(Foto: Soniko) Charada La izquierda abertzale radical anunció el pasado 27 de noviembre en un hotel de Pamplona, prohibiendo hacer preguntas a los asistentes, que próximamente iniciará los trámites para la legalización de un nuevo proyecto político, un nuevo partido que “rechazará” la violencia y acatará la Ley de Partidos, a pesar de su carácter “antidemocrático y su utilización política y arbitraria”. Allí estuvieron presentes unos 300 representantes, entre ellos el ex miembro de la Mesa Nacional de Batasuna, Rufi Etxeberría y la alcaldesa de Hernani. El término “rechazo” ya había sido defendido, quince días antes, durante el juicio en la Audiencia Nacional por Arnaldo Otegui. Etxeberría, al final de la lectura de un extenso documento anunció que, pese a que consideran que la Ley de Partidos es “antidemocrática”, los estatutos del nuevo proyecto se elaboraran en “conformidad” con dicha Ley y serán presentados próximamente. En diciembre se conocerán sus nuevas siglas.   Batasuna, cuya intención es presentarse a las próximas elecciones de mayo de 2011, municipales y forales, hace un desmarque simbólico sin romper con su inseparable ETA, por lo que no la condena en ningún momento ni tampoco hace referencia a la misma. Reconoce que la Ley de Partidos es antidemocrática pero entra en el juego del Estado de Partidos que tan buenos dividendos e impunidad le puede continuar aportando. Todo esto lo perpetran sin esperar a que ETA declare el alto el fuego reclamado por los firmantes de la Declaración de Bruselas.   El felipismo nos vuelve a presentar su cara más violenta y su nueva alianza con los terroristas.  El ministro  de  Interior  y  flamante Vicepresidente Primero del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, necesita hacer creer, con vistas a las elecciones Generales de 2012, que ha terminado con ETA, que ETA ya no existe, que todos los terroristas son buenos y se han reinsertado en lo “políticamente correcto”. Tiene que continuar poniéndose condecoraciones. Nos falta por ver si el Ministerio del Interior legaliza a la nueva formación que se decanta por un “Estado vasco y una Euskal Herria unida, independiente, euskaldún y socialista” y a la que el Partido Nacionalista Vasco ya ha dado su visto bueno. Claro que si cumple todos los requisitos, que los cumplirá, de su Ley de Partidos, todo quedará perfecto, aunque ETA siempre vuelva a matar cuando les interese a todos. Es el nuevo juego del felipismo en el siglo XXI y su connivencia con ETA; antes ya tuvimos la guerra sucia de Felipe González. Eran otros tiempos.   El terrorismo de ETA solo puede terminar cuando la sociedad civil española conquiste su libertad política, hoy secuestrada por la Monarquía de partidos.   En este caso es la sociedad civil vasca la que debe ser consciente de que las nuevas siglas que aparezcan en el panorama político vasco responden a una charada que desemboca en la palabra Terrorismo, y que sus componentes solo ambicionan, dirigidos por el cabeza de lista del partido y dirigentes del propio partido, en complicidad con el Ministerio de Interior, sentar a terroristas en los sillones de las altas Instituciones del Estado. ¿O acaso ya los tenemos sentados desde hace tiempo? Sería cuestión de una nueva charada.

