Origen y evolución de los dos grandes sindicatos estatales españoles.
Música: Suite para violonchelo, BWV 1007, 2º mov. allemande, J.S.Bach.
PSOE, PP, Podemos, etc., son neofranquistas
En el capítulo nº 62 del programa «La partidocracia entre líneas» Fernando de las Heras y Juanjo Charro analizan los siguientes artículos de la prensa española:
– Moderados, pero de boquilla. El País, 26 de abril de 2023.
– España es uno de los países donde los salarios reales caen más con la inflación. El país, 26 de abril de 2023, página 38.
– Sánchez quiere emular a Felipe González. El Mundo, 26 de abril de 2023, página 9.
Radicalismo versus fundamentalismo
Pedro Manuel González, autor del libro «La Justicia en el Estado de partidos», en el capítulo nº 157 de «La lucha por el derecho» reflexiona sobre los términos radical y fundamentalista.
El honor de la república
En España, pocos términos políticos se han visto más desprestigiados que la palabra república. No sólo las experiencias fracasadas pasadas, sino sus supuestos defensores que ideologizan el concepto tienen la culpa. La conceptuación de la república simplemente por lo que no es, como mera oposición a la monarquía y su patrimonialización partidista asociada a aspiraciones de igualdad material, explican que se arrastre por el suelo del pensamiento político.
Mientras que las pasadas experiencias republicanas sucumbieron por no ser democráticas, el espectáculo de quienes se dicen republicanos, hozando en el presupuesto de la monarquía juancarlista de los partidos estatales, da argumentos fundados al descrédito.
Precisamente por eso es labor de los repúblicos, que lo son a fuer de republicanos, limpiar y defender el honor de la república en un movimiento de ciudadanos que la presente como lo que es: una construcción institucional positiva diseñada por Antonio García-Trevijano que establece por primera vez en nuestra patria la separación de poderes en origen y el principio representativo. En suma, la garantía institucional de la democracia formal que a su vez garantice la libertad política controlando por fin al poder.
Esa construcción teórica que el pensador español cierra con su Teoría pura de la república está destinada a ser acreedora intelectual de todo el que se reclame demócrata y de quien, como único medio posible de alcanzar una democracia, se haga llamar con coherencia republicano.
No es ideológico describir cómo la monarquía española ligó su destino al de la partidocracia en la Transición. La traición de Juan Carlos I a su padre y su patronato político a la continuación de la relación de poder entre gobernantes y gobernados en el año 1978 sepultó para siempre la compatibilidad de la Corona con la democracia formal. El régimen de partidos nacido tras la muerte de Franco se coaligó con la dinastía para funcionar simbióticamente. De hecho, el tan injustamente alabado consenso de los que estaban en el poder y no querían abandonarlo con los que ansiándolo entraron plácidamente en sus salones para repartírselo sería imposible sin la monarquía.
Como reiteraba García-Trevijano a cada ocasión que tenía oportunidad, salvo en el idealismo de Platón, las ideas no proceden de las ideas, sino de la experiencia fáctica. Y esa experiencia histórica refleja el papel imprescindible de la monarquía en la confabulación contra la libertad política de los españoles. Considerar como opción novedosa o rupturista la monarquía en cualquiera de sus variantes es ridículo. Aun cuando se considerara un adorno de la tradición, sin ostentar la jefatura del Estado. Su mera existencia es un insulto a las ansias de libertad de la nación. Puro realismo político.
Sólo la identificación intelectual de la república con la libertad política y la democracia formal, desprovista de ropajes ideológicos, restituirá el honor de la república.
La responsabilidad política
La responsabilidad política no se lava en las urnas, el pueblo no puede depurar irresponsabilidades políticas.
Antonio García-Trevijano Forte, 27 de enero del 2016.
https://www.ivoox.com/rlc-2016-01-27-comienza-destruccion-espana-audios-mp3_rf_10216184_1.html
Música: Danza ritual del fuego. El amor brujo de Falla.
En España no hay Constitución
En el capítulo nº 61 del programa «La partidocracia entre líneas» Pedro Manuel González y Juanjo Charro analizan los siguientes artículos de la prensa española:
– Internet, libertades comunicativas y reglas. El País. 20 de abril de 2023, pág. 11.
– Electores, antes partidistas y después demócratas. El País, 20 de abril de 2023, pág. 12.
¿Qué diferencias hay entre nación, Estado y Gobierno?
Hoy, en el capítulo nº 6 de “Nuestras ideas”, Daniel Vázquez Barrón clarifica conceptos como nación, Estado y Gobierno.
Consecuencias de la fusión de poderes
Donde ausencia y deterioro se confunden
El pasado 14 de abril, nuestro compañero Pedro Manuel González fue invitado por el Instituto Juan de Mariana a participar en un panel intitulado «Deterioro en la separación de poderes», celebrado en la universidad Francisco Marroquín, donde también se contó con la aportación de Miklos Lukacs y Javier Fernández-Lasquetty.
Dicho título constituye un fraude, porque no se puede deteriorar aquello que no existe. La palabra deterioro expresa la idea de que hay un detrimento en el principio divisorio, pero, como apuntó Pedro Manuel, sin separación de poderes en origen, sin elecciones separadas entre el poder ejecutivo y el poder legislativo, y sin un poder judicial independiente de los partidos políticos, no se puede hablar de separación de poderes ni de su deterioro.
Para separar los poderes en origen el proceso es muy sencillo: (1) elecciones legislativas a diputados uninominales, elegidos mayoritariamente en distritos electorales de unos 100000 habitantes, (2) elección al presidente del Gobierno por mayoría absoluta de los españoles, en una circunscripción única nacional, y (3) un poder judicial independiente del poder político, con un Consejo de Justicia elegido por los distintos operadores jurídicos y demás miembros del orbe judicial.
