trabajadores del sector industrial sólo se unían a los sindicatos CNT, UGT.   En los prolegómenos del levantamiento de 17 de Julio de 1936, el Gobierno de la República hace un llamamiento para que la población civil acuda a inscribirse en los partidos del Frente Popular. Miles de jóvenes que no quieren sangre y son republicanos lo hacen en las filas del PSOE, al observar el avance del estalinismo representado por el PCE. Es en ese momento histórico de pasión cuando se puede hablar de partidos con militancia activa de base en España. Durante la Guerra Civil esta joven militancia del PSOE que se afilió para defender la República, sufre todos los horrores que conlleva una guerra fratricida. Muchos fueron fusilados (hoy, algunos, al ser exhumados sus restos por orden de un juez ambicioso, todavía portaban el carnet de militante). Otros, terminada la Guerra, pasaron a los penales y al ser puestos en libertad después de haber cumplido la condena, buscaron clandestinamente a su partido. Pero ya no quedaba ni rastro de la base. Con mucho riesgo de sus vidas, arriesgando incluso a los niños de sus familias, se comunicaban con algún compañero para pedir ayuda, pero nada más. Ya no tenían carnet del partido.   Trece son los congresos celebrados por el PSOE en el exilio, siendo el último el de Suresnes, celebrado del 11 al 13 de octubre de 1974. En esta fecha no hay militancia activa del PSOE entre los movimientos sociales españoles en oposición al franquismo. Mejor dicho, no hay partido. Los “tres sevillanos”, el otrora falangista Felipe González, Alfonso Guerra y Manuel Chaves dan en este Congreso el famoso golpe de mano para hacerse con sus siglas. Invitados de excepción: Bruno Pittermann, François Mitterrand y Willy Brandt, el gran benefactor económico del trío. Los jóvenes afiliados al PSOE durante la República que habían conseguido sobrevivir hasta esa fecha, esperaban expectantes el congreso, sabiendo que el dictador estaba cercano a la muerte. No deseaban el socialismo, pero sí la democracia en forma de República pues su partido era republicano. No obstante, tuvieron que esperar hasta finales de 1976 para ser “readmitidos” como afiliados. Atrás quedaron los archivos de la calle Maudes de Madrid. ¿Dónde están?, nadie lo sabe. Finalmente fueron admitidos, pero con nuevo carnet, sin reconocimiento alguno de la antigüedad.   El golpe de mano de las siglas del PSOE, se extiende a la base de la sociedad civil española mediante nuevos y ambiciosos afiliados que hacen acto de presencia en los movimientos sociales de oposición al franquismo para utilizarlos o disolverlos. A pesar de que los viejos republicanos militantes del PSOE, fueron testigos directos de cómo los dirigentes de su partido hacían todo lo contrario a lo expresado por sus ideales desde el Congreso de Suresnes, su fidelidad les hizo continuar como afiliados. Lucharon dentro del partido, pero sólo eran números y cuotas. Aún estando muchos de ellos en plena madurez intelectual, fueron relegados a simples tareas de “la tercera edad” o a no hacer nada. El sentido común pudo prevalecer en muchos de ellos, a pesar de las campañas propagandistas de su dirigente Felipe González, para hacerlos conscientes de hasta dónde se estaba llevando a España. Sabían que no había democracia. Sabían que la democracia nunca la puede traer un Monarca y menos el heredero de un dictador. Sabían que Felipe González era el responsable de la entrada en la OTAN, del caso Filesa, de los Gal, sabían que desmembraban la nación y muchas cosas más. Pero lo que no sabían o no querían saber por el miedo atroz de haber vivido una Guerra Civil, (fomentado aún más por los medios de comunicación del régimen) es que estando afiliado a un partido corrupto perteneciente a una corrupta Monarquía de Partidos no se puede conseguir la libertad política.

