Windmills worth the wait (foto: johnnyalive) Economía sostenible: "la nueva economía" Comenzaron por lanzar al auditorio de mítines y tertulias el concepto de “nueva economía” refiriéndose a un modo nuevo de utilizar los recursos disponibles y a una política económica que superaba las antiguas formas de producción y organización, para convencer a sus huestes de que esa era la nueva frontera. A lo largo de la historia el concepto se ha utilizado como revulsivo de una situación anterior. Así se denominó la economía surgida del pensamiento de Adam Smith y de la posterior revisión de Carlos Marx; del mismo modo se llamó a la economía expresada en las ideas de los neoclásicos. Posteriormente, por ese nombre se conocieron las prácticas realizadas de acuerdo con las aportaciones de John M. Keynes. Pero estos términos se aplicaron fundamentalmente a las medidas tomadas por la Administración demócrata de Bill Clinton a partir de 1994 y a las altas tasas de productividad conseguidas con las nuevas tecnologías de la información. ¿Qué bloque de ideas patrias está detrás de nuestra “nueva economía”? No hay nada más que propaganda para mantener a los grandes medios de comunicación lejos de los problemas reales que acucian a los ciudadanos. La “nueva economía” será el proyecto de país que se diseñe como resultado de pronunciar un conjuro: “economía sostenible”. El anteproyecto de ley está concebido como anuncios reunidos en un cajón de sastre, en el que puede entrar de todo sin más orden que el expresado en la secuencia de los artículos. El anteproyecto es jurídicamente un desorden legal; políticamente una técnica más de la propaganda de los detentadores del poder que así aparentan tener ideas para superar la grave crisis que nos corroe; socialmente un intento de implicar en la solución de los problemas a todos los agentes sociales para diluir la responsabilidad que tienen como dirigentes políticos; y económicamente no es más que un ejercicio de programación económica a largo plazo. Esta técnica en un sistema de libre mercado no sirve para nada. El combinado, “economía sostenible” se aplica a cualquier forma de producir o gestionar servicios que ahorra energía o utiliza energías renovables y no contaminantes. No importa que su utilización sea muy cara ni que se necesite disponer de unas infraestructuras convencionales paralelas para atender posibles emergencias.
Justicia a presión
La existencia de una Justicia separada en origen tanto orgánica como económicamente del Legislativo y del Ejecutivo garantiza su independencia en el ejercicio de sus funciones, impidiendo la natural tendencia a la concentración de los poderes del Estado. Pero aún más, sin tal separación en origen, los Juzgados y Tribunales no sólo se verán agredidos en el normal desempeño de su labor por la acción directa del Parlamento y del Gobierno, sino de la sociedad política en general a través de los medios de comunicación o actuación de plataformas amparadas o subvencionadas por la misma. Llegando al extremo, la separación de poderes en origen reduce a la insignificancia las puntuales injerencias demagógicas del electorado que elige a sus legisladores y gobernantes, al constituirse el Órgano de Gobierno de los Jueces por un cuerpo electoral separado conformado por todos los operadores jurídicos. Sin esa separación de poderes en origen, no existe constitución por mucho que formalmente así se nombre a una norma consensuada entre distintas corrientes políticas. Y sin constitución resulta absurdo hablar de Tribunal Constitucional (TC) alguno que defina la legalidad de la norma en última instancia. Tan siquiera puede hablarse de debilidad institucional, pues la existencia de institución presupone una atribución estatal de permanencia inviolable para el ejercicio de la función ajena a cambalaches o sinecuras de conveniencia política, no debiendo extrañar el cuestionamiento partidista de la legitimidad del órgano por la permanencia prorrogada de sus miembros ante la falta del anhelado consenso. Que nadie se engañe, la presión que sufre el TC para influir en el sentido de su fallo en relación con el estatuto catalán existe por la propia inconsistencia de su ser. Y se ejerce porque quien presiona sabe de su capacidad de influencia. Es lo que tiene configurar un filtro último de legalidad conformado en su composición por criterios de reparto político. Pretender ahora que se resuelva conforme a Derecho, cuando nunca ha sido esa la intención del constituyente, es de una necedad insondable. En pura lógica, la legitimidad de la decisión se hace depender no de la autorictas estatal de una institución del Estado, sino del criterio de idoneidad de quienes hayan de decidir conforme a las instrucciones dadas por quien determinó su elección y atribución de la potestad para resolver. Recusar a sus miembros es absurdo cuando tal repulsión no puede ser sino ad integrum del órgano decisorio como tal, resultando tan patético argüir cuestiones de complejidad técnica para justificar la dilación en el dictado de la Sentencia como invocar precisamente la destrucción del régimen que así lo ha establecido.
