Amigos y amigas de alma republicana

Hablaré de la historia que originó esta Monarquía y de la acción que la podrá transformar pacíficamente en República Constitucional.

El presidente de la Junta Directiva de esta Asemblea me ha rogado que, dada la vivencia que tuve de los acontecimientos que sucedieron desde la muerte de Carrero hasta finales de 1976, os cuente el proceso original de la Transición, así como los móviles y causas que la impulsaron y la encauzaron. En fin, todo lo que los historiadores y los medios silencian, sea por ignorancia de los hechos, sea por adulación a los resultados objetivos del tránsito, sea por complicidad con los partidos que se apropiaron del poder sin control de la dictadura, para poder detentarlo, también ellos, sin control.

No conozco un solo libro de historia que narre con objetiva imparcialidad, y sin grandes lagunas, el proceso histórico de Transición, desde la Dictadura de un solo partido estatal a la oligarquía de varios partidos estatales, en una Monarquía de Partidos.

Aunque publiqué en el periódico La Razón una serie de artículos sobre la Transición, con un breve retrato de los principales agentes de la oposición a la dictadura, para dejar constancia de algunos hechos históricos relevantes e incluso decisivos, silenciados o deformados por los historiadores -artículos que se pueden leer en mi página Web-, confieso que soy refractario a escribir las Memorias que muchos editores me piden, y os diré por qué, aunque tal vez pueda rectificar cuando chochee.

No siendo escritor de bellezas literarias, como lo era el autor de las Memorias de Ultratumba, donde lo que importa, más que la verdad de los hechos causantes de los cambios políticos, es la belleza de la narración de los sentimientos que producen, carezco de justificación para escribir mis Memorias. Además, en el Prólogo al libro de Manuel García Viñó titulado “El País, la cultura como negocio”, defiendo la tesis de que no son los historiadores ni los memorialistas, sino los novelistas geniales, quienes descubren las causas de los acontecimientos históricos. Y pongo de ejemplos deslumbrantes a Goethe y Stendhal. El memorialista se toma demasiado en serio a sí mismo, sin saber que casi siempre es una marioneta del destino.

Conociendo que la memoria guarda mejor el recuerdo de los sentimientos que el de los hechos que los causaron, el espíritu científico me empuja a desconfiar de la fidelidad de mis recuerdos respecto de los hechos de que fui actor o protagonista. Incluso de aquellos que registré por escrito.

El embarazo que causa hablar de uno mismo me hace ser reservado sobre las acciones que emprendí para lograr la unidad de la oposición a la dictadura, la movilización de masas antifranquistas y la aceptación mundana del partido comunista, por los sectores sociales de la clase dirigente. Los jefes provinciales de este partido decían que yo lo vestía de largo y lo presentaba en sociedad.

Pero puedo narraros la historia original de la Transición, sin hablar de mí mismo, desde una perspectiva que desvela la razón por la que los partidos clandestinos pactaron con la dictadura tanto eludir la libertad constituyente, como repartirse el poder por cuotas electorales.

El pacto de los principales partidos de la clandestinidad con la dictadura comenzó a fraguarse a primeros de marzo de 1976. El gobierno de Carlos Arias había abierto la ventanilla al PSOE, y este partido dirigido por el izquierdísimo Felipe González, se disponía a entrar en la legalidad de la dictadura. Así lo expresó en mi propio despacho el Sr. Múgica, en presencia de Gómez Llorente.

El que entonces era Comisario francés en Bruselas y luego Ministro de Asuntos exteriores con Mitterrand, Claude Cheysson, me informó de que Kissinguer había pedido al canciller Helmut Schmidt que patrocinara el pacto de Felipe González con el Gobierno de Carlos Arias, para evitar que, a través de la ruptura democrática que promovía la Platajunta, el PC alcanzara la hegemonía que obtuvo en Portugal.

Dos hechos ocurridos casi simultáneamente en el mes de marzo de 1976, y protagonizados por Fraga, confirmaron esta información. Este energúmeno fascista me encarceló sin proceso y se entrevistó con Felipe González en el chalet del Viso propiedad de los suegros de Miguel Boyer. Estoy informado de lo que trataron. Parece ser que se pusieron de acuerdo en todo, incluso en la necesidad de mantenerme encarcelado, menos en el sistema electoral.

