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miércoles 31 diciembre 2025
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La democracia que pudo ser (IV)

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Toda sociedad en la cual no esté establecida la garantía de los derechos, ni determinada la separación de poderes, carece de Constitución. 

Art. 16 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano (1789)

Sobre el consenso de la Transición, asentado en la mentira fundacional de la reconciliación, se edificó toda una mitología. Y así, «tras vencer al franquismo conseguimos costosamente traer la democracia con esta Constitución que entre todos nos hemos dado».

Pero la realidad es que el general Franco murió en la cama con todo su poder, dejó herederos de ese poder y las oligarquías pactaron una carta otorgada a las espaldas, una vez más, de la nación española.

La Constitución, como dice la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, debe constituir la separación de los poderes. Si no, no es una Constitución.

Si no se construye de abajo a arriba por medio de la elección de unas Cortes constituyentes, elegidas para y solo para este fin, disolviéndose acabado su objetivo, no es una Constitución.

Si viene impuesta de arriba abajo, es una carta otorgada por el poder. Y la del 78 se hizo en secreto, sin que el pueblo español tuviese el más mínimo conocimiento de lo que se tramaba. Fueron tres periodistas de Cuadernos para el Diálogo los que se hicieron con el borrador e informaron a la nación de que siete personas, por encargo de Juan Carlos I, estaban gestando secretamente el engendro.

Pedro Altares, director de Cuadernos para el Diálogo, asumió la responsabilidad y compartió el texto con agencias y diarios, tras clasificar el borrador como de «…una insospechada ramplonería sintáctica y una estructura articulada decididamente pedestre».

Comenzaba así la crónica en la que los tres periodistas explicaban cómo se hicieron con el borrador y cómo lo fotocopiaron, ya que la fuente informativa sólo disponía de un original del mismo:

“Lo han leído ya el rey, el presidente Suárez, cuatro ministros y el cardenal Tarancón; ha pasado por tres Facultades de Derecho de Madrid y Barcelona, por el palacio de la Generalitat y está en un armario de la redacción de Mundo Obrero. ¿Por qué se le escamotea al resto de los españoles?” -Hay unos segundos de silencio. Nuestra fuente informativa acaricia el borrador constitucional, titubea, nos mira y por fin dice: “Tomadlo, pero os van a echar los perros”.

Y así fue. Poco menos que Altares supuestamente saboteaba la Constitución haciendo peligrar la democracia. Dimitió el socialista Peces Barba como consejero de Cuadernos para el Diálogo. El antiguo ministro Fraga denunciaba la publicación de la noticia como contraria a la ética profesional. El comunista Solé Tura calificó la publicación del borrador como vergonzosa…

Lo dicho, una comisión designada por el rey elabora en secreto el texto que no articula la separación de poderes, la aprueban unas Cortes que no son constituyentes y se le presenta al pueblo español para su ratificación, como cuando la Ley de Reforma Política, sin alternativa: esto o la nada.

De esta manera, dicha carta otorgada, que descubre las nacionalidades, no como atributo de pertenencia a una nación, sino como una ambigua equivalencia a ésta, introducía la definición de España como patria común e indivisible, para a continuación dividirla en regiones y nacionalidades sin especificar cuáles eran qué.

Era una cesión a los grupos nacionalistas. Miquel Roca diría: «nacionalidades y nación quieren decir absolutamente lo mismo… Hoy Cataluña espera, el País Vasco espera, espera Galicia, espera España entera que, a través de la solución que demos a este problema, no se va a dar una solución disgregadora, sino una solución potenciadora, una solución que, asumiendo todo lo que la Historia no supo asumir hasta esta fecha, sea capaz de proyectar un futuro mucho más estable».

Ya estamos en ese futuro que prometía el abogado de la infanta; ya podemos comprobar si tenemos mayor estabilidad en este asunto o si era una solución disgregadora. Ya vemos como nos mentían para ocultarnos que la mal llamada Constitución del 78 alberga en su seno el huevo de la serpiente.

Se trata de una carta otorgada a la nación desde las más altas instancias del Estado que viene preñada de los nacionalismos excluyentes que niegan al sujeto constituyente, la nación española.

El indulto es peor que el delito

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Libby Prisión (David Gilmour, 1863).

Las declaraciones del ministro Ábalos, secundada por la inefable Carmen Calvo, preparando el camino al indulto de los condenados por sedición es un crimen peor que la propia conducta sediciosa. Afirmar que el indulto obedece a una “obligación moral de aliviar tensiones” solo define moralmente a quien así lo expresa.