Los invitados a intervenir tuvieron todos dos turnos de palabra, sin que hubiera debate o moderador y sin turno de preguntas después de sus intervenciones. Pedro Manuel abrió el panel con interesantes aportaciones y sugestiones acerca de «lo político». Sus compañeros, debido al formato del acto y el escaso tiempo con el que contaron (50 minutos), apenas replicaron a Pedro Manuel, y con sus soliloquios divagaron acerca de tecnologías o de la jugada política del Gobierno durante estos últimos años.
Entre el público se encontraban, además de universitarios, un auditorio heterogéneo, en los que Pedro Manuel consiguió suscitar una gran atención con sus observaciones y provocaciones acerca de lo político, incluso arrancando una sonora carcajada cuando comparó las votaciones actuales con el misterio de la Santísima Trinidad: de una sola votación surge el legislativo y el ejecutivo, y entre ambos eligen al judicial.
John Adams, quien es conocido por distinguir entre gobierno de leyes y gobierno de hombres, salió a relucir durante el acto. Un gobierno de leyes es un sistema con poderes separados en origen, con instituciones fuertes e inteligentes que impiden que por obra exclusiva de un único Gobierno de turno se dé el supuesto deterioro en la separación de poderes. Para que esto sucediera tendría que darse necesariamente un golpe de Estado, sin necesidad de que éste fuera violento.
En un gobierno de hombres los poderes están inseparados, constituidos por sinarquía de hombres ambiciosos. No puede haber un deterioro porque no hay separación, lo que hay es reparto del poder.
Escribió Adams que «el poder debe ser opuesto al poder, y los intereses a los intereses». Sin embargo, en un gobierno de hombres ambiciosos, arbitrario y sin control del poder, este control descansa en la teórica responsabilidad del político, no en una institución inteligente que actúe de freno, ejerciendo controles y contrapesos, impidiendo el abuso de poder. Lo expresó Montesquieu de la siguiente manera: «Todo hombre que tiene poder se inclina a abusar del mismo; él va hasta que encuentra límites. Para que no se pueda abusar del poder, hace falta que por la disposición de las cosas, el poder detenga al poder» (El espíritu de las leyes, 1748). Dicho de otra manera, con los poderes separados y enfrentados, el ciudadano puede descansar en calma: «las ambiciones controlan a las ambiciones y el ciudadano puede dormir tranquilo» (James Madison, El Federalista nº 51, 1788).
Después del acto, continuamos intercambiando criterios con asociados y otros asistentes, en un ambiente relajado y distendido.
Defendiendo el honor de la república
Pedro Manuel González, autor del libro «La Justicia en el Estado de partidos», en el capítulo nº 156 de «La lucha por el derecho» fija nuestra posición favorable a la república constitucional en oposición a la ideologización de esta forma de Estado, y al activismo que desconoce hacía donde debe llevar un proceso de libertad constituyente.
Pactar la Justicia
A cada conflicto surgido en el mundo de la Justicia, surge la llamada a filas de los partidos sobre un nuevo pacto de Estado para someterla aún más. Ya sean los letrados de la Administración de Justicia, los abogados de oficio, los jueces o el personal administrativo del juzgado los que se quejen por muy diversas razones, casi siempre económicas, la solución ofrecida siempre es la misma.
Sin embargo, cuando se habla de pacto de la Justicia, se quiere decir en realidad reparto. Se trata de una iniquidad comparable a pactar sobre la nación. La aplicación objetiva del derecho, su independencia y la solución de sus problemas económicos, funcionales u organizativos, vendidos como asuntos de mera gestión, son en realidad algo tan ajeno a la voluntad de los partidos como el hecho nacional. Y, si la judicatura y sus órganos de gobierno son elegidos y pagados por la clase política, su imparcialidad es imposible.
Al igual que la voluntad plebiscitaria regional no puede variar algo que nos viene dado, como es la propia existencia nacional, tampoco la de la clase política, por muy consensuada que sea, puede determinar lo que es justo o no. La justicia no puede ser democrática o dejar de serlo, simplemente es elemento indispensable para que exista una democracia, siempre que sea independiente y esté separada del resto de los poderes clásicos.
La llamada a cada nuevo «Pacto de Estado por la Justicia» es el reconocimiento expreso de que en España no hay una democracia porque no hay separación de poderes ni independencia judicial. Pactar es transar, y pactar sobre la Justicia es asumir el reparto de lo judicial entre las mayorías políticas en reflejo de sus respectivas cuotas de poder. No es de extrañar que cada nueva legislatura exija un reajuste institucional de la organización de la vida judicial correlativo a la proporcionalidad partidista resultante del último proceso electoral.
El partido perdedor se apresura a solicitar el pacto, sabedor de que, de no alcanzarse el consenso, el ganador aplicará su «rodillo» legislativo para la renovación de los miembros del Consejo del Poder Judicial si cuenta con las matemáticas de la proporcionalidad a su favor. En caso contrario, la designación política de los magistrados del Tribunal Constitucional en forma directa, e indirecta de los de las Audiencias Provinciales y Tribunales Superiores de Justicia, hace ineludible ese consenso de los partidos sobre quienes hayan de determinar lo que sea o no legal.
Las asociaciones de jueces y fiscales progresistas y conservadores, auténticos comisariados políticos de los partidos, bendecirán después las virtudes del pacto cerrando el círculo perverso de poderes inseparados.
