End of party (foto: Juliana Coutinho) La fiesta ha terminado Sólo hay objeto para la antropología allí donde el entorno social tiene unas dimensiones lo bastante reducidas como para que todos sus miembros se conozcan entre sí. En la sociedad moderna unas fuerzas vastas e impersonales se han convertido en una necesidad teórica: si antes predominaban los hombres y las pasiones individuales, ahora imperan las masas y las estructuras.   Durante gran parte del periodo de posguerra, los socialistas europeos y los demócratas estadounidenses preconizaron cierto control de la economía nacional por parte del Estado: regulación del mercado y de las condiciones laborales, inversión en bienes públicos y redistribución de la renta nacional. Ahora, lo que prima, después de la impune especulación financiera, es una actitud defensiva y derrotista, mientras los Estados luchan y bracean en el proceloso océano de la economía internacional, con fuerzas que desbordan su capacidad de control. La movilidad del capital provoca la desindustrialización, y el empleo en el sector de servicios es inseguro, viéndose amenazado por la mano de obra barata en el resto del mundo.   Francisco de Vitoria -cuya idea de la humanidad, concebida como una persona moral que agrupa a todos los Estados sobre la base del derecho natural, es uno de los fundamentos reconocidos del derecho internacional moderno- vindicó los derechos originales de  las sociedades indígenas  a  sus tierras, pero daba dos razones para justificar una intervención armada de carácter humanitario: los sacrificios humanos y la predicación del Evangelio. Hoy en día, no existen instituciones internacionales capaces de proteger el empleo y las normas laborales en las viejas economías industriales ni tampoco, de manera simultánea, aumentar las rentas y la protección social en las economías emergentes. La regulación agraria de EE.UU. y la Unión Europea que se nos suele presentar como programas de ayuda a los pequeños agricultores europeos y norteamericanos, benefician fundamentalmente a las industrias agrícolas transnacionales y perjudican sobre todo, a los campesinos de los países más débiles.   Sombart estimaba que o bien se considera que el principal valor de la vida está constituido por el interés económico o bien por el interés erótico. O se vive para la economía, ahorrando, o para el amor, gastando. El consumidor compulsivo tiene rasgos de temperamento infantiles, como al niño, le gusta lo mensurablemente concreto, la rapidez en los movimientos, la novedad por sí misma y el sentimiento de fuerza que confiere la posesión de objetos. Pero ha llegado la hora de una severa disciplina, de los sacrificios laborales, y de la predicación de la economía políticamente correcta. Los que promovieron este desbarajuste han de seguir siendo recompensados mientras que los que aceptaron regalos crediticios que estaban por encima de sus posibilidades deben afrontar las consecuencias de su irresponsabilidad.

Europa después de la lluvia, de Max Ernst El mito de Europa En las Metamorfosis de Ovidio podemos leer cómo fue raptada la hija del rey cananeo Agenor por un Zeus prendado de ella: convertido en un hermoso toro blanco, llamó tanto la atención de Europa que ésta se puso a jugar con él y a ponerle flores en la boca y guirnaldas en sus pequeños y relucientes cuernos, hasta llegar a montarse en su lomo que es cuando el toro aprovechó para meterse en el mar mientras aquélla veía alejarse su costa natal. Cuando el rey de los dioses olímpicos llegó a Creta, se transformó en un águila y violó en un bosque de sauces a la joven raptada. La astucia que burla la ingenuidad de la belleza y la impune brutalidad de su posesión: esa es la mitología de la que deriva nuestro continente o las raíces del imaginario europeo.   Europa, incubando tantos Imperios, ha desatado sobre el mundo la furia de los más grandes depredadores territoriales, pero fue en su seno, rebosante de cultura, donde germinó la barbarie más atroz que ha conocido la humanidad. Un cuadro de Max Ernst, “Europa después de la lluvia” (1940-1942) refleja la aniquilación y desolación que entenebrecieron la cuna de la civilización.   