En realidad, lo que pretende el gobierno no es un indulto, sino una amnistía encubierta dado que, generalizándolo a todos los autores de la misma conducta criminal, se persigue satisfacer a sus socios separatistas, no tanto perdonando la pena, sino despenalizando el delito. Las paralelas intenciones legislativas de reforma del Código Penal lo avalan.

Si optan por indulto y no por la amnistía no sólo es por las dificultades jurídicas de esta última opción —que a mi juicio, y con Gimbernat, es imposible dentro del marco legislativo vigente—, sino por sus efectos electorales negativos.

Sin embargo, en términos de política criminal, el indulto es todavía más agresivo con la legalidad ordinaria que la amnistía, y denota miseria de carácter.

En efecto, y como ya apreciara Bacon, el indulto premia una conducta delictiva e invita a cometerla a futuro a otros, incentivando el ilícito. Es peor que el delito. ¿Cómo no van a incurrir nuevamente en delito de sedición los separatistas si cuentan con la perspectiva de que saldrá gratis?

Eso sin contar con la desautorización de la ya de por si sumisa Justicia, dejando sin efecto sus resoluciones. Porque eso significan el indulto y amnistía. Medidas de gracia excepcionantes del monopolio de la función jurisdiccional de juzgar y hacer cumplir lo juzgado. Mientras la amnistía perdona el delito, el indulto condona la pena.

El indulto rompe el monopolio jurisdiccional de la Justicia de hacer cumplir lo juzgado en firme sustrayendo y excepcionando esa facultad, que entrega al ejecutivo. Y la gracia sólo la puede dar quien tiene el poder para otorgarla por su posición de superioridad. Por eso su reconocimiento constitucional supone asumir la preponderancia del ejecutivo sobre el judicial y el sometimiento de éste como instancia instrumental de la política.

La amnistía supondría esa misma excepción por vía de ley, negando el monopolio de la facultad jurisdiccional en favor del legislativo, que es en este caso quien concede la gracia. Pero sin representantes verdaderos sujetos al mandato imperativo de sus electores cualquier ley de amnistía, de ser posible, tan solo sería otra farsa.

El indulto es peor que el delito

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Pedro Manuel González, autor del libro «La Justicia en el Estado de Partidos», nos habla, en el capítulo nº 39 de «La lucha por el Derecho», de los indultos a los golpistas catalanes encarcelados, considerándolos una amnistía encubierta.

Para la lealtad

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La lealtad (Francisco de Goya, 1815-1819).

Todos los reinos y todos los suburbios de la naturaleza prestan su lealtad a la causa donde ésta tiene su origen.

R. W. Emerson

En este tercer y último artículo, dedicado a las palabras que fundamentan los principios del MCRC (la lealtad, la verdad y la libertad), abordo el tema de la lealtad republicana; una lealtad que nace y crece en el seno de las leyes de la naturaleza.

La primera de las lealtades es a la propia vida, a la naturaleza que nos contiene. Una lealtad que emerge de manera primigenia en forma de instinto y que se despliega genéticamente en el entorno familiar; lealtad natural a padres y hermanos, para después como en progresión geométrica, extenderse al clan, al entorno cercano y al medio en el que se desarrollan las relaciones de grupo. Se trata pues de una experiencia creadora que se extiende de forma natural, quizás por puro egoísmo de protección, a toda la tribu. Esta mínima célula contiene ya la semilla de la lealtad republicana.

Siendo difícil definirla, nos podemos detener en algunas de sus características y observar sus consecuencias. La lealtad no es solidaridad, ni compañerismo ni camaradería; tampoco es fidelidad. Quizás en muchos aspectos sea lo opuesto a todo ello. Opuesto porque trasciende lo personal, es ajena a la voluntad de creencia espiritual, y tiene la cualidad de lo impersonal.

La lealtad a una causa se ha convertido a lo largo del tiempo en una experiencia vital que va mas allá de lo personal. Las grandes causas no son unipersonales, sino impersonales. La historia está plagada de nobles ejemplos de lealtad, hasta el punto de entregar la propia vida para no quebrantarla. Se torna fundamento de toda virtud moral y de toda acción trascendente de los hombres. La lealtad, en sí misma, es una causa; lealtad por la lealtad (Miguel de Unamuno).

En los partidos políticos estatales no existe la lealtad, en todo caso y en pequeñas células, camaradería o compañerismo. Los partidos son órganos del Estado y no abrazan ninguna causa, únicamente la ambición de poder. Y en esta carrera no puede existir ningún tipo de lealtad, sólo la mezquina cercanía a la disciplina impuesta por el amo que confecciona las listas. Tampoco existe lealtad del partido por el compromiso que habría de suponer un programa electoral prometido a sus votantes. Al día siguiente de las votaciones se consuma la deslealtad en el «templo de la soberanía popular» con el pacto entre opuestos. Tampoco hay lealtad al partido entre los militantes, solamente fe y ciega obediencia.