El Tribunal Supremo abrió sus puertas entre los días veinticuatro y veintisiete de noviembre para “acercar la Justicia a la ciudadanía”, una iniciativa que se celebra por sexto año consecutivo. Bajo el lema “La Justicia a tu servicio” el TS pretende dar respuesta a la desconfianza general sobre un funcionamiento tan arcano como ritual para el común de los mortales. En esos cuatro días el público pudo admirar una exposición de objetos y documentos de la historia judicial española que iban desde el Código de las Siete Partidas hasta uno de los garrotes usados en el ajusticiamiento de varios reos que quedaron depositados en el bello Palacio de las Salesas tras la supresión de la pena de muerte en España. Para dar solemnidad a las jornadas, asistió al acto de inauguración el Presidente del CGPJ, que lo es también del TS, D. Carlos Dívar quien se preocupó de trasladar que la intención de la muestra, más allá de una simple colección de curiosidades, trataba de ilustrar sobre la participación ciudadana en la Justicia a través de instituciones como los jurados populares o como testigos.   Abriéndonos las puertas del templo de la Justicia nuestro cicerone nos muestra sin desdoro como la Justicia nos introduce a la fuerza en su maquinaria mientras sus designios y rectores obedecen fielmente el mandato imperativo, aquí sí, de la sociedad política que los designa. Jurado sí, pero no para juzgar la conducta de los particulares en un sistema de derecho positivo que exige un dificultoso enjuiciamiento técnico, sino para enjuiciar a funcionarios públicos, políticos y jueces por los actos criminales realizados en el ejercicio de sus funciones. Ritualidad procesal y usos que dignifiquen la función jurisdiccional también, pero con la respetabilidad de constituir verdadera potestad estatal autónoma para juzgar y hacer ejecutar lo juzgado que sirva de contrapeso al poder del ejecutivo y a la facultad legislativa de la Asamblea.   Abrir las puertas de la justicia al ciudadano es incompatible moralmente con abrirse de piernas al poder ejecutivo, admitir tranquilamente la facultad del legislativo para nombrar sus puestos principales y someter al común de la población al reclutamiento forzoso para servir de coartada a una servidumbre institucionalizada que se puede llamar de todo menos “cercana institucionalmente”. Debatir bizantinamente soluciones ideológicas a asuntos como la crisis económica cuando existe una crisis institucional capitaneada por un poder único sólo dividido funcionalmente, es enredarse en la inutilidad disgregadora de la acción por la Libertad Política, la Constitución y la Democracia, objetivos únicos de este aideológico Movimiento de Ciudadanos hacia la República Constitucional.

Paisaje suizo El programa de actualidad económica de la televisión francófona publica una exclusiva en la que descubre que la tasa oficial de desempleo dada por el gobierno federal no es correcta. Según un profesor de la Universidad de Basilea, la tasa de desempleo se sitúa en el 3% de la población activa en contra del 3,5%, cifra gubernamental. La industria supone un 40% del PIB suizo. El Banco central suizo pierde dinero comprando Euros para mantener el franco con poder exportador. Soberanía monetaria. Los flujos de capitales europeos conducen a Zurich, el oro acumulado durante la segunda guerra mundial (cambio de marcos por francos y escudos) da sus frutos. Lujo y ostentación. Se avisa del riesgo de estar empezando a crear una burbuja inmobiliaria en Suiza, el precio de los inmuebles no cesa de subir. La radio proclama que en Suiza no ha habido crisis…   La democracia participativa prosigue su actividad frenética. La competencia cantonal a la baja de impuestos es feroz. El partido socialista quiere detener esta competición por atraer a las rentas de más de 250,000 francos anuales. Tras la prohibición de los minaretes, el volkspartei (partido del pueblo) prosigue su ofensiva. Es el turno de los extranjeros delincuentes. Si se aprueba su iniciativa serán expulsados del territorio aquellos extranjeros delincuentes, con límites imprecisos en la tipificación de los delitos meritorios de expulsión y en contra del derecho europeo e internacional. La aplicación práctica es difícil, poco importa, la denuncia y criminalización del extranjero por los ciudadanos es el efecto social buscado. La policía vigila los bosques y pide la documentación a los sospechosos, aun demostrando ser europeos nos hacen acudir a comisaría.   El volkspartei quiere celebrar su asamblea en Lausanne. Dicen que nadie en la ciudad ha querido   cederles   una    sala   de   reuniones, denuncian la "falta de libertad de expresión", celebraran el congreso fuera del país, ya que "Suiza no les quiere". En Ginebra, El Movimiento de Ciudadanos Ginebrinos (MCG), tercera fuerza ginebrina, apoya la iniciativa de expulsión con un cartel en el que aparece Muammar Al-Gaddafi con la frase: 'Quiere destruir Suiza'. El gobierno libio interpone una denuncia por 'ultraje a un país extranjero' que es aceptada por la justicia suiza. El jefe del MCG, Eric Stauffer, arriesga treinta y seis meses en prisión, la publicidad le permite atacar a las instituciones suizas y se "bate por el honor del pueblo suizo". La campaña a favor de la expulsión es aplastante en las zonas rurales. El cartel del volkspartei ondea en todos los andurriales. Una oveja blanca sobre la bandera suiza cocea a una oveja de color negro. La agricultura esta subvencionada por los centros financieros internacionales y por la industria, el proteccionismo es atroz, los productos extranjeros son sospechosos, las zonas rurales alimentan la pureza lingüística, las normas federales son subvertidas por normas cantonales no escritas que dificultan la inscripción en las listas de desempleo a quien no hable la lengua oficial del cantón, aunque hable las demás. La unidad de mercado se quiebra…   Los investigadores del CERN en Ginebra han logrado producir y domesticar la antimateria. La antimateria destruye a la materia, de su interacción surge energía. Planean construir un rayo de antimateria…   Los Alpes se envilecen, naturaleza violentada, fuertes lloran tus ramas de invierno por quien de ti contempla grotesca tu figura desgarrada, manto leguleyo de quien ya no te pertenece.