Franquismo catalán
La prensa del Movimiento Nacional ha reaccionado contra las insidias provenientes del extranjero, en defensa de la "dignidad de todos lo catalanes". Dignidad de la cual es depositario el nuevo Estatuto de Autonomía, como los Principios Fundamentales del Movimiento eran los depositarios de las esencias nacionales españolas. Discutirlos o ponerlos en duda era delito de lesa patria, atentado contra la religión nacionalista oficial. Y ahora, en Cataluña, sólo un antipatriota se atrevería a poner en duda o someter a discusión la constitucionalidad del Estatuto. Dignidad, la de los catalanes -suponiendo que sepamos el significado de tal palabra en un contexto tan impreciso como este-, que salvo el editorial conjunto de doce periódicos catalanes nadie ha puesto en litigio. Dignidad que por supuesto no va a discutir el TC porque eso no entra en sus competencias. Si entra, en cambio, evaluar la constitucionalidad de una norma de rango jerárquico inferior a la propia Constitución, como sin duda es el Estatuto. Los responsables de ese ridículo editorial lo saben, pero prefieren omitirlo. Saben, también, que la inexistencia de una Justicia independiente, y la atribución a un tribunal especial del privilegio exclusivo de interpretar la llamada “ley de leyes”, da pábulo a todo tipo de intromisiones y presiones del poder político para que los magistrados obren rectamente. Es decir, tal y como esperan sus señores que obren. Piensan estos sesudos periodistas que una vez pronunciado el Parlamento y sometido el texto a refrendo, el control judicial de tal decisión es un insulto a la "dignidad" del pueblo. Y tienen razón, porque ellos sólo son altavoces de una centenaria y acrisolada tradición europea. En la Europa Continental hemos heredado la funesta tradición proveniente de la Revolución Francesa, que consideraba que el control del poder, cuando el titular del mismo era el "pueblo", era superfluo. Por eso la Convención de 1793 asumió todos los poderes arrebatados al rey para levantar un régimen no menos despótico que la monarquía contra la que se rebelaron. Y en esa brutalidad seguimos. Los americanos partieron la soberanía en poderes separados entre si para que ninguno fuera absolutamente soberano, y así inventaron la democracia moderna. Los europeos hemos venerado al "pueblo" como ente absolutamente soberano y así la democracia ni la hemos olido. Por eso, siguiendo la lógica de estos editorialistas, el día en que el pueblo soberano apruebe la pena de muerte el Tribunal Constitucional deberá respetar su dignidad y no pronunciarse en modo alguno. Entretanto, más valdría abolir toda Constitución para evitar en lo sucesivo que la dignidad de un pueblo que se ha pronunciado a través de sus "instituciones representativas" o directamente en referéndum vuelva a ser insultada. ¿Una Constitución capaz de poner trabas a la voluntad general? ¡Dónde se ha visto tal cosa!