En la mónada republicana (el distrito), se abraza de modo espontáneo y natural, mediante el flujo continuo de la mutua confianza, la causa de la lealtad republicana. La vida pública vecinal es el campo donde germina su acción integradora; es fuente del poder ciudadano, de la verdad, la libertad y la representación política.

El diputado o representante de distrito es parte indispensable en la reciprocidad de su acción. La excelencia en la representación consiste, según nos enseña George Santayana, en «estar en lugar de muchos componentes difusos reducidos a la armonía, de manera que el resultado definitivo de la experiencia en cuestión refleje y considere justamente todos los intereses en juego y redunde en su total beneficio». Así se nos muestra la reciprocidad de la verdadera lealtad republicana. El representante se convierte pues en el depositario de la voluntad de actuación política de sus representados, en la voz, la presencia y el voto de las circunscripciones pequeñas en la cámara de representantes.

Trump, poder y contrapoder

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Los medios de comunicación de masas se han convertido en un poder, pero su labor debe ser la de contrapoder.

Interviene Antonio García-Trevijano.

Fuentes:

Radio Libertad Constituyente: https://www.ivoox.com/rlc-2016-11-11-las-manifestaciones-contra-trump-eeuu-audios-mp3_rf_13712187_1.html

Música: Intermedio de la ópera Goyescas, última pieza compuesta por Enrique Granados.

40 años después del 23-F, los papeles secretos del golpe siguen ocultos: ¿a quién le interesa?

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Antonio Tejero el 23-F.

Un antiguo ministro de Interior afirmó que los audios y documentos jamás verán la luz. Han podido estar guardados en una finca de Ciudad Real. 

Este 2021 recién estrenado nos trae, además de la vacunación masiva contra el Covid-19, la evocación de varios hechos históricos. Así, por ejemplo, el próximo 14 de abril harán 90 años de la proclamación de la II República española. Y dos meses antes, en febrero, coinciden dos significativos aniversarios: el domingo 28 se cumplirán 80 años del fallecimiento en el exilio (Roma) del rey Alfonso XIII (el bisabuelo de Felipe VI); y el martes 23 hará cuatro décadas de la intentona golpista liderada por los generales monárquicos Jaime Milans del Bosch y Alfonso Armada.

Fueron las horas más difíciles del recién inaugurado Régimen del 78. A las 18:23 de aquel día, alrededor de 340 guardias civiles a las órdenes del teniente coronel Antonio Tejero asaltaron a tiros el Congreso de los Diputados (donde tenía lugar la segunda votación de investidura de Leopoldo Calvo-Sotelo, tras la inesperada dimisión de Adolfo Suárez).

Los golpistas secuestraron a todos los presentes (Ministros y Diputados). El objetivo: esperar la llegada de una autoridad “por supuesto militar” que tendría que proponer una salida política a aquella situación violenta: un “SAM (Supuesto Anticonstitucional Máximo)” tal como había sido definido por el CESID (servicio secreto español) meses antes. Pero aquella astracanada, afortunadamente, fracasó.

Los hechos conocidos permanecen presentes en la memoria de todos los españoles. ¿Pero qué ocurre con los sucesos ocultos? ¿Qué pasó aquel 23-F de 1981 que aún, 40 años después, no debamos saber los españoles? ¿Cuáles son y dónde están los documentos, grabaciones de audio y filmaciones de aquellos acontecimientos históricos, en poder del Estado que todavía permanecen clasificados como secretos?

EL ESPAÑOL ha hablado con los mejores especialistas del 23-F, y con dos testigos privilegiados, por su pertenencia al CESID durante aquellas fechas. Nos han aclarado varias cuestiones sobre este tema: los documentos secretos del 23-F existen (o al menos existieron en su momento); los más importantes y con trascendencia histórica serían las grabaciones de las conversaciones telefónicas mantenidas esa noche entre el entonces rey Juan Carlos I y el general golpista Alfonso Armada (tendrían que existir muchas otras grabaciones y otros documentos escritos); dicha documentación tendría que estar custodiada en organismos oficiales (Ministerios de Presidencia, Interior y Defensa fundamentalmente); y que ningún Gobierno desde entonces, tampoco el actual de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, ha sido partidario de desclasificar. 

