"Mis ordenadores" (foto:Francisco García Claramonte) Educación. Racionalidad. Modernidad. Sistemas. Crisis “Science and technology revolutionize our lives, but memory, tradition and myth frame our response”. Arthur Schlesinger, Jr.   Nuestro sistema educativo, como algunos otros de nuestros sistemas, y de manera efectiva, no se encuentra a la altura de las circunstancias. Es un hecho evidente, por otra parte, que el modelo es deudor de parámetros de racionalidad y marcos como definidos desde el siglo XVIII un tanto en adelante. La consecuencia más evidente es, entonces ahora, la grave distancia que se da entre ese modelo industrial -desarrollado entre las luces y el diecinueve- y la realidad, mundo de nuestro tiempo de vida.   Como dispuesto entre Lancaster y Owen, este modelo industrial, obedece a un tiempo – el XIX -, en el que problemas tales como las tendencias inflacionarias que son intrínsecas a lo educacional – industrial; la segmentación, o los propios límites del crecimiento, no se consideran en profundidad por cuestiones de tipo histórico.   En cualquier caso, si re-pensar lo educativo tuviera que guardar relación con lo educacional–industrial, entonces las cuestiones centrales tendrían que ver con el modo en el que este legado pueda ser adaptado a un entorno determinado. Las propuestas de orientación del modelo bien podrían ir, como fueron en el pasado, de lo cultural–político a lo productivista–lisboeta, y en general todo en el marco del Estado Nación.   Con todo, es fundamental hacer referencia a asuntos más profundos desde los que poder aproximarse al problema que nos ocupa: La naturaleza de la crisis de los sistemas heredados en buena medida de los siglos XIX y XX. Parece oportuno señalar que, la crisis actual, afecta a los mismos conceptos de base que otorgaban fuerza y vigor al modelo clásico-moderno de ejercicio del poder.   En Educación y Democracia, por Dewey, como en Deleuze o Foucault, vemos bien como nociones en torno a cierre, tradición o apertura explican en no pocas ocasiones la crisis, la mutación, el cambio o la desaparición de sistemas ya educativos, ya antropológicos y así. En consecuencia con lo apuntado más arriba, podemos decir que si un sistema se abre un tanto, entonces cambia. Que si se abre de manera notable, su tradición se desdibuja. Y finalmente, que si se abre en exceso, la situación se hace poco manejable y la supervivencia del sistema como en un momento conocido, no es entonces clara.   La radical apertura de marcos propiciada entre otras cosas por las nuevas tecnologías, afecta a estos procesos y, así mismo, a las posibilidades de trabajar sobre la eventual gobernabilidad de esta evolución de manera mínimamente racional. La cuestión afecta a ámbitos de poder de factura moderna tales como el económico, el mediático o el político, desde luego.   En una referencia práctica al poder económico, decimos que bloqueado un producto en soportes tipo vinilo o CD, puede este ser comercializado. Internet abre este sistema, desdibuja la tradición productiva–industrial y, si no se sabe poner remedio, el hecho pondrá en peligro el conjunto del sistema–tradición.   Del mismo modo, encerrando la información en prensa, radio o televisión, se puede ejercer poder, se comercializa y se gestiona la información en un modo en el que no se puede hacer una vez el sistema mediático queda abierto por el impacto de tecnologías tales como Internet. Otro tanto podría decirse en lo referente al poder político. Aún del religioso, por seguir algo más al maestro Galbraith.   Es cierto que la crisis actual tiene muchas aristas, pero esta que se apunta, y que tiene que ver con el concepto mismo desde el que operaba el poder clásico –moderno es de notable importancia.   En lo referido a lo educacional–industrial, la crisis en términos de subsistema parece entonces también clara. El conocimiento es abierto y la crisis de la tradición como heredada parece una consecuencia que podemos llegar a esperar.