Los diversos paros realizados el fin de semana en muchos lugares de España y la gran manifestación de agricultores que recorrió el centro de Madrid tras una pancarta, en la que se leía “El campo se arruina. Exigimos soluciones”, han hecho pensar a los ciudadanos en la gravedad del enfermo (la agricultura), que ha sido olvidado en los últimos años por los poderes públicos, quizás por su poca capacidad de presión o por su escaso valor electoral. Los agricultores se han cansado de esperar y de llorar, de ser ninguneados y menospreciados y han salido a la calle a mostrarnos su realidad, sus deseos y sus anhelos. Nos han dicho que los precios que reciben en origen y los que los consumidores pagamos en el destino en muchos casos se quintuplican (1 Kg. de patatas: 18 céntimos en origen, un euro en un supermercado, y así decenas de ejemplos). Los precios agrarios permanecen o caen por debajo de los costes de los factores productivos (maquinaria, semillas, abonos, piensos, energía) que no han parado de encarecerse. A pesar de la PAC (Política Agraria Comunitaria), que protege alguno de ellos, el campo está al borde del desmantelamiento.   A estas alturas todos somos conscientes de que las ayudas y las subvenciones distorsionan los precios y la asignación racional de los recursos en un mercado de competencia perfecta, de que si protegemos demasiado a nuestra agricultura desamparamos a los países del tercer mundo exportadores de estos productos, de que las explotaciones agrarias se tienen que especializar y modernizar; pero en nuestra agricultura una gran parte de la comercialización está en manos de unos pocos (mayoristas y grandes superficies) que imponen sus reglas de contratación. En este oligopsonio los precios se establecen de forma inversa: los compradores imponen el precio al que desean adquirir los productos y cada uno que participa en la cadena de distribución va descontando su margen de beneficio, así que al último eslabón (el agricultor) solamente le quedan las migajas. Los agricultores se quejan del olvido de los dirigentes políticos, de su situación de desventaja en comparación con los sectores que han recibido ayudas (bancario, automóvil, energético) dado su poder de negociación, y se han dado cuenta que el único camino que les queda es la movilización para hacerse oír. Aunque solamente representen un 3,91% de la población ocupada, suministran la mayor parte de nuestros alimentos y de las materias primas para la industria agroalimentaria (12% o más del PIB).   Anteayer fue la construcción, ayer la industria del automóvil y el turismo, hoy es la agricultura la que está en la UCI y mañana… ¿Quién enfermará mañana? Con estos dirigentes políticos nadie está a salvo.

We are pirates (foto: earcos) Cooperadores y encubridores La detención de un barco por asaltantes que exigen para la liberación del buque y sus ocupantes una cantidad de dinero como condición, es calificado jurídicamente como delito de secuestro en el artículo 164 del Código Penal, y resulta castigado con penas de seis a diez años. El artículo 28 del texto punitivo equipara la responsabilidad penal de la autoría criminal con la de los cooperadores necesarios, definidos éstos como los que realizan actos indispensables para la perfección del ilícito sin participar en su ejecución. Por su parte el artículo 451 tipifica el delito de encubrimiento y lo sanciona con penas de prisión de tres a seis años a quienes con posterioridad a la comisión de un delito y sin haber intervenido en el mismo, auxilien a los autores o cómplices, oculten el delito o ayuden a la impunidad de sus acciones, con especial agravamiento y reproche penal de inhabilitación cuando el favorecedor actúe con abuso de funciones públicas.   La doctrina más autorizada (Vg. Gimbernat Ordeig) y la jurisprudencia (Vg. asunto Elosua-Arratibel) establecen que para que la atenuante de estado de necesidad del artículo 8 del Código Penal exonere de responsabilidad criminal a quienes pagan un rescate, deben concurrir tres circunstancias principales: Íntima cercanía familiar o afectiva del pagador con el secuestrado, que dicho pagador sea el sujeto directo e inmediato de las pretensiones de pago por los secuestradores, y el pleno conocimiento de que ceder a la extorsión violenta una norma jurídica, ponderando internamente y a su pesar la acción como absolutamente necesaria y constitutiva de un mal menor irremediable.   El Ministro de Justicia, Sr. Caamaño, ha señalado que España “como país” no ha pagado ningún rescate, negando cualquier reconocimiento de acción lesiva del ordenamiento, aún disculpable. El Presidente del Tribunal Supremo, Don Carlos Dívar, manifestó públicamente que “hay que felicitarse fuera cual fuera el medio empleado” para la liberación, enturbiando aún más sus declaraciones a preguntas de los periodistas sobre la legalidad de que un Gobierno pague un rescate para conseguir una liberación, indicando  que  “no sabe exactamente si se ha pagado o no, por lo que no puede contestar si existe o no ilegalidad”, mientras que la Portavoz del Consejo general del Poder Judicial Dña. Gabriela Bravo se alegra ostentosamente del “resultado satisfactorio de las negociaciones”.   Mientras, el Juez Santiago Pedraz abre pieza separada para investigar los bufetes de abogados de Londres que presuntamente actuaron como mediadores de los piratas, sin que tenga previsto realizar pesquisa alguna sobre la intervención en el pago del Gobierno, factor, o dependiente suyo o de su orden. La Fiscalía, siguiendo órdenes jerárquicas de D. Cándido Conde-Pumpido, no ha solicitado tampoco diligencia alguna en tal sentido.