Tuvo que ser Norteamérica la que acabase, menos en la Península Ibérica, con el fascismo y el nazismo, emancipando a una parte de la Europa secuestrada y promoviendo un gigantesco plan de reconstrucción económica que desembocó en la prosperidad de la Europa comunitaria. Fue natural, por lo tanto, que un sentimiento de admirada gratitud y de inferioridad impidiera a los pueblos de Europa occidental tener una política propia de unidad, un pensamiento original del mundo, una confianza independiente en su destino. El miedo al comunismo infestó a Europa de Estados de Partidos.   La unión federal entre Estados nacionales previamente   separados   tiene   un   carácter civilizador, puesto que cuantos menos focos de discriminaciones y centros de decisiones de guerras haya en el mundo mucho mejor para el porvenir de la humanidad. Por eso, sería excelente la integración en un Estado Federal europeo, si así lo decidieran libremente los distintos pueblos y si estuviese garantizada la democracia en el Gobierno de la Unión Europea.   Sin embargo, lejos de una República Federal, en Europa, a pesar de la retórica de la unificación, todavía no se vislumbra un verdadero horizonte político. En realidad, no hemos pasado de una asociación de mercaderes, donde los Estados fuertes ejercen su voluntad de poder sobre los Estados comparsa. Merkel, y detrás de ella, los demás oligarcas del continente, pueden proceder a desmantelar el Estado del bienestar, orgullo de la socialdemocracia europeísta, porque no es una conquista de los ciudadanos europeos sino una concesión de sus gobernantes.   En “El mito de la izquierda” Gustavo Bueno señala que el elemento esencial de la Revolución Francesa, lo que le confiere su grandeza e influencia, es la fundación de la “Nación política”. Desgraciadamente, este filósofo no ve, a pesar de la clarividencia de Hannah Arendt acerca de la revolución, el carácter único de la Revolución Americana, a la que toma por el inicio de otro Imperio. Si la expresión “fundamentalismo democrático” es un oxímoron, la de “materialismo miope” se ajusta a la visión de Bueno respecto a la libertad política. Por cierto, en la “Teoría Pura de la República” García-Trevijano tritura las falsedades emanadas de la Revolución Francesa que, ajenos al control del poder, siguen recogiendo los textos constitucionales europeos en una pertinaz institucionalización del abuso.

Después de ver los despilfarros (una parte del iceberg) del Estado y de las Comunidades Autónomas (miniestados que nos transportan a lo más oscuro de nuestra Edad Media), envueltos en demagógicas actuaciones tendentes a la consecución del “Estado del Bienestar”, el tercer pilar está compuesto por aquellos entes que gestionan una parte de nuestro gasto público: las Administraciones locales, un bosque plagado de criaturas cuya identidad aun está en discusión.   Durante muchos años nos han vendido que este tipo de administraciones estaban más cerca del ciudadano, conocían mejor sus necesidades y el efecto multiplicador de su gasto público era más acusado que el conseguido en los otros niveles, pues incidían en sectores de gran valor añadido (urbanización de terrenos dedicados a zonas industriales, abastecimiento y depuración de aguas, transporte colectivo de viajeros, viales urbanos, etc.). Pero la expansión de sus gastos de forma incontrolada, financiados con tributos ligados al negocio inmobiliario, transferencias del Estado y endeudamiento, que esperaban amortizar con sucesivas recalificaciones de terrenos, también les ha llevado a situaciones cercanas a la bancarrota (los Ayuntamientos de Navalcarnero o de Madrid han sobrepasado los 2.000 euros de endeudamiento por habitante, el ayuntamiento de Jerez de la Frontera solamente pudo pagar a sus ¡¡2.500 empleados!! parte de su nómina del mes de mayo, 800 euros a cada uno, aunque, gracias a los adelantos recibidos del Estado, pudo completarla).   En la vorágine de la descentralización autonómica se olvidaron de racionalizar esta parte de nuestra administración pública a fin de hacerla más eficiente en la prestación de los servicios públicos que tiene encomendados. Por un lado el minifundismo municipal (de 8.115 municipios, 4.800 tienen menos de 1.000 habitantes), ha hecho que proliferen administraciones de segundo nivel que han pretendido suplir sus carencias y han conseguido duplicar o triplicar funciones1. Por otro lado los grandes municipios, gracias a “leyes de modernización”, han llenado sus plantillas de directores, gerentes, asesores y demás criaturas bien pagadas que no han hecho más eficientes sus servicios, sino mucho más caros.   