Juzgad vosotros los hechos. Felipe González pidió a los comisarios del Mercado Común, decididos a suspender las negociaciones de ampliación del acuerdo con España mientras yo permaneciese encarcelado, que no hicieran nada para sacarme de la cárcel porque yo mismo le había comunicado que mi encarcelamiento favorecía la causa de la oposición.

A la semana de estar en Carabanchel, me visita el Decano del Colegio de Abogados de Madrid, Antonio Pedrol, para trasmitirme el siguiente mensaje de Fraga: “si Trevijano promete darme patadas en las espinillas como hacen los demás, pero no en los huevos, lo pongo en libertad ahora mismo, si no lo tendré encarcelado mientras sea ministro”. Cumplió su palabra y salí de Carabanchel a la vez que Fraga del Ministerio y Carlos Arias del Gobierno.

Inmediatamente convoqué una reunión de la Platajunta para reprocharle que, durante los cuatro meses de mi encarcelamiento, ni este organismo ni los partidos que lo integraban habían realizado acción alguna de oposición. Y tuve la humorada de leer el acta de la sesión anterior, donde Múgica había anunciado la intención del PSOE de pasar por la ventanilla de Carlos Arias. Ante el asombro de todos, el propio Múgica, dijo que “no había peor ciego que el que no quiere ver”.

En las hemerotecas podréis comprobar como todos los partidos interpretaron en sentido reaccionario y fascista el nombramiento de Suárez. Solo mis declaraciones advirtieron de que este joven falangista, iniciaría una apertura para deshacer la unidad de la oposición y meter sangre fresca en el franquismo. Conocéis que la oposición perdió la iniciativa a partir de la Reforma Política. Pero no conocéis que otra vez Felipe González pactó con el gobierno de la dictadura, esta vez con Suárez, para que levantara la materia reservada sobre Guinea, y el PSOE, a través de Múgica, pudiera eliminarme de la escena política mediante una difamación a la que yo no pudiera responder en la prensa, como así sucedió.

Esta difamación tuvo lugar cuando Carlos Ollero, de modo oficioso, estaba preparando un encuentro de la oposición con Suárez, a la que yo me oponía porque en tan solo unos meses de resistencia y de acción pública estaríamos en condiciones de imponer al gobierno los puntos irrenunciables de la ruptura democrática. Sin la promesa de abrir un periodo de libertad constituyente y sin el compromiso de legalizar simultáneamente a todos los partidos, incluso los republicanos, era una inmoralidad política el solo hecho de reunirse con Suárez. Todos los miembros de la Platajunta sabían que yo no cedería. Por eso ninguno reaccionó ante la difamación del PSOE, aunque todos me manifestaron en privado su indignación.

La oposición clandestina se rindió al franquismo nada más pisar las alfombras de Palacio. El indocumentado Suárez obtuvo todo lo que se propuso: salvar la continuidad de la Monarquía y de los gobernantes franquistas, convirtiendo a todos los partidos en estatales, como su querida falange, y sirviendo café para todos, como el que dio a Tarradellas. Una anécdota me viene a la memoria. Tarradellas me invitó a cenar en la Generalitat para explicarme su acuerdo con Suárez. Y me dijo que él no se había rendido como los demás. A lo que repliqué: reconozco que Vd. ha tenido más sabiduría política, ha sido el último en rendirse.

El PSOE y el Partido Comunista renunciaron en 24 horas a todo lo que durante tantos años habían defendido en la clandestinidad. Solo fueron firmes, y ganaron, en una sola materia política. Precisamente en algo que no tuvieron en la II República. A ese algo nuevo, pero sagrado para ellos, sacrificaron su propio ser. Nada valía tanto como eso. Ni la República, ni la libertad política ni la democracia.

