Muy señor mío:

Seguro que usted reconoce esas palabras que encabezan esta carta. Fueron firmadas por su abuelo, don Juan, a su padre, don Juan Carlos. En ese contexto, el hijo traicionaba a su padre. Y deshonraba a la institución que pretendía defender. Esas palabras fueron redactadas por un hombre referente del republicanismo español, don Antonio García-Trevijano Forte el cual, por encima de sus profundas convicciones republicanas, obró siempre con absoluta lealtad a su abuelo, pues por encima de monarquía o república, siempre le conmovió la lucha contra el franquismo para que en España hubiera libertad política.

La historia nos relata cómo el padre de usted impulsó, participó y fue copartícipe de unos hechos que devinieron en un régimen político, nacido tras el proceso conocido como Transición. Un régimen post-franquista que, sin duda alguna, a España le trajo libertades, pero no libertad política. Que consolidó en nuestra patria lo que se conoce como Estado de Partidos. Un Estado que se caracteriza, hablemos francamente, por la inexistencia de separación de poderes y por la falta de representación de los ciudadanos en el poder legislativo. Así lo han señalado personas tan poco radicales como don José Bono, expresidente del Congreso de los Diputados, entre otros cargos, y que usted bien conoce.

Me atrevo a escribirle esta carta porque, sin yo ser monárquico, no me gustaría que una república “adviniera” por el fracaso de una monarquía, como sucedió con la II República. Una III República así nacida volvería a estar condenada a la frustración. Ni tampoco quisiera que una institución tradicional en España siga siendo parte del problema fundamental que tiene hoy nuestro país, que no es otro que el régimen político sin democracia formal que padecemos. Un régimen en el que los partidos políticos y las oligarquías asimismo políticas, económicas y financieras, se han hecho las propietarias del mismo.

No entiendo la república como la negación a la monarquía, sino como una alternativa a ella que el pueblo español debe decidir libremente, no como sucedió con la Constitución de 1978 y que, al final, ha supuesto el descrédito de ambos términos. Porque la monarquía parlamentaria, encarnada en la figura de su padre, ha sido pilar fundamental de este régimen político que hace aguas por la corrupción (de hecho, nació corrupto) y porque la república ha sido, por desgracia, patrimonializada con total desprecio hacia la verdad por la izquierda española; son defensores de una II República que no era de todos, sino de “trabajadores de toda clase” —como decía el artículo primero de su Constitución—, y que acabó en el desastre de la guerra civil, hundida por los extremismos ideológicos de esos convulsos años 30 del siglo pasado.

En honor a lo que su abuelo y don Antonio García-Trevijano intentaron hacer y no lograron por las traiciones y las presiones, incluso familiares, hoy le escribo, pues considero que su persona y lo que ella encarna sólo tienen dos caminos: o continuar hundiendo a España en este régimen de Estado Partidos, o apostar por creer que estos 45 años desde la muerte de Francisco Franco pueden ser superados entre todos y lograr realmente en España una democracia formal. Pues no se crea usted, por mucho que le digan sus consejeros o asesores, los políticos o los medios de comunicación, que nuestro régimen es equiparable a las “democracias occidentales”, pues ni en occidente hay democracia en todos los países (ni mucho menos), ni nuestro sistema es comparable a todos ellos (véase Francia, por ejemplo, Gran Bretaña o los Estados Unidos).

De los doce puntos del Manifiesto constituyente  que iba a firmar su abuelo y que fueron a posteriori la base del programa de la Junta Democrática de España, con mayor o menor fortuna se han cumplido diez. Pero los más importantes de todos no: el primero y el undécimo.

El primero[1] no se produjo porque el franquismo sin Franco continuó, en la figura de su padre, Juan Carlos I, como sucesor a título de rey y jefe de Estado, gracias a esa fórmula que reconocía toda la legitimidad del franquismo que decía: “De la ley a la ley”. Sin apertura de periodo de libertad constituyente alguno, por mucho que quieran engañarnos desde hace cuarenta años, diciendo que las elecciones de 1976 fueron a Cortes Constituyentes. Sabemos que eso es falso.

