Pedro Manuel González, autor del libro «La Justicia en el Estado de partidos», en el capítulo nº 139 de «La lucha por el derecho», analiza la medida cautelar adoptada por el Tribunal Constitucional acerca de la reforma que afecta a este órgano y al Consejo General del Poder Judicial.
La independencia judicial
El único poder que debe tener un juez es el de su independencia a la hora de juzgar. La facultad judicial no es un poder.
Fuentes:
Radio Libertad Constituyente: https://www.ivoox.com/rlc-2015-11-02-la-reforma-del-poder-judicial-propuesta-audios-mp3_rf_9243181_1.html
Música: Los galanes enamorados, Goyescas. Enrique Granados.
Música: Allegro. Concierto para piano nº20 de Mozart
Disturbios en Perú y la destitución de Pedro Castillo
Hoy publicamos el capítulo nº 40 del programa «Escenario internacional», y el quinto de la serie La democracia en América, presentado y conducido por Marcelino Merino, donde Daniel Vázquez Barrón y Thulio M. Moreno analizan las causas de los graves disturbios que se están produciendo en Perú, la destitución de Pedro Castillo y la complejidad de su sistema político.
La corrupción sistémica del Estado de los partidos
Hoy, en el capítulo cuadragésimo tercero de «La cátedra de Dalmacio», presentado y conducido por Bernardo Garrido, Dalmacio Negro Pavón (catedrático de Ciencias Políticas y autor de numerosos artículos y libros) nos ilustra sobre la corrupción sistémica del Estado de los partidos, las falsas “democracias avanzadas” y la dependencia judicial.
Bibliografía:
– “Pensar el Estado: Dalmacio Negro. La política de los hechos y la política de la libertad.” (Liber Amicorum de varios autores).
– “La Ley de Hierro de las Oligarquías.” (Dalmacio Negro).
– “La rebelión de los amos.“ (Marcos López Herrador).
– “Teoría Pura de la Republica.” (Antonio García-Trevijano).
-“El desgobierno de lo público.” (Alejandro Nieto).
La reforma de la malversación o cómo legalizar la mafia
Si los efectos de la retroactividad pro reo produjeron efectos indeseados e irreversibles con la reforma del Código Penal a través de la Ley Montero, llamada del «solo sí es sí», los correspondientes al cambio legislativo del delito de malversación son expresamente buscados para el beneficio de esa élite que son los partidos en el Estado.
No se trata tan solo del evidente fraude legal que se promueve por el gobierno-legislador para beneficiar a personas concretas, transformando así la ley en privilegio, sino que a futuro solventa incómodos problemas al partido en el poder. Y es que lo de Griñán, Puigdemont y compañía se antoja pecata minuta en comparación con el escándalo de la gestión y destino de los fondos europeos, una vez se destape.
Cuando se oye decir en la calle que los partidos son auténticas mafias, poco se sabe lo mucho que se acierta. No se trata de una expresión retórica ni una hipérbole del gobernado cabreado, sino de una intuición confirmada por la historia del derecho y de las instituciones.
El origen organizativo de la mafia se encuentra en la institución familiar romana. El pater familias era el dueño absoluto de la vida y hacienda de sus miembros, concibiéndose la familia como institución que rebosaba los lazos de sangre para establecer relaciones de dependencia y subordinación mucho más amplias, incorporándose a la familia a agnados y a la clientela.
Los rescoldos de aquella institución familiar latina sirvieron de útil vehículo organizativo para el crimen. El padrino, el Don, es el pater de esa otra familia delincuencial en la que su composición también sobrepasa el parentesco convirtiéndose en gens criminosa, con ceremonia iniciática, códigos y normas de derecho interno propios que incluyen la ejecución de sentencias, incluso de muerte, que tienen como antecedente histórico la primigenia justicia privada romana.
Pues bien, esos mismos lazos gentilicios y criminales son los que rigen la vida de los partidos estatales y su clientela. El pater familiar se convirtió en Don y luego en jefe de partido. El jefe de partido, como el padrino, cuida de su gente, de su familia, en una sociedad de mutuo socorro piramidal y distributiva del producto de sus actividades, en la que los favores se pagan con la obediencia. Y, de la misma manera que no se pueden rechazar, se cobran inexorablemente, según la voluntad suprema del capo.
