Antonio Gutiérrez (foto: rtve) Deontología diputacional En las tertulias radiofónicas y televisivas, así como en las columnas de opinión de la prensa más leída y vendida, imperan esos “tuttologos” de los que hablaba Bourdieu: tanto más autorizados a pontificar sobre todo cuanto más cercanos al poder. Aunque su verborrea se corresponde con un profundo analfabetismo político, detentan el privilegio de los que poseen medios para actuar de un modo que pasa por adulterar el lenguaje y por su capacidad de lograr que los gobernados acepten una representación de la realidad que sirva a los fines de la oligarquía. Volviendo al pensamiento del sociólogo francés, el poder simbólico es ante todo aquel que induce a los dominados a percibir y describir las cosas como tienen interés en que las vean quienes ocupan posiciones dominantes. La mala conciencia sindical le ha jugado a Antonio Gutiérrez una mala pasada parlamentaria. Su tibieza abstencionista en la convalidación del decreto ley sobre la reforma laboral le acarreará una sanción interna por romper la sagrada disciplina de voto que impera en este régimen impenitentemente antidemocrático. Pero la multa es lo de menos: Gutiérrez ya está en la lista negra de los que no han rendido vasallaje al Señor del Partido, y por tanto su exclusión de las próximas listas certificará el destierro de la tierra de promisión estatal. No importa la irrepresentación inherente al sistema electoral vigente; rogando al cielo de las buenas intenciones o apelando a una Constitución cuya prohibición del mandato imperativo se incumple soberanamente por los aparatos partidocráticos, la confusión mediática destaca el bello gesto del ex secretario general de CC.OO. que, dominado por una “buena conciencia” política, no ha comprendido el papel asignado a los diputados en la monumental farsa que se monta en el “templo de la soberanía popular”. El tránsito pacífico del liberalismo al fascismo se llevó a cabo eliminando de los asuntos de Estado la exigencia de “jurisdicidad”, de la juris-dicción, resultando un juego de niños suprimir el principio de legalidad constitucional. La dominación política de la cosa pública y de la privada (bautizada por Sièyes con el nombre de Re-total en oposición al de Re-pública), fundó el totalitarismo soviético en la producción de legalidad por un parlamento de funcionarios pagados por el Estado, designados por el Partido y escogidos por los súbditos. Cuanto más “deontológicos” sean los diputados de lista, sin otro oficio ni beneficio que el de legislar sobre todo sin controlar nada, mayor será su productividad (número de leyes por hora de trabajo). La proliferación legislativa, disminuyendo la calidad y la seguridad jurídica, transforma el imperio “de” la ley en imperio de los legisladores, es decir, en imperio “por” la ley, de quien nombra (como diputados de oficio en un Estado inconstitucional con muchas leyes y ningún derecho) a sus legisladores a sueldo. Desgraciadamente, un mejor conocimiento de los asuntos políticos puede fomentar, en lugar de un esfuerzo de emancipación, el cinismo y la resignación que cimentan el despotismo. Pocas cosas hay a las que el hombre público de hoy en día se acostumbre tan fácilmente y que termine pareciéndole tan natural como la inconsecuencia. Pensar de una manera y actuar de otra es el hábito consagrado por los oficiantes de la partidocracia.