Ante esta situación, y a la vista de lo que ha puesto en marcha Grecia eliminando dos tercios de sus municipios, se alzan voces (políticas y profesionales) que piden fusiones de municipios con dimensiones óptimas para evitar su bancarrota y eliminaciones de muchas  de esas entidades  de segundo nivel. De poco servirá el cambio de organización si sus dirigentes siguen saliendo de las Listas electorales presentadas por los Partidos Políticos en vez de los representantes de cada barrio o núcleo de población del municipio. Sin este cambio democrático aquel otro será, como decía una vieja canción de Pink Floyd: “another brick in the wall”.   1 Un enjambre de entidades pululan entre el Municipio y la Comunidad Autónoma: 38 diputaciones comunes, 3 diputaciones forales, 7 cabildos insulares, 4 consejos insulares, 1.012 mancomunidades, 81 comarcas, 4 entidades metropolitanas, 73 agrupaciones, otro tipo de entidades que pueden crear (como las veguerías catalanas) y cientos de consorcios que gestionan servicios públicos locales.

Mitin de Zapatero en Puertollano (foto: Zapatero 2008) La mentira política: causa-efecto moral Zapatero, el presidente que surgió de la mentira del 11-M, miente. Ya no será el defensor de los desfavorecidos, sino el favorecedor de sus defensores y el desfavorecedor de quien sea necesario. Nuevamente el gobernante queda impune. Y es que el súbdito mira la mentira de los políticos profesionales como se contempla un asunto privado y no como lo que es: una aberración pública. Lógico, pues el trasfondo moral de la mentira, si esta es política, implica a todos los elementos de la jerarquía social. La atmósfera vigilada y despresurizada de los regímenes que sin apariencia de totalitarismos niegan la libertad -verbigracia la dictablanda de Franco y los gobiernos que desde entonces han sido en España- da lugar a un desenfrenado copo del espacio que la regresión del Estado deja vacante. En todos los sociotopos que permiten cultivar el hedonismo más frívolo (comercio, familia, religión, espectáculo, arte, ocio, erudición, deporte…) la población arrojada de palacio para que sea dueña de la calle tiene el privilegio de mostrar el camino de la picaresca a la propia clase política. Nada tiene de extraño esta situación si recordamos que todo, absolutamente todo, surge inicialmente de la sociedad civil aunque en situaciones de asfixia política sus productos estén necesariamente exentos de virtud.   El hábito mezquino de mentir se extiende en situaciones de servidumbre política. La mentira vulgar y la hipocresía insensible no son sólo la herramienta del oportunismo amoral, sino la consecuencia directa de la para-política generada por el paradigma falsario,      por      el     aceptar     ser     siervo. “Conspiración a plena luz” denominó Arendt a esta situación: la mentira no es aliada del secreto o la élite, sino de la difusión y la masa. Como resultado asistimos al curioso hecho de que mientras en lo político es necesario asumir que todo es trasparencia -incluida la natural opacidad o secretismo de Estado-, que el poder y sus instituciones (no sus personas) son honorables, en la política y en la vida “no política” se asume todo lo contrario. De esta manera el engaño, la desconfianza y la difamación son los presupuestos vecinales de las sociedades sin libertad ciudadana y, a su vez, la opinión es el presupuesto de la sabiduría.   Porque epistemológicamente, como comprendió Platón, la mentira toma forma de opinión, pues esta, para mantenerse a salvo (paradigmatizarse) permite a su portador dudar a conveniencia de los hechos sobre los que se piensa o discute. Y aquí la mentira es menos falaz que la verdad falseada pues aquella acepta, al menos, un acuerdo tácito acerca de sobre qué se está mintiendo, como muestra ingeniosamente el célebre chiste freudiano. Así, en el ambiente de ficción política que respiramos, la mentira para con uno mismo -que Rousseau, Kant y tantos otros decían imposible- es posible; el imperativo categórico sufre un estado de excepción. También, como dice el mismo Kant, lo sufre el lenguaje. La impostura política es una mutilación intelectual y física y da lugar a la genuina ausencia de la libertad de expresión, pues esta requiere de la capacidad de poder mentir si se desea, es decir, de ser inherentemente veraz. De ser humano.

