Ocaso en el Camino Real (foto: Jule Berlin) Europa jacobea Cuando Alarico saqueó Roma, la Ciudad Eterna, se produjo una conmoción en el universo del Imperio Romano Occidental. La estrategia oriental, consistente en desviar las hordas bárbaras hacia occidente, había producido un resultado hasta entonces inimaginable; los visigodos, que deambulaban en busca de su asentamiento en el Imperio, saquearon la Ciudad durante tres días. A la degradación y el declinar del poder imperial romano, quebrado ya con la “partitio imperii”, que desgajó su unidad en dos cabezas, la occidental de Roma y la oriental de Constantinopla, se sumó entonces la debilidad militar de Occidente, incapaz de defender sus fronteras, los limes del Danubio y del Rin. Graciano el Joven, emperador desde el 375, había hecho desaparecer el título de “Pontifex Maximus” de sus honores imperiales, señal inequívoca de la impronta que en la vida política y social de aquella época ejercían ya las ideas de la nueva religión. Si Jerónimo de Estridón lloraba desde Jerusalén el saqueo de Roma y auguraba la devastación de Occidente; Agustín de Hipona intentó, con su De Civitate Dei, dar salida a la nueva situación, enalteciendo la Ciudad de Dios y denigrando la ciudad terrenal; la legitimidad divina de la que dependía el Plan de Dios sobre la legitimidad profana que sufriría la inseguridad y los avatares de toda obra humana. La Roma Eterna de Tito Livio, Horacio y Virgilio pasaba así a tener un nuevo y legítimo titular. Ya nadie podría reconstruir nada sino con la autorización y el beneplácito del nuevo “Pontifex Maximus”, para entonces vicario de Pedro; aún el monje melifluo no le había ascendido a vicario de Cristo. Sin embargo, para la población de Occidente, ciudadanos del imperio e invasores bárbaros, tras su fragmentación generadora del feudalismo, se fue acrecentando la nostalgia de las bondades de aquella unidad política territorial perdida, en la que por su orbe cualquiera podía viajar, comerciar o instalarse sin temor alguno, desde Siria y Arabia a Finisterre, desde los límites de Sahara hasta la Britania, y entenderse en latín. La Roma cristiana, gestora de la nueva “romanizad”, consciente de que en la fragmentación estaba su preeminencia y que de la legitimidad divina dependía su autoridad, no favoreció iniciativa continúa …
Europa jacobea (completo)
Ocaso en el Camino Real (foto: Jule Berlin) Europa jacobea Cuando Alarico saqueó Roma, la Ciudad Eterna, se produjo una conmoción en el universo del Imperio Romano Occidental. La estrategia oriental, consistente en desviar las hordas bárbaras hacia occidente, había producido un resultado hasta entonces inimaginable; los visigodos, que deambulaban en busca de su asentamiento en el Imperio, saquearon la Ciudad durante tres días. A la degradación y el declinar del poder imperial romano, quebrado ya con la “partitio imperii”, que desgajó su unidad en dos cabezas, la occidental de Roma y la oriental de Constantinopla, se sumó entonces la debilidad militar de Occidente, incapaz de defender sus fronteras, los limes del Danubio y del Rin. Graciano el Joven, emperador desde el 375, había hecho desaparecer el título de “Pontifex Maximus” de sus honores imperiales, señal inequívoca de la impronta que en la vida política y social de aquella época ejercían ya las ideas de la nueva religión. Si Jerónimo de Estridón lloraba desde Jerusalén el saqueo de Roma y auguraba la devastación de Occidente; Agustín de Hipona intentó, con su De Civitate Dei, dar salida a la nueva situación, enalteciendo la Ciudad de Dios y denigrando la ciudad terrenal; la legitimidad divina de la que dependía el Plan de Dios sobre la legitimidad profana que sufriría la inseguridad y los avatares de toda obra humana. La Roma Eterna de Tito Livio, Horacio y Virgilio pasaba así a tener un nuevo y legítimo titular. Ya nadie podría reconstruir nada sino con la autorización y el beneplácito del nuevo “Pontifex Maximus”, para entonces vicario de Pedro; aún el monje melifluo no le había ascendido a vicario de Cristo. Sin embargo, para la población de Occidente, ciudadanos del imperio e invasores bárbaros, tras su fragmentación generadora del feudalismo, se fue acrecentando la nostalgia de las bondades de aquella unidad política territorial perdida, en la que por su orbe cualquiera podía viajar, comerciar o instalarse