Protectorado económico
El Presidente de los Estados Unidos de América, Barack Obama, ha llamado dos veces a nuestro Presidente del Gobierno (poco antes de aprobar el “tijeretazo” a los funcionarios y el día anterior a la convalidación del Decreto Ley sobre la reforma laboral); a finales de mayo el subsecretario para asuntos económicos de la Secretaría de Estado de EE.UU., José Fernández, se dio un paseo por España para otear el panorama español, por orden de su jefa Hilary Clinton; la semana pasada el secretario adjunto del Tesoro de EE.UU., Charles Collins, hizo una visita a Elena Salgado, ministra de Economía y Hacienda de España, a gentes del gabinete del Presidente del Gobierno y a su antiguo jefe en el FMI, Rodrigo Rato, para que le informasen sobre nuestra situación; esa misma semana Dominique Strass-Kahn, director del Fondo Monetario Internacional visita al Presidente del Gobierno para aplaudir las medidas tomadas y las que va a tomar; y para los próximos días se espera la excursión de un grupo de “expertos” de la Reserva Federal de EE.UU. Por si fuera poco el Presidente de Francia y la Canciller de Alemania mantienen sendas conversaciones con nuestro Presidente y con el Jefe de la Oposición, Mariano Rajoy; y el presidente del Banco Central Europeo da recomendaciones a nuestra ministra de Economía. ¿Todos estos acontecimientos son casualidades, meras noticias rutinarias, visitas de protocolo o pasos calculados de una “Hoja de ruta” diseñada para España? Semana tras semana hemos visto a nuestro Gobierno y a nuestro Parlamento (lugar de autómatas políticos) aprobar medidas que hace un año no se les habría pasado ni por la imaginación. Cada bloque de medidas aprobado ha venido precedido de una reunión o conversación de alguno de los personajes mencionados: el recorte del gasto público realizado, la modificación de las normas laborales y la revisión del sistema público de pensiones son producto de aquellas causalidades. Aparentemente son meras noticias de la sociedad política, debajo esconden las verdaderas razones: los bancos alemanes, franceses y americanos, que poseen una gran parte de nuestras deudas públicas y privadas, han visto a España en quiebra técnica (“Spain Default”); la Unión Europea tiene pánico a que una España con un Gobierno que no controla su territorio, convertido de facto en un conjunto de reinos de taifas, sea otra ficha de dominó que desate una nueva tormenta financiera de dimensiones imprevisibles; y la Reserva Federal de EE.UU. quiere vigilar el destino de una parte de los prestamos que está realizando al Banco Central Europeo (“exchange swap line”) ya que se está convirtiendo en “prestamista de última instancia” de la Unión Europea. El miedo a que una nueva crisis financiera aparezca en una Europa deslavazada, plagada de mandarines, que no posee un Gobierno con competencia en toda ella, donde los intereses industriales y financieros de EE.UU. se vean afectados, es el “animal spirit” de este nuevo huracán, una de cuyas plasmaciones es la conversión de España en un pequeño Protectorado económico para evitar su multimillonario “rescate” (pensaban llamarlo “líneas especiales de crédito”, para no asustar a los ciudadanos).
Vicios privados
José Bono (foto: Chesi – Fotos CC) Vicios privados Un régimen político oligárquico, que descansa sobre una propaganda democrática, un régimen fundado por un club cerrado integrado por los llamados “padres de la Constitución”, un régimen al cual la ciudadanía ha sido invitada para la miserable función meramente especular de refrendar una decisión previamente pactada por los socios fundadores, no puede más que convertir en simulacro toda escenificación de vida pública. Si la democracia, como conjunto de reglas para el establecimiento, deposición y sustitución de gobernantes y representantes políticos necesita la transparencia como axioma de su funcionamiento, la oligocracia depende, para su subsistencia, de las oscuras transacciones del consenso entre facciones que comparten un poder indiviso que deben disfrutar en régimen de mancomunidad. La inevitable torpeza de toda construcción propagandística hace imposible encontrar lucidez alguna en los propagadores