Como era previsible, la chapuza garzonita indiciariamente prevaricadora en el caso “Gürtel” ha echado por tierra las principales pruebas de cargo contra los acusados de corrupción. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJ) ha acordado invalidar las conversaciones intervenidas en prisión entre los imputados y sus abogados que había ordenado Baltasar Garzón. La predilección por la instrucción mediática sobre la técnica y sus elementales principios jurídico-procesales da alas a las defensas de los encausados, que ahora se aferran a los defectos instructores como a un clavo ardiendo. La impunidad del “Caso Naseiro” puede repetirse. Precisamente su consideración como precedente de referencia hace aún más imperdonable la actuación del Magistrado.   La disculpa de esa actuación del Juez estrella por sus valedores políticos se caracteriza por una ininteligible corrupción gramatical equivalente a la institucional de esta Justicia de Poderes Inseparados. El Fiscal General del Estado, D. Cándido Conde-Pumpido quita hierro al asunto manifestando que al margen de las declaradas ilícitas “existen otras pruebas completamente independientes” (sic), precisando que la nulidad de las escuchas “tendrá un efecto muy parcial” (sic. de nuevo). ¿Qué nuevo concepto de prueba independiente será ese y en que se diferencia de otras que se califiquen como de dependientes? ¿Cómo puede la existencia de una prueba o su ausencia en el proceso tener efecto de parcialidad sobre la instrucción de una causa penal? D. Cándido debería mirarse en el espejo para conocer el significado de los conceptos de independencia y parcialidad, a ver si por la antonimia óptica llega a la de la semántica de los conceptos que emplea.   Por su parte Caamaño I “El Bruto” dice estar convencido de que el proceso seguirá adelante y al final “tendrá el resultado que se acredite ante los órganos judiciales” (sic. una vez más, lo siento). ¡Estaría bueno que un proceso judicial tenga otro resultado que el no acreditado en autos! A menos claro, que se reconozca la instrumentalidad política de la Justicia, tantas veces denunciada desde estas páginas.     "A pure theory of democracy"     Publicada la traducción inglesa de "Frente a la gran mentira"  

(Foto: Do u remember) Reacción francesa Las tradiciones reaccionarias de Francia (legitimismo y bonapartismo) fueron renovadas durante la Tercera República (1871-1940) con las ambiciones del general Boulanger que capitalizó las ansias de revancha contra el enemigo alemán, la irrupción de unas ligas patrióticas que enarbolaban el nuevo nacionalismo que surgió a raíz del affaire Dreyfus, y el desarrollo del antisemitismo propiciado por los escándalos de corrupción de las altas esferas financieras.   Respecto al fascismo, varios historiadores siguen sosteniendo que el huevo de la serpiente se incubó en Francia, con una mezcla de los planteamientos sindicales de Sorel (que tanta influencia tuvieron en el nacionalsindicalismo hispano y en el pensamiento de José Antonio, que concebía España como un gigantesco sindicato de productores) y del nacionalismo chauvinista, encendido en la primera posguerra mundial por el resentimiento de algunas organizaciones de excombatientes.   Lo cierto es que Charles Maurras aglutinó una serie de tendencias aparentemente contrapuestas (elitismo y socialismo, federalismo y centralismo, liberalismo y corporativismo, anticapitalismo y modernismo) en el “nacionalismo integral” de la Acción Francesa. El derrumbamiento del régimen de Vichy y de la política de “unión nacional” en torno a Pétain, acabaron desmenuzando esa mixtura contrarrevolucionaria y socialpopulista. Ya en la posguerra se abomina del colaboracionismo de figuras como la de Maurras, que había calificado la ocupación alemana como una “divina sorpresa”.   El ex paracaidista Le Pen comenzó su carrera política como diputado enrolado en las filas de la Unión de Defensa de los Comerciantes y Artesanos de Pierre Poujade. En los años ochenta el Frente Nacional iniciaría su despegue electoral arremetiendo contra la inmigración, alarmando acerca de la inseguridad, y denunciando la contaminación multiculturalista de la pureza identitaria de los franceses. En las últimas elecciones el lepenismo ha vuelto a rebrotar abonado con el mismo estiércol. Que Le Pen no haya parado de atizar el odio contra los inmigrantes musulmanes, bramando contra “la invasión de millones de extranjeros que quieren imponernos una religión ajena a nuestra nación” entra dentro de su lógica racista, pero que Sarkozy se haya aventurado en ciertos debates identitarios es una preocupante irresponsabilidad.   Podemos leer en “Así habló Zaratustra” que “Es necesario ser un mar para poder recibir una sucia corriente sin volverse impuro”. Más allá de la espuma sucia de las olas lepenistas, y con elección directa del presidente y representación política, a los franceses les falta conquistar la separación de poderes para disfrutar del mar de la democracia.

