Hoy, en el capítulo nº 8 de “Nuestras ideas”, Daniel Vázquez Barrón nos explica qué es la libertad de acción, dónde surge, cuál es su función y qué es lo que pretende.
Pedro M. González: «En el MCRC seguimos la teoría política y la acción de Antonio García-Trevijano y la Junta Democrática no».
Hoy el señor Fraguas ha entrevistado a Pedro Manuel González en su propio canal:
Bolaños y sus tres poderes
Pedro Manuel González, autor del libro «La Justicia en el Estado de partidos», en el capítulo nº 187 de «La lucha por el derecho» nos explica por qué el régimen del 78 es irreformable si se quiere alcanzar una democracia formal en España.
Entrevista a Pedro Manuel González
Hoy, en el décimo capítulo de «La huella», Vicente Carreño entrevista a uno de los fundadores del MCRC y repúblico de primera: Pedro Manuel González.
Música: «Melodía para Lázaro», compuesta por Heliodoro Rodríguez.
Ucrania, abril del 2015
Los antecedentes y causas de la actual guerra en Ucrania.
Adrián Perales y Antonio García-Trevijano Forte, 11 de abril del 2015.
https://www.ivoox.com/rlc-es-posible-reforma-regimen-audios-mp3_rf_6588858_1.html
Música: ültimo mov. 3ª sinfonía de Beethoven.
Legalidad y legitimidad
Una de las palabras que más hemos leído y oído en los medios sistémicos durante los últimos días, en referencia y como cualidad del nuevo Gobierno, ha sido la de considerarlo legítimo. Las vocerías partidarias se han mostrado de acuerdo en este extremo, por la necesidad imperiosa de defender la Constitución de 1978 a toda costa.
Busquemos un poco de luz en la Real Academia de la lengua, que nos ofrece cuatro entradas para la definición de legítimo, la cuarta la omitiré al estar relacionada con herencias y no venir al caso. La primera, reza como sigue: «conforme a las leyes», la segunda: «lícito, justo» y la tercera: «cierto, genuino y verdadero en cualquier línea». La primera de las acepciones nos remite a un momento anterior, a la legalidad. Pero las acepciones segunda y tercera, nos conducen a principios morales, por lo que estaríamos hablando de una legalidad moral.
Para conquistar ese fin deseable, la legalidad ha de legitimarse previamente con los principios expuestos, pero esto es harto inusual. A lo largo de la historia, la legitimación de los diferentes regímenes, reyes o dictadores, ha sido eje central de su acción política interior y una justificación de los medios utilizados para conseguirla; un señuelo para mantener al pueblo en una paz social controlada, inoculando en las naciones la semilla del síndrome de Estocolmo.
El régimen del general Franco, alcanzó la legitimación por la fuerza de las armas, pero ésta, responde únicamente a la primera de las acepciones, excluyendo cualquier principio moral, algunos me podrán decir que el dictador tuvo un gran apoyo social y no se lo negaré, pero eso no cambiaría en absoluto el origen ni la naturaleza de su poder.
A tenor de lo que estamos observando estos días y, de lo que don Antonio García-Trevijano llevaba décadas demostrando, cabría preguntarse si la legitimación de la monarquía de partidos amparada en la Constitución del 78, cumple con lo que no cumplía el régimen del General.
La carta otorgada del 78, no nació de unas Cortes Constituyentes sino de unas Cortes legislativas, fue redactada en secreto por una camarilla de diputados de supuesto prestigio, integrados en listas de partido y se le presentó a los españoles para que en un plebiscito, dijeran si o no a «la Constitución que nos hemos dado». Que se dieron «ellos», por decirlo mejor. El Pueblo, la nación entera, quedó excluida de ese proceso. El régimen del 78 no tiene otra legitimación que la legal y, al igual que en la dictadura, apoyada en una gran masa social.
Respecto de la legalidad, el artículo 67 de la Constitución, prohíbe expresamente el mandato imperativo, esto es, la obediencia al jefe del partido, que anula la conciencia personal del diputado, sometiéndolo a una disciplina de voto expresamente prohibida en la Constitución que tanto defienden. Si no pulsan el botón que se les ha ordenado pulsar, son acusados de tránsfugas; de tal manera, que la ruptura del principio de legalidad se torna en norma. Así, en una visión somera de la incontestable realidad, ni una sola de las leyes aprobadas en 45 años sería legítima.
Una Constitución que parece más bien un conjunto de normas de convivencia de las oligarquías que, una vez admitidas en tan selecto club, no tienen empacho en saltarse a la torera. Cierto es que, el dulce sabor de la impunidad ante cualquier tropelía cometida, es más que atractivo para la ambición de poder, un poder que, en diferentes grados, ostentan esos nuevos estamentos del Estado que, eufemísticamente conocemos como partidos políticos. Todos los miembros del club, gozan de una parcela de poder en el reparto proporcional, porque ese estatuto del casino parlamentario, también recompensa a los perdedores, tanto a los partidos de la oposición, cuya inútil presencia en la Cámara, es tan sólo un premio de consolación sin verse privados de sus privilegios, como a los perdedores de otras contiendas electorales, rescatados por el partido vencedor. Así tenemos el ejemplo de la señora Armengol, desalojada del palacio presidencial de Baleares y que ahora, funge de presidente del Congreso, con los emolumentos más altos del Estado. Barones que no están dispuestos a renunciar a ninguna de sus prebendas, porque la norma del casino les asiste y los protege. Ya no nos asombra que jueces y magistrados anden del coro al caño entrando y saliendo de la política a la judicatura y de la judicatura a la política sin ningún recato; esto forma parte de ese albañal definido como pacto constitucional que permite tan ignominioso reparto del poder.