Me refiero, como habréis imaginado, al sistema electoral. Este fue el único asunto que motivo la discrepancia en la reunión de Fraga con González. Y la discrepancia se reprodujo con Suárez. No estuvo causada por razones doctrinales, sino por puras conveniencias personales. Los franquistas defendían las elecciones uninominales por el sistema mayoritario, porque siendo los únicos candidatos conocidos de la opinión pública, pensaban tener una ventaja decisiva sobre los que salían de la clandestinidad.

Los Jefes de los partidos de izquierda se aferraron al sistema proporcional porque era el único modo de evitar los riesgos de la libertad de elección, y de asegurar sus jefaturas de partido. Si hasta el más tonto de los suizos hace un reloj, hasta el más idiota o más granuja de los españoles puede hacerse jefe de un partido con siglas históricas, si lo dejan designar a los diputados de lista.

Y con esto llego al punto crucial de mi discurso, al mensaje que deseo transmitir no solo a todos los republicanos, sino a todos los españoles que además de ser inteligentes sepan lo que es decencia y decoro

Si los partidos socialista y comunista sacrificaron la República, la libertad y la democracia en el altar de las elecciones de listas de partido, es decir, si la Transición ha consistido en el paso de la dictadura de un partido estatal a la oligarquía de varios partidos estatales, por medio de elecciones de cuotas de partido, son los propios partidos quienes reconocen así que el talón de Aquiles de esta Monarquía está en el sistema electoral, o sea, que el punto vulnerable del Régimen monárquico está en la falsedad representativa de su sistema electoral.

Esta confesión de los partidos estatales nos indica que la mejor táctica para cambiar la Monarquía por una República Constitucional, consiste en evidenciar el fracaso del sistema electoral, es decir, en promover su rechazo masivo mediante una abstención sistemática en todas las convocatorias, sean municipales, autonómicas o generales.

En España, a diferencia de Bélgica, nadie está obligado a votar. Allí, el voto blanco o nulo es la única forma de expresar el rechazo del sistema electoral. Aquí ese rechazo solo puede manifestarse por medio de la abstención. El voto blanco desprecia todas las candidaturas, pero aprecia el sistema electoral por listas de partido. La abstención, que no rechaza las personas candidatas, sino el modo autoritario y partidista de meterlas en un parlamento ficticio e innecesario, no atenta directamente contra la forma del Estado, sino contra el sistema electoral.

Dejar de votar no es, por ello, un privilegio de los republicanos, sino un derecho de las personas coherentes, sean republicanas o monárquicas, que no quieren votar sin elegir, ni ratificar partidos irresponsables sin escoger representantes responsables; que no pueden verse como menores en una representación legal, sino como mayores en una representación voluntaria; que les repugna participar en una farsa electoral cuyos resultados jamás serán representativos de la sociedad civil; que no serán cómplices de un fraude que otorga apariencias de representación a lo que solo es doble presentación de los partidos en el Estado; que no quieren financiar con sus impuestos a los partidos adversarios de su ideología personal; y que no aprueban que los partidos estatales se repartan el poder según las cuotas obtenidas en las urnas.

Cuando es consciente de su naturaleza activa y de la negatividad que expresa, la decisión de no acudir a las urnas constituye un acto colectivo de gran trascendencia política y de un gran valor cívico. Pues lo consciente tiene mayor calado que lo simplemente voluntario, y la negatividad crítica, si no es actitud permanente como en el anarquismo, es un requisito indispensable de la creación o innovación política.

La abstención es el enemigo esencial de los partidos de integración de las masas en el Estado. Pero no lo es de los partidos de representación, como en EEUU, Gran Bretaña y Francia. Pues mientras que en estos países una pequeña participación electoral no priva a los partidos de su carácter representativo, en España una participación inferior al 50 por ciento del censo electoral, priva a todos los partidos estatales de su potencial integrador de las masas, en virtud del cual se justificó su conversión en órganos permanentes del Estado.