Caamaño I “El Bruto”
Bud Spencer Caamaño I "El Bruto" Llegó como pacificador a la cúpula del manejo político de la Justicia para poner paz en la rebelión de los jueces tras la combustión espontánea de su insolente predecesor, propiciada por cacerías inoportunas y por una frontal negativa a reconocer a las puñetas el derecho de huelga. Las mismas dotes que hicieron apto a Fernández Bermejo para ser el rector político de la Justicia, combinando por partes iguales chulería y autoritarismo, le situaron fuera como obstáculo insalvable para desbloquear el conflicto planteado por la judicatura. La eficacia de la estrategia Caamaño para desbloquear el conflicto reside en su simplicidad. Reducir el conflicto a lo material y plantearlo en términos de razonamiento primario. Eliminar de la negociación a las Juntas de Jueces y reconocer de facto la parasindicación judicial como representación colectiva a través de sus asociaciones fue el primer y elemental paso. Después, y en la línea del pensamiento bruto, vincular la mejora de las condiciones de vida de los Magistrados (salario y vacación) a la mejora de la Justicia dejó el fuego en rescoldos. Un Juez bien alimentado y descansado está más contento y dicta resoluciones de mayor calidad. Y protesta menos. El pensamiento en corto preside toda su dirección de la Justicia desde el poder político. Administrativizar parcelas judiciales, como el proyecto de municipalización de los registros civiles o la ejecución civil mediante las subastas judiciales on-line a través de la página web del Ministerio de Justicia, excluyen de la función jurisdiccional so pretexto de la eficacia en la gestión aspectos que se encontraban bajo la garantía judicial. Esa misma concepción simplista es la que preside la voluntad de sustraer la función penal instructora de manos del Juez, entregándola a una Fiscalía organizada jerárquicamente y al mando de un Fiscal General del Estado elegido por el Gobierno, dejando en sus manos la iniciativa de persecución del delito y las diligencias de investigación del hecho criminal y sus implicados. Pensamiento bruto que subyace también en su meta de reducir la litigiosidad recortando el sistema de recursos, estableciendo peajes judiciales mediante depósitos obligatorios para poder recurrir y dotando a los Secretarios de facultades decisorias. ¡Cómo si recortando el acceso a la sanidad se acabara con la enfermedad! La ratio decidendi bruta es interpretada por el obiter dictum de su concepción de la Justicia como mecánica de la resolución de conflictos en enredos judiciales como el secuestro del Alakrana (España “como país” no ha cedido a la extorsión), o la “constitucionalidad” del estatuto catalán, que para el Ministro está fuera de dudas porque “ha sido aprobado y votado por la mayoría absoluta de los representantes del pueblo”. Simplex lex, sed lex.
Pronunciamientos
Primero fue la puesta en escena del Presidente de la Generalidad de Cataluña arengando a los miembros del Consejo de Garantías Estatutarias sobre las bondades del Estatuto como si fuera una Constitución, en la que se siguió paso a paso la liturgia del Estado de Partidos al que imitan en su organización. Después fue el presidente de CiU, Artur Mas, proponiendo al resto de partidos políticos catalanes pactar un “Plan B” por si el Tribunal Constitucional lamina el Estatuto, en el que se incluiría el traspaso de más competencias, como la gestión completa de los aeropuertos y la firma de un concierto económico, a imagen y semejanza del que disfrutan el País Vasco y Navarra, rechazaron en el pasado por considerarlo un instrumento fiscal obsoleto. Ahora son los periódicos locales “catalanes”, en nombre de la opinión pública catalana (como si allí no se comprasen periódicos de tirada nacional), los que firman un editorial pronunciándose, como se hacía en la España del siglo XIX, sobre los peligros de una sentencia contraria a una parte del Estatuto y sobre las posibles “cirugías de hierro que cercenen de raíz la complejidad española” y maniobras “para transformar la sentencia (….) en un verdadero cerrojazo institucional” al deseo de “autogobierno de un viejo pueblo europeo” y demás demagogias nacionalistas al uso. Todos están poniendo su granito de arena para condicionar el resultado así que no se trata de una mera opinión al abrigo de la libertad de prensa. Estos acontecimientos ratifican lo que, desde hace mucho tiempo, se viene escribiendo en estas páginas acerca del carácter político del Tribunal Constitucional, así como de su innecesaria existencia (sus competencias deberían estar residenciadas en el Tribunal Supremo). Se han dado tantas alas a los sátrapas periféricos, con la excusa de acercar la Administración a los ciudadanos (precisamente hoy día en la era de las telecomunicaciones, de la administración electrónica y de la globalización) que ahora se enervan por no poder tener algo más. No sólo desean que las normas emanadas de su Parlamento regional sean intocables por los órganos jurisdiccionales del Estado. ¡Qué importa el paulatino vaciamiento estatal! Si de esta guisa España se convierte en un “Estado fallido” o un engendro confederal, ellos quieren estar preparados para sustituirlo en ese trozo del territorio. Por eso les duele el posible recorte de su Estatuto que les garantiza la supremacía sobre todas las demás Comunidades Autónomas, el trato con el Estado en pie de igualdad y un paso más a sus “fantasías soberanistas”. Al final esta escalada de presiones conducirá a más competencias del Estado transferidas para acallar voces y éste continuará por el camino de la autodestrucción.
Una revolución democrática imparable
Una revolución democrática imparable, en El confidencial "Nuestra cerrada oligarquía política no es ni la más capaz, ni la más leal para con el bien común. ¿Por qué la vida pública debería estarle reservada sólo a ella? ¿Sólo ellos son ciudadanos? ¿Acaso el país es suyo?"