La última reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, que aglutina al Gobierno nacional y los Gobiernos autonómicos (excepto País Vasco y Navarra, en este caso) tuvo como motivo fundamental adoptar un acuerdo sobre un recorte en sus gastos de unos 10.000 millones de euros hasta 2013 para alcanzar el objetivo de déficit público marcado por la Comisión Europea. Pero lo único que acordaron es la creación de una Comisión técnica, dentro de dicho Consejo, para que, en el plazo de tres meses, estudie y proponga los programas de gasto susceptibles de reducción y evalúe la eficiencia de cada uno de ellos. Ante un problema grave, este Gobierno nunca obliga a seguir un determinado comportamiento presupuestario, emite informes y crea comisiones para implicar a todos en ese batiburrillo partitocrático llamado consenso.   En anteriores reuniones de este órgano se establecieron límites al déficit público autonómico, el 2,75% del PIB interno de cada una de ellas, para que elaborasen sus presupuestos teniendo en cuenta dicho límite. Pero lo hicieron bajo unos escenarios económicos ficticios, incluso alguna de ellas (Cataluña) ya se lo ha saltado y por tanto debe enviar un plan de ajuste a dicho Consejo para volver a la senda de la estabilidad. Precisamente el consejero de Economía y Finanzas de esa Comunidad, Antoni Castell, proponía que cada uno debía ser responsable del déficit generado, sobre todo el Estado que representa el 80% del déficit público español. Esta declaración es la típica demagogia: dice una verdad a medias al ocultar que el Estado se endeuda por falta de ingresos tributarios precisamente para financiar el elefantiásico sector público autonómico. El señor Castell sabe que, salvo en ciertas partidas, el Estado es una agencia de distribución de los recursos a los diversos gestores estatales, autonómicos y locales del gasto público.   Al hilo de esta elefantiasis, la organización empresarial catalana, Fomento del Trabajo, ha elaborado un informe, “La metástasis del INI” (en recuerdo del antiguo Instituto Nacional de Industria que concentraba la mayoría de las empresas públicas nacionales), en el que advierte de la proliferación de Entes jurídicos y Sociedades cuyas actividades escapan del régimen administrativo y en muchos casos no obedecen a ningún interés general y además menciona que sus gastos, ingresos y deudas no forman parte de las cifras oficiales de déficit y deuda pública. Cuando el Estado ya había racionalizado este tipo de organizaciones en su actividad y número, ahora han crecido como setas (más de 2.000) en los prados autonómicos. Pongamos un ejemplo, la Comunidad Autónoma de Cataluña(*),  que dicho consejero conoce muy bien (se podían poner otros dieciséis más): además de los 15 departamentos de la Administración General y otros “órganos superiores y estatutarios”, tiene 27 organismos autónomos, 52 entes públicos, 5 organismos comerciales, 51 sociedades mercantiles, 10 universidades y participa en 46 fundaciones y 146 consorcios. No es extraño que desee recortar lo menos posible en el Presupuesto de su “miniestado” (en 2010 que se eleva a 39.700 millones de euros), para poder alimentar esta micosis.