sin temor alguno, desde Siria y Arabia a Finisterre, desde los límites de Sahara hasta la Britania, y entenderse en latín. La Roma cristiana, gestora de la nueva “romanizad”, consciente de que en la fragmentación estaba su preeminencia y que de la legitimidad divina dependía su autoridad, no favoreció iniciativa alguna de reconstrucción de la unidad política de Occidente. Con Carlomagno estuvo la posibilidad más cierta de reconstrucción, pero a su fallecimiento el imperio carolingio también se fragmentó, pues la Ciudad de Dios no podía permitirse que la terrenal adquiriera tanto poder como para hacerle sombra. Nosotros, los habitantes de este rompecabezas de poderes fragmentados llamado Europa u Occidente, a lo largo de siglos y hasta hoy, hemos mantenido en nuestra simbología y en los más recónditos pliegues del subconsciente, el deseo de restituir su unidad política. Esto es lo que ha mantenido la idea de Occidente como cultura, como civilización; mezcla desigual de piedad popular, ideas de poder y necesidades del comercio. Tal empeño se ha visto con mayor claridad cuando Occidente estuvo a punto de sucumbir ante el avance del Islam o reeditarse bajo el sable de Napoleón. Hoy Europa Occidental, Occidente, trata de abrirse camino entre la fragmentación nacional por la necesidad de sobrevivir. La Unión Europea es el último exponente de ese apremio por recomponer un amplio ámbito geográfico de unidad política. La Constitución Europea es el intento actual, pero insuficiente aún, de alcanzarlo con instituciones políticas soberanas. La negativa de los promotores de la Constitución Europea a referirse en ella al cristianismo como inspirador de la unidad de Occidente tiene carácter preventivo de los males de la fragmentación, pero no se deriva, como algunos pregonan de la falta de piedad religiosa o de un radical laicismo anticlerical; pues su propósito es establecer un orden en el que la fragmentación política no tenga cabida y la religiosidad pertenezca al ámbito personal del creyente, pues la legitimidad del poder debería derivar únicamente de los principios, valores e ideales de la Democracia, es decir, de nuestra voluntad política libremente expresada. Durante más de mil años Roma ha jugado el papel que en De Civitate Dei ideológicamente había concebido el de Hipona, incrustando sus ideas en toda la historiografía de siglos. Sin embargo los fieles a Occidente fueron abriendo caminos hacia la unidad siguiendo la incierta senda de una galaxia. Vox populi, vox Dei. La voz del pueblo, que a lo largo de los siglos ha mantenido a Santiago como discreto y solapado símbolo de su anhelo de unidad frente a la Ciudad de Dios, debe ser considerada en toda su dimensión. El camino de Santiago se nos ofrece difícil y tortuoso. Pero es el único de Occidente, de una Europa unida por los valores, principios e ideales de la Democracia, por la plena libertad política de sus ciudadanos, que quienes desde hace siglos trazamos el camino. {!jomcomment}
Alienar y especular
De la separación entre cosas que conforman una única entidad surge una energía que establece la fuerza destructora del proceso por el cual ambas cosas se habían fundido. Este proceso es reversible hasta cierto momento, se hace inabordable cuando se oculta, favoreciendo la falta de comprensión gubernamental, y posibilita la anomia del lucro especulador. La disociación y distribución del riesgo financiero disminuye el riesgo individual aumentando el riesgo colectivo a medida que se sistematiza. Cuando la especulación dirige la sistematización disociativa, la alienación transciende la individualidad provocando una alienación económica colectiva que se manifiesta en tres de sus variantes; falta de control sobre el proceso político y económico, anomia especulativa e incapacidad para comprender la realidad. Estas son las características de la crisis económica que nos afecta. La UE reacciona a este proceso de manera tardía y parcial, incapacitada por la lentitud burocrática, la incomprensión técnica, la alienación intelectual de los aparatos de partido y la apertura estatal a la inclusión de las élites financieras como tecnócratas dirigentes. Pero hay más. El riesgo nos alerta de las consecuencias negativas que una acción nos puede acarrear sirviendo de este modo de etiqueta para una actividad. La disociación y repartición del riesgo