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sábado 20 diciembre 2025
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DEP juez instructor

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Pedro Manuel González, autor del libro «La Justicia en el Estado de partidos», en el capítulo nº 285 de «La lucha por el derecho» nos habla del proyecto de ley relacionado con la entrega de la instrucción penal a los fiscales.

Os recordamos que el próximo 7 de diciembre volverá a representarse la obra de teatro Patología de la Transición, en el teatro Victoria de Madrid a las 19:00h. Podéis comprar las entradas en el siguiente enlace: https://www.giglon.com/todos?idEvent=patologia-de-la-transicion#cookies-display/0

Por otro lado el próximo 8 de noviembre tendrá lugar la presentación del libro Tres Prólogos de Antonio García-Trevijano, en la Biblioteca Pública Iván de Vargas, situada en la calle San Justo nº5 de Madrid. Dicho acto será a las 11:00h.

«Pedro y el lobo» en la instrucción penal

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El Consejo de Ministros ha aprobado —e inicia así su tramitación—, el proyecto de Ley Orgánica de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que durante largo tiempo se anunciaba que traería a nuestro sistema procesal penal un cambio inevitable: la entrega de la instrucción penal a los fiscales. Desde los tiempos de Alberto Ruiz-Gallardón, cuando la propuesta comenzó a sonar con insistencia en los despachos del Ministerio de Justicia, se ha repetido como una especie de mantra regenerador. Una promesa de modernización que, decían, nos acercaría a los estándares europeos.

Como en el cuento de Pedro y el Lobo, el Gobierno —y sus predecesores, de signo diverso, pero de idéntica lógica partidista— ha venido anunciando una reforma que nunca llegaba y que, en cada intento, encontraba justificación en la supuesta necesidad de «reforzar la eficacia» del proceso penal. Los ciudadanos, cansados de tanto anuncio, ya no creían que el lobo llegara. Pero esta vez, parece que sí ha entrado en el redil. Solo la debilidad parlamentaria del partido promotor lo puede impedir.

El problema no es tanto que el Ministerio Fiscal instruya las causas, sino que, en nuestro Estado de partidos, la fiscalía esté regida por el principio de subordinación y dependencia de un fiscal general del Estado elegido por el Ejecutivo. Su designación jerárquica por el Gobierno convierte esta reforma en algo más que un simple cambio procesal: es un desplazamiento del control judicial, de por sí sometido —y más aún cuanto más alto es el tribunal—, hacia el control político absoluto.

¿Qué ocurrirá cuando la dirección de la investigación penal —la fase más sensible del proceso— quede bajo su órbita? Que quien controla la instrucción, controlará la verdad procesal.

Nos dicen que esta reforma «moderniza» el proceso penal, que se «desjudicializa» para ganar agilidad. Pero no se trata de un debate técnico, sino de poder. El juez de instrucción —pese a todas sus limitaciones— supone cierto freno, un leve contrapeso incómodo, en tanto puede intentar resistir las presiones políticas o mediáticas. El fiscal, en cambio, es parte de una cadena jerárquica vertical que desemboca en el Gobierno.

La verdadera modernización no pasa por concentrar funciones en manos del poder ejecutivo, sino por asegurar la independencia de quienes deben controlar su ejercicio. La supuesta reforma es, en realidad, una consolidación más del modelo de justicia domesticada que caracteriza al Estado de partidos: una justicia funcional al poder, no al derecho.

Como en el cuento, los ciudadanos ya no prestan atención a las advertencias. Se les ha acostumbrado a oír hablar de reformas que prometen «eficiencia», «rapidez», «confianza institucional» … Palabras vacías que ocultan la rendición del principio de independencia judicial ante el de oportunidad política.

Pero esta vez, cuando el lobo aparezca, quizás sea demasiado tarde para gritar. En el cuento, Pedro aprende la lección cuando el lobo devora las ovejas. En nuestra realidad, el rebaño somos nosotros.

España en la UE

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La forma apresurada con la que España entró en la Comunidad Económica Europea (CEE) entonces y hoy llamada Unión Europea condicionó la debilidad del Estado español dentro de la actual UE.

Fuentes del audio:

Radio libertad constituyente: https://www.ivoox.com/rlc-2018-01-26-piensa-veras-audios-mp3_rf_23386869_1.html

Música: Allegro. BWV 1062. J.S.Bach.

Del ducado de Suárez al Toisón de Oro de Isidoro

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De un tiempo a esta parte se ha despertado un creciente interés —puro teatro de aduladores del Régimen— por desclasificar los documentos secretos del franquismo. Sin embargo, nada se sabrá de los tejemanejes del posfranquismo, cuyo patata caliente sigue siendo el 23F.

Y claro, por si las moscas, y en vista de que todas las miradas —incluso, al parecer, las de la mismísima Casa Real— se posan sobre el todavía gozante rey Juan Carlos I, alias el Campechano, el susodicho se ha apresurado a publicar una colección de cuentos y mentiras bajo el epígrafe de Reconciliación: Memorias. En una entrevista concedida en Francia (porque, según parece, en España no hay periodistas de su gusto, pese a las legiones que han besado el suelo por donde pisaba), el emérito confiesa que en aquel 23F «no hubo un golpe, sino tres». Y, para redondear la jugada, acusa de traidor al principal de sus cómplices y más fiel amigo: el general Alfonso Armada.

Impecable coartada: acusar a un muerto, doce años después de su fallecimiento, garantía de que nadie podrá replicar.

No faltarán ingenuos que crean a pies juntillas cada palabra. En España hay millones: basta con que algo lo diga la televisión —o cualquiera de los medios de manipulación del Régimen— para que se acepte como palabra de Dios cualquier basura. Pero, por fortuna, cada vez son más quienes despiertan. Difundir la verdad y desenmascarar a esta mugre política es hoy un deber moral.

Y hablando de verdad, Antonio García-Trevijano —cuya voz puede escucharse en los archivos del MCRC— explicó con detalle que el golpe del 23F lo dio el propio rey Juan Carlos. Y, que, junto a Armada (quien debía ser designado presidente del Gobierno) también participaban Felipe González, alias Isidoro —aquel intocable niño mimado del franquismo—, y Santiago Carrillo, líder del PCE, cuyo escudero Jordi Solé Tura habría ocupado la cartera de Economía en el llamado «Gobierno de Salvación Nacional».

Tan implicado estaba Carrillo que llegó a proponer al propio rey al Premio Nobel de la Paz. Como decía mi abuelo: «Ver para creer».

La operación se vino al garete, según parece, cuando el teniente coronel Tejero se enteró de la composición del futuro gobierno. Al descubrir que incluía comunistas, montó en cólera: «¿Comunistas en el gobierno? ¡Para eso no me he metido en este lío!». Y, cual Pavía sin caballo, formó su tropa y entró en el Congreso —como un elefante en una cacharrería— gritando: «¡Se sienten, coño!».

Durante décadas, los medios del Régimen nos vendieron que el golpe lo dio Tejero. Cada aniversario repiten la misma manoseada historia, ensalzando el mito del «rey salvador» y su «noche más difícil». Pero, según demuestra Trevijano, para entonces el golpe real ya había triunfado: su objetivo era destituir a Suárez, y lo habían conseguido tres semanas antes, con su dimisión el 29 de enero de 1981.

El detalle más revelador —y al que menos relevancia se le ha dado— vino después: en menos de 48 horas del escándalo, el rey recompensó a Suárez con el título de duque. O, más bien, compró su silencio. No parece casual que, tras su muerte, fuese enterrado en el claustro de la Catedral de Ávila, o que el aeropuerto de Madrid lleve su nombre. Amén de otros privilegios —como el Premio Príncipe de Asturias— impensables para quien hubiera osado contar la verdad de aquel enero de 1981.

El siguiente presidente, Leopoldo Calvo-Sotelo, duró menos de dos años, pero también tuvo premio: en 2002, el rey Juan Carlos lo nombró marqués de la Ría de Ribadeo. Ambos, Suárez y Calvo-Sotelo, fueron altos cargos del franquismo, destacadas personalidades que de haberse instaurado una democracia habrían rendido cuentas ante la Justicia. Lo mismo que Carrillo, por cierto.

Y así llegamos al presente: el Campechano, defenestrado por la propia Casa Real tras el escándalo de Botsuana, deja paso a su heredero, el Preparao. Y este, continuando la tradición de premiar los servicios prestados al Régimen, otorga al siguiente en la lista —Felipe González— nada menos que el Toisón de Oro, la más alta condecoración de la Corona.

Conceder un título nobiliario a un socialista habría sido demasiado grotesco, así que optaron por el gesto simbólico. No es poca cosa: este falso socialista, infiltrado en el PSOE por el propio franquismo, merece capítulo aparte.

Para conocer su verdadera naturaleza, basta leer el artículo publicado en El Mundo (28/09/2014) sobre el libro El sueño de la Transición. En él se cita una frase extremadamente ilustrativa: «Nunca olvidaremos a Carrero Blanco. De nuestra boca no saldrá una crítica contra el almirante». La dijo el propio González —según su suegro— al recibir los pasaportes que le permitirían acudir a Suresnes y tomar el control del nuevo PSOE.

Aquel congreso amañado, diseñado con la bendición de Henry Kissinger y financiado por Willy Brandt, fue el inicio de la farsa: el nacimiento del PSOE domesticado, el que liquidaría al PSOE en el exilio. Un partido útil al Régimen y sepultura definitiva de la oposición al franquismo.

Y así, entre golpes invisibles, recompensas silenciosas y una Transición cuidadosamente maquillada, se construyó el mito de la «democracia española». Un mito que hoy se tambalea, pero que aún encuentra fieles devotos dispuestos a aplaudir su propia mentira.

De quién depende la Fiscalía

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Esta imagen sirve de símbolo perfecto del control del poder judicial por parte del Gobierno de turno

De quién depende la Fiscalía.

De quién depende el CGPJ.

De quién depende el TS.

De quién depende el TC.

De quién depende el Tribunal de Cuentas.

El poder ejecutivo (el Gobierno)

controla los tribunales superiores del poder judicial,

donde irán a parar

mediante el sistema de recursos

todos los casos de corrupción.

Todos los tribunales son elegidos por los partidos políticos.

ADEMÁS,

ESTÁN AFORADOS.

Sólo les pueden juzgar los jueces o magistrados de los tribunales superiores,

elegidos por ellos,

Y ADEMÁS,

HAY QUE CONTAR CON

la prerrogativa que tiene el Gobierno

para INDULTAR a otros políticos,

casi siempre a los corruptos,

y para AMNISTIARLOS,

como ya hemos visto con la amnistía a los nacionalistas.

AL FINAL DEL CAMINO JUDICIAL,

si son condenados

serán indultados

o amnistiados,

también

gozarán de todas las facilidades

para salir de la cárcel cuanto antes,

por buen comportamiento, etc.

Por lo que

nunca cumplirán las condenas íntegramente

ni devolverán el dinero robado a las arcas públicas.

AL FINAL DEL CAMINO JUDICIAL:

LA IMPUNIDAD

DE LOS CORRUPTOS.

 Ellos lo saben,

nunca serán condenados verdaderamente,

nunca cumplirán las condenas,

si llegan a ser condenados

saben que saldrán de la cárcel al poco tiempo,

con el poder judicial en manos del Gobierno de turno.

EL PODER JUDICIAL

ESTÁ MUERTO,

NACIÓ MUERTO

CON LA CONSTITUCIÓN DEL 78.

Artículos de la CE

que impiden la separación de poderes, estableciendo

el control político de los jueces:

TÍTULO VI

DEL PODER JUDICIAL

ARTÍCULOS

122

Juzgados, tribunales y órganos de gobierno:

https://app.congreso.es/consti/constitucion/indice/titulos/articulos.jsp?ini=122&tipo=2

123

 El Tribunal Supremo:

https://app.congreso.es/consti/constitucion/indice/titulos/articulos.jsp?ini=123&tipo=2

124

 El Ministerio Fiscal:

https://app.congreso.es/consti/constitucion/indice/titulos/articulos.jsp?ini=124&tipo=2

SABIENDO QUE,

según

La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789,

 uno de los documentos fundamentales de la Revolución francesa

 en cuanto a definir

 los derechos personales y los de la comunidad,

afirma:

La separación de poderes es un pilar fundamental de todo ordenamiento jurídico que se jacte de tener Constitución, estableciendo en el artículo 16 que

 «Toda sociedad en la cual la garantía de los derechos no esté asegurada, ni la separación de poderes determinada,

NO TIENE CONSTITUCIÓN».

Y PARA

 REMATARLO,

 ADEMÁS,

acaban de sacar una ley

que le quita la función investigadora a los jueces,

 otorgándosela a la fiscalía,

que decidirá que casos investigar y cuáles no,

con lo que cierran el círculo para

evitar siquiera la investigación de los casos de corrupción,

y al mismo tiempo acusar e investigar, arbitrariamente,

a los que no sean de la cuerda del Gobierno de turno.

Y ADEMÁS,

 HAN CREADO OTRA LEY

EN LA QUE ELLOS

PONEN LAS CONDICIONES PARA SER JUEZ

ver artículo donde lo denuncia

el abogado Pedro Manuel González:

y

Huelga estatal

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Pedro Manuel González, autor del libro «La Justicia en el Estado de partidos», en el capítulo nº 284 de «La lucha por el derecho» nos habla del Estado como promotor de manifestaciones.

Os recordamos que el próximo 7 de diciembre volverá a representarse la obra de teatro Patología de la Transición, en el teatro Victoria de Madrid a las 19:00h. Podéis comprar las entradas en el siguiente enlace: https://www.giglon.com/todos?idEvent=patologia-de-la-transición.

Por otro lado el próximo 8 de noviembre tendrá lugar la presentación del libro Tres Prólogos de Antonio García-Trevijano, en la Biblioteca Pública Iván de Vargas, situada en la calle San Justo nº5 de Madrid. Dicho acto será a las 11:00h.

Nigromancia estatal

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Según el zoroastrismo, una de las religiones monoteístas más antiguas del mundo, el cadáver humano es impuro. Las formas más comunes —a lo largo de la historia— de tratar los restos mortales contaminan los cuatro elementos, para ellos sagrados. Es decir, la cremación contamina el fuego y el aire, y el enterramiento contamina el agua y la tierra. La solución a este entuerto consiste en dejar que los buitres se coman a los difuntos hasta que solo queden los huesos.

Si bien este peculiar modo de tratar a los fallecidos se puede considerar una curiosidad antropológica, el tratamiento que en el Estado de partidos se hace a los fallecidos es una aberración moral.

Los españoles nos hemos vuelto parsis (como Freddy Mercury), pensé, mientras veía a alimañas varias de la partidocracia nutrirse políticamente con las muertes de españoles fallecidos en la DANA de hace un año. Oportunistas y carroñeros encabezando manifestaciones contra el inútil Mazón.

Quitando la excepción zoroastrista, en los países civilizados a los carroñeros se les espanta cuando mancillan los restos de un ser querido. En España, por lo visto, ya no. Tampoco es un fenómeno nuevo. Los súbditos del Estado de partidos vimos cómo se celebraban las votaciones que dieron la victoria a José Luis Rodríguez Zapatero con el olor de los explosivos todavía flotando en el ambiente. Cada pocos años toleramos que se desentierren huesos de españoles muertos en la Guerra Civil para que los brujos de la partidocracia jueguen a las tabas con ellos.

En esta ocasión, la inmoralidad ha sido doble. La primera, profanar los cuerpos de los fallecidos en la DANA, cuando se cumple un año del desastre, para usarlos contra el rival partidócrata. La segunda, aún más retorcida, usar a personas enfermas de cáncer como arma arrojadiza política. Solo en un país moralmente podrido se puede permitir a los partidos políticos que usen cadáveres de españoles como proyectiles en su lucha por el poder. Solo en un país que se ha vuelto totalmente inmundo se puede permitir que se use a mujeres con cáncer como Tomahawk.

Si ya de por sí estos hechos serían moralmente condenables por cualquier persona normal, son aún más sangrantes cuando sabemos que los fallecidos y enfermos han tenido tan triste fin por culpa de la inutilidad del régimen que sufrimos en España. Falta de previsión, nepotismo, dejación de funciones, luchas partidistas e inutilidad institucional son los frutos de la partidocracia.

En los días posteriores de la DANA se disolvió temporalmente el espejismo: los españoles están solos ante el peligro, y los sacrosantos oligarcas solo son unos patanes que quieren llenarse los bolsillos. Esta verdad hizo que el barro sobrevolara los cráneos del rey, del presidente del Gobierno de España y del presidente de la Generalidad Valenciana. Pero ya ha pasado un año desde aquello. Los medios de comunicación pagados por el régimen han hecho su hechicería, y los nigromantes ya pueden acercarse tranquilamente a los cementerios a hacer su labor siniestra.

Siempre habrá personas inmorales. Siempre habrá quien se aproveche del dolor ajeno. «No exageres», podría argumentar una persona razonablemente cuerda. El problema viene cuando sabemos que en España la política no existe; que la lucha de oligarcas solo son los engranajes en movimiento de una misma máquina infame: el Estado de partidos. Se usa el dolor de los súbditos para mentirles, y así enloquecerlos y enfrentarlos. Los nigromantes que juegan con los muertos vienen y van. El régimen permanece.

Y, a pesar de la relativa calma que supone saber que en España no hay democracia, es normal perder la paciencia cuando observas lo que hace la partidocracia con la mente de tus compatriotas. Nos cuenta Robert Chambers en su obra que el Rey de Amarillo es un libro maldito que lleva a la locura a quien lo lee. La partidocracia es el régimen maldito que nos está transformando en algo peor. España se ha convertido en Carcosa. Nos están convirtiendo en los ghouls de Las mil y una noches. En los orcos de Sauron. Permitimos la profanación, los latigazos y cualquier humillación que se ponga por delante.

Cuando ya se lleva unos cuantos años haciendo de Casandra, denunciando las «bondades» del régimen a los pocos que quieran escuchar, siempre hay algunas frases que cristalizan a modo de muletilla. Algunos pueden decir de algún oligarca que «le da igual Juana que su hermana». En mi caso, siempre repito, casi sin darme cuenta, que el régimen es absurdo, inútil e ineficaz. Viendo el ritual vudú que se está haciendo esta semana en España, voy a tener que añadir a mi muletilla la palabra maligno.

El Estado se manifiesta

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La reciente huelga del pasado 15 de octubre, convocada por los sindicatos oficiales y respaldada por el Gobierno, es un acontecimiento digno de estudio para quien desee comprender la naturaleza del régimen político español. No se trató de una huelga —en sentido político o social—, sino de un ritual de obediencia estatal, una coreografía de moral impuesta desde arriba que, paradójicamente, se disfrazó de protesta popular.

En los regímenes donde el Estado lo abarca todo —ya sea bajo la cruz del nacionalcatolicismo o bajo la bandera de los derechos humanos—, las manifestaciones dejan de ser expresión de la sociedad para convertirse en representaciones teatrales del poder. Franco llenaba las plazas con «manifestaciones espontáneas» en adhesión al régimen; hoy el Estado de partidos convoca paros simbólicos por causas internacionales, igualmente bendecidas desde el poder.

El mecanismo es idéntico: el Estado se manifiesta a sí mismo. En tiempos del franquismo lo hacía con camisas azules y banderas rojigualdas; hoy lo hace con chalecos sindicales y pancartas con lemas progresistas. En ambos casos, se confunde deliberadamente la nación con el Estado, la adhesión con la conciencia, la obediencia con la solidaridad.

Una huelga, en su sentido originario, es un acto de resistencia frente al poder. Las huelgas se ganan o se pierden. Son una herramienta de la sociedad civil para defender sus intereses contra quien la domina. Pero cuando la huelga es convocada por los propios órganos del Estado —sindicatos subvencionados, partidos financiados por el erario, instituciones que dependen de la misma estructura que dicen desafiar—, deja de ser un acto político para convertirse en un ejercicio de propaganda. Es una farsa, un eco burocrático del espíritu revolucionario que pretende imitar.

El resultado ha sido elocuente: un seguimiento mínimo. No por indiferencia moral ante el sufrimiento palestino, sino por intuición política. El ciudadano común —aunque desarmado intelectualmente— percibe que algo no encaja cuando el poder le ordena protestar. Intuye que esa «rebeldía oficial» no es más que una representación, un acto administrativo de la conciencia. Y se abstiene.

Esta abstención silenciosa es más reveladora que cualquier consigna. Muestra que la sociedad española, aunque huérfana de instituciones representativas y sometida a la propaganda estatal, conserva todavía un resto de instinto de libertad, una sospecha visceral hacia los simulacros de espontaneidad que el poder fabrica.

El Estado de partidos, heredero estructural del franquismo, continúa monopolizando la moral y la política. Ya no proclama dogmas nacionalistas, sino causas globales; ya no exige adhesión al Caudillo, sino al consenso. Pero la lógica es la misma: un pueblo que no controla al poder, sino que obedece en nombre del bien.

La adhesión a una causa política, humanitaria o económica, cuando es auténtica, nace de la libertad. No puede ser decretada por el Gobierno ni gestionada por sindicatos convertidos en oficinas del Estado. Mientras los partidos y los sindicatos no vuelvan a la sociedad civil, de donde nunca debieron salir, toda huelga convocada desde arriba —por muy justa que se proclame su causa— será tan vacía como las procesiones políticas del franquismo.

La diferencia es que entonces se marchaba con miedo.
Hoy, simplemente y para esperanza de los amantes de la libertad, no se marcha. Solo falta que esa intuición de libertad dé un salto cualitativo y tampoco se vote.

Semillas de inteligencia española

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Los partidos pertenecen a la sociedad civil, hoy día los partidos y los sindicatos son estatales, sirven al régimen partidocrático. No hay representación política. Un partido estatal es una aberración.

Mención a Gerardo Iglesias, ex-secretario general del PCE.

Fuentes del audio:

Radio libertad constituyente: https://www.ivoox.com/rlc-2018-01-26-piensa-veras-audios-mp3_rf_23386869_1.html

Música: Allegro. BWV 1062. J.S.Bach.

El magistrado indignado

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Pedro Manuel González, autor del libro «La Justicia en el Estado de partidos», en el capítulo nº 283 de «La lucha por el derecho» analiza las consideraciones del auto del magistrado Leopoldo Puente que afectan a José Luis Ábalos.

Os recordamos que ya podéis comprar la entradas para ver la obra de teatro Patología de la Transición: https://www.giglon.com/todos?idEvent=patologia-de-la-transicion

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