Decía Sabino Fernández Campos, hace 40 años secretario general de la Casa del Rey, que “cuando se busca la verdad, se corre el riesgo de encontrarla”. Y algo de lo anterior ocurre con la exactitud de aquel día histórico. Quizá conocer la veracidad de lo ocurrido cuestionaría muchos fundamentos de nuestra historia política. Y eso no interesa. Esa al menos es la conclusión de la totalidad de nuestros entrevistados. Por eso, parafraseando el tango de Carlos Gardel: 40 años no es nada y, con toda seguridad, el 23-F seguirá siendo secreto por mucho tiempo para el conjunto de los españoles.

En poder del CNI

“Todo está en poder del CNI”, esta es la opinión de Fernando J. Muniesa, autor del libro La cara oculta del Estado. Historia Crítica de los Servicios Secretos (Editorial Actas, 2020). “En España, los secretos de Estado nunca mueren. Una ley franquista de 1968 es la caja fuerte que hace imposible que salgan a la luz. Con posterioridad, la ley de 2002, reguladora del CNI ha agravado esta situación: todo lo que tiene que ver con la seguridad del Estado es secreto y su divulgación está castigada con penas de cárcel”.

Para Muniesa esta situación es escandalosa y no tiene parangón con ningún país de nuestro entorno: “En la actualidad, los documentos clasificados (así ocurre con los del 23-F) pueden permanecer secretos para siempre; ya que nadie está obligado a desclasificarlos. Esto no ocurre en ningún país democrático, donde se establecen plazos (normalmente 25 años, prorrogables otros 10, máximo 50) pero con la obligación de adoptar una medida sobre los mismos: se puede prorrogar el secreto de un documento pero justificando la razón y haciéndose responsable de esta decisión”.

Para Muniesa, los documentos relacionados con el 23-F, que deberían seguir custodiados por el Estado, serían fundamentalmente todas las conversaciones telefónicas mantenidas aquel día desde el Congreso de los Diputados y el Palacio de la Zarzuela: “El entonces secretario de Estado del ministerio del Interior, Francisco Laína, ordenó grabar todas las conversaciones telefónicas. Y él me reconoció en su momento que las tenía. Escribió un libro, pero no se atrevió a publicarlas. Él sabrá el porqué”.

Quien coincide con esta apreciación es la periodista Pilar Urbano, una de las mayores especialistas del 23-F, publicó su primer libro en 1982 Con la venia. Yo indagué el 23-F (Editorial Argos Vergara) y, desde entonces, no ha dejado de investigar un solo día. Su última aportación, por el momento, aparece en su libro de 2014 “La gran desmemoria: lo que Suárez ha olvidado y el Rey prefiere no recordar” (Planeta).

Respecto al tema de las grabaciones, Urbano tiene datos exactos y nombres precisos de lo que ocurrió: “El delegado del Gobierno en Telefónica en aquel momento era Julio Camuñas Fernández de Luna y, desde el Congreso secuestrado, Salvador Sánchez Terán, que era diputado de UCD y presidente de Telefónica, pudo contactar con él para ordenarle que grabase desde una sede que tenían en la calle Huertas. Y me consta que así se hizo. Se grabó todo lo que se habló desde el Congreso, desde la Zarzuela, desde la Junta de Jefes de Estado Mayor en la calle Vitrubio. Lo que hablaron entre ellos y con las Capitanías Generales. Había líneas de teléfono secretas: la línea verde, la roja y la negra, pero todas podían ser intervenidas por el propio Estado desde Telefónica”.

Jamás verán la luz

Para el periodista Jesús Palacios, el autor que desveló la implicación del CESID en la intentona golpista de 1981 en sus libros “23-F: el Golpe del CESID” (Planeta, 2001) y “23-F, el Rey su secreto” (Libros Libres, 2010), este dato es fundamental: “Porque podríamos acceder a la conversación que mantuvo primero desde la sede de la JUJEM Armada con la Zarzuela, cuando salió rumbo al Congreso para proponerse como presidente del Gobierno (a título personal, según la versión oficial) y, posteriormente, las llamadas telefónicas de Armada desde el Congreso, una vez que Tejero se negó a admitir su Gobierno de concentración con socialistas y comunistas”.

Conversaciones que mantuvo con el palacio de la Zarzuela (yo estoy seguro que habló con el Rey, no únicamente con Sabino) y con el capitán general Milans del Bosch en Valencia”. Además para Palacios, la existencia de estas grabaciones es una realidad “A mí me lo reconoció el entonces ministro de Interior, Juan José Rosón, que enfatizó la importancia de su contenido: jamás podrán ver la luz, me dijo”.

Palacios señala como documentos que nunca saldrán a la luz, el conjunto de Decretos, borradores e informes redactados por el CESID destinados a ser utilizados una vez que el general Armada hubiera sido investido “constitucionalmente” como presidente del Gobierno. “Se destruyeron todos” nos aclara, pero tengo la esperanza de que alguien se quedara con copias”, expresa Palacios. 