Es cierto que no existe ningún criterio penológico ni moral que justifique que delinquir en beneficio propio merezca más grave reproche punitivo que robar para terceros o fines políticos, creando redes clientelares para mantenerse en el poder o favorecedoras de otros delitos de extrema gravedad, como la sedición o la rebelión. Pero sólo comprendiendo la estructura mafiosa de los partidos empotrados en el Estado se puede llegar a entender que su acción es más grave aún que el lucro personal, pues lo que se consigue es extender la familia, cuando no directamente procurarse los medios para que prospere el crimen.
La mafia no roba, mata ni trafica para el padrino; lo hace para el beneficio de la organización. Eso no hace menos reprochable el delito, sino que lo agrava por su ontológica peligrosidad social. De la misma forma, que el jefe o jefecillo de partido robe para sí es menos grave que el hecho de que lo haga para su clientela política o con una finalidad que le trascienda.
Por eso, la reforma de la malversación subraya el carácter mafioso de los partidos estatales a la vez que, ya sin justicia privada, se pelean por quien nombra al iudex.
Cataclismos
La hipótesis del cataclismo que propone Alasdair MacIntyre sobre la destrucción total de la ciencia, la moral y el pensamiento, para un tiempo ya olvidado o aún por llegar, se nos muestra hoy como una conjetura verosímil. Un holocausto de tan formidables magnitudes capaz de extinguir todo vestigio de cultura, de la que sólo podrían escapar a la hecatombe algunos fragmentos inconexos, imágenes borrosas o incompletas de una ciencia y un saber del que solo se recordarían algunas palabras, retazos de un mundo ya incomprensible, como la metáfora cinematográfica del planeta de los simios. Un ataque sin precedentes a todo vínculo humano, a toda creencia, a todo pensamiento, a toda memoria, perpetrado por el ansia imperecedera del poder. Primero, mediante el mensaje simple y afianzado en el artificioso y expansivo prestigio de un pensamiento único que se extiende imparable hacia la totalidad. Mientras, las turbas exaltadas y dirigidas corean el mensaje y destruyen, condenan y juzgan. Después, la institucionalización de la coartada que serviría como fundamento al nuevo orden.
Pero, se plantea Macintyre, ¿y si nos encontrásemos ahora en ese momento? ¿Y si sólo dispusiéramos de retazos y estelas y papeles carbonizados que no conseguimos ensamblar correctamente? ¿Y las palabras? ¿Tendrían el mismo significado que antes? ¿De qué manera podríamos organizar y descodificar los restos de ese cataclismo, ponerlos en contexto y descifrar sus misterios? Sería cosa buena disponer de una enciclopedia de anfibología política para conocer la transformación, ambigüedad y olvido que hubieran podido sufrir algunas palabras y conceptos.
La libertad política, el control al poder, la ciudadanía como sujeto político, la separación de los poderes del Estado o la representación política, son, en esta hipótesis, puro olvido. Simples manchas de pintura en unos jirones de lienzo arrancados de unos cuadros desconocidos. Estos claros conceptos, estas grandes palabras cargadas de significado aparecerían inconexas, vacías de contenido, sin posible contraste y pasarían a definir otra cosa, cualquier cosa.
La palabra democracia ocuparía un lugar prominente en nuestra enciclopedia anfibológica, entre sus muchas metamorfosis podríamos destacar la de haber mutado de sustantivo a adjetivo. Cualquier idea, cualquier pensamiento, por excéntrico que éste pudiera parecernos, sería susceptible de lucir la vitola de democrático. Así, la música democrática o el arte democrático. El alma y la grandeza de su significado habrían quedado reducidas a un ungüento que para todo se aplica y para nada sirve.
Lo que antes del cataclismo se pudo conocer como separación de poderes aparecería en esa enciclopedia relativizadora como un solo poder con separación de funciones y, la representación política de intereses concretos de la ciudadanía, como identificación sentimental con los partidos en el Estado.
Lo paradójico es que estos conceptos y estas palabras quedaron concluyentemente definidas hace no tanto tiempo, alrededor de 250 años, y tuvieron exitosa aplicación. Entonces, la cuestión es: si ha ocurrido esta catástrofe, ¿cuándo se produjo? ¿Por qué nos ha pasado desapercibida? ¿Cuál ha sido el proceso por el que estos significados se han hecho añicos?
Todas estas preguntas me llevan a sospechar que el cataclismo sí se ha producido, que ha sido provocado, que se ha realizado en la sombra y que esos conceptos han mudado de significado para ser aplicados en beneficio de las oligarquías políticas. Porque son ellas el verdadero sujeto político, porque son ellas las que gozan exclusivamente de una libertad y unos privilegios vedados a la ciudadanía. Las que definen lo que es y lo que no es cada cosa. Las que no están sujetas a ninguna responsabilidad personal y las que, haciendo valer el viejo refrán «quien hizo la ley, hizo la trampa», escapan a toda acción de la Justicia, porque también esta está bajo su control.
La colorida almazuela de vacua palabrería que cubre el engaño, ha de ser levantada y sacudida para contemplar la humillante mansedumbre en la que nos ha sumido el cataclismo.
Reforma de la malversación: legalizar la mafia
Pedro Manuel González, autor del libro «La Justicia en el Estado de partidos», en el capítulo nº 138 de «La lucha por el derecho», nos explica por qué los partidos políticos son auténticas organizaciones mafiosas a nivel institucional.
¿Qué es la separación de poderes y cómo alcanzarla? (1 de 2)
Hoy, en el capítulo nº 4 de “Nuestras ideas”, Daniel Vázquez Barrón nos habla de la separación de poderes.
Las listas dan el poder a la falsedad
En el sistema de votaciones alemán mixto no hay representación, no es democrático. El sistema de listas proporcional es el que da el poder a la falsedad, así pasa en Alemania, en España y pasaba con la llegada de Hitler y Mussolini al poder.
En Septiembre del 2013 la abstención en las municipales de Portugal fue del 47%.
La llamada Transición española supuso la traición a la libertad política del sujeto constituyente español.
Jesús Murciego, Adrián Perales y Antonio García-Trevijano, 26 de abril del 2013.
Música: Allegro. Concierto para piano nº20 de Mozart
Desapego colegial
Entre la correspondencia electrónica propia de la profesión, los letrados madrileños estamos recibiendo últimamente la propaganda de las distintas candidaturas para la designación de los distintos miembros, decano incluido, de la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Madrid, que se celebran el próximo 20 de diciembre.
Se trata de un proceso electoral para la elección del órgano rector de una corporación de derecho público de adscripción obligatoria para el ejercicio profesional, en el que la última vez que sus miembros fueron llamados a las urnas participaron menos de un 10% de los censados. Cabe preguntarse los motivos de dicho desapego del común de los abogados.
La administrativización de la Justicia es consecuencia directa de su falta de independencia. Su excesiva burocratización deviene de la necesidad de un control político de tal intensidad, que afecta incluso a la actividad de los profesionales de libre ejercicio que intervienen en el proceso judicial.
Si el sometimiento de la jurisdicción (jueces, letrados de la administración de justicia, fiscales…) a la clase política a través de órganos rectores elegidos por ésta resulta de una evidencia incontestable, es igualmente necesario denunciar como sus tentáculos alcanzan incluso a los profesionales del derecho que no integran la denominada «Administración de Justicia».
La obligatoria integración de abogados y procuradores en colegios profesionales configurados como órganos administrativos, cuyo presupuesto y medios dependen en su mayor parte de asignaciones presupuestarias, coarta la imprescindible independencia en el ejercicio de la profesión al atribuir a esta administración corporativa facultades reguladoras y disciplinarias.
No es de extrañar que macrodespachos multimillonarios y personajes incombustibles acostumbrados a medrar al calor del poder político intenten copar decanatos de colegios, sabedores del poder que ello supone y del ingente presupuesto público a manejar. Resulta ejemplar como la Ley sobre el Acceso a las Profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales puso en manos de los colegios la capacitación profesional, gestionando y otorgando licencias de ejercicio con un sistema de cursos y prácticas en despachos cuya homologación corresponde a la misma administración corporativa a cambio de un apoyo explícito al «Pacto por la Justicia» consensuado por los partidos.
La imprescindible independencia profesional del abogado sólo será real cuando la colegiación sea potestativa y no obligatoria, atribuyendo a los Tribunales Superiores de Justicia (TSJ) las facultades de censo, control del cumplimiento de las condiciones académicas de acceso a la profesión y deontológico de la actividad profesional. De la misma forma, la provisión de los medios y fondos necesarios para la digna existencia de una Justicia gratuita para aquellos que no puedan asumir los costes de una asistencia jurídica de pago correspondería a los propios TSJ, organizando y sufragando el correspondiente turno de oficio.
Con ello, los colegios profesionales dejarían de ser mera administración corporativa, para convertirse en verdaderas asociaciones de profesionales en las que, lejos de primar sinecuras económicas y políticas, la continua formación de postgrado y la defensa y dignidad de la profesión constituirían la verdadera razón de su existencia.