conlleva una dilución del mismo. Esta dilución no sólo actúa sobre el propio riesgo, sino sobre la naturaleza observada de la actividad que antes era percibida como peligrosa, y ahora es considerada como menos peligrosa, sin haber sido esa naturaleza alterada. Los CDS poseen ambas propiedades. La UE intenta ahora eliminar la disociación entre el poseedor del bono y el tenedor del CDS. Si el que posee un bono arriesgado compra un CDS se protege frente a aquel. Pero si alguien compra un CDS y no posee el bono, querrá venderlo a un precio más alto, por lo que emprenderá estrategias que incrementen el riesgo de poseer dicho bono. De aquí las quejas griegas. Pero sobre lo que no actuará la UE es sobre el efecto de enmascaramiento que el CDS provoca en la naturaleza de la deuda soberana, por su propia existencia, y aunque si bien el precio del mismo alerta sobre la peligrosidad de poseerla, favorece su emisión por mantener la demanda a través de la compensación por la venta del CDS a un mayor precio. De este modo la emisión de deuda se convierte en una enfermedad silente. "A pure theory of democracy" Publicada la traducción inglesa de "Frente a la gran mentira"
Adam Smith y la Carta otorgada de 1978
Adán Smith… desaprueba (foto: Lee Carson) Adam Smith y la Carta otorgada de 1978 Habría que hacer una historia de los grandes textos y libros del pensamiento occidental que han sido malentendidos desde el inicio por los intelectuales interesados del siglo XIX y XX. Son los libros y textos a los que se les ha dado una interpretación contraria a la pretendida por su propio autor. Ello se podía y puede comprobar simplemente con leerlos. Leerlos sin prejuicios ideológicos. Dicha historia moderna y contemporánea empezaría, quizás, con La riqueza de las naciones de Adam Smith y con la “Constitución española de 1978”. Y ello para que nos sirva de buen ejemplo en España, en el sentido de que leamos la Carta otorgada de 1978, o “Constitución de 1978” que denominan nuestros intelectuales, y entendamos lo que dice realmente: que en el régimen del Estado de Partidos coronado no hay separación de poderes ni representación política democrática de la sociedad civil, ni elección directa y por mayoría del Jefe del Gobierno que también sería Jefe del Estado, ni mucho menos consultas al pueblo para la toma de decisiones trascendentales para nuestra política. Sin embargo no se quiere concluir lo que dice realmente Adam Smith en su gran obra ni lo que dice el texto de la ley fundamental de nuestro sistema político vigente. Es preferible creer que el Emperador viste un traje nuevo y bellísimo como en el inmortal cuento de Hans Christian Andersen, aunque en realidad esté desnudo. En el primer caso, en la obra Una investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones, porque los amos de la cultura política son las grandes oligarquías financieras que se han disfrazado de “empresarios fabricantes y comerciantes honestos”, y en el segundo porque los partidos políticos tienen que seguir manteniendo la falacia de que aquí se ha conseguido una república homologable a las de Suiza o EE.UU. Pero la realidad se impone y leer el libro de Smith o los artículos de la “Constitución española de 1978” y sus leyes orgánicas del poder judicial y electoral significa que ellos mismos nos están diciendo lo contrario de lo que predican los intelectuales. Solamente con leer el libro de Adam Smith de inmediato entiendes que no era el neoliberal capitalista decimonónico que nos pintan los ideólogos y economistas actuales. Era un filósofo de la Ilustración precapitalista, y no hay que hacer una investigación hermenéutica, tesis o master, para colegirlo correctamente; sólo es continúa …
Adam Smith y la Carta otorgada de 1978 (completo)