Quienes son más escépticos respecto a la existencia, a día de hoy, de documentos y de grabaciones son los antiguos miembros del CESID, los coroneles Diego CamachoJuan Alberto Perote.

Diego Camacho era capitán de los servicios secretos hace 40 años y llegó a entrar físicamente en el Congreso de los Diputados aquel 23-F, en su misión de informar respecto a lo que allí estaba ocurriendo. Y así lo hizo: denunció internamente la implicación de mandos y agentes del Servicio de Inteligencia en la intentona golpista. Su acusación tuvo efectos, el CESID se vio obligado a realizar una investigación (una especie de auditoría interna que terminó siento un lavado de cara respecto a la implicación de “La Casa” dentro del Golpe) que se conoció bajo el nombre de “Informe Jáudenes” (nombre del coronel, Juan Jáudenes que lo redactó).

“Ese Informe nunca se ha publicado completo. Durante el juicio, al juez instructor le mandaron una especie de conclusiones que nunca trasladó a las partes y, años después unos periodistas publicaron una versión mutilada. Pero la versión completa, con el testimonio personal de todos los agentes que estábamos adscritos al CESID hace 40 años, nunca ha sido publicada. Yo firmé con mi puño y letra 4 folios con mi testimonio, y al igual que yo lo hicieron el resto de agentes. El Informe completo debería permanecer en los archivos del actual CNI en la carretera de La Coruña y, 40 años después, cuando todos los posibles delitos han prescrito, ya es tiempo suficiente para que los españoles conozcan la verdad de lo que ocurrió. Son hechos muy graves y reveladores de un régimen de poder, y tanto que se habla ahora de memoria histórica, democrática y transparencia en las instituciones, qué menos que conocer la verdad respecto a lo que ocurrió entonces”.

Preguntado Diego Camacho al respecto de sí tiene esperanza de su existencia en la actualidad, se muestra tajante: “Yo creo que lo habrán destruido todo”.

División de criptología

El coronel Juan Alberto Perote, permanecía de guardia aquella noche en la sede de la AOME (Agrupación de Operaciones de Misiones Especiales) del CESID y coincide con la tesis de Camacho: “Yo creo que quedarán muy pocas cosas. La mayoría de los documentos habrán desaparecido o las tendrá alguien en su poder para que no aparezcan”. Perote, que publicó en 2001 el libro: 23-F: ni Milans ni Tejero. El informe que se ocultó” (Editorial FOCA) coincide con la tesis de Diego Camacho: “En el Informe Jáudenes que yo publiqué, después de una serie de incidentes judiciales, falta el testimonio personal que realizaron los agentes. Soy muy escéptico respecto a que siga existiendo algo relacionado con lo anterior”.

De lo que sí tiene más detalles el coronel Perote es respecto a lo relacionado con las grabaciones de las conversaciones: “Yo de lo que hizo Laína y el Ministerio del Interior no tengo ni idea. Pero sé que el CESID tenía un Centro de Comunicaciones donde, a través de la División de Criptología del ministerio de Defensa, se podía tener acceso a todas las comunicaciones secretas que se establecían entre el Estado Mayor, la Zarzuela y las Capitanías Generales. Esas comunicaciones si se realizaron a través de ese sistema pudieron haber sido intervenidas”.

Fernando J. Muniesa no tiene dudas al respecto: “El CESID de entonces controlaba todas las comunicaciones que, en concreto, salían del palacio de la Zarzuela. Unas eran a través de un aparato previo al Fax, Radiofonema era su nombre, que dejaba por escrito el contenido de las comunicaciones oficiales orales. De haberse realizado comunicaciones esa noche bajo ese sistema permanecerán archivadas”.

Los denunciantes expulsados 

A la pregunta de dónde puede guardarse todo esta documentación escrita, sonora o gráfica, los entrevistados no se ponen de acuerdo. Jesús Palacios y Pilar Urbano señalan la sede del CNI en la carretera de la Coruña. Fernando Muniesa indica que primero estuvieron guardados en una Unidad de Contrainteligencia que tenía su sede en la calle Menéndez Pelayo de Madrid y ahora deberían de estar en la sede de la Cuesta de las Perdices.

Camacho y Perote nos dan más detalles: “En los Servicios de Inteligencia existía una División de Archivo. Cuando en el año 1996, tras el triunfo de José María Aznar, regresan al Centro el general Javier Calderón y el coronel José Luis Cortina, nos expulsan a 28 agentes que habíamos denunciado su actuación el 23-F. Entre ellos estaba la encargada del Archivo del CESID. Con eso te digo todo” nos aclara el coronel Camacho.