Aventuras dichosas
En un mundo sin territorios inexplorados ni paraísos por descubrir, de cotidianidad letárgica y grisura laboral, de miedo a los compromisos nobles, y con la poderosa coerción que la familia ejerce sobre el ánimo aventurero, éste resurge durante esas horas en las que nos quedamos prendados de una pantalla de cine: donde saciamos la sed de horizontes y los héroes de ficción encarnan nuestro sentido de la épica; y el deseo no es incompatible con la realidad, aunque para muchos hombres, cuanto más fuerte sea aquél, más impracticable les resulte llevarlo a cabo, quizá porque la realización de sus sueños supondría la desaparición de éstos. La fascinación que los misteriosos y recónditos parajes africanos y orientales ha ejercido sobre las mentes occidentales más inquietas, ha sido canalizada en el siglo XX por el cine de aventuras: Tarzán o la supremacía del hombre blanco, las hazañas bélicas del colonialismo (Beau Geste, Zulú, Gunga Din), el enfrentamiento victorioso con una Naturaleza indómita (La reina de África), una sensualidad arrebatadora (inaccesible en Europa) que da paso al sentimiento que rompe todos los vínculos sociales y desacredita los valores establecidos (El tigre de Esnapur y La tumba india): “rindámonos al amor, que todo lo vence”. Taj Mahal (foto: Christopher Chan) Cuentan que los godos tenían la costumbre de resolver sus asuntos dos veces: una, borrachos, y otra, sobrios. Así, unían el atrevimiento y la prudencia en sus decisiones. Nadie como John Ford ha reflejado la intrépida ebriedad y la serena sensatez (La taberna del irlandés, El hombre tranquilo). John Huston, otro de los grandes realizadores de aventuras cinematográficas (El hombre que pudo reinar, Moby Dick, El tesoro de Sierra Madre) rodó Vidas rebeldes -o Misfits, que es el título original-, en la que los inadaptados Montgomery Clift y Clark Gable confiesan que no hay nada peor que tener que ganarse la vida con un empleo. Y es que, aparte del sentimiento de espanto que tenemos que vencer previamente para trabajar, los caminos por los que se consigue dinero, casi sin excepción, nos empequeñecen, o como también decía Thoureau, nada se opone tanto a la poesía –épica- como los negocios, ni siquiera el crimen.
Liliput español
Los viajes de Gulliver (foto: Zephyrance) Liliput español Si un extraterrestre aterrizara en España y preguntara sobre los fundamentos de la organización política del Estado y las costumbres políticas de sus habitantes, éstos lo atarían rápida y eficazmente por cabellos, piernas, brazos y manos y lo drogarían con sus bebidas de bienvenida. Conducido al palacio del poder de los partidos políticos le obligarían a participar en el besamanos, en el olvido destructivo de la libertad política y en su erótica servidumbre voluntaria. En la moral y en la política los seres humanos tienen la altura que merecen o que pueden alcanzar según el criterio de su propia historia y educación social. Mas el extraño viajero nos haría unas preguntas comprensibles a nosotros, liliputienses españoles: ¿Qué tienen de más sobre todos vosotros los políticos del bipartidismo estatal? ¿Sus prerrogativas no son las que les habéis otorgado sin reflexión previa para que os destruyan?, ¿cómo tienen algún poder sobre vosotros si no es por obra de vosotros mismos? ¿Qué miedo os ata y detiene en vuestro viaje a la libertad? ¿Qué os podrían hacer si vosotros dejáis de ser encubridores del Estado ladrón que os roba en las corrupciones, cómplices del Estado que os mata en guerras innecesarias, traidores a vosotros mismos? Nuestra liliputiense organización política no respondería, pero algunos podrán preguntar al viajero: – ¿Cómo poder librarnos del poder político único e indiviso? – Podéis libraros si ensayáis el querer ser libres. Una triple maldición os mantiene en tan reducido tamaño político: un golpe de Estado seguido de guerra y dictadura, una transición sin referéndum expreso sobre la forma de Estado, y el olvido y negativa al mismo.