Adán Smith… desaprueba (foto: Lee Carson) Adam Smith y la Carta otorgada de 1978 Habría que hacer una historia de los grandes textos y libros del pensamiento occidental que han sido malentendidos desde el inicio por los intelectuales interesados del siglo XIX y XX. Son los libros y textos a los que se les ha dado una interpretación contraria a la pretendida por su propio autor. Ello se podía y puede comprobar simplemente con leerlos. Leerlos sin prejuicios ideológicos. Dicha historia moderna y contemporánea empezaría, quizás, con La riqueza de las naciones de Adam Smith y con la “Constitución española de 1978”. Y ello para que nos sirva de buen ejemplo en España, en el sentido de que leamos la Carta otorgada de 1978, o “Constitución de 1978” que denominan nuestros intelectuales, y entendamos lo que dice realmente: que en el régimen del Estado de Partidos coronado no hay separación de poderes ni representación política democrática de la sociedad civil, ni elección directa y por mayoría del Jefe del Gobierno que también sería Jefe del Estado, ni mucho menos consultas al pueblo para la toma de decisiones trascendentales para nuestra política. Sin embargo no se quiere concluir lo que dice realmente Adam Smith en su gran obra ni lo que dice el texto de la ley fundamental de nuestro sistema político vigente. Es preferible creer que el Emperador viste un traje nuevo y bellísimo como en el inmortal cuento de Hans Christian Andersen, aunque en realidad esté desnudo. En el primer caso, en la obra Una investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones, porque los amos de la cultura política son las grandes oligarquías financieras que se han disfrazado de “empresarios fabricantes y comerciantes honestos”, y en el segundo porque los partidos políticos tienen que seguir manteniendo la falacia de que aquí se ha conseguido una república homologable a las de Suiza o EE.UU. Pero la realidad se impone y leer el libro de Smith o los artículos de la “Constitución española de 1978” y sus leyes orgánicas del poder judicial y electoral significa que ellos mismos nos están diciendo lo contrario de lo que predican los intelectuales. Solamente con leer el libro de Adam Smith de inmediato entiendes que no era el neoliberal capitalista decimonónico que nos pintan los ideólogos y economistas actuales. Era un filósofo de la Ilustración precapitalista, y no hay que hacer una investigación hermenéutica, tesis o master, para colegirlo correctamente; sólo es necesario estar alfabetizado. No hay que limitarse a las frases sueltas del libro o a la primera frase, hay que seguir leyendo y comprobar que Smith nos dice en realidad que el gobierno de Gran Bretaña de finales del siglo XVIII tendrá que tomar medidas políticas democráticas para que lo que en apariencia parece maravilloso de la división del trabajo o de la mano invisible del mercado, no termine convirtiéndose en la destrucción de la civilización y de la naturaleza humana. Ésta, para Adam Smith, como buen ilustrado que era, no podría resignarse a la ignorancia en la vida pública y a la destrucción de las facultades creativas y cooperativas del trabajo, verdadera fuente del bienestar de las naciones. Así, cuando Smith nos habla de la libertad de los mercados lo hace como de un ideal que debe regir no sólo con la igualdad de oportunidades, sino también con la igualdad de condiciones: ¡qué diferencia con los neoliberales de Reagan y de ahora!, ¡sí, igualdad de condiciones¡ Aquí Smith está prefigurando teorías procedimentales de la justicia y de la ética como las de Rawls y estaría más a la “izquierda” que la tercera vía del socialismo occidental. Smith, a continuación, analiza el comercio desde el punto de vista global. La relación, por ejemplo, entre Inglaterra y la India: y condena ya en 1776 los experimentos explotadores de los ingleses en su colonia. Además nos alerta de que no hay algo tan inocente como los intereses nacionales en abstracto, y que en realidad son los nuevos y grandes comerciantes y fabricantes ingleses de la época los que imponen sus intereses particulares a esos pretendidos intereses generales o nacionales. Por lo que en su libro, A. Smith está ofreciendo ya un moderno análisis social y económico en términos de clases sociales; ¡y ello mucho antes de Marx! Smith era un ilustrado y para ellos los principios de la solidaridad, simpatía moral y control autónomo del trabajo están por encima del utilitarismo materialista de personas jurídicas y económicas abstractas que desnaturalicen al ser humano. Y tengamos en cuenta que Smith no conoció las grandes empresas financieras de hoy en día. Las mismas que han causado, en gran medida, la crisis económica. Por lo que, si viviera, sería muy crítico con ellas porque ya en su época lo era con los nuevos comerciantes y fabricantes de su país. No afirmó nunca que la división del trabajo, la mano invisible, la libertad totalitaria del mercado, etc., sean las recetas que los gobiernos deban imponer a sus pueblos; todo lo contrario, nos advierte que éstos no deben permitir que los intereses particulares de unos pocos impidan la riqueza de la nación. Repetimos que los dos principios utilizados son evidentes para todo lector honesto. Estamos hablando sencillamente de 1) no sacar las frases de contexto y 2) leer el texto o libro en su totalidad para poder seguir la argumentación del autor. No es necesario ser especialista o tener un master en Gadamer o Ricoeur. Y si leemos sin prejuicios la CE-78 ¿no llegaremos a la conclusión inmediata de que los autores del mismo están diciendo a los españoles de hace treinta años “si queréis unas pocas libertades individuales y sociales tenéis que aceptar a cambio el no tener una verdadera democracia y libertad política”?
Tramposos
Criticar la ausencia de separación de poderes para llegar a un autogobierno exclusivo y excluyente de los jueces de espaldas al restante mundo jurídico es hacer trampa. Los autores del “Manifiesto por la Despolitización y la Independencia Judicial”, pretenden que sean los jueces y sólo los jueces los que rijan el destino del llamado Poder Judicial so capa de su incuestionable politización actual. Si es evidente tal instrumentalización y aún más, el sometimiento de la Justicia a la política de los partidos, no lo es menos que la crítica se arraiga en la pretensión de unas asociaciones judiciales de constituirse en órganos estatales de selección y gestión del escalafón, que curiosamente hasta este momento se han mostrado cómplices con el actual sistema. Dos medias verdades no suman más que otra mentira, nunca una verdad completa. Partiendo de una premisa cierta como es la inseparación de poderes y consiguiente politización de la Justicia, los mismos firmantes del manifiesto mostraron poco días después de su presentación pública su firme oposición al acuerdo alcanzado entre el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Consejo General de la Abogacía española por el que lo Colegios de Abogados tendrán funciones meramente consultivas en la elección de altos cargos judiciales. Y eso que hablamos de funciones carentes de toda relevancia decisoria. Se trata de un simple botón de muestra de cómo los mil cuatrocientos firmantes incurren en un error de bulto al confundir e identificar facultad jurisdiccional con Gobierno de la Justicia. Y es que, la separación absoluta en origen de los poderes del Estado no justifica la creación de una casta de funcionarios privilegiados que señoreen la vida judicial más allá de las atribuciones estatales que tiene conferidas para el ejercicio de su función. Frente a estas reivindicaciones elitistas de autorregulación sin freno se impone la sustitución del actual CGPJ por un Consejo de Justicia elegido separadamente de forma mayoritaria por todos los operadores jurídicos en igualdad de condiciones, desde Jueces y Magistrados, pasando por Fiscales, Abogados, Procuradores, Notarios, Registradores, y Catedráticos de las Facultades de Derecho, censo que ha de incluir necesariamente también a todo el personal de Juzgado, desde Agentes y Oficiales hasta Secretarios. "A pure theory of democracy" Publicada la traducción inglesa de "Frente a la gran mentira"
11-M: Mentiras y cobardías
Monumento a las víctimas del atentado del 11-M (foto: cuellar) 11-M: Mentiras y cobardías Nadie en su sano juicio se puede creer que después de volar cuatro trenes no quedara material suficiente para realizar un análisis químico que desvelara el tipo de explosivo utilizado, yendo a buscar la prueba en una mochila de dudosa procedencia o en los escenarios de sucesos posteriores. La inmediata destrucción de los restos de los vagones (¡toneladas de chatarra!), o la ocultación del vídeo que revela la sorpresa de los peritos, entre muchas otras cosas, vienen a fundamentar la colosal sospecha. Además, los acontecimientos posteriores que se relacionaron con la masacre carecen de fundamento lógico. Por poner un claro ejemplo de ello, ¿en qué otro caso los terroristas islamistas han esperado a que se desalojara el edificio y la manzana adyacente antes de inmolarse? No pretendo aquí promover un debate sobre aquellos atentados. Sencillamente, invito a fijarse en las explicaciones y las reacciones que todo este asunto del 11-M suscita, y que alcanzan la categoría de “públicas” con