Perote sitúa otro lugar en el plano de España como posible emplazamiento de la caja fuerte de los secretos del 23-F: “En la provincia de Ciudad Real existe una finca propiedad del ministerio de Defensa donde los Servicios Secretos tienen su almacén y Centro de Archivo. “La casa del doctor” y “La finca de los alemanes” eran sus nombres. Hay que recordar que, hasta dos años después del 23-F, el Centro no empieza a filmar y microfilmar toda su documentación. Antes se guardaban todos los papeles físicamente. De existir algo estará ahí guardado”.

40 años han pasado y más de 40 secretos siguen enterrados bajo siete llaves sobre el 23-F. En junio de 2020 el grupo parlamentario del PNV presentó una Proposición de Ley para reformar la Ley franquista sobre secretos oficiales de 1968. Era su cuarta propuesta en cuatro años. Pero siempre pasa lo mismo, inicialmente se admite pero luego su tramitación choca con todo tipo de obstáculos. En esta ocasión contaron con el voto afirmativo del PSOE, Podemos, ERC, JxCat, Bildu y Más País. PP y Ciudadanos se abstuvieron y únicamente votó en contra Vox. Para Fernando J. Muniesa “aunque la intención de los nacionalistas vascos se centra en conocer más la llamada “guerra sucia” del Estado contra ETA que el Golpe de 1981, es un paso necesario modernizar nuestra ley de secretos oficiales. Y de paso, conocer toda la verdad de lo que pasó el 23-F”. Ojalá que así sea. Los españoles seguimos teniendo esta asignatura pendiente.

*Javier Castro-Villacañas es abogado y periodista. Autor del libro ‘El fracaso de la Monarquía’ (Planeta, 2013).

**Reportaje publicado en el diario El Español el 3 de enero de 2021.

Poder ejecutivo y sistema democrático (II)

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Hoy, en Libertad Constituyente TV, publicamos el noveno capítulo del programa “Coloquio y análisis político” con el objetivo de hablar nuevamente del poder ejecutivo y sistema democrático, y más precisamente de la elección directa del presidente del Gobierno.

En este capítulo del programa han participado Juanjo Charro, Fernando de las Heras y Pedro Manuel González.

Ley Celaá, o ley para generaciones gregarias

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La lección. John Singer Sargent, 1911.

Esta ley, como debería ser, no tiene por objeto instruir a los niños y jóvenes en una formación actual, adaptada a los nuevos tiempos, integral, práctica para la vida adulta, que sirva para encontrar una salida laboral y para saber solucionar los problemas que surgen en la vida.

Pero quieren todo lo contrario. Es sabido que a lo largo de la historia, salvo excepciones, el poder siempre ha querido que los gobernados sean dúctiles, sumisos, lo más ignorantes posible. Es lógico. Un pueblo instruido en el pensamiento crítico – especialmente sobre la res publica y en el contexto de la sociedad abierta descrito por Karl Popper– defendería sus derechos, sería menos manipulable y con mayor tendencia a la rebeldía civil. Los ejemplos son innumerables, pero por poner uno cercano, la dictadura de Franco fomentaba el fútbol, los toros o el folclore para tener a los españoles distraídos. Hoy día estamos con el fútbol, la telebasura degradante y un afán desproporcionado por la fama y la imagen.

La clase política actual, la menos formada e ignorante de la historia, es precisamente lo que busca: tener una sociedad dividida, absolutamente dependiente del poder y sin ningún recurso crítico – más allá de tendencias ideológicas– ante problemas objetivos. Manipulando con meros eslóganes publicitarios a los gobernados, que en su mayoría apoyan una tendencia política u otra por tradición familiar, y que igualmente empieza y termina en eslóganes o ideas vacías de contenido. Estudios sobre este grado de ignorancia existen muchos, que salen a la luz de vez en cuando y acreditan un grado de desconocimiento absoluto, tanto de Geografía como de Historia, incluso de la más reciente, como el régimen de Franco o la existencia de ETA durante décadas.

Esta nueva y enésima ley de educación refuerza al máximo esa tendencia al desconocimiento, estulticia e ignorancia a fin de tener una ciudadanía distraida con asuntos sin trascendencia alguna, y así los gobernantes hacer sus tropelías con impunidad. Lo última es eliminar el español –que no castellano – como lengua vehicular en un guiño a los separatistas, a cambio de apoyos en el Congreso de los Diputados. Aprender español en España deja de ser obligatorio. Esto perjudica gravemente a la conciencia del hecho nacional de España.

En definitiva, la finalidad de todo ello es inquietante y perversa. Ojalá los españoles, especialmente los alumnos, no se dejen engañar por estos dirigentes rayanos en la imbecilidad y mediten sobre que el mundo y la vida son mucho más que ser de aquí o de allá o pensar así o asá; que valoren el conocimiento, la capacidad de trabajo, el esfuerzo y el talento.   

La degeneración de la monarquía española

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Hoy, en el decimoquinto capítulo de «La cátedra de Dalmacio», presentado y conducido por Enrique Baeza, Dalmacio Negro Pavón (catedrático de Ciencias Políticas y autor de numerosos artículos y libros) escoge, como una de las noticias políticas más relevantes del año, la crisis de la monarquía española y, por tanto, de todo el sistema oligárquico al cual sustenta, haciendo un repaso histórico desde los Borbones, pasando por los periodos de la I y II República, dictaduras de primo de Rivera y Franco y la Transición, hasta llegar a nuestros días. Según Dalmacio Negro, hemos llegado al culmen de la degeneración de este sistema autodestructivo y de su piedra angular: la monarquía juancarlista heredada por Felipe VI con todos los disvalores de la socialdemocracia occidental.

Revista de prensa de diciembre de 2020

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El quiosco El Globo en su actual ubicación ya en 1933 / Ceferino Yanguas, Archivo Municipal de Vitoria.

Alberto Iturralde y Emilio Triviño señalan, entre otros aspectos, que la inseparación de poderes característica del Estado de partidos o partidocracia redunda en una concentración de poder de índole expansiva y totalizadora, de lo que sería manifestación el designio del actual gobierno partidocrático de cambiar la Ley de Enjuiciamiento Criminal para que sean los fiscales los que instruyan en vez de los jueces, ya que aquéllos dependen jerárquicamente del Fiscal General del Estado, elegido directamente por el Gobierno. Recuerdan, asimismo, de acuerdo con lo expuesto por Antonio García-Trevijano en su libro “Teoría Pura de la República”, que es el recurso de inconstitucionalidad el que aseguraría la función tutelar de la potestad judicial sobre el poder legislativo, tal como sucede en E.E.U.U. (“Sin esa potestad de los jueces y tribunales ordinarios, para declarar en sus sentencias la inconstitucionalidad de las leyes, no podrá existir control de poder legislativo por parte de la potestad judicial”, op. cit., El buey mudo, Madrid, Madrid 2010, p. 567).

Podemos propone a Justicia que no exista delito de sedición si no se usan armas. La Sociedad de Socorro Mutuo que constituye la casta partidocrática busca favorecer a los suyos incluso retorciendo desvergonzadamente el Código Penal para modificar una ley (que lo es porque es para todos) convirtiéndola en un privilegio (para unos pocos políticos del régimen); así podrán participar en condiciones de igualdad en el reparto de poder de las votaciones catalanas del 14 de febrero (¿igualdad, equidad, espíritu deportivo?). Queda, empero, la última bala del indulto.

Rufián mantiene su hoja de ruta a pesar de la respuesta del Supremo a los presos del 1-O. Igual que partidos como Podemos remite a un futuro indeterminado el advenimiento de la república (Pablo Iglesias Turrión dijo que la traerían los jóvenes -hay que ver cuán rápido envejecen algunos-), ERC difiere la “implementación” de la independencia de Cataluña y la defensa de sus conmilitones presos ante su ambición de poder de pequeño partido de régimen (que hay que ver también cómo une la partidocracia en tanto que patria y predio de nuestros oligarcas), que le lleva así a mantener su apoyo al Gobierno para no perder terreno, en sus cálculos, ante otras fuerzas nacionalistas (en realidad estatalistas) como los herederos de la corrupta (valga la redundancia) Convergencia, en calidad de “interlocutores privilegiados” del Gobierno de cara a las votaciones regionales de febrero de 2021.

Ayuso, sobre el rey emérito: “No somos todos iguales ante la ley”. La torpe defensa que hace esta ignorante oligarca del rey demérito es el mejor ataque contra lo que éste representa. La monarquía, forma del Estado basada en la desigualdad y un principio de ejemplaridad que encarnaría el monarca, según un modelo divino que explica que lo sea “por la gracia de Dios”, pierde en el caso del sucesor de Franco a título de rey todo ese valor edificante. Las últimas noticias sobre su presunta corrupción y regia defraudación a Hacienda pretenden ser relativizadas por la Sra. Ayuso afirmando que la ley, siendo igual para todos, no lo es en casos como el de Juan Carlos I (reconocimiento de un indigno privilegio, pues tiene derecho a regularizar como cualquier hijo de vecino -no siéndolo, claro- un presunto fraude a Hacienda, pero cuidadito con reprochárselo pues, -falso mito fundante- trajo la democracia a España, ya que no se llevaba muy bien con la dictadura -es decir, con Franco, su padre adoptivo, del que -según decía García-Trevijano- no toleraba que se hablara mal en Su presencia- cuando en realidad lo que nos ha servido es una antidemocrática partidocracia, de cuya corrupción ha sido el más elevado espejo.

