En el capítulo nº 77 de la «La partidocracia entre líneas» participan Alan Simón, Fernando de las Heras, Pedro Manuel González y Juanjo Charro para realizar un programa especial de fin de año. En éste se han tratado temas como la ley del “sólo sí es sí”, los efectos de la Constitución del 78, la polarización social, el lawfare y la democracia material.
El discurso vacío del rey propagandista de la partitocracia
Pedro Manuel González, autor del libro «La Justicia en el Estado de partidos», en el capítulo nº 192 de «La lucha por el derecho» analiza el discurso vacuo del rey.
La ciencia política
Las ideas políticas vienen de los hechos. El pensador político analiza los hechos parar descubrir ideas políticas.
La ciencia política es la ciencia del poder.
Antonio García-Trevijano, abril del 2013.
Fuente RLC: https://www.ivoox.com/rlc-confesiones-universidad-i-audios-mp3_rf_2045350_1.html
Música: Concierto para piano nº5 de Bethoven.
https://www.ivoox.com/sala-musica-n-44-beethoven-concierto-audios-mp3_rf_12063068_1.html
Monarquía de partidos estatales: esencia de la partidocracia
Por más que la Constitución de 1978 proclame en su artículo 1.3. que «la forma política del Estado español es la monarquía parlamentaria», por la ausencia de representación política de los votantes —los diputados y senadores representan y defienden a su partido, no a los votantes—, de parlamentaria la monarquía que diseña en su articulado la Constitución no tiene más que el nombre. Tampoco es constitucional por la ausencia de separación en origen del poder ejecutivo del legislativo.
La monarquía que articula la Constitución de 1978 es una monarquía de partidos estatales o partidocracia, caracterizada por dos notas: la confusión de los poderes del Estado, colonizados a todos los niveles por empleados de los partidos políticos estatales colocados por los propios partidos, y en segundo lugar por dos ausencias que, a su vez, son la esencia de la democracia como forma de gobierno: ausencia de representación política de los votantes y ausencia de separación en origen de los poderes del Estado.
En la partidocracia los partidos políticos son «empresas o agencias de colocación» y los diputados, aunque eufemísticamente se les llame así, meros «empleados de partido». Las Cortes bicamerales —Congreso y Senado— no representan a los ciudadanos, que se limitan con su voto a optar por la lista de los «empleados de partido» que defenderán en el Congreso y en el Senado los intereses del partido o del líder que los ha incluido en la lista electoral del partido.
Partidos estatales que se convierten de hecho en los auténticos detentadores de la «soberanía nacional» —sus lideres son los únicos que legalmente tienen la capacidad de modificar las cosas—, y al margen de los cuales no hay vida política.
La Constitución de 1978 consagra este régimen político de partidos estatales proclamando en el artículo 1.1 que: «España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico […] y el pluralismo político». Especificando y concretando el artículo 6 que: «los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política».
Los regímenes de poder que pivotan sobre los partidos políticos —partidocracias—, ya sea bajo una forma monárquica como la española, las de Suecia, Holanda, Bélgica o Noruega, o bien republicana como la de Weimar o las actuales alemana o italiana, unida a un sistema de listas electorales —abiertas o cerradas, producen el mismo efecto— elaboradas y presentadas por los propios partidos políticos antes de las votaciones, se sostienen a base de corrupción política y económica, que es factor de gobierno, y mediante el consenso —pacto y reparto—, que esencialmente es antidemocrático porque neutraliza la representación política de los votantes y anula la separación de poderes.
El régimen de poder partidocrático está dominado por el partido o por la suma de partidos cuyas listas electorales de «empleados de partido» han recibido más adhesiones o votos; no se elige, se vota. En la partidocracia, el objetivo de las votaciones no es elegir representantes políticos de los votantes; sino que el objetivo, que se camufla y no se manifiesta explícitamente manifestando lo contrario, es un puro reparto de cuotas de poder según el porcentaje de adhesiones o votos que han recibido las litas presentadas por cada partido político; además de esconder y diluir con este procedimiento las responsabilidades políticas personales de los candidatos incluidos en las listas electorales. Esto explica, por ejemplo, que por disciplina de voto impuesta coactivamente por las cúpulas de los partidos, violando con ello la prohibición expresa de mandato imperativo del artículo 67 de la Constitución, un diputado de una determinada provincia vota en contra de los intereses de los votantes de esa misma provincia.
