Queridos amigos de la libertad:
La tienda de Editorial MCRC permanecerá cerrada, por razones técnicas, del día 1 al 11 de marzo.
Atentamente.
Lealtad, verdad, libertad.
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Pedro Manuel González, autor del libro «La Justicia en el Estado de partidos», en el capítulo nº 201 de «La lucha por el derecho» nos habla de la entrega del acta de diputado de Ábalos.
El legado de la acción intelectual de Antonio García-Trevijano Forte pertenece la Movimiento de Ciudadanos hacia la República Constitucional (MCRC).
Fuente RLC:
https://www.ivoox.com/rlc-2018-03-02-ft-el-legado-la-audios-mp3_rf_24169158_1.html
Música: Tuba mirum. Réquiem de Mozart.
La familia, el sindicato y el municipio eran los tres pilares sobre los que se asentaba la llamada «democracia orgánica», aquel eufemismo con el que el régimen franquista pretendía legitimarse.
Es natural que todo régimen político tienda a legitimarse, y todos lo hacen: Corea del Norte, Rusia, China, Cuba, Venezuela o las dictaduras africanas se autodefinen como democracias o repúblicas. Todos recurren a ese tipo de etiquetas que pretenden denotar cierta calidad institucional, pero que terminan vaciando de contenido el significado original del significante. Por ejemplo, el artículo 1 de la «Constitución» china recoge que «la República Popular China es un Estado socialista bajo la dictadura democrática popular liderada por la clase obrera y basado en la alianza de obreros y campesinos». Todo es democracia, incluso las dictaduras.
Es evidente que sería una insensatez comparar el franquismo o las mencionadas dictaduras con el régimen actual español. Vivimos en un régimen de libertades; eso está claro. Pero régimen de libertades no equivale a sistema democrático. Puede haber libertades individuales sin democracia, pero no puede haber democracia sin libertad. Resulta curioso que, si observamos un mapamundi y atendemos al pensamiento dominante en los países occidentales, salvo unas pocas dictaduras que existen en el mundo, al resto se las denomine democracias. Es decir, democracia es aquello que no es dictadura, y viceversa.
En Economía, cualquier manual básico distingue entre (1) los mercados de competencia perfecta, (2) los mercados en oligopolio y (3) los mercados en monopolio. En cambio, los manuales de Ciencia Política trabajan únicamente con dos sistemas o regímenes de poder: democracias y dictaduras, obviando el término oligarquía, que tanto desarrollo tuvo en los clásicos —como Platón y Aristóteles— y en los modernos —como Thomas Hobbes y Montesquieu—. Aunque no aparezca en los libros actuales, es natural que también existan oligarquías, y resulta lógico que España haya pasado de una dictadura a una oligarquía, lo cual es, además, congruente con la anaciclosis de la que hablara el historiador griego Polibio.
Es mucho más sensato y realista llamar a las cosas por su nombre. En España son las cúpulas de los partidos las que, a partir de una votación proporcional a listas, confeccionan también proporcionalmente las cuotas de poder en el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Tampoco se enseña en las universidades, ni se dice en las televisiones, que existen dos sistemas: el uninominal y el proporcional. Ni se espera que se diga, porque un ciudadano bien informado sabría que no hay color entre uno y otro, siendo el sistema uninominal el único que permite la representación política. En España hay una oligarquía de partidos estatales.
Cuando cinco o seis personas confeccionan unas listas cerradas y bloqueadas, y el ciudadano no tiene más opción que convalidarlas una vez cada cuatro años —sin posibilidad de alterarlas ni modificarlas, y sin posibilidad de revocar el mandato si el mandatario incumple su promesa—, eso, en Ciencia Política se denomina oligarquía. Porque hay cinco o seis señores que eligen quiénes van a ser los diputados, y después se reúnen para elegir quiénes serán los jueces, hasta el punto de que ya nos han acostumbrado a oír hablar de que hay jueces «progresistas» y jueces «conservadores», cuando no directamente antiguos miembros de un partido, nombrados por el mandamás de turno. Como si los jueces no tuvieran que ser absolutamente independientes del poder político.
Incluso hoy en día se coloca, sin ningún rubor, a los amigos en las instituciones: Agencia EFE, el CIS, embajadas, RTVE, Correos, Indra, consejos de administración de las grandes empresas, la Fiscalía General del Estado, el Consejo de Estado, el Defensor del Pueblo, Renfe, el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas, AENA, CNMC, Hispasat y un largo etcétera. Se duplican los cargos también en diputaciones, comunidades autónomas y en la suculenta agencia de colocación que es la inane burocracia de la Unión Europea. Un sinfín de instituciones cuyos cargos y plazas son ocupados por nombramiento de los jefes de los partidos políticos, donde medran nepotes y colegas con carné del partido. William Shakespeare escribió que «si los cargos, los grados, las plazas no se obtuviesen por corrupción, si los honores puros sólo fueran comprados al precio del mérito, qué de gente desnuda estaría cubierta, qué de gente con mando estaría mandada». Pero cuando el poder estatal no está controlado por la sociedad gobernada, éste se expande y coopta a familiares y correligionarios que entran en política a «vivir de» en lugar de a «vivir para». Esa es la política española.
Los partidos políticos han pasado de ser el medio por el que la sociedad penetra en el Estado a convertirse en los órganos con los que el Estado penetra en la sociedad, no ya para protegerla, sino para controlarla. Pero qué suerte tenemos los españoles: lo llaman democracia.
Juanjo Charro, presidente del MCRC, y Javier Valenzuela, de la Comisión Ejecutiva, presentan algunas de las novedades del MCRC en 2024.