Josu Ternera: “La violencia nunca ha sido el objetivo de ETA”. La ETA, presunta hija descarriada del PNV, aumentó exponencialmente su actividad con la instauración de la monarquía franquista de partidos. El pecado original de la ausencia de ruptura democrática con el régimen alimentó el sentimiento de culpabilidad de los veterofranquistas (UCD y AP) y de los consentidores del régimen recauchutado (PCE y PSOE) hacia las reivindicaciones de los nacionalistas, que sólo inspiraban desprecio a los dirigentes izquierdistas de la república en guerra como Azaña y Negrín; aquéllos, pues, supieron hábilmente recoger las nueces del árbol que ametrallaban los asesinos etarras a guisa de poli malo. No obstante, el quimérico proyecto de ETA, que consistía en incitar un estado de excepción, que llevaría -en su opinión- al levantamiento del oprimido pueblo vasco en vistas a la constitución de una Cuba cantábrica, era inviable, y de la primitiva fase de Guerra Sucia a base de los Escuadrones de la Muerte de los tiempos de Felipe González, el Estado partidocrático, sobre todo a partir de Rodríguez Zapatero, ha optado por la vía de intentar integrar a los terroristas en el sistema de partidos estatales proponiéndoles que se convirtieran, a su vez, en otro partido del régimen, subvencionado por el estado con sus cuotas de poder, prebendas y clientelas.

Aprobado exterior a la democracia española pero inquietud por la tensión. El diario oficial de la mañana (aunque la inmensa mayoría de los restantes también lo son en la medida que son sostenedores del régimen partidocráticos y llenan sus páginas de sus starlettes) trae a colación una serie de informes internacionales (sin que se tome tampoco la molestia de indicarnos en qué baremos basan su clasificación) que “aprueban” la “democracia” española, aunque inciden en la tensión (que el diario progubernamental tiende a achacar a la llamada oposición, por más que todos los partidos sean iguales, socialdemócratas -esto es, adoradores del Estado del que se constituyen en facción- que azuzan a sus respectivos rebaños de seguidores, ansiosos de lucir el hierro de la ganadería de “izquierda” o “derecha”, sintiéndose así superiores moralmente a “los otros” y liberados de la penosa tarea de pensar). Se cita, empero, como uno de esos ítems taxonómicos el “alto grado de fiabilidad del sistema electoral”, esto es, el sistema electoral proporcional de listas cerradas de partido, que, sin duda, no deja resquicio a la libertad política del sujeto constituyente, la sociedad civil, y asegura el poder de los partidos como dueños del Estado, y cumple, pues, plenamente la función para la que fue creado: la integración de las masas en el Estado a través de la identificación de éstas con los partidos, al modo fascista.

Alberto Iturralde y Emilio Triviño explican cómo funciona el fenómeno de las llamadas “puertas giratorias”, pago de favor a los políticos del régimen que legislan a favor de grandes empresas y contra el pueblo, y cómo esta clase política, cuyo único objetivo es el mantenimiento del poder, demuestra su falta de preparación e inoperancia en situaciones como la actual pandemia.

Discurso de Navidad del rey: El rey desaprovecha la ocasión para dar explicaciones sobre el emérito y centra su discurso en la pandemia y la crisis. Acusaciones incongruentes, pues, ¿qué iba a decir?: “Soy el sucesor del sucesor de Franco a título de rey, que era tan corrupto como este régimen partidocrático en el que, dada la falta de auténtica representación política del ciudadano y de control del ejecutivo mediante la separación de poderes, la corrupción es necesario factor de gobierno, y que es el régimen que yo ahora sostengo”. Los medios repiten lo que quieren que digan los partidos a los que sirven por afinidades e intereses, y ninguno está interesado en la verdad.

Sánchez sugiere que indultará a los líderes del ‘procès’ para favorecer la “reconciliación”. El término “reconciliación” se puso de moda en los albores de la Transacción o Transición, aunque, en aquella época, hacía par con la palabra “amnistía”. En esos momentos contribuyó a dar un ropaje sentimental pseudorreligioso al consenso o acuerdo oligárquico entre las fuerzas vivas franquistas y la oposición oportunista para el reparto del Estado. Ahora parece surgir para aliñar el aparente consenso separatista que podría perfilarse, siempre, claro está, que concuerde con los intereses de las fuerzas oligárquicas mayoritarias.

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