El decimoprimero[2] tampoco, pues va ligado al primero. Sin libertad constituyente no se pudo elegir la forma del Estado. ¿Monarquía o república? ¿Presidencialismo o parlamentarismo? ¿Sistema electoral proporcional o mayoritario? Nada de eso pudo ser elegido por los ciudadanos.

Hoy, nos encontramos con un país que está descompuesto en su estructura territorial, con unos nacionalismos que han demostrado su ya sabida deslealtad a la nación española, pero que siguen, verbigracia del sistema electoral, con un poder de chantaje inmoral.

Hoy, nos hallamos con una estructura política en la que no existe separación de poderes y en la que realmente las Cortes Generales no son más que una correa de transmisión del oportunismo partidista, pero no cámara de representación de los ciudadanos. Y el poder judicial está en manos de asociaciones de jueces y magistrados que son proyecciones de los partidos políticos en el sistema judicial.

Señor, de todas las corrupciones que asolan España, la moral es la más grave. Y la monarquía, lamento decirlo, no se ha quedado al margen; ni siquiera se puede dar por no enterada, pues ha participado (aparentemente de manera entusiasta), se ha presuntamente enriquecido y se ha beneficiado de las corrupciones moral, política, social y económica de todos estos años aciagos. Lamento decirlo, pues cuesta oír esas cosas cuando se refieren al padre de uno mismo; al jefe de una nación a la que, no me cabe la menor duda en su caso, ambos amamos. Quizás nadie de su entorno se haya atrevido decírselo con esa crudeza; yo, por lealtad a mi patria, a don Antonio y a la historia de España, de la que usted va a formar parte, me veo en la obligación de decírselo.

Don Antonio García-Trevijano creó el Movimiento de Ciudadanos hacia la República Constitucional (MCRC) que se fundamenta sobre 21 puntos que le señalo en un apéndice a esta carta. Sólo le pido que, como español, reflexione sobre ellos.

Por último, como dice el encabezamiento de esta carta, trayendo a colación la frase de su abuelo, la monarquía tiene su base en el honor y la república en la virtud. Honor y virtud van de la mano, sobre todo si la unión se forja en la libertad política colectiva.

Quedo a su disposición para lo que estime oportuno, porque por encima de nosotros, de usted y de mí, está España, la nación a la que nos debemos y a la que servimos y que no se merece lo que padece. Y porque usted tiene la capacidad que ni el MCRC ni yo tenemos; pero nosotros tenemos la base y la lealtad para decirle la verdad. Nuestros principios son: Libertad, verdad y lealtad. Los tres me han inspirado esta misiva.

Sin otro particular, le saludo atentamente.

Fernando Andrés Villamil Chamarro, miembro del Movimiento de Ciudadanos Hacia la República Constitucional (MCRC) y leal español.

[1] La formación de un Gobierno provisional que sustituya al actual, para devolver al hombre y a la mujer españoles, mayores de dieciocho años, su plena ciudadanía mediante el reconocimiento legal de todas las libertades, derechos y deberes democráticos.

[2] La celebración de una consulta popular, entre los doce y los dieciocho meses —contados a desde el día de la restauración de las libertades democráticas—, con todas las garantías de libertad, igualdad de oportunidades e imparcialidad, para elegir la forma definitiva del Estado.

IDEARIO DEL MCRC

I. Porque los seres humanos no nacen iguales en capacidad física y mental, ni en condición social, la Sociedad y el Estado deben garantizar la igualdad de derechos y de oportunidades.

II. Porque existe un imperativo moral en todas las conciencias, es condenable el oportunismo personal, social y político.

III. Porque los individuos no pueden desarrollar sus vocaciones ni sus acciones fuera del contexto social, la lealtad es fundamento de todas las virtudes personales y sociales.