Jerarquía (foto: Gustavo Spaziari) La paradoja organizativa La justificación última de toda estructura jerárquica piramidal descansa en su supuesta eficacia decisoria. Las instituciones cuya actuación y finalidad están sometidas a un componente dinámico, desde el gobierno a sus secciones, y de las grandes corporaciones hasta las pequeñas empresas, se organizan así conforme a tal principio. Siguiendo esta lógica, en épocas de crisis o de fracaso, en virtud de un gradiente de influencia y responsabilidad vertical, lo coherente sería que quienes ocupan los puestos superiores perdiesen tal estatus. Nada más lejos de la realidad, pues son los inferiores los primeros y mayormente perjudicados durante tales circunstancias, como muy bien podemos apreciar en el momento actual. Ello nos lleva a pensar que, además de la señalada efectividad operativa —cuya posibilidad negativa aceptaremos: podría resultar peor si no hubiera tal orden jerárquico—, es una posición elevada, que contribuya a mejorar los ingresos y a asegurar la estabilidad profesional de los particulares, el motivo práctico de tan enconadas estructuras.   Si introducimos ahora el qué, o razón fundamental de la organización —pues es cabal creer que también habría que admitir una jerarquización de fines—, según de lo que se trate, podría suceder que, en un mundo de relaciones complejas, el cómo lograrlo o mantenerlo no estuviera claro. Se han planteado al respecto una multitud de dilemas teóricos con un pequeño número de agentes —en ocasiones solamente los mínimos: dos—, en los que una solución satisfactoria para todos es imposible, y la atenuación de los daños imprevisible sin conocer la voluntad cierta  del otro — no complicaremos las cosas evaluando el engaño, si bien señalamos aquí que existe tal posibilidad— o de alguno o algunos de ellos. Nadie está libre de, en tales condiciones de incertidumbre, tender a pensar y, lo que importa, actuar de manera que favorezca la conservación de su estatus personal: ello desata una fuerza que acerca a las cúpulas de las organizaciones que están, o puedan entrar, en competencia o contradicción entre sí; algo que tiende a reproducirse al ser en tan elevados órganos donde se seleccionan los ascensos y descensos del resto del personal, “socializándolo” en este propósito desde la base.   El corolario de este planteamiento teórico referencial resultaría amplísimo. Por ello nos centraremos en señalar que la energía individual, tan bien considerada en nuestro mundo occidental hasta el punto de situarla en la mismísima base del sistema, puede disiparse fácilmente en el ambiente que las primeras generaciones de triunfadores tenderán a propiciar, precisamente como respuesta racional a la posibilidad de perder su preponderancia. Todo impulso que no trate de remediar esta terrible paradoja, con el orden institucional y normativo adecuado para corregir la nefasta tendencia, y que además disponga de los mecanismos eficientes para “actualizarse”, ello en base a una prognosis realista de los problemas colectivos; consistirá en la mera sustitución de una élite por otra.   El MCRC es en sí mismo el programa para evitarlo, porque no está dispuesto a contener o debatir nada más allá de la radical forma republicana de asegurar la libertad política que propone.