Que Caamaño ha sido mucho más eficaz en el control político de la Justicia que su tosco predecesor, se demuestra en cada una de las reformas iniciadas en su mandato del comisariado político de sus asuntos, todas ellas en sentido de añadir nuevos nudos a la cuerda de la inseparación. La última hazaña es el globo sonda lanzado por el titular ministerial para monopolizar el proceso penal conforme a los deseos del ejecutivo, condicionando la prosecución de la acción penal al visto bueno del Ministerio Público.   Caamaño cree que la acusación popular no debería mantener sola un proceso penal. El Ministro de Justicia, se mostró partidario de legislar a favor de que una acusación popular no pueda sostener “por sí sola” la acción criminal cuando el Ministerio Fiscal o las víctimas no consideren que hay delito. En declaraciones a la cadena SER, reconoció no obstante que la vigente constitución recoge la figura de la acusación popular, por lo que –ha dicho- habría que buscar un “encaje” a la propuesta para que “no cause las distorsiones que, ahora comprobamos todos, está produciendo”. El titular de Justicia ha indicado que debe aprenderse de la experiencia del caso Garzón, en el que la “ultraderecha” ostenta la acusación popular, la única en el proceso, ya que la Fiscalía no aprecia delito.   Es la solución final para controlar la persecución penal de los delitos de poder. Y es que, precisamente los ilícitos penales de la clase político-judicial (cohecho, prevaricación, tráfico de influencias…) se caracterizan por un daño abstracto, general y difuso a bienes jurídicos de imposible particularización en una víctima concreta que pueda sostener la acusación particular conforme a un daño individual de sus intereses, sino que es toda la sociedad civil la que resulta agredida, resultando indispensable como vehículo procesal el ejercicio de la acción a través del mecanismo de la acusación popular.   De suprimirse la igualdad procesal de la acusación popular de las restantes personadas, la enervación de la acción penal en tales delitos quedaría al albur de la decisión de un Ministerio Público configurado como estructura jerárquica en cuya cúspide se sitúa un Fiscal General del Estado elegido a dedo por el Gobierno de turno, lo que supone equiparar el criterio de imputación al criterio de oportunidad política.