de la ideología legitimadora de un régimen que vive de la mentira; más frecuente es encontrar la más barata demagogia. Pero no es habitual que conspicuos prohombres de Estado prescindan de todo disimulo: o bien se debe a un extraño arrebato de sinceridad o bien a una indisimulada falta de inteligencia. El contenido del torpe elogio que José Bono dedica al juez Baltasar Garzón (EL PAÍS, 16 de mayo, “Garzón, un hombre decente”) hace sospechar lo segundo. Para terminar de disipar cualquier duda acerca de la evidencia de que lo público ha sido invadido sin recato por lo privado, que usurpatoriamente se ha puesto en su lugar, sirvan estas candorosas expresiones de quien firma como Presidente del Congreso de los Diputados: Al acabar llamé a Felipe González y le conté la cena. Me impulsó a que te tantease: "¿Vendría a las elecciones con nosotros?" Acabamos en los Quintos de Mora y a los pocos días el Comité Federal del PSOE -por unanimidad, que algunos olvidan- te propusieron como número dos de nuestras candidaturas por Madrid, justo detrás de Felipe. Asumimos que la llegada de un juez prestigioso a nuestras filas obraría el milagro. Así fue. Ganamos las elecciones y algo debiste influir en ello. (…) Luego te incomodaste. Razones tenías, pero la verdad es que eres un poco enfadica. Recuerdo las llamadas a deshora de Felipe: "¡Ve a ver a Garzón!". Ya no había remedio: tu personalidad indómita había chocado con un modo de hacer política muy de Felipe. Nos peleamos bien peleados y, desde luego, yo me quedé con Felipe y con el PSOE. Tú te fuiste con un sonoro portazo que hizo felices a bastantes de los que hoy te quieren meter preso. Lo que hiciste con nosotros fue muy duro. (…) Te fuiste al Juzgado y empezaste a darnos cera. No sé hasta qué punto el cambio de escenario pudo perjudicarte. Tu fugaz paso por la política sin duda te ha marcado. Después vendría el Gal… y el PSOE en la diana. Nótese bien la magnitud y el calibre del dislate: se empieza por reconocer que la inclusión de Garzón en las listas del Partido Socialista se debe a una decisión personal de Felipe González, se prosigue encareciendo la unanimidad con la que su presencia en la lista electoral fue refrendada por el órgano competente del Partido (¿cómo podría ser de otra manera para una decisión urdida exclusivamente con fines electoralistas y propagandísticos?), se termina interpretando un asunto sumamente grave como la investigación de la utilización de una banda de mercenarios en la lucha antiterrorista como una desavenencia personal entre antiguos compañeros, sin decir una palabra sobre el propio asunto objeto de la investigación, y coronando tal brutalidad nada tiene que decir José Bono acerca de la anomalía que supone el paso sucesivo de un hombre por la judicatura, la política y nuevamente la judicatura. Nada de eso importa porque todo se reduce a una amistad personal salpicada de desencuentros y reconciliaciones: el escenario de fondo es el delito en el ejercicio del poder y la inclusión de un juez en una lista que será refrendada por los electores conforme al sistema proporcional de reparto de escaños que convierte a los diputados en fieles ejecutores de las decisiones de sus jefes. Ese escenario de fondo es lo secundario en un análisis como el transcrito. Es cierto, probablemente el “indómito” carácter del juez no podía aceptar tales servidumbres, pero su rebelión se debió al incumplimiento de un contrato verbal entre particulares o tal vez a un exceso de ambición por su parte. Pero nada de eso importa para un juicio de valor que tome como criterio el respeto a las reglas de juego democráticas. No así para el juicio de valor de José Bono, fiel a las reglas en las que se inspira un régimen que permite la secuencia de acontecimientos que, con la sinceridad de quien cree que en lo que dice nada puede haber mínimamente reprochable, nos describe José Bono. Su lenguaje vulgar y ridículamente campechano (“Te fuiste al juzgado y empezaste a darnos cera”) está en estrecha vinculación con la brutalidad de los acontecimientos que, con absoluta tranquilidad, describe. Nadie mejor que los propios protagonistas para describir con precisión la monstruosa realidad.