IV. Porque los españoles padecen temores derivados de su tradicional educación en el Estado autoritario, sólo la valentía personal puede crear la fortaleza de la sociedad civil frente al Estado.

V. Porque durante siglos se ha sacrificado y despreciado la inteligencia y el espíritu creador, apartándolos de los centros de enseñanza, del Estado y de los Partidos, esas facultades individuales han de organizarse para tener presencia activa en la sociedad civil.

VI. Porque la decencia constituye el decoro de la civilización, la sociedad civil debe civilizar a los Partidos y Sindicatos, sacándolos del Estado.

VII. Porque entre el Estado de Partidos y la sociedad civil no existe una sociedad política intermedia, la parte más civilizada de aquella debe orientar la formación de ésta, sin el concurso del Estado.

VIII. Porque la política afecta al universo de gobernados, si el lenguaje de políticos y medios comunicativos no es directo, correcto y expresivo del sentido común, disimula una falsedad o esconde un fraude.

IX. Porque no son legítimas las razones ocultas del poder político, siempre será ilegitima la razón de Estado.

X. Porque a la razón de gobierno sólo la legitima la libertad política de los que eligen el poder ejecutivo del Estado, son ilegítimos, aunque sean legales, todos los gobiernos que no son elegidos directamente por los gobernados y no pueden ser revocados por éstos.

XI. Porque la razón de la ley está en la prudencia de legisladores independientes, elegidos por los que han de obedecerlas, no son respetables, aunque se acaten, las leyes emanadas de Parlamentos dependientes del Gobierno.

XII. Porque la razón de la justicia legal está en el saber experto de una judicatura independiente del gobierno y del parlamento, no pueden ser justas ni dignas las resoluciones de una organización judicial dependiente de ambos poderes.

XIII. Porque la razón del elegido está en el mandato unipersonal, imperativo y revocable del elector, es fraudulento el sistema proporcional de listas, que sólo representa a los jefes de partido.

XIV. Porque los medios de comunicación forman la opinión pública, no puede ser imparcial ni veraz la información controlada por un oligopolio de poderes económicos.

XV. Porque la corrupción es inherente a la no separación de los poderes estatales, sólo la puede evitar, con su separación, el recelo y la desconfianza entre sus respectivas ambiciones.

XVI. Porque las Autonomías fomentan los nacionalismos discriminadores o independentistas, deben ser compensadas integrándolas en la forma presidencial de Gobierno.

XVII. Porque las Autonomías fomentan gastos públicos improductivos, sus competencias susceptibles de ser municipalizadas deben de ser transferidas a los Ayuntamientos.

XVIII. Porque la Monarquía de Partidos carece de autoridad para garantizar la unidad de la conciencia española, y ha sido foco de golpes de Estado y corrupciones, debe ser sustituida por una República Constitucional, que separe los poderes del Estado, represente a la sociedad civil y asiente el natural patriotismo en la forma presidencial de Gobierno.

XIX. Porque la única razón de la obediencia política reside en el libre consentimiento de los gobernados, éstos conservan su derecho a la desobediencia civil y resistencia pasiva, sin acudir a la violencia, frente a todo gobierno que abuse del poder o se corrompa.

XX. Porque el pasado no puede ser revivido, sin imponerlo la fuerza del Estado, no es posible la restauración pacífica de la II República, cuya forma de gobierno parlamentario tampoco era democrática.

XXI. Porque el sistema de poder de las naciones europeas, ideado para la guerra fría, no es democrático, los españoles están obligados a innovar su cultura política para llegar a la democracia como regla formal del juego político.

Por lealtad a la sociedad civil, los Partidos Políticos, Sindicatos y Organizaciones No Gubernamentales no pueden ser financiados por el Estado; y por lealtad a la conciencia personal de los integrantes de este Movimiento de Ciudadanos, el MCRC no se transformará en partido político, y se disolverá tan pronto como su acción se agote con el referéndum que ratifique la Constitución democrática de la III República Española.