Los empleados de partido, más empleados que diputados, además de representar y defender al partido en las cámaras legislativas, elegirán al futuro presidente del Gobierno, líder del partido que ha confeccionado aquellas listas electorales. Poder ejecutivo y legislativo que elegirán también, en todo o en parte, al órgano de gobierno del poder judicial, cerrando así el círculo de control y confusión de los poderes del Estado.
La partidocracia, con una apariencia de reparto de funciones que no es ni equivale a división o separación en origen de poderes, funciona bajo el manto de esa confusión de los poderes del Estado. Es el principio que rige y preside el funcionamiento de las dictaduras: «un solo poder, una pluralidad de funciones».
En España llama la atención el cinismo e hipocresía de los integrantes del poder judicial, y de colectivos como abogados, catedráticos, funcionarios y otras supuestas élites que conocen o deberían conocer las reglas de funcionamiento de la partidocracia. Reglas de juego político que permiten y posibilitan que los actores que dominan en cada momento el escenario político —si concurren las circunstancias y según los principios éticos o no éticos que orientan su forma de actuar—, pueden generar situaciones como la creada durante la República de Weimar, que posibilitó el acceso de Hitler al poder en Alemania, o el trapicheo y pasteleo del presidente del Gobierno en funciones Pedro Sánchez y otros políticos para conseguir que aquél continúe presidiendo el gobierno español.
La indignación siempre es fruto de la ignorancia o desconocimiento de las verdaderas causas que generan una situación, ignorancia o desconocimiento que puede disculparse en relación con la masa obediente y acrítica que no conoce las verdaderas causas de su indignación, así pasó con el conocido como movimiento 15M. Pero como diría Kant, es culpable la ignorancia y desconocimiento de las élites que, por su formación o por su posición privilegiada, conocen aquellas causas o deberían conocerlas.
Aunque me resisto, cada vez percibo con mayor claridad que el problema no es ni el régimen de poder que articula la Constitución de 1978, ni los políticos que participan en este ultimo, sino la sociedad española que, de la misma manera que toleró el régimen franquista durante cuarenta años, ahora mansa, indigna y servilmente tolera el régimen de poder que padecemos. Régimen de poder que sólo puede concebirse como una democracia si se entiende esta última como una religión o ideología, no si consideramos que la democracia es una forma de gobierno cuyo objetivo es articular y controlar el ejercicio del poder y la tendencia natural al abuso de este último.
Razón de Estado y estabilidad de gobierno
La estabilidad de gobierno tras el reparto del poder político encumbrado como bien supremo, da sentido al pacto pseudoconstitucional de 1978 sacrificando la libertad política y convirtiéndose en la primera razón de Estado de la fundación de esta partitocracia. La irrepresentación y la corrupción conceptual de la nación, subjetivizando su significado como hecho dependiente de la voluntad, tuvieron reflejo práctico en la organización territorial de las autonomías como natural consecuencia de ese consenso.
El sometimiento voluntario de la justicia al poder político asumiendo el rol de simple ejecutor de sus decisiones y renunciando a ser jurisdicción, es también parte de esa razón de Estado. Y no lo decimos nosotros, sino que incluso lo reconoció en su día de forma expresa quien, por designación de ese mismo poder político ocupara la jefatura máxima de lo judicial. Fue el entonces presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Excmo. Sr. D. Carlos Dívar, quien señalara en su discurso con motivo de la renovación de la presidencia de la Audiencia Nacional que dicho órgano «debe regirse por algo tan fundamental como es la razón de Estado, porque el verdadero Estado es el justo y el de derecho».
Ante tales palabras es revolucionario pretender que simplemente sea la ley la que guíe las actuaciones tanto de ese órgano jurisdiccional como de los restantes del mal llamado poder judicial. La dignidad judicial desaparece a la misma velocidad en que se acepta el papel ejecutor de esa infame razón de Estado a la que se deja la función arbitral de determinar lo justo en una concentración de poderes incompatible con la democracia. La vacuidad del concepto de Estado de derecho sólo es un adorno dialéctico, edulcorante de tan manifiesta expresión de pleitesía.
El círculo de la inseparación se cierra con el broche del consenso y la invocación una vez más de «lo social», también como razón de Estado y excusa última para someter a una justicia sólo separada nominalmente del poder político.
Esta es la praxis del Estado social, antidemocrático y de derecho que se traza en el artículo 1 del texto llamado constitucional.
Un líder, Gerardo Iglesias, sin impostura
Estoy escuchando a Gerardo Iglesias (minero, sindicalista y diputado español por IU) en la presentación de su último libro. Una señora le pregunta acerca del peligro de cuestionar la democracia; le alega que «la democracia está en peligro». Gerardo le responde acerca de la gran transformación que deben sufrir los partidos, habla de los «aparatos de los partidos» como «aparatos o maquinarias electorales», de la instalación de algunas personas en las cúpulas de los partidos estatales.
Yo sostengo que lo que está en peligro no es la democracia, lo que está cuestionado es la partitocracia, el Estado de partidos estatales. En peligro está ‘el partido’ como órgano del Estado, como ente ajeno a la sociedad civil. Los partidos políticos se han convertido en órganos del Estado, han abandonado su lugar propio, que es la sociedad civil, y se han encaramado en el poder estatal. En España, además, han aceptado esta suerte de monarquía de partidos que no separa los poderes judicial, ejecutivo y legislativo en origen. Han aceptado que los ciudadanos no estén representados en el Estado ni en la nación, han aceptado que los jefes de partido hagan las listas de diputados, y que luego el jefe de partido que más votos saque, mande en todo, mande en el Parlamento, mande en el Gobierno, mande en el Consejo General del Poder Judicial, mande en el Tribunal Constitucional…
Ahora se está empezando a cuestionar a la «clase política», a los partidos políticos estatales, a los sindicatos estatales, etcétera; se está empezando a cuestionar la ley electoral, la legitimidad de los «diputados estabulados» en el Congreso, se está cuestionando la necesidad de tanta Autonomía, de tanto miniestado o virreinato, de tanto mini Parlamento de irrepresentación. Los ciudadanos están empezando a descubrir que no están representados en la nación (Congreso), que allí solo están representados los jefes de partido, que sus territorios nunca son tenidos en cuenta; se están dando cuenta de que quién les gobierna no ha sido elegido por ellos, sino por los diputados que él previamente ha seleccionado para unas listas que luego obtienen la mayoría gracias a un sistema proporcional corregido que prima a las mayorías y perjudica a las minorías. Este es el mismo sistema que llevó a Hitler al poder. Los ciudadanos no pueden elegir, solo pueden plebiscitar.
Los partidos políticos son necesarios en la sociedad civil, son necesarios para crear ideales, para organizar a la sociedad, para la libertad de pensamiento, para la organización y la defensa de los intereses comunes. Los partidos políticos son la consecuencia lógica de la libertad de asociación en la sociedad civil, pero los diputados deben representar a los ciudadanos, al distrito por el que han sido elegidos, independientemente de la ideología que tengan o de la adscripción partidaria que pudieran tener. Otro gallo nos cantaría si los diputados electos lo fueran por haber superado dos vueltas, en candidaturas uninominales y en distritos de unos 100 000 habitantes; y además acudieran al Congreso con «mandato imperativo» de su distrito. Ahora, por contra, acuden allí y votan por mandato imperativo de sus jefes de filas.
Lo que está en peligro es la gran mentira de la transición. No nos representan, no les votes, esto no es democracia.
La Constitución no está en peligro, es el peligro.
La democracia la podremos traer con la libertad política, la separación de poderes y la representación política.
La judicialización de la política o el lawfare
Pedro Manuel González, autor del libro «La Justicia en el Estado de partidos», en el capítulo nº 191 de «La lucha por el derecho» nos habla de la judicialización de la política o el lawfare.
En la noche de la partidocracia todos los gatos son pardos
En el capítulo nº 76 del programa «La partidocracia entre líneas» Álvaro Bañón y Juanjo Charro comentan la actualidad política española.
Una monarquía corrompida
El caso Urdangarin mostró que la monarquía española está corrompida.
Juan Martínez y Antonio García-Trevijano Forte, 24 de enero del 2012.
https://www.ivoox.com/martes-24-01-2012-lectura-critica-prensa-audios-mp3_rf_1008026_1.html
Música: Jota. Canción popular. Manuel de Falla.
Consenso político y amnistía a los oligarcas de partidos
Pedro Manuel González, autor del libro «La Justicia en el Estado de partidos», en el capítulo nº 190 de «La lucha por el derecho» nos explica por qué no cabe indignarse ante la consecuencia lógica del consenso de los partidos para el reparto del poder.