(Foto: Kuzeytac) Aprisionados   “La mayor cantidad de felicidad para el mayor número de gente” era la divisa de un Jeremy Bentham que tuvo además el extravagante propósito de calcularla (felicific calculus). Pero la más estupefaciente de sus propuestas consistió en “reformar la moral, preservar la salud, vigorizar la industria, difundir la instrucción, aliviar los gastos públicos, etcétera” mediante una simple idea arquitectónica: un presidio donde un solo guardián podría ver a los reclusos pero éstos no a él: el panóptico.   Esta cárcel perfecta sería aplicable a industrias, asilos de pobres, lazaretos, hospitales, manicomios, y escuelas: no sólo para asegurarse de que los niños estudiasen sino también para preservar la virtud o virginidad de las niñas. Con esas estaciones de trabajo repletas de celdillas ocupadas por un enjambre de oficinistas que son vigilados por el jefe desde su despacho acristalado, o con los sistemas de circuito cerrado que nos espían cada vez en más sitios, con la “sana” intención de protegernos, comprobamos que Bentham no iba en absoluto descaminado.   Sin embargo, el padre del utilitarismo estaba en contra del abuso de la prisión provisional o ese tormento disfrazado que se impone sin juicio: “Si esa clausura se prolongase hasta el día de la audiencia definitiva el más inocente de los hombres llegaría al tribunal sin haberse podido aconsejar libremente ni reunir sus pruebas y no estaría en condiciones de enfrentarse con sus acusadores”. Después del interrogatorio judicial del imputado, la prisión preventiva, excluida la función de conservación de las pruebas, no tiene justificación, salvo que se pretenda obstaculizar la defensa y forzar la confesión del acusado.   Los crímenes de una naturaleza particularmente repugnante -los preferidos por el sensacionalismo mediático- provocan en una parte importante de la opinión alarmada, el temor de que un delincuente no juzgado no sea castigado de forma inmediata, y por tanto, la reclamación social de una prisión provisional con finalidades represivas. Pero el proceso penal no sirve para “tranquilizar” a la mayoría, sino para proteger, incluso contra ésta, a individuos que, a pesar de ser muy sospechosos, no pueden ser considerados culpables sin pruebas.   Abundan los abastecedores de prisiones, no sólo por oficio. Hombres de instintos legales que creen, dentro de la lógica del régimen vigente, que la encarcelación es el destino justo para todo enemigo declarado de la ley. Pero decir que sólo lo que ordenan o prohíben las leyes positivas es justo o injusto, es tanto como sostener que antes de que se trazara círculo alguno, no eran iguales todos sus radios.

Hay tejidos conceptuales creados con una sola palabra, como ecología (de Haeckel, 1948), eugenesia (de Galton, 1883) o cibernética (de Wiener, 1948). Pues bien, las personas que únicamente conocen la economía política por argumentaciones a posteriori, tienden a suplir las explicaciones causales de los fenómenos sociales con simples palabras que iluminan repentinas visiones del mundo: “competitividad” es una de sus preferidas.   Rebosante de sapiencia europeísta, don Felipe Gerundio de Campazas ha confirmado que España ya es “de los últimos de la clase”: evidencia que está al alcance de cualquier peatón. Sin embargo, el cuate de la primera fortuna del mundo (Carlos Slim) presume de dotes anticipatorias: antes de que estallase la burbuja económica y financiera “el país estaba extraordinariamente apalancado”, es decir, vivía por encima de sus posibilidades sin corregir los desequilibrios estructurales. España perdía así “competitividad” en la economía global aunque su economía creciera y se crease empleo.   Sacada de su contexto deportivo (competición) o cognitivo (competencia), y fuera del espíritu agonístico de la cultura anglosajona, la exacerbación de la rivalidad entre contendientes que aspiran a lo mismo (competitividad) no se traduce, en los países latinos, por un afán de superación en el modo de producir bienes y servicios (productividad) o lo que es lo mismo, por una economía de esfuerzo en la relación del sujeto con el objeto de su trabajo. Aquí, donde se llama “concurrencia” a la competencia mercantil, la competitividad se entiende como agresividad para eliminar a los competidores o directamente suprimir la concurrencia misma. ¿Para qué aventurarse en una empresa incierta de competencia con los demás cuando se puede prescindir del mercado por medio del tráfico de influencias y del monopolio de la arbitrariedad en la concesión administrativa?   En un país cuya tradición ha sido, precisamente, la de despreciar la concurrencia económica, para adquirir riquezas y potencia en el mercado político, y la de minusvalorar la competencia profesional para buscar seguridad en el hipertrofiado mercado burocrático de oposiciones y concursos a los empleos del Estado, la meta ideal de la competitividad consistirá en dejar una sola empresa por sector que compita con las extranjeras. Con el concurso de los partidos estatales hegemónicos y con la radiante imagen y los buenos oficios/servicios exteriores que presta el influyente Juan Carlos I, Emilio Botín y Florentino Pérez podrían abanderar ese proceso autóctono de superación de la crisis.