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Que los partidos estatales legislen desde el ejecutivo, según el criterio de oportunidad política, supone un peligro cierto en cuanto a sus efectos colaterales. No se trata tan solo de la imposibilidad de la coordinación de las necesidades sociales que demandan una solución legal, sino del efecto rebote que en muchas ocasiones propician.
Si siendo bien pensado así ocurriera en el caso de la denominada «ley del sólo sí es sí», con la que multitud de agresores sexuales se vieron favorecidos por la aplicación del principio de favorecimiento al reo de la norma posterior y más favorable, otro tanto puede ocurrir si finalmente la proposición de ley orgánica de amnistía sufre otra vuelta de tuerca para eludir la imputación por terrorismo de los prebostes de la sedición.
No es sino un secreto a voces que se está barajando que el texto final incluya la modificación del tipo penal de terrorismo, para reducir las penas de alguna de sus conductas típicas y despenalizar otras, de modo que la aplicación de la amnistía eluda los «inconvenientes» prácticos que supone la investigación en determinados juzgados de instrucción por este delito a algunos ilustres implicados. Esta situación llevaría a que personas condenadas por delitos de terrorismo —que están cumpliendo prisión por otros hechos absolutamente ajenos a los contemplados en la ley de amnistía— se encontraran automáticamente con sus penas cumplidas o directamente beneficiadas por la despenalización, debiendo ser puestos inmediatamente en libertad.
Nos encontraríamos, de nuevo, con una oleada de revisiones de condena y excarcelaciones, por no hablar de que la modificación penológica afectaría también a quienes aún no han sido condenados en firme, viéndose archivadas sus causas de forma inmediata.
Juristas, estos sí, como Gimbernat Ordeig recuerdan que desde hace ya varios años la gran parte de los asuntos seguidos por terrorismo yihadista, lo son no por asesinatos ni tenencia de explosivos, sino por adoctrinamiento, financiación y cooperación con las actividades relacionadas con tal forma de criminalidad. De ahí se deriva que las consecuencias de la lenificación del delito de terrorismo serían aún peores que las derivadas de la «ley del sólo sí es sí», por cuanto se proyectarían sobre el ámbito internacional, creando una suerte de indeseable «efecto mariposa».
Cabe recordar que el delito de terrorismo se encuentra tipificado de manera coordinada con la comunidad internacional, a través de conferencias y tratados diversos sobre la materia, de modo que de operarse su reforma, España se podría convertir en lugar de destino y refugio de perseguidos por terrorismo. Las consecuencias de esta situación serían insondables en cuanto a los efectos que tuvieran para la cooperación internacional en la persecución de estos delitos.
Pedro Manuel González, autor del libro «La Justicia en el Estado de partidos», en el capítulo nº 200 de «La lucha por el derecho» nos habla del delito de terrorismo en relación con la Ley de amnistía.
Doy testimonio de haber contemplado cómo en las manifestaciones del 15-M en Santa Cruz de Tenerife los manifestantes echaron de la misma a una persona que ondeaba la bandera del Partido Comunista.
A fin de cuentas, sirva de metáfora cómo la izquierda social cambió su bandera del PC por otra morada con un círculo —al principio—, en un movimiento oportunista, que supo canalizar el descontento ciudadano a través de las proclamas asamblearias y socialdemócratas que nunca se plasmaron.
En un momento de descontento popular, esa masa indignada no estaba alineada con ninguna facción estatal española, y causó cierto temor en las élites, al parecer. Pero sirva de recordatorio la esterilidad del asamblearismo en cuestiones nacionales, y la necesidad del establecimiento de una sociedad política intermedia, que sirva como correa de transmisión de los intereses nacionales en sentido democrático.
Es evidente que el circo parlamentario de la partidocracia española no va a ser mejorado por el asamblearismo callejero de los indignados. Pero, ¿por qué tanto los indignados como las tractoradas rehúyen de partidos y sindicatos? ¿Es una razón por la cuál debamos tener esperanzas de que esté próxima la libertad política colectiva?
A pesar de que me esfuerce en simpatizar con los diferentes segmentos de la población: hosteleros, trabajadores por cuenta ajena, agricultores, autónomos… En conciencia, no puedo apoyar sus demandas segmentarias, a pesar de que manifiesten no estar alineados con partidos y sindicatos.
Es muy simple: debido a la brutalidad política que recibe la sociedad civil de las diferentes facciones estatales, ésta no puede alinearse con una facción concreta por varias razones.
La primera es que los súbditos sólo recuerdan en momentos críticos que no tienen mecanismos para forzar a los políticos a que los representen, ni que cumplan sus programas, ni siquiera las leyes. Se enfrentan a déspotas.
En segundo lugar, las manifestaciones asépticas (sin afiliaciones partidistas, pero si segmentarias) buscan en esta estrategia la simpatía de la sociedad civil, ya que bajo el pretexto de no afiliación, son parte nacional. Pero parte al fin y al cabo, con demandas para su sector, y que no van a arreglar la causa del problema que llevamos padeciendo décadas y décadas, en todos los ámbitos de la vida civil.
Está por ver ahora si el descontento civil, en sus diferentes segmentos, parirá más engendros políticos a modo de facciones estatales. El destrozo que este régimen ha perpetrado a la nación y al Estado españoles —sobre todo a la nación— es ominoso.
El azar fue motivo por el cual el 4 de agosto de 1789 se suprimió el sistema feudal.
Antonio García-Trevijano, 19 de marzo de 2013.
Música: BWV 1052 Bach
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