Triunfo de la banalidad
En esta época de achatamiento y esterilización del discurso universitario (si los brujos tenían aprendices y los maestros discípulos, ahora los profesores tienen ayudantes: el funcionariado ha disipado cualquier atisbo de magisterio), la crítica política, literaria, social, etc., refugiada en los medios de comunicación de masas, se ha transformado en palabrería propagandística o promocional. Debemos reconocer, sin embargo, la rara habilidad de los que enseñan lo que no saben, porque si se requiere poco ingenio para enseñar lo que se sabe, es preciso ingeniárselas muy bien para enseñar lo que se ignora. Así, tenemos en el espectro mediático, a una muchedumbre de especialistas en politología, es decir, en la ciencia infusa de la soberanía popular, el Estado de partidos o los partidos en el Estado, y demás patrañas metafísicas. En las sociedades dóciles y aturdidas ante el Espectáculo (Milan Kundera señala que la estupidez comercial ha remplazado a la estupidez ideológica) se ha puesto de moda un tipo de vida fundamentada en el culto permanente a la banalidad, en el embrutecimiento de los que dicen que se lo pasan “estupendamente”, atiborrándose de telebasura o pornografía, vociferando en los estadios, huyendo por las autopistas, y adorando el bien supremo del consumo. Si la verdad es negada como algo inútil, carente de rentabilidad, cómo extrañarse del imperio del fraude político-bancario al que estamos sometidos. Spinoza escribe en su Ética que la codicia material –con el dinero convertido en el “verdadero compendio de todas las cosas”- y la ambición son formas del delirio o la locura (deliri species), aunque no queramos incluirlas entre las enfermedades. El propio director gerente del FMI advierte que los bancos podrían estar ocultando la mitad de sus pérdidas, y que no habrá un crecimiento sano sin una limpieza completa de los balances bancarios. No obstante, al huero presidente del Gobierno, parece preocuparle más cosechar aplausos en la feria de vanidades que le organiza el PSOE los fines de semana, que afrontar la insolvencia y el posible colapso financiero. "A pure theory of democracy" Publicada la traducción inglesa de "Frente a la gran mentira"
Las cloacas del régimen
Las televisiones privadas han ido compitiendo entre ellas por alcanzar los límites más altos de audiencia y para ello ninguna ha tenido escrúpulos en llevar sus contenidos a niveles de depravación total. Los programas estrella derivan de los antiguos “Ecos de Sociedad”, que pasaron a llamar “del corazón”, cada vez más atiborrados de bazofia para embrutecer, engañar, crear costumbres perniciosas y manipular a la sociedad civil valiéndose de los sentimientos. Sobre todo de las mujeres. En la actualidad, el canal predilecto de doña Mª Teresa Fernández de la Vega es líder de audiencia con su programa más osado, que innovadoramente denominan “de entretenimiento”. Empezó a emitirse el verano pasado y su presentador ya ha sido galardonado por el grupo Prisa con el “premio Ondas”. Por supuesto, este señor es catalán y homosexual, como casi todos los presentadores de los programas de la referida cadena, pues hay que seguir los dictados de la moda impuesta. La desfachatez llega al colmo con la colaboración en el referido programa de una pseudo-periodista que pasa por ser la intelectual del grupo y milita en las filas del Sr. Carod Rovira. Hija de militar franquista, se define como republicana y feminista y dice luchar por la libertad de expresión. En su discurso, la continua apología del separatismo catalán termina siempre con un “los Reyes son estupendos”. Esta Sra. tiene una web -que promociona en “su programa”- en la que se aglutinan incautas y pobres mujeres que son censuradas si no se atienen a las directrices ideológicas pre-establecidas. La asociación “feminista” creada y presidida por dicha periodista cuenta con muy pocos miembros, pero a sus banquetes y discursos acude encantada Fernández de la Vega de manera oficial y amistosa. El Presidente Zapatero se siente muy orgulloso, María Teresa ha hecho muy bien los deberes. El trabajo de la vicepresidenta ha consistido en favorecer y encumbrar a la televisión privada en detrimento de la pública. Han sido beneficiados, entre otros, tanto Prisa como Mediapro, mientras la televisión pública sale mal parada con la prevista suspensión de anuncios publicitarios, lo que quizá anuncie una posterior desaparición. Sin embargo, las negociaciones para la sorprendente (pues no había trascendido la dimisión del señor Fernández, su antecesor en el cargo) designación como Presidente de RTVE de Alberto Oliart, ex ministro de Defensa en el Gobierno de Adolfo Suárez y vinculado al grupo Prisa, las llevaron en secreto el Presidente Zapatero y Mariano Rajoy dejando de lado a la vicepresidenta, a la que Zapatero había encargado de reorganizar los medios audiovisuales, y a su candidato Miguel Ángel Sacaluga.