(Foto: PP Madrid) Ritos de rebelión Caminar por la calle sin despegar los prismáticos de los ojos terminará en un sonoro batacazo. Ciertamente, el referido aparato binocular está diseñado para escrutar momentáneamente cosas distantes, que no para manejarse normalmente, circunstancia en la que la propia vista es lo más adecuado. La costumbre de parcelar la realidad —tan conforme con la mentalidad analítica— sin esforzarse en compensarlo con una visión sintética global que nos devuelva al mapa en la escala adecuada, equivale a la citada infantil extravagancia de los anteojos. Hay quien pretende —y desgraciadamente lo consigue— que los españoles miremos la actualidad política con los prismáticos que sistemáticamente nos colocan. En ello están todos los medios oficiales de comunicación, variando, eso sí —pues tal es el pluralismo—, la graduación del artefacto. En la cosa humana, siempre es posible recurrir al punto de vista holístico de los estudios antropológicos para combatir el significado aparente que se atribuye a los hechos.   La aguerrida Presidenta de la CAM, Doña Esperanza Aguirre, va a promover en los próximos meses "una campaña de rebelión contra la subida del IVA". Luego matizó sus palabras, aclarando —¿alguien lo dudó en algún momento?— que quienes se rebelan son naturalmente ella y el PP de Madrid. Así, el llamamiento a la “rebelión” no será “contra el pago” del citado impuesto. La Comunidad tampoco devolverá la recaudación recibida. Solo consistirá en la organización de una serie de charlas informativas —como si los consumidores y empresarios desconocieran lo que tal medida significa—, en la recogida de firmas en la calle —como si no se supiera que es cosa inútil, pues millones de ellas, presentadas por otro motivo y ocasión, han sido continuamente ignoradas por el gobierno/parlamento—, y en la celebración de numerosos actos de partido para pedir al Ejecutivo socialista que no suba este impuesto. El secretario general del PP de Madrid y consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granados, apoya la terminología empleada por su jefa aclarándonos que rebelarse "no es otra cosa

(Foto: jam343) A diestro y siniestro Hace unos días, un grupo de docentes “cavernarios” y “fascistas” -así nos vienen calificando los adalides del pensamiento educativo políticamente correcto- presentamos en Internet el Manifiesto de Maestros y Profesores *. La repercusión, como cabía esperar, ha sido más bien escasa, a pesar de que sus promotores no están escatimando esfuerzos para que el texto llegue a los últimos rincones del ciberespacio. El Manifiesto posee, al margen de su contenido, una virtud: ha sabido reunir en un mismo ideal, expresado sin tapujos en la necesidad de un cambio radical del sistema de enseñanza, a personas de muy distinto pelaje ideológico, y se ha convertido, sobre todo, en un ejemplo más -aunque parezca increíble, existe más de uno actualmente- de que aquellos particularismos de los que hablaba Ortega, o ese mito cainita que los medios de desinformación del régimen se esmeran en resucitar, son perfectamente superables cuando un mismo afán guía variadas y valientes inteligencias. Si el Manifiesto se difundiera masivamente, por primera vez en mucho tiempo se podría obrar el milagro de la desvinculación partidista, de la desobediencia civil en un ámbito, el de la enseñanza, que tradicionalmente ha demostrado una repugnante docilidad.   Por ello, ahora debemos estar preparados para lo que se nos viene encima, blindarnos “políticamente” ante cualquier influencia espuria e interesada, saber por fin que la empresa en la que estamos inmersos apunta directamente   a   la   línea  de  flotación  de  un