No, ni el Gobierno del señor Sánchez es legítimo, ni lo ha sido ningún otro, tan sólo son gobiernos legales.
Lo que los españoles quieren
Lo que la mayoría de los españoles desea, aunque muchos no lo sepan, es un sistema presidencialista con separación de poderes en origen y representación política: precisamente lo que nosotros —el Movimiento de Ciudadanos hacia la República Constitucional— proponemos. Sistema que habría evitado el pacto ominoso alcanzado entre el presidente del Gobierno en funciones y el ciudadano Puigdemont.
Presidencialista porque, al igual que en Francia o en Estados Unidos, con este sistema los españoles hubieran podido elegir entre Sánchez y Feijóo (los dos candidatos más votados) en unas elecciones a segunda vuelta, resultando elegido un ganador por mayoría absoluta de todos los españoles en una votación celebrada en circunscripción única nacional. Sin pactos ni acuerdos con formaciones minoritarias; sin repartos de poder ni concesiones a partidos bisagra votados por apenas el 0’5% de los españoles, partidos que finalmente son los que deciden quién gobierna y cómo se forman los presupuestos. Con un sistema presidencialista, los españoles hubieran elegido al presidente del Gobierno de manera directa, sin necesidad de pactos ni traiciones a los programas y votantes.
Representación política porque, abrogando el sistema proporcional de listas de partido e instaurando un sistema con representantes políticos elegidos de manera uninominal y directa, en circunscripciones pequeñas de aproximadamente 100 000 habitantes, se evitaría que diputados de Cáceres, Badajoz, las provincias andaluzas o castellanas, etc., voten algo que va en contra de los intereses de sus representados. Lo que está ocurriendo en la actualidad, es que estos diputados se ven obligados, bajo mandato imperativo de su jefe de partido y mediante disciplina de voto, a apoyar y a votar a favor de medidas que perjudican claramente a los votantes que supuestamente los escogieron.
Con un sistema uninominal mayoritario, los diputados de estas regiones votarían en favor de los intereses de su distrito electoral. Por el contrario, en España el diputado electo a través de una lista proporcional predeterminada obedece exclusivamente las instrucciones de su jefe de filas, que levanta su dedo indicando al diputado apretabotones lo que debe votar —aunque sea un diputado extremeño, éste tendrá que votar a favor de perdonar la deuda a Cataluña, perjudicando a extremeños, castellanos y andaluces, quienes deberán asumir el pago de la deuda catalana a cambio del rédito político del cabecilla de partido con cúpula en Madrid: un auténtico despropósito—.
Esto se arreglaría con el sistema propuesto, ya que el diputado se debería a su distrito y no al amo que lo incluyó en la lista. Votarían en conciencia y de manera independiente, diputado a diputado, aquello que beneficiase a sus circunscripciones, no lo que favoreciera a las cúpulas centrales de sus partidos.
Dicho de paso, tampoco es muy agradable para muchos españoles tener que mantener a un rey. Montesquieu señalaba que la monarquía tenía el honor como resorte, mientras que la república tenía la virtud (Capítulo IX del Libro VI del Espíritu de las Leyes, 1748). ¿Pero de qué nos sirve una monarquía sin honor? Los defensores de esta institución —si es que queda alguno— arguyen que la ventaja de tener un rey es que «si al presidente del gobierno se le va la pinza, el rey puede pararle los pies». El rey vive como un dios todo su reinado precisamente para defendernos en situaciones como ésta.
Sin embargo, tenemos un rey alejado de la realidad real de los españoles, distanciado de los problemas de España y de sus ciudadanos. Su agenda consiste en visitar museos, hacerse fotos, pasear en carrozas medievales y firmar en vidrios con bolígrafos de punta de diamante, mientras el país que juró defender se desangra hasta morir. Esta institución, que en épocas medievales tenía una función social —defender las tierras de los campesinos del ataque del invasor extranjero—, se ha convertido en un ornamento inútil y caro de mantener.
Personalmente, como sostengo, preferiría no tener que mantener a un rey; pero, ya que lo hacemos, al menos debería ser para actuar en momentos como el actual, que cumpliera con alguna función. Y no me refiero a firmar amnistías y sonreír. Cuando se ha dicho desde todas las tribunas —inclusive de manera activa y enérgica por parte de todos los altos cargos del PSOE— que la amnistía es inconstitucional, la obligación del rey, como garante de las instituciones y de la unidad nacional, es negarse a firmarla y asumir las consecuencias de lo que venga después.
Recordaré el caso de Nicolás Salmerón, quien fuera presidente de la I República. Estaba en contra de la pena de muerte y, a las pocas semanas de ser nombrado presidente, en 1873, se vio obligado a firmar unas sentencias de muerte que condenaban a unos militares. Nicolás Salmerón, con más honor del que demuestra este rey y con mayor coherencia con sus ideas, dimitió. No firmó aquellas sentencias de muerte.
Tampoco estoy de acuerdo ni deseo la existencia de un Consejo General del Poder Judicial nombrado por los partidos políticos; ni la del Tribunal Constitucional: un órgano político que atenta contra el principio de unidad jurisdiccional. Este mal llamado tribunal, compuesto por políticos disfrazados de jueces, es el que decidirá si la amnistía es o no constitucional.
Pero extender más estas líneas añadiría complejidad a costa de la claridad expositiva. Si quieren poner nombre a eso que ya intuyen, les emplazo a conocernos. Sabemos cuál es el cambio que necesita España y qué pasos deben darse. Sabemos cómo evitar eso que algunos llaman golpe de Estado. Aunque, a decir verdad, lo que se está produciendo es un golpe desde el Estado contra la nación española, contra nosotros, los ciudadanos.
Verifíquenlo ustedes. Hagan la prueba: pregunten a su alrededor si hubiera sido preferible poder elegir directamente entre Sánchez y Feijóo como presidentes, sin necesidad de pactos ni repartos de poder; sin necesidad de consensuar con partidos bisagra de terroristas y secesionistas la gobernabilidad de España. Una urna para elegir a su presidente del Gobierno. Una urna para elegir a su diputado, responsable personalmente ante ustedes, amables lectores.
Incongruencias partitocráticas
Durante el debate de investidura de Pedro Sánchez ocurrido ayer, 15 de noviembre, se han sucedido un par de declaraciones que me gustaría comentar. Comenzando con una confesión de Santiago Abascal que desvela la mentira de su discurso y expone la contradicción permanente a la que se enfrenta con la defensa de la supuesta Constitución, así como de la supuesta separación de poderes que presuntamente Sánchez va a liquidar con la ley de amnistía. En esta línea dice Abascal en algún momento de su intervención: «El señor Sánchez, con quince mil millones de todos los españoles y con la Constitución ha negociado para obtener el poder personal y para aguantar en ese sillón».
De este modo el propio Abascal reconoce por sí mismo que lo que está haciendo Sánchez está dentro del papelito ese que llaman Constitución. ¿Que la ley de amnistía no? Bueno, pero la capacidad para hacerla y que más tarde le digan que sí en Congreso y Tribunal Constitucional, la tiene.
Ya decía Antonio García-Trevijano que la Constitución del 78 dura porque no se cumple, ya que si se cumpliera al pie de la letra sería el acabose. Tanto es así que los propios independentistas se amparan en el artículo 2 para justificar sus reclamas nacionalistas, una de tantas aberraciones que se recogieron en la norma fundamental del reino para contentar a todos los implicados en la traición al pueblo español y que se dio por parte de aquellos líderes de partidos salidos de la clandestinidad durante La Transición; o mejor dicho, la transacción.
Pero es que aún hay más, pues antes de la cita analizada anteriormente, el propio Abascal dice: «Nos decía un señor por la calle antes de llegar aquí, que si un candidato de una alcaldía con su propio dinero compra a los concejales para que le den el apoyo, sería detenido, juzgado y encarcelado».
Para empezar, la analogía no es acertada entendiendo que pretende compararlo con lo que ha hecho Pedro Sánchez, ya que Sánchez ni siquiera ha comprado a nadie con su propio dinero. Es que además el alcalde de un ayuntamiento en España no necesita comprar a los concejales porque estos ya dependen del propio partido, cumplen las órdenes del partido porque no son representantes políticos sino empleados a sueldo de los propios partidos, como te obedecen a ti los diputados cuando deben votar lo que les dictas en el Congreso y como también obedecerán a Sánchez los del suyo para investirlo presidente.
Finalmente querría acabar aclarando una cuestión que comentó Yolanda Díaz durante el día de ayer y que dice así: «Le quería decir al señor Abascal que en una democracia los partidos políticos reciben financiación pública, como la recibe VOX. El pasado año, nada más y nada menos, que diez millones de euros. En una dictadura, señorías, no pasan estas cosas».
Con estas grandilocuentes palabras, con un tono enérgico y acompañadas de bruscas gesticulaciones, se dirigía a Abascal desde su púlpito. Pues cabría recordarle a la señorita Díaz que en la Segunda República los partidos todavía no cobraban subvenciones del Estado, eso llegó con los regímenes totalitarios, como el fascismo. Supongo que no se sentirá muy orgullosa de estar al frente de un régimen más parecido al fascio de Mussolini que al régimen cuasi parlamentario de la Segunda República, ¿verdad?
El indignado cinismo de jueces y fiscales
Pedro Manuel González, autor del libro «La Justicia en el Estado de partidos», en el capítulo nº 186 de «La lucha por el derecho» nos habla del hecho curioso que supone que colegios profesionales, asociaciones de jueces y altos funcionarios se indignen ante el proyecto de ley de amnistía.