El Fiscal General del Estado, D. Cándido Conde-Pumpido, aseguró que “no hay nada decidido” sobre la posición del Ministerio Público respecto de la admisión o no a trámite de la querella por la muerte del saharaui con nacionalidad española D. Baby Hamday Buyema presentada en la Audiencia Nacional. Así se pronunció en un almuerzo debate organizado en Madrid por la Asociación de Amistad Hispano-Francesa Diálogo, en el que refirió que la querella interpuesta por la Liga Española Pro Derechos Humanos “será estudiada en profundidad”, pero sin que haya tomada una decisión al respecto.   Al mismo tiempo la Ministro de Asuntos Exteriores, Dña. Trinidad Jiménez Villarejo se reunía con el Ministro del Interior marroquí Taib Cherkaui en relación al particular asunto de la muerte de Hamday Buyema así como para informar de la investigación que al respecto estaba llevando a cabo la Fiscalía del Aaiún. No hay que ser muy perspicaz para darse cuenta de la actitud de espera de órdenes superiores de un Fiscal General del Estado elegido por el ejecutivo al albur del resultado de las conversaciones entre los ejecutivos español y alauita. La coordinación y concomitancia de la actuación política y la supuestamente técnica de la fiscalía es de una evidencia palmaria y lógico fruto de ese lazo de dependencia, favorecido por el perfecto conocimiento de sus engranajes de funcionamiento de quien es hija de un Magistrado del Tribunal Supremo (José Jiménez Villarejo) y sobrina de un Fiscal de la Audiencia Nacional (Carlos Rodríguez-Villarejo).   Si la situación política aconsejara la inadmisión a trámite de la querella, la fiscalía ya tiene preparados sus argumentos. El artículo 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) excluye la posibilidad de conocimiento sobre causas concernientes a presuntos delitos cometidos en el extranjero siempre que en el país correspondiente se haya iniciado procedimiento que suponga una investigación y persecución de los hechos. Fuentes de la propia fiscalía añaden además que la LOPJ permite a los tribunales españoles investigar este tipo de hechos sucedidos fuera de las fronteras nacionales siempre que entren dentro de la lista tasada de delitos establecida al efecto, en la que figuran los de lesa humanidad y terrorismo, pero no el homicidio individualmente considerado, lo que sería una salida a tener en cuenta en caso de no convenir políticamente la intervención judicial española.   En ese caso de que la muerte del saharaui con nacionalidad española se considere aisladamente y el Ministerio Público se abstenga    de    actuar,    la    fiscalía    ya    ha adelantado sus dudas sobre que la acusación pueda ser ejercida por una asociación privada sin vínculos directos con la víctima, como es la Liga Española Pro Derechos Humanos. Varios familiares de Hamday residen en España, pero hasta el momento no han iniciado acción judicial alguna ¿voluntariamente?

Importado del inglés, el término “reconversión” designaba la acción de volver a convertir en industria de paz la que había sido convertida antes en industria de guerra. Aunque la OTAN quiere crear un “departamento civil para dialogar y cooperar” su reconversión no pasa por civilizarse o por iniciar el proceso de hacerse civil. El hecho estatal continúa vinculado al hecho militar y nadie ignora que el organismo militar de Occidente está dominado por un Estado que, desde la última guerra mundial, ha sido definido por una estructura de poder basada en la estrecha alianza de intereses industriales y científicos con estrategias y tecnologías militares.   La posibilidad de convertir la OTAN en organización internacional de protección contra el terrorismo o en fuerza reparadora de los desperfectos planetarios ocasionados por la civilización técnica, no depende de la buena voluntad de los dirigentes políticos sino del carácter reversible de una estructura de poder que ha subordinado, en la sociedad civil norteamericana, el libre desarrollo de la ciencia y de la industria al poderío militar.   Nadie imaginaba, salvo los imperialistas que anunciaban el fin de la Historia, que el término feliz de la guerra fría supondría la entrada en el reino de la paz perpetua y universal. Al contrario. Las guerras periféricas, al orden de la nueva hegemonía mundial, tienden a multiplicarse a medida que va disminuyendo la presión armamentística en el interior del sistema industrial, donde el final de la atención bélica entre los grandes Estados, hasta hace poco hostiles, ha dado paso a la invitación cursada por la OTAN a Rusia para que participe en el nuevo escudo anti-misiles.   La dirección institucional que tomará la OTAN ante la bifurcación de los caminos que ofrece el futuro a la civilización industrial y a la globalización financiera pasa por la pacificación de los Estados belicosos (Pax Romana), constituyéndose en policía del mundo (ya se han dado carta blanca para actuar en cualquier lugar), lo que implicaría, pese a las intenciones de abaratar costes que la crisis económica provoca, su conservación como gigantesco aparato militar.