Manifestación independentista Fracaso autonómico Las artificiosas Autonomías no han logrado calmar los punzantes sentimientos de identidad nacional de vascos y catalanes; es más, atiborrando de café a todas las regiones, se han mantenido bien despiertas las reivindicaciones nacionalistas del derecho a la autodeterminación, es decir, a independizarse o a imponer al resto de los españoles el reconocimiento de un derecho que la Historia no ha podido establecer como hecho. Además de esta exacerbación de las ansias secesionistas, el tinglado autonómico ha derivado en un fastuoso despilfarro, en una duplicidad de abusos, discriminaciones e incompetencias, y en una maraña de leyes. El arbitrismo de la vertebración autonómica, impulsado por oligarcas tan indoctos como Suárez, constituye un fracaso colosal.   En su momento, la socialdemocracia alemana hizo resurgir al PSOE de sus cenizas y de su prolongada ausencia antifranquista, moldeando la figura de un líder que estuviera a la altura del oportunismo y la deslealtad que exigían los nuevos tiempos. Ahora, con el descalabro económico y la insolvencia generalizada, desde la cancillería del Gran Hermano del Norte vuelven a señalar el camino correcto, esta vez al atolondrado sucesor de González. Pero resulta que la causa general del mal que padecemos estriba en el Estado de los Partidos y de las Autonomías inspirado en el modelo alemán. No es extraño que, siguiendo el ejemplo alemán, los observadores de la “realidad plurinacional” hayan abogado por implantar un federalismo autóctono o asimétrico, creyendo que éste originaría la fuerza centrípeta o integradora que el autonomismo no ha creado. La división del Estado nacional que tenemos en diecisiete Estados regionales, para separarlos y volverlos a injertar en un nuevo Estado federal, mediante un pacto, haría sencillísima a los nacionalistas la tarea de romper semejante contrato o lazo jurídico.   Fue en Alemania, precisamente, donde hace unos años se publicó con gran repercusión La trampa del consenso, de Thomas Darnstädt, quien señaló la inevitable parálisis a la que conduce la fragmentación territorial y la necesidad, al no existir la regla democrática de las mayorías y minorías, de negociar y pactar hasta extremos grotescos, entre los distintos partidos que componen la oligarquía.   En España, sin embargo, el disparate institucional es mucho más disolvente. ¿Dónde cabe encontrar tanto cinismo político como aquí, proclamando la defensa de la unidad nacional al mismo tiempo que se conquista el poder asociándose con independentistas? El que confunda la existencia de España con su abyecto Régimen actual corre el peligro de ser absorbido por el agujero negro del patriotismo constitucional, otra importación alemana.

El Príncipe presidió el pasado día 1 de Junio en Barcelona la entrega de despachos a la LX promoción de la carrera judicial, compuesta por 120 nuevos jueces, a los que animó a guiarse por los principios de independencia e imparcialidad, “únicamente sometidos al imperio de la Ley y al pleno acatamiento de nuestra Constitución”. Al acto asistió también el Presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que lo es además del Tribunal Supremo (TS), D. Carlos Dívar, quién aprovechó para manifestar su preocupación personal y del órgano de gobierno que preside por mejorar la situación personal y laboral de los jueces, que se refleje en “un servicio más atento a los ciudadanos”.   No podían faltar entre las autoridades el Ministro de Justicia, D. Francisco Caamaño, el Presidente de la Generalidad D. José Montilla, la Consejera de Justicia de Cataluña Dña. Montserrat Tura, el Alcalde de Barcelona D. Jordi Hereu y la Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña Dña. María Eugenia Alegret.   Los patronos de la inseparación marcan el territorio desde el acceso a la noble misión de quien elige como profesión la de juzgar a sus conciudadanos. Se apela a la pulcritud y dignidad personales como residencia última de la independencia judicial, cuando a la vez se favorece la corrupción institucional poniendo el bocado de la designación política, el sometimiento económico y el coto organizativo y funcional de esa misma constitución que se invoca como sustento y ser de las maravillas del país de Alicia.   Se sitúan sin pudor en la misma, quien representa y cataliza mágicamente la transacción eterna del estado de partidos con libertades personales pero sin libertad política, quien ata organizativa, funcional y económicamente a la justicia al poder único, quien se encarga de la culminación de la ruptura del principio de igualdad al acceso a la justicia por razón de residencia, y quien aspira a arrebatar a su compañero de acto la última instancia de las decisiones jurisdiccionales en lo referido a su ámbito territorial.   Enfrente, la virginidad de los nuevos juzgadores, en escena natural que produce la misma emoción que contemplar el acoso de los lobos al rebaño.   Acto de entrega de despachos