Cuento de hadas
La boda real de Estocolmo, celebrada el pasado sábado día 19 de junio, nos trasladó a través de los medios de comunicación y con una gran carga propagandística, tanto en la prensa “rosa” como en la oficial, a un mundo irreal. Predominaron las Jefaturas de Estado Europeas en esta cita para la realeza internacional de estirpe acompañada de los correspondientes consortes “plebeyos”. Lucieron todos sus mejores galas, sus valiosas y antiquísimas joyas y sus mejores sonrisas pasadas por el bueno del bisturí. Cabe destacar la aparición estelar de la Reina Sofía de España acompañada de la Jefe de Estado holandesa Beatriz de Orange Nasseau, muy amigas y compañeras aliadas, desde hace años, en el poderoso Club Bilderberg. Para su traslado a Suecia la representación de la Familia Real Española compuesta por seis miembros ha necesitado tres aviones, dos de ellos Facton del ejército español. Después de la Segunda Guerra Mundial, aún habiendo colaborado muchas con el nazismo, las monarquías se han perpetuado en Europa haciendo creer al contribuyente que sólo son figuras decorativas cuando la realidad es muy distinta: tras todas ellas se esconde la oligarquía financiera internacional de la que muchas forman parte. Todas poseen una importante capacidad para traficar con influencias y para realizar negocios muy lucrativos, junto con una licencia constitucional para actuar al margen de la Ley como en España. Boda Real en Estocolmo (foto: eivindvogel) En la dramática crisis económica que padecemos, estos fastos sirven para edulcorar la vida de los sufridos y adormecidos ciudadanos. En su puesta en escena no se escatiman gastos a cargo de las arcas del Estado. Introducen al anestesiado espectador en un mundo ficticio digno de la época anterior a 1789 haciendo creer a través de los textos y las imágenes, todos ellos estudiados y seleccionados por agencias de prensa que están por encima del bien y del mal, que es posible vivir un verdadero cuento de hadas. Feliz fue la idea de casar a sus herederos, antes endogámicos, con personas sacadas del “pueblo llano”. Surrealismo total en pleno siglo XXI de la mano del Poder heredado. Y mientra esto ocurre, ¿dónde está la democracia en Europa y, en concreto, en España?
Cervantes, tetrapléjico
República (foto: Hector Milla) Cervantes, tetrapléjico Don Miguel de Cervantes Saavedra, el llamado 'manco de Lepanto', que nunca lo fue porque no sufrió amputación alguna y continuó en el Ejército después de aquella feroz batalla, ha sido ahora convertido en tetrapléjico por esa institución que osa llevar su nombre y la defensa de una lengua que no respeta. Don Miguel ha tenido que ver desde su tumba la actuación más oprobiosa, más cobarde, más repugnante, de aquellos que, supuestamente desde la esfera de la Cultura, dicen respetar el idioma y han pisoteado la calidad más relevante de la palabra: la libertad. Si los españoles estamos soportando desde hace muchos años una oligarquía alumbrada por los mismos que sostuvieron la dictadura franquista, con el apoyo de 'demócratas' advenedizos que pronto se encargaron de frustrar la ilusión que generaron en 1982, ahora hemos visto una vez más lo que significamos para el poder y su esclavizado entourage. Este corrupto sistema, perfumado con falsos aromas progresistas, no sólo nos pisotea como ciudadanos política y económicamente, también nos maltrata psicológicamente y, ahora, suma a todo ello esputos sobre nuestra dignidad. El Instituto Cervantes y su directora, Carmen Cafarell Serra, han demostrado que están muy lejos del instinto libertario de Don Quijote de La Mancha, han puesto de manifiesto que no tienen nada del ingenio del hidalgo caballero y ni siquiera la picaresca rústica del Lazarillo de Tormes. Practican continuamente, eso sí, la burda genuflexión ante una clase política que da verdadero asco. La lengua es la más fuerte seña de identidad de un país, la que merece el respeto más absoluto y la que, ligada indisolublemente al pensamiento, conforma relevantes estructuras donde se apoya la convivencia ciudadana. En el momento en que escribo estas letras, debería estar abandonando su despacho la señora Cafarell, después de haber sido instigadora y cómplice de una de las actuaciones más repugnantes del poder desde la Transición. Una vez más se demuestra sin posible contestación que esto no es más que una oligocracia. Y además, torpe en sus actuaciones y falta de inteligencia. El día 19 de Junio, a instancias del Instituto Cervantes, se creó 'El día E'. El Día de la Lengua Española. Se instó a los ciudadanos a que votaran su palabra preferida. Y los votantes eligieron REPÚBLICA. Rápidamente, las voluntades represoras y fascistas decidieron cortar por lo sano y sin miramientos para abortar la decisión que había quedado sobre la mesa. El Instituto habló primero, con supino primitivismo y puerilidad, de “sabotaje” y luego de problemas informáticos no identificados, con el único objeto de ganar tiempo para quitarse la soga que sus directivos se habían puesto al cuello por cobardes. No ha podido ser más rastrera la solución dada. En un ejercicio digno de los más experimentados trileros, después de un 'conveniente' silencio, han barajado las palabras y reducido su número drásticamente, de tal manera que la más votada, REPÚBLICA, ha quedado como la última, y LIMÓN, que llegó a tener más de 4.000 votos ha desaparecido. Así ha acabando esta demente patraña: ARREBAÑAR (1.744 votos), GAMUSINO (1.670), INFINITO (1.497), TRAGALDABAS (1.453) y REPÚBLICA (1.432). Para mi, El Día de La Lengua Española no ha sido motivo de alegría y afecto cultural. Sensu contrario, ha constituido una alarmante demostración de que las cosas no pueden seguir así. La clase política desprecia a los exprimidos ciudadanos. Y, en nombre de la Lengua, esos impresentables han vuelto a cortar la nuestra. Así que, Cervantes, tetrapléjico. Y nosotros, mudos. El país perfecto para la ignominia.
Cuando lo vemos negro
Con su enorme capacidad de asimilación, el cine, aparte de alimentarse vorazmente del resto de manifestaciones artísticas (novela, teatro, pintura, escultura, danza, música, arquitectura), es capaz de engullir materiales tan baratos como la pulpa con que estaban impresas las revistas donde escribían sus relatos llenos de diálogos y de acción, y sin la menor pizca de retórica o sin apenas adjetivos y adverbios, Hammet, Cain o W. R. Burnett, entre otros, durante los años veinte y treinta. Y es que antes de que la radio y la televisión irrumpieran en todos los hogares, la lectura de la pulp fiction era uno de los entretenimientos más populares. De esas páginas amarillentas proceden los estilemas y arquetipos propios del género literario en el que se inspiraría el cine negro del Hollywood clásico. El autor de la seminal “El halcón maltés” (1941) y de la configuración icónica de Bogart nos ofreció también en “Fat city” uno de los más acabados retratos del “loser”: ese mítico personaje de la cultura norteamericana. Frente al idealismo triunfante que desprendían James Stewart, Gary Cooper o Katharine Hepburn, actores como James Cagney, Dana Andrews, Gloria Grahame o Edward G, Robinson fueron los rostros de los parados, los ex combatientes o simplemente de la gente sin suerte que representaba la decepción o la otra cara de la moneda del sueño americano. Por su descarnada descripción de los cambios sociales que se estaban produciendo en las grandes ciudades de EEUU, el cine negro tiene algo de neorrealismo italiano, aunque aquel incide en las sombras (con un estilo que lo acerca al expresionismo alemán) que proyecta el crimen organizado que se ha hecho cargo de los negocios prohibidos por la ley pero amparados por ciertos “servidores públicos”. Además de los gángsters y los detectives privados, las femmes fatales llenan las pantallas del cine negro, con sus sonrisas irónicas y sus besos mortales. Denis de Rougemont, un historiador que ha estudiado la evolución del concepto y la imagen del amor desde Tristán e Isolda, mantiene la tesis de la “agonía romántica” o del deseo de muerte que late en el impulso amoroso. El moderno pesimismo de la novela y el cine negros (con cierto aire a desencanto existencialista) hace que veamos la plenitud sentimental como un proyecto sin esperanza. Pavese decía que “el amor es la más barata de las religiones”, pero los personajes de Fuller, Hawks, Dassin, Huston, Lang, Preminger, Siodmak, Tourneur o Nicholas Ray, con su escepticismo a cuestas, siguen creyendo en el milagro amoroso, y como en el célebre lienzo de Edward Hopper, “Nighthawks”, son aves nocturnas que se citan en un local vacío para intentar mitigar su irremediable soledad. En un panorama cinematográfico de intrascendencia lúdica donde la mayoría de los espectadores son incapaces de aceptar cualquier cosa que no se ajuste a su medida de las cosas, el erotismo, aventura, humor y suspense de un género que se renueva constantemente, también puede servir, con su visión transgresora del orden social y su denuncia de la corrupción política, la podredumbre mediática y la mafia financiera, para despertar la conciencia crítica del público.