Alan Greenspan (foto: publishersmarketplace) Paradojas libertarias Una de las paradojas ideológicas que impiden avanzar en la resolución intelectual de la crisis financiera es el hecho de que la ideología libertaria encarnada por Alan Greenspan ha ejercido el intervencionismo más rudo en aras de liberar al mercado financiero de todo aquel control estatal encargado de vigilar las prácticas bancarias fraudulentas (sin ocuparme aquí de reglamentos que promuevan la eficiencia mercantil, crisis científica). Cuando se habla de regulación, al ciudadano común estadounidense se le aparecen todos los fantasmas del estalinismo, sin percatarse aún de que aquellos que la invocan, no lo hacen para evitar ineficiencias en el mercado, sino para que estas no sean visibles (aunque sean en teoría difícilmente reparables por el Estado), ni puedan ser juzgados aquellos que han utilizado el engaño tecnológico para colocar sus productos sofisticadamente tóxicos.   Greenspan se retiró admitiendo ante el congreso americano que su ideología estaba equivocada, por miedo a ser declarado encubridor necesario en un fraude masivo a los consumidores. El secretario del tesoro de Obama, Geithner, continúa con esta labor de encubridor necesario, a pesar de lo cual Obama es considerado un "socialista" en su país. Obama perderá el apoyo de unos y otros. Otra atronadora paradoja es la famosa frase que guía todo el rescate financiero: "Too big to fail" (demasiado grande para caer), concepto inexistente cuando a la quiebra masiva de la industria y de los autónomos se refiere (los reflotamientos bancarios han servido para perpetuar un sistema de enormes beneficios personales en el que las pérdidas se socializan y el crédito no se restituye, a pesar de la contribución académica de Bernanke), concepto ausente para justificar la vuelta a la Glass Steagall act, y desconocido cuando toda la literatura económica está dominada por la creencia de que el mercado no puede autodestruirse ni causar graves externalidades negativas, al menos no como para justificar una regulación que según  el  dogma  siempre es distorsionadora, restrictiva y anti-competitiva.   La paradoja libertaria encarnada por Greenspan impide solucionar la crisis moral al impedir la distinción del fraude financiero como una práctica ajena a la banca y depurar responsabilidades. La crisis política puede explicarse de igual modo mediante el análisis de las teorías sobre el fracaso estatal a la hora de reparar las ineficiencias del mercado para proteger a los consumidores. Según la teoría económica esto seria así porque los agentes estatales sufren una 'captura' por parte de los agentes económicos a los que deben regular; estando más cerca de estos que de los electores, la corrupción se hace inevitable.   Pero si de entrada desechamos la existencia de un interés público genuino por parte de los agentes estatales todo se clarifica un poco más. Según Stigler y Peltzman la regulación no es más que un proceso para la transferencia de riqueza. Consiste en una subasta política en la que el mayor postor obtiene el derecho a fiscalizar la riqueza de todos los demás. Así, el político debe maximizar el apoyo recibido no fiscalizando a aquel grupo con mayor capacidad de influencia electoral. Es de este modo como una minoría de lobbies imponen la transferencia de riqueza desde la masa ciudadana -informe y mediatizada, ideologizada, lejana y temerosa del desconocido y complejo poder tecnócrata al que obedecen por no conocer su alcance- hacia la capitalización sin resultados del sector bancario, asumiendo, si llegara el caso, la quiebra económica nacional provocada por la regulación (aquí, regulación entendida como práctica, conceptos de difícil distinción si se contempla la unión financiera-política como clase política en el sentido mosquiano del término) político-financiera. La crisis política es por tanto insoluble sin mecanismos de control y auditoría pública del poder financiero-político, así como de un poder judicial independiente y con medios y atribuciones suficientes para perseguir la corrupción.