significativa difusión. El párrafo precedente es el punto de partida, con la leve referencia a algunos hechos y su coherencia racional, para hacer así notar algo palmario que debiera ser neutral: la reconstrucción de los atentados ofrecida en el juicio y asumida como oficial no encaja con ellos; y ello no se consigue porque la ejecución del crimen se hubiera cubierto con un velo impenetrable, sino porque la propia investigación policial y judicial es premeditadamente oscura e irregular. Esto es posible porque las instituciones de la Monarquía de partidos son incompatibles con la verdad, al estar diseñadas para amoldar ésta, aun a costa de la misma factualidad, según el planteamiento ideológico del partido estatal dominante, cosa que debe terminar asumiéndose por todos —incluida la oposición a la espera de su turno— como algo normal. Todo lo demás es el mero reflejo de ello. Y la cosa lleva así ya más de treinta años. De esta forma, y en todo asunto, siempre se perfilan las dos facciones de un único bando. El mismo bando porque ambas coinciden en renunciar por principio a la verdad pública como valor absoluto. Es la fe lo que les separa. La fe en las distintas confesiones de la religión estatal de la confusión. Así, mientras unos mienten y retuercen los hechos del 11-M para dar soporte a los diseñadores de la versión gubernamental; los otros deben engañar y fabular sobre el orden institucional para poder hacerlo compatible con tan sórdida invención oficial sobre los atentados. Quid pro quo, la verdad del Régimen solo puede cimentarse sobre la continua mentira casuística, o la búsqueda de la verdad sobre algo concreto se usa como fundamento del engaño colectivo.
Jurisdicción y Estado de Derecho
Las aguas revueltas de la insatisfacción en la judicatura reclaman el sedante del consenso como solución a todos los males de la Justicia patria. Se llama peligro institucional al cuestionamiento de la tiranía de la inseparación de poderes y consenso al silenciamiento de la crítica, aunque como es el caso, ésta sea torpe, falta de originalidad e interesada. Ante el sonido de las alarmas, la portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Dña. Gabriela Bravo, calificó de fundamental la consecución de un Pacto de Estado en materia de Justicia, puesto que “la Justicia es el valor que inspira la normal convivencia de esta sociedad”. A juicio del CGPJ, instituciones y partidos deben trabajar conjuntamente para llegar a “cambios sustanciales importantísimos que tienen que venir definidos por un Pacto de Estado y por un consenso político”. Si el consenso es la antítesis de la política, en materia de Justicia supone la conjura para su sometimiento. El sacrificio de la independencia judicial por la Razón de Estado de la paz institucional cuaja en el orden jurídico en el concepto contemporáneo de Estado de Derecho. Poco importa la producción normativa y los mecanismos de su ejecución y cumplimiento, tan sólo su aprobación positiva. Esta acepción tan espuria de Estado de Derecho equivalente a “imperio de la ley” es ajena a la conceptuación que de tal categoría realizó Robert Von Mohl, con la sana finalidad de limitar la arbitrariedad de la función policial. Por eso no es de extrañar que el CGPJ eche la culpa a la ciudadanía del deficiente funcionamiento de la Justicia debido a, en palabras de su portavoz “las consecuencias perturbadoras de un desmedido afán de nuestra sociedad para que todo asunto sea conocido por un Juez, convirtiendo así el Estado de Derecho en un Estado Jurisdiccional”. Como para el delincuente reincidente, para nuestro CGPJ la sociedad es la culpable. Es lo que ocurre por identificar Derecho, Jurisdicción y Justicia confundiendo nociones que luego se pasan por el tamiz de la producción formal legislativa de la partitocracia y de la inseparación de poderes. Que te sale este “Estado de Derecho”. La diferenciación de las categorías hace preciso prescindir de tan manido concepto, de uso tan ordinario como demagógico, para referirnos al orden jurídico e institucional que caracteriza a la República Constitucional no como un “Estado de Derecho”, sino como una República de Leyes, término que empleara hábilmente por primera vez por John Adams para diferenciar la naciente República del parlamentarismo inglés en el origen, control judicial y ejecución del ordenamiento jurídico.
Ofensa pública
Celestino Corbacho (foto: socialistes) Ofensa pública A una pregunta de Doña María Dolores de Cospedal en el Senado responde Don Celestino Corbacho descalificando la propia pregunta e instando a la señora a que la próxima vez prepare sus intervenciones mejor, quejándose además de que en 2 años sólo le haya hecho tres interpelaciones. Es un espectáculo grotesco que califica al señor Corbacho sin lugar a equívocos; pero esto, en todo caso, es lo secundario, porque sólo es sintomático de un mal previo y mucho mayor. Doña Bibiana Aido marra con más malicia que ignorancia cuando se lamenta del triste espectáculo ofrecido por los miembros de la Cámara, pues no cabía obviar que se trataba de una sesión televisada, atribuyendo a las malas formas demostradas el desprestigio de la clase política ante los ciudadanos. Cabe preguntarse si a la clase política le preocupa su imagen ante la sociedad por decoro institucional o por pura inclinación corporativista, común a todos los gremios. Pero confundir el efecto con la causa suele tener la secreta intención de enmascarar la causa verdadera. Frente a la cual el efecto es puro ruido sin mayor interés. Y la causa es la imposibilidad de que el Poder Legislativo llegue a controlar al Ejecutivo en un sistema parlamentario de listas de partido. El marco jurídico en el cual el sistema se desarrolla tiene el efecto de inducir, por puro rigor de consecuencia, comportamientos, por parte de la clase política, que ofenden a partes iguales la estética y la moral. Comportamientos como el que acabamos de ver en Don Celestino Corbacho. Pero cuando la estética puede conculcarse sin recato alguno la inmoralidad es ya una pura e inevitable cuestión de tiempo. Detrás de la fealdad viene la maldad, es una ingenuidad peligrosa rechazar la fealdad por su aparente inocuidad. La fealdad congénita del parlamentarismo español ha fomentado la chulería y el desdén por parte de la clase política hasta extremos que ofenden a quienquiera que piense todavía en la dignidad del espacio público. Pero Don Celestino Corbacho puede responder como lo hace porque se sabe respaldado por un sistema que fomenta la impotencia de los parlamentos y la impunidad de los gobiernos, que necesariamente tienen al Legislativo sujeto mediante la disciplina de voto de sus señorías. Solamente el rechazo social o el miedo a perder el apoyo electoral puede tener efectos limitativos. Nunca la inútil acción parlamentaria. Los parlamentos se han convertido en cámaras a las cuales los políticos acuden en perpetua campaña electoral, pero jamás para rendir cuentas de su gestión y menos aún para controlar a gobierno alguno. Y la experiencia demuestra que la campaña electoral es la eclosión de la indecencia, la mala educación, la descortesía y la pura logomaquia, el insulto permanente al destinatario del mensaje. Las mismas reglas que sus señorías han trasladado al parlamento. En una república presidencialista con efectiva separación de poderes, como Estados Unidos, las cámaras son celosas de sus atribuciones, por eso una respuesta como la de Corbacho sería inaceptable, tanto para los congresistas o senadores como para la opinión pública. No es un problema de la mejor o peor educación de sus señorías, como engañosamente quería hacer ver doña Bibiana Aido: el problema reside en el funcionamiento del propio instrumento que sus señorías se traen entre manos. Que ha convertido al parlamento no ya en una extensión del gobierno sino en un apéndice del mismo. Los debates parlamentarios en España son una ofensa pública y un puro ruido que simula un control inexistente. Francisco Miranda, militar español liberal muerto en una prisión gaditana en 1816, lo anunció con dos siglos de antelación: "El pueblo no será soberano si uno de los poderes constituidos (el ejecutivo) no emana inmediatamente de él y no habrá independencia (entre los poderes) si uno de ellos fuera el creador del otro. Dad al cuerpo legislativo, por ejemplo, el derecho de nombrar a los miembros del poder ejecutivo y no existirá ya libertad política". Doña Bibiana Aido piensa que el peligro que Francisco Miranda ponía de relieve se soslaya con buenas maneras y una exquisita educación. Las cuales serían, en el mejor de los casos, una pura hipocresía que, a decir de La Rochefoucauld, es “el homenaje que el vicio rinde a la virtud”. La actitud de Don Celestino Corbacho demuestra que entre la clase política española, espoleada por unas instituciones que fomentan y consienten el agravio, el vicio se ha desatado y su triunfo ha sido arrollador: la hipocresía ni siquiera es ya necesaria.
Desconsuelo ciudadano
Ningún régimen político puede mantenerse mediante la fuerza bruta o sus formas jurídicas de expresión. Aunque todo Estado, por definición, es de Derecho, la ley, esa opinión coercitiva del grupo social preponderante, no garantiza la servidumbre voluntaria sin el concurso de la creencia colectiva en la “superioridad”, o al menos, en la utilidad de los poderosos establecidos. El Gobierno, como instrumento de canalización de la fuerza estatal, fija la dominación social. Y la hegemonía cultural, organizando las creencias de la sociedad civil, ordena la obediencia generalizada. Las elecciones definen una hegemonía política que, por la naturaleza de las cosas oligárquicas, se separa de la autonomía de la sociedad civil y se incrusta en la pura fuerza del Estado. Si la creencia colectiva en la superioridad intelectual y moral no acompaña a la hegemonía electoral del partido estatal vencedor, éste tendrá poder para dominar a la sociedad, pero no la capacidad de dirigirla. Un gobierno, entonces, con potestad pero sin autoridad, tiene que recurrir a medios represivos de la inteligencia y de la verdad (propaganda y manipulación mediáticas a mansalva) que le den, con el temor, la aquiescencia que la amable confianza en la hegemonía cultural no le puede otorgar. La situación política del momento español está marcada por una profunda crisis de confianza moral e intelectual de la sociedad civil en el grupo de profesionales del poder que ha ganado las últimas elecciones. Esta crisis de la hegemonía cultural limita las tareas del gobierno a la inercia burocrática y a las faenas represivas del Estado, y a empeñarse en demostrar que los que ambicionan el Ejecutivo, desde la otra orilla estatal, no merecen la confianza que se le niega al partido gubernamental. Entrevistado por sus periodistas de cámara, el presidente ha confirmado que no es ningún consuelo que nadie viese venir la crisis, aunque él siguió sin verla cuando ya la teníamos encima. Zapatero, pues, aspira a durar (hasta que pueda cederle el poder en las mejores condiciones posibles a uno de sus compadres) no ya porque se crea el mejor sino porque está convencido de su habilidad para retener la hegemonía negativa, extendiendo la creencia de que en todas partes y partidos reinan la imprevisión y la incompetencia. El mal de muchos no ofrece el menor consuelo a unos ciudadanos a los que se toma por tontos, pero puede convertirse en un premio redoblado para los gobernantes listos.