Gerhard Leibholz
El nombre del jurista alemán debería estar presente en todos los medios de comunicación y correr de boca en boca entre los intelectuales europeos y españoles. Pues a él se debe la sentencia del Tribunal Constitucional Federal alemán que consagró a los partidos políticos como órganos del Estado. Solución jurídica y política enmarcada expresamente en el contexto de la Guerra Fría pero que ha llegado hasta nuestros días por lo beneficiosa que ha resultado ser para la oligarquía europea e hispana. La élite de los negocios bancarios, financieros e industriales sigue teniendo a su servicio a los partidos políticos, también en la actual crisis económica, para acabar con la representatividad de los electores en el Parlamento y silenciar la voz del pueblo que siempre paga las crisis de los poderosos.
Los jefes de los partidos, entre ellos Ángela Merkel y, a sus órdenes, Rodríguez Zapatero, pueden tomar las pertinentes decisiones de política económica y financiera, que reduzcan el Estado de bienestar, porque son plenamente conscientes de que, en verdad, no representan a sus electores y que éstos no tienen una constitución y unas leyes que definan correctamente lo que es un partido político en un sistema con gobierno democrático.
Los partidos políticos, con toda sencillez y humildad, deben volver a ser simples formas de organización en la vida política ¡y que sean los candidatos elegidos por la mayoría de cada mónada, o distrito electoral, de la república los que representen auténticamente al electorado, ya que los partidos, por sorprendente que parezca para el régimen político actual y para sus defensores, no representan a los ciudadanos, éstos sólo pueden ser representados políticamente por personas que respondan ante ellos mismos (los electores, y no ante el jefe del partido) ! Hasta que tal cosa no ocurra la “ocurrencia” de Gerhard Leibholz será un obstáculo (un muro infranqueable como el muro de Berlín o el de Gaza) para tener un gobierno democrático y para la libertad política de la sociedad civil.
La idea jurídica del Estado de partidos se quiso identificar en los años treinta del siglo pasado (durante la República de Weimar) con la democracia liberal, confundiendo, desde entonces, la idea de Estado con la de Gobierno. La falsa justificación que se dio entonces, al igual que ahora, es la necesidad de un poder ejecutivo más eficaz y eficiente que se adapte a la nueva sociedad y a sus nuevos problemas económicos y financieros. Pero la experiencia histórica demostró que el Estado de Partidos derivó inmediatamente en la forma política del Estado de Partido único: el fascismo italiano y el partido nazi alemán. El jurista Gerhard Leibholz rechazó, en un principio, la idea del Estado de partidos ya que, obviamente, significaba la destrucción de la representatividad de los ciudadanos en el poder legislativo; sin embargo, después de su exilio, del holocausto, de la segunda guerra mundial, y en plena guerra fría, era muy útil para la Alemania Federal aprovechar la teoría del Estado de partidos y prohibir la legalidad del partido nazi y del partido comunista, por lo que la idea de la partitocracia vuelve con fuerza en la sentencia del Tribunal Constitucional Federal alemán que consagra la idea del Estado de partidos plural, pero que en esencia se reduce a un Estado de dos o tres partidos metamorfoseados kafkianamente en órganos del mismo Estado.
Los intelectuales y medios de comunicación españoles, por otro lado, ignoran que la Constitución española de 1978 obedece al criterio jurídico de dicha sentencia germana. Creen ilusamente que la constitución fue el producto de la lucha por las libertades y la democracia. La constitución reconoció alguna libertad, sí, pero no la libertad política ni la democracia. Lo que se aplicó fue la sentencia de Gerhard Leibholz, aunque con una “mejora” típicamente carpetovetónica: la legalización del partido que lideró la protesta contra Franco y el franquismo para, a la misma vez, destruirlo. Y así fue porque la legalización del PCE implicaba, en realidad, su desaparición en la práctica del escenario político al renunciar a la República y a sus movimientos sociales y ciudadanos que reclamaban representatividad del pueblo en el Parlamento.
Juan palomo
El ordenamiento jurídico español define al fiscal como neutral defensor del interés público. Al contrario que en el sistema norteamericano, en que se configura como acusador (el Estado de Arkansas contra el ciudadano Smith, por ejemplo), en España su estatuto orgánico le obliga a mantenerse en el fiel de la balanza, siendo su deber, si se aprecian circunstancias que objetivizan la inocencia del reo o la atenúan, ponerlas de manifiesto en el proceso, e interesar su libre absolución o la menor penalidad. Tal función de arbitrio en el derecho público, en puridad, se distingue tan sólo de la del juez por la ausencia de capacidad dirimente y ejecutiva sin que resida en el Fiscal potestas jurisdiccional, situándolo en estrados como parte procesal. Sin embargo, tal función de garante imparcial es imposible por la estructura jerárquica de su organización, con una cúspide en la que se sitúa un Fiscal General del Estado designado por el Presidente del Gobierno en su plena facultad decisoria. Por tanto, a nadie debiera extrañar que tal puesto sea inevitablemente ocupado por personas dóciles a la voluntad gubernamental, y que luego transmita a sus inferiores las órdenes oportunas para el posicionamiento de quien debiera ser imparcial postulante, que se convierte de esta forma en auténtica marioneta de la voluntad política suprema. La labor del Fiscal se confunde así con la del Abogado del Estado. Pero ahí no queda la cosa. Si ya las Circulares, Instrucciones, Consultas y régimen disciplinario de la Fiscalía General del Estado ponen coto a la actuación de los fiscales, es directamente el Ministerio de Justicia quien determina su movilidad geográfica y nombra a tenientes fiscales y fiscales jefe, cúpula y enlace en las distintas demarcaciones territoriales y órganos jurisdiccionales colegiados. A ello obedece, por ejemplo, que el pasado 11 de Junio, el Consejo de Ministros, a propuesta del titular de Justicia, D. Francisco Caamaño por iniciativa del Fiscal General del Estado, aprobara cuatro reales decretos designando cuatro tenientes fiscales para Extremadura, y dos fiscales jefes, uno para la Fiscalía Provincial de Huelva y otro para la de Palencia. Así, difícilmente puede sostenerse la función de garante independiente del Ministerio Público, en la que el propio Caamaño se apoya para sostener su propuesta de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que pretende sustraer la instrucción de las causas penales a los jueces para entregarla a la Fiscalía, dotándola de facultad jurisdiccional para investigar los hechos de trascendencia penal.
Pluralismo conformativo
Vieja estación de televisión (foto: creativesam) Pluralismo conformativo “Informar” es una de las múltiples voces que derivan del latín f?rma. Más precisamente, la habitualmente elegida para referir la acción sustancial de los medios de comunicación social: el “dar forma” a la organización colectiva mediante la descripción de sus vicisitudes. Tal es la raíz del periodismo y de la noticia, su género por antonomasia. Sin embargo, “forma” es la “configuración externa de algo” (definición del Diccionario de la RAE en su primera entrada), cosa que, como tal, puede terminar apreciándose directamente por uno mismo. De ello obtenemos una doble inferencia: (1) que la labor informativa es en sí lo contingente, resultando lo decisivo la posibilidad de monopolizar la transmisión de los mensajes así catalogados a grandes audiencias, labor que necesariamente requiere de una organización empresarial, y, en la mayor parte de los casos, autorización gubernamental; (2) que el “pluralismo” es absolutamente innecesario en la descripción de los mismos hechos. El precedente ejercicio de racionalidad nos sitúa en el improbable de la contradicción etimológica. Esquivarla nos lleva a contemplar los casos en que las palabras no se eligen por la lógica de su propia semántica, sino como consecuencia de su arbitrada relación respecto a otras. Aquí, fijar la atención en el concepto de “información” es embestir el engaño tendido, pues el citado se ofreció para oponerlo a “opinión”, asimilando ambos, respectivamente, al story y al comment anglosajón, esquema que es la razón inicial de la citada terminología. Una vez descubiertas las posibilidades lucrativas de la comunicación de masas, fundidas con su probada influencia en el pensar general, el periodismo ideológico resultaba incompatible con el Estado. La propia libertad de empresa, buscando un nuevo espacio o audiencia, podría llegar a cuestionar la constitución de aquel si esquivara el interés de grupos significativos de la sociedad. El periodismo se reformuló, académica y profesionalmente, para acogotarlo dentro del falaz esquema de la información-opinión, cosa que encajaba fenomenalmente con el recién inaugurado Estado de partidos en la posguerra de Europa Occidental. El paradigma está claro, y podría formularse con la conocida cantinela de que los hechos son sagrados y las opiniones son libres. Claro que siempre y cuando éstas —debe añadirse aunque no se diga— se ciñan y basen en aquellos, que son la parte fuerte del arquetipo, al existir mecanismos apropiados de control que han de suscribirse previamente. En España, podemos observar constantemente cómo la producción de hechos noticiosos —tal categoría la obtienen por su natural difusión— proviene precisamente, y con práctica exclusividad, del propio funcionamiento político-institucional del Estado de partidos —Presidencia del Gobierno, Consejo de Ministros, Congreso de los Diputados, Portavoces de Grupos y Partidos, Presidentes y Parlamentos autonómicos, Sindicatos, etc.—, que el periodismo asume sin más, consustancial a su propia esencia y posibilidad de medrar. Así, el Congreso de los Diputados es la “Cámara representativa”, poco importa que los parlamentarios deban personalmente su asiento al jefe de su partido, nunca a los ciudadanos; o que, fruto de esta situación, se engañe a los españoles y se aprueben leyes y medidas manifiestamente dañinas para la inmensa mayoría, lo que también son hechos incontestables. Todo periodista que pretendiera informar acerca de esto, ya resulta disuadido por su obligatoria formación académica; si se atreviera a hacerlo a pesar de ello, sabe que no se lo publicarían y que sería defenestrado; a no ser que su periódico mantuviera una “línea editorial” —que, debido al citado paradigma, naturalmente nada tendría que ver con los mismos hechos— contraria a la Monarquía de partidos, en cuyo caso, la empresa jamás obtendría licencia de radio y tv, se le retiraría la publicidad institucional y prácticamente toda la privada —si es que hubieran llegado a contratársela en estas circunstancias— y terminaría desapareciendo. Aun nutriéndose de las redes informativas institucionalizadas oficialmente, todos los días asistimos a la publicación de noticias contradictorias o de datos no coincidentes entre los diversos medios de comunicación. Ello es la demostración incontestable de que España vive en un Régimen político falaz y de que el periodismo solamente es libre para reproducir las mentiras ajenas que lo realimenten.
Corrección política, incorrección judicial
Lo “políticamente correcto” no deja de ser una moda de la opinión elevada a la categoría de convención social. Como moda es algo pasajero, mutable y en muchas ocasiones pendular. Lo que hoy es políticamente correcto mañana puede ser refugio de outsiders de la nostalgia, o simple extravagancia de estar en sociedad. La Justicia, como pretende con sus ritos procesales en la vida judicial, como el uso de la toga o las formulas del lenguaje forense, aspira a una objetividad inevitablemente conservadora, que sin embargo no es inmutabilidad ni estaticidad, sino sólo afinidad al Derecho que aplica, y como no, a la que debiera ser su más importante función creadora, la de la interpretación e integración de la norma en el ordenamiento jurídico en armonía leal con su sistema de fuentes. Cuando no existe separación de poderes sino un poder único y una función judicial dependiente, es inevitable la permeabilidad de lo políticamente correcto en la doctrina de los tribunales infiltrados y dominados. La moda se eleva a categoría de jurisprudencia, y la incorrección política a la de delito. Un grupo de setenta asociaciones, en su mayoría de padres separados y por la custodia compartida, han emitido un comunicado de apoyo al juez Serrano, expedientado en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por incompatibilidad, al pertenecer a la Asociación Española Multidisciplinar de Investigación sobre Interferencias Parentales (ASEMIP) sin expreso permiso del órgano de gobierno de los jueces. El titular del Juzgado de Familia nº 7 de Sevilla presidía la asociación sin percibir retribución alguna, habiendo alcanzado notoriedad pública después por sus críticas a la Ley de Violencia de Género, de la que denunció públicamente su parcialidad e ineficacia en distintos medios. Las entidades firmantes protestan por lo que creen un “aviso a navegantes” para acallar cualquier voz crítica en el mundo judicial a la política legislativa actual en la materia, apoyando así, según dicen, “a las personas y asociaciones que son vetadas o discriminadas por defender la custodia compartida y por defender la inconstitucionalidad y la lesión a los Derechos Humanos que comporta la ley actual de violencia de género”.
