Una piruleta y un patinete eléctrico es lo que han recibido los súbditos españoles después de 45 años del régimen oligárquico de 1978.
La piruleta es la representación de toda la ideología y retórica sistematizada en los voceros: la transición, la concordia, el derecho a decidir, el consenso, la soberanía nacional y popular, el Estado social y de derecho, la nación de naciones, la constitución inconstitucional, el bien común, la socialdemocracia, el «rey republicano» y demás lindezas con las que nos llevan bombardeando tantas décadas. Todos estos tópicos a favor de la oligocracia ya han sido derribados por grandes pensadores, y gente con la voluntad suficiente como para defender la verdad de los hechos, aún esté la hegemonía cultural en contra.
El patinete simboliza la pérdida material, la destrucción de la clase media y de las condiciones económicas de la mayoría de los súbditos. Si bien mucha gente cree que vivimos una época de esplendor, y que eso justificaría los abusos de poder y la inabarcable corrupción de la casta política y las élites, creo que forma parte de la misma retórica.
Aparte de las salvajes medidas para la contención de virus y personas de los últimos años, el fomento de la guerra ucraniana y demás cuestiones preocupantes a las que nos han dirigido los políticos, cabe destacar que el empobrecimiento del ciudadano medio español no es consecuencia de estos últimos sucesos.
Se trata de que la renta de los españoles ha sido mermada de forma directa durante décadas. Acudamos al INE y observemos la inflación acumulada desde 1983: indica que hasta la fecha de hoy, se ha encarecido la vida un 325%. Pero, ¿qué hay de los salarios medios?
El salario medio anual de 1983 es de 8400€, que si multiplicamos por la inflación acumulada hasta hoy, resulta en que el salario medio de los españoles debería ser 35700€ en 2023.
Pues bien, el salario medio del año 2021 es de 25900€. Eso quiere decir que los españoles hemos sufrido una pérdida en los salarios medios de casi el 30%. Y la perspectiva no es nada halagüeña, ya que estos últimos años, los políticos desbocados han sumido a nuestro país a una inflación inaudita en décadas.
Y estos datos estadísticos sólo son una pequeña muestra del resultado nefasto, lavado en el mito de una democracia, que en su parte formal nunca existió, y materialmente devendrá en una piruleta y un patinete eléctrico para los súbditos españoles de un «rey republicano». El daño moral es el peor.
Nota: Cabe señalar la dificultad para conseguir datos oficiales del periodo que comprende desde la muerte del dictador Franco en 1975, hasta el establecimiento de la oligarquía de partidos y sus primeros años.
Pedro Manuel González, autor del libro «La Justicia en el Estado de partidos», en el capítulo nº 181 de «La lucha por el derecho» analiza las falsedades del siguiente artículo de Vidal Folch relacionado con al encaje constitucional de la amnistía:
– El Tribunal Constitucional respalda en 22 sentencias el encaje de una amnistía. Páginas nº 16 y nº 17 de la edición impresa del diario El País del 5 de octubre de 2023.
El panorama político actual es muy parecido al del 2016, la única diferencia actual es la irrupción de VOX.
Antonio García-Trevijano Forte y Pedro Manuel González, 3 de mayo del 2016.
https://www.ivoox.com/rlc-2016-05-03-iglesias-cifuentes-igualan-accion-audios-mp3_rf_11393550_1.html
Música: Marcha fúnebre. 3ª sinfonía de Beethoven.
Hoy publicamos el capítulo nº 57 del programa «Escenario internacional», presentado y conducido por Marcelino Merino, donde Aitor Céspedes y Majid Javadi comentan la situación social de Irán un año después del asesinato de Mahsa Amini, las características del régimen teocrático y las nuevas estrategias y alianzas geopolíticas.
Pedro Manuel González, autor del libro «La Justicia en el Estado de partidos», en el capítulo nº 180 de «La lucha por el derecho» expone las diferencias entre lo constitucional y lo constitucionario.
Si se sabe que cualquier medida que provenga del poder, por mucho que repugne al ordenamiento jurídico, será avalada por el Tribunal Constitucional (TC), es por su carácter diseñador de la legalidad vigente en función del criterio de oportunidad política.
Ya no se trata de que no se pueda hablar de Constitución ni desde un punto de vista formal (al no provenir de unas Cortes constituyentes) ni material (al no separar los poderes en origen), sino que los límites de la norma suprema no se encuentran definidos ni son solamente alterables por vía de la reforma constitucional, sino que se encuentran en permanente adaptación a la coyuntura política según lo que convenga al que manda y nombra a la mayoría de los magistrados del TC.
El criterio de seguridad jurídica en materia constitucional pasa a ser una entelequia por cuanto los límites constitucionales se establecen en función de las necesidades políticas del momento. El TC no es constitucional sino constitucionario, en tanto va construyendo la Constitución en lugar de interpretarla. Y así es imposible la garantía de los derechos, como exigía el artículo XVI de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano como requisito, junto con la separación de poderes, para hablarse de auténtica Carta Magna.
La función consitucionaria del TC permitirá la amnistía, el referéndum autodeterminador o lo que haga falta si es necesario, porque construirá el derecho preciso para ello en sus sentencias.
Esa garantía de derecho y de los derechos, solo es posible si puede reclamarse ante una justicia independiente que interprete la Constitución, no que la desarrolle adaptativamente. Por tanto, si la jurisdicción ordinaria no tiene la facultad de declarar la inconstitucionalidad de una norma o de un acto administrativo, tampoco podrá existir orden constitucional.
Por eso en el actual régimen de poder el justiciable solo tiene la posibilidad de solicitar el amparo particular sobre los derechos otorgados, careciendo de legitimación para acudir a la justicia para solicitar la inconstitucionalidad de una ley. Ni siquiera pueden hacerlo los jueces, quedando reservado el recurso de inconstitucionalidad a la clase política que conforma el Estado de partidos (diputados, senadores, cámaras autonómicas, gobierno y defensor del pueblo).
El juez, en el ejercicio de su función, únicamente puede plantear impotentemente la cuestión de inconstitucionalidad en un reconocimiento explícito de subordinación a lo extrajurisdiccional. Una contradicción absoluta con el principio de unidad de jurisdicción, que redunda en la definición del TC como órgano político constitucionario, no como tribunal, y menos como como garantía de lo constitucional.
La Constitución de 1978 fue un pacto entre élites, fue una traición a los ideales populares de romper con el franquismo y abrir un período de libertad constituyente.
Antonio García-Trevijano Forte, 3 de mayo del 2016.
https://www.ivoox.com/rlc-2016-05-03-iglesias-cifuentes-igualan-accion-audios-mp3_rf_11393550_1.html
Música: Marcha fúnebre. 3ª sinfonía de Beethoven.
Hoy, en el noveno capítulo de «La huella», Vicente Carreño entrevista a un ilustre repúblico, Diego Cánovas.
Música: «Melodía para Lázaro», compuesta por Heliodoro Rodríguez.
Hoy publicamos el primer programa de «Habla la calle», donde Juanjo Charro y Carlos Santos analizan las respuestas de varios ciudadanos a la pregunta qué es la democracia. También ha intervenido Paqui Robles como entrevistadora a pie de calle.
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