Diga lo que diga la propaganda masiva de los medios de comunicación, sea cual sea la capacidad de la clase dirigente para vivir de espaldas a la realidad política, los partidos estatales que no logran elevar la participación electoral por encima de la mitad del censo, dejan de ser necesarios al Estado y útiles a la Sociedad. Aunque sigan viviendo de las rutinas o inercias de su pasada identificación con las masas, están heridos de muerte en su razón de ser. No se trata de que pierdan legitimidad, pues esa condición social nunca la tuvieron, sino que dejan de ser eficaces. Lo peor que le puede suceder a una maquinaria. Hemos de civilizar a los partidos sacándolos del Estado y devolviéndolos al seno de la sociedad civil.

Como me aburre repetir lo escrito en otros lugares, una vez anunciada aquí la diferencia de naturaleza de la abstención en los sistemas mayoritarios o proporcionales, me concentraré en dos aspectos de la abstención que no han sido tratados por la doctrina. Uno, de carácter teórico, se refiere a la capacidad creadora de la negatividad inherente a la abstención transitoria, y otro, de carácter práctico, a la autocondena que implica para un Régimen atribuir el éxito de la abstención a factores extrapolíticos.

El aspecto filosófico de la abstención, a pesar de su importancia social y política, no ha merecido la atención del pensamiento. Pero no era necesario esperar a Hegel para saber que la negatividad es un elemento constitutivo de toda realidad. La maravillosa fábula de Tácito ilumina la filosofia positiva del No. Un pueblo asiático no podía salir de la tiranía porque en su idioma no existía la partícula No. La resistencia del miedo a decir no a la vigencia de realidades políticas desagradables, explica que los dictadores mueran en la cama y que sus herederos oligarcas gobiernen con servidumbre voluntaria. Pero sin el poder de la negatividad nada estaría determinado. “Omnis determinatio est negatio” (Spinoza).

La abstención es una de esas negatividades, como la ausencia o las preguntas sin respuesta, a las que Sartre no consideró nadas sino partes integrantes de la realidad. La abstención electoral es una privación que pide ser colmada tan pronto como la libertad política y un sistema electoral de sentido común permitan votar en conciencia, y elegir entre opciones electorales diferentes. Sin potenciar hoy la abstención, la incompetencia de los partidos seguirá mañana decidiendo por nosotros en cuestiones vitales.

Y llego por fin a la estupidez de todos los gobiernos que, sin conciencia de la autoinculpación en que incurren, culpan al sol, al mar o a la lluvia de los altos porcentajes de abstención que vienen padeciendo la Monarquía, el Estado de Partidos y las Autonomías.

Tienen que reconocer que los gobernados prefieren cuatro horas de sol a participar una hora cada cuatro años en unas elecciones insignificantes. Si esto fuera verdad, sería la prueba del fracaso absoluto de la finalidad integradora de las masas en el Estado, que asumió esta Monarquía de Partidos, según palabras textuales de la Constitución, así como la comprobación definitiva de que estas Autonomías del gasto suntuoso y de la vanidad nacionalista no le interesan más que a los que viven de ellas.

El significado profundo de lo que nos dicen los gobiernos, para quitar importancia a la abstención consciente, es que la indiferencia de los gobernados hedonistas no moverá un dedo para salvarlos, en el caso de que la parte más inteligente y decidida de la sociedad civil se movilice para sustituir la Monarquía de los Partidos por la República Constitucional de la libertad y la democracia política.

Pero la abstención no es la sola manera de provocar la deslegitimación popular de la Monarquía de Partidos, sino una más de las variedades de resistencia pasiva, desobediencia civil y objeción de conciencia, a las que recurrirá el MCRC para conquistar la libertad de elegir al poder ejecutivo y, en elección separada, al representante de cada distrito electoral o mónada republicana, o sea, para llegar a la democracia mediante la instauración de la República Constitucional.

Amigos y amigas de alma republicana

Aquí vengo con la esperanza de respirar aires menos contaminados que en la capital del Estado. La polución del espíritu la produce mucho más que la telebasura, la producción y consumo de mercaderías políticas averiadas. Y la regeneración ética y cultural de la política no puede ser acometida por los partidos que dictaron la Transición a espaldas de la sociedad y se hicieron órganos permanentes del Estado, porque las fuentes de la moral se encuentran únicamente en la sociedad civil.

Pero la civilidad pierde vigor regenerativo donde los modos de civilización técnica se alejan de los que imponen los ritmos de la naturaleza. Por eso, la recuperación del sentido común no se puede iniciar en las urbes de crecimiento artificial, sino en las poblaciones que han conservado, unidos a su progreso material, los valores derivados del amor a la naturaleza. Busco al aire libre la sensatez perdida en las urbes del Estado de Partidos.

Esta monstruosa forma de Estado nació en Europa continental como mero expediente para la guerra fría. Y cuando terminaba esa guerra universal a la libertad de pensamiento, el jefe de la Falange, Suárez, importó la maldita fórmula para evitar que, tras el dictador, comenzaran a vivir en España la libertad política, la decencia pública y la dignidad personal. La Monarquía daba a la oligarquía de partidos la seguridad de que el poder continuaría siendo tan incontrolable como en la dictadura. La corrupción, el enriquecimiento ilícito y el crimen de Estado se garantizaron el porvenir. Y nadie sabe como salir de esta situación porque nadie quiere saber la causa institucional que la perpetúa. Sin cambiar la Monarquía de Partidos por la República Constitucional no hay la menor esperanza de libertad, decencia y dignidad.

Desde esta tribuna, a la que acudo con respeto admirativo hacia la inteligencia, valentía y lealtad de Vicente Carreño, aclararé cuales son las causas institucionales que degeneran la vida pública y cuales son sus remedios. Pues todo gira en torno a una falsa idea de la representación política, que se fue pervirtiendo desde el inicio de la Revolución Francesa, hasta que el Estado de Partidos terminó por suprimir todo vestigio de representación.

Por extraño que sea en un Régimen donde se celebran elecciones periódicas, en esta Monarquía no hay representación de nada ni de nadie, pues ninguna de sus instituciones produce el fenómeno de la representación política, en virtud del cual lo ausente, el pueblo gobernado, se hace presente en el Estado gobernante, a través de una intermediación parlamentaria. En verdad, solo hay representación teatral de la política por medio de ficciones.

La representación política es un proceso de intermediación que fue desconocido en la democracia griega y en la República romana, basadas en el principio electivo de los cargos públicos, pero no en el principio representativo de los “cives”, cuya traducción exacta no es ciudadanos, sino conciudadanos.

Me vais a permitir que antes de hacer una breve excursión por los caminos doctrinales que recorrió la representación política hasta que fue suprimida por los Partidos de integración estatal, aclare las diferencias de naturaleza entre representación y representatividad. Pues si la representación política permite la presencia de lo ausente, la representatividad social supone la correspondencia entre una institución política y la sociedad de la que emerge. La representación produce la legalidad de la obra institucional que la encarna. Mientras que la representatividad solo otorga legitimidad a las instituciones que la expresan.

Hasta tal punto son conceptos y realidades diferentes, que incluso el propio parlamento puede no ser representativo, si la ley electoral, como sucede con el sistema proporcional, no permite crear una correspondencia o reproducción especular entre la gran sociedad electora y la pequeña sociedad elegida.

La pseudo ciencia política no ha percibido, ni quiere percibir, la evidencia de que los parlamentos del Estado de Partidos, rellenados con diputados de listas, además de no ser representativos de la sociedad civil, eso lo reconoce ya hasta la jurisprudencia alemana, ni siquiera son representantes de los partidos estatales que los ocupan, pues esos pseudo parlamentos no reúnen el requisito esencial de la representación política, esto es, que mediante ella lo ausente gobernado se haga presente en el Estado gobernante con una intermediación parlamentaria.

Los partidos actuales, en tanto que son órganos permanentes del Estado, no están ausentes de su representación parlamentaria, por lo que no necesitan ser representados por sus diputados de lista. Los partidos estatales caen en la incongruencia, denunciada por Rousseau, de mantener la representación en presencia de la entidad representada. Los parlamentos de partidos estatales no pueden ser intermediarios entre la sociedad gobernada y el Estado porque ellos son órganos del Estado.

La prueba de que el Parlamento es superfluo o redundante de presencia partidista, está en la posibilidad, perfectamente realizable, de que sea sustituido por una reunión de los cuatro o cinco jefes de partido presentables en candidaturas uninominales a elecciones nacionales. Ellos solos, según la cuota obtenida, se repartirían como ahora todos los poderes del Estado y de las empresas estatales. Sin Parlamento, el Régimen de la Monarquía funcionaria igual, y sería mucho más barato.

Conocida la diferencia entre representación y representatividad, sabiendo que los actuales partidos estatales no representan a nadie y solo son representativos de la clase política en la que están integrados, conviene recordar los defectos de la antigua representación parlamentaria para no caer en ellos, cuando la República Constitucional restaure el principio representativo de la sociedad civil por la sociedad política. Pero no ha existido una idea permanente de la representación política. Cada época, según el estado de su desarrollo social, ha tenido la suya. Y la historia nos muestra varios tipos de representación política

El primer tipo, la representación real con mandato imperativo mediante elección de personas notables al Parlamento, se extiende desde la revolución inglesa de 1688 hasta el discurso de Burke a los electores de Bristol en 1774.

El segundo tipo, la representación virtual sin mandato imperativo, lo define Burke: “ustedes eligen un diputado, sin duda, pero cuando lo han elegido ya no es un representante de Bristol, sino un diputado al Parlamento”, lo consagra Sieyès en la Asamblea Nacional de Versalles de 1789 y dura hasta la formación de partidos de clase, en la segunda mitad del XIX.

El tercer tipo, la representación colectiva con mandato imperativo de partido, la inician los partidos obreros, la copian los partidos burgueses y dura hasta el sufragio universal otorgado después de la guerra del 14.

Y el cuarto tipo, el que sustituye la representación política por la integración de las masas en el Estado, lo inicia el Estado de partido único y lo consagran, después de la guerra mundial, los actuales Estados de partidos, que no son representantes ni representativos, sino presentativos de la clase gobernante.

¡Cuantos absurdos encierran los prejuicios sobre dos palabras, representación política, creados por la prevalencia de la desigualdad social sobre la igualdad de la libertad política! Hasta el gran Stuart Mill llegó defender el voto plural a favor de las clases intelectuales. Incluso el dogma de un hombre un voto carece de coherencia si el agente de la política no es, como nunca ha sido, el individuo aislado de su contexto electoral.

El asunto de la representación política no es autónomo. Su concepción depende de lo que se espera obtener del Parlamento. Pero nadie dirá la verdad sobre los propósitos parlamentarios de los partidos estatales, sobre el desprecio de los amos a sus empleados legisladores, porque sería impúdico exhibir, sin que lo exija otro interés más poderoso que el de la verdad, cosas desagradables de mirar y aún más ingratas de oír que de ver.

Los diputados de lista no son dignos en el terreno personal, ni presentables en el terreno social, porque son reclutados por los aparatos de partido para aplaudir, en la Cámara, las leyes que le pasan a la firma sus jefes de partido, por cuenta de los representantes extraparlamentarios de los oligarcas del dinero y los medios informativos.

Quien tiene en sus manos la iniciativa legislativa, o mejor dicho, la imaginación para legislar, tiene en sus manos a los incompetentes gobiernos de partido, y no permitirá la existencia de Parlamentos independientes que surjan de la representación política de la sociedad civil. Cuanto mayor sea la complejidad o la dificultad técnica de las leyes que dirigen el crecimiento de la economía, menor será la independencia de los gobiernos de partido frente al grupo de oligarcas afines, cuyos departamentos de estudios financieros y tecnológicos sugieren, preparan y aportan a los amigos del gobierno las iniciativas legislativas.

Y toda esta corrupción oligárquica la facilita el hecho de que los Parlamentos en el Estado de Partidos no guardan relación con los conceptos de representación política que se enseñan en las Universidades y se transmiten de forma acrítica por los medios de comunicación, como si fuera una representación eucarística.

La guerra fría condenó a los europeos instruidos a ser, durante toda su vida, estudiantes del error, cuando no de la ficción, en todo lo concerniente a la representación política parlamentaria. Por eso se encuentran tantos ignorantes o ilusos entre los doctores en ciencias políticas o directores de prensa.

Toda ignorancia de evidencias es culpable. Y la ilusión solo puede ser placentera mientras dura. Pero continuar aferrados a ella después de saber que era un engaño, después de conocer la realidad, eso es algo peor que ser ilusos. Es una verdadera ignominia para consigo mismo y para con los demás. Pues los que prefieren permanecer en la ilusión, y dar la espalda a la realidad, en el fondo no lo hacen por su afición a los sueños, sino porque todas las realidades decorosas le dieron la espalda a ellos a partir del momento inicial de la indecorosa Transición.

A partir de ahora, los estudiantes que participen en el MCRC enseñaran a sus profesores la realidad y la verdad de las instituciones políticas, para que dejen de vivir entre el mundo de las ilusiones y el de la marrullería intelectual. Les obligaran a no mentir más sobre la historia de la Transición. Y las personas adultas saldremos a las calles de la ciudad para poner fin a la farsa electoral. Pues somos delegados de la verdad y combatientes bajo banderas del pensamiento. Alzaremos la voz contra la necedad, tan alto como otros lo hacen contra el terrorismo. Y nos alejaremos de cualquier intriga política. Pues nuestro objetivo no es el poder sino la verdad y la libertad.

Pero no permaneceremos pensativos y llenos de incertidumbre, ni tampoco improvisaremos fórmulas políticas como si fuéramos ridículos arbitristas que sueñan utopías republicanas o reformas monárquicas del Estado. Estamos arropados por una reflexión continuada durante treinta años. Y, lo confesamos sin pudor, nos sentiremos frustrados si nuestras ideas no las transformamos en acciones, si nuestros pensamientos se quedan en tan solo pensamientos, si nuestra imaginación se enreda en fantasías, si nuestro obrar no genera el ingenio para obrar, si nuestra amistad en los ideales que nos convocan a la acción política se reduce a camaradería o coleguismo.

Y ¡quien lo diría!, amigos de la eficacia. La acción inteligente nos pide que comencemos la actividad política con una omisión generalizada: abstención electoral. Pues lo inteligente no es votar en blanco o nulo, una forma cobarde de manifestar rechazo de los candidatos pero no del sistema, sino abstenerse de votar el fraude electoral que mantiene la ficción de que los diputados de lista representan a los electores o a la sociedad civil. La abstención en las próximas elecciones municipales será el comienzo de nuestra acción.

No se trata de un boicot a las urnas ni a las personas que se estiman tan poco a sí mismas que se rebajan a ser candidatos en listas de partido, tampoco se trata de un rechazo de los partidos políticos ni de la necesidad de elecciones libres. Se trata de no seguir cooperando, de no ser cómplices pasivos del fraude electoral implicado necesariamente en el sistema proporcional.

Usada como táctica y no como finalidad última, la abstención de votar es el primer recurso de que disponen los ciudadanos para salir de su estado de servidumbre voluntaria, para romper la inercia de sus rutinas políticas de esclavo.

Comencé este sermón político, como lo llamaría el renacentista Francis Bacon, anunciando que no solo me disponía a denunciar la enfermedad epidémica de las votaciones a listas de partido, describiendo su etiología, su nadería representativa y los síntomas de recalcitrante imbecilidad que la manifiestan, sino que sobre todo quería proponer el único remedio contrastado en la ciencia política y en la experiencia de grandes países como Gran Bretaña, Francia y Estados Unidos.

El único sistema que produce la representación política de los votantes, y que permite votar en conciencia a personas responsables y no a siglas irresponsables, es el de candidaturas uninominales, en distritos pequeños, elegidas por mayoría a doble vuelta y sujetas al voto imperativo de los electores.

Me vais a permitir que no me extienda en pormenores técnicos. Sería falta de educación aburriros con detalles más propios de una lección universitaria que de un discurso. Pero si voy a destruir el único argumento contra el sistema mayoritario, que esgrimen los cínicos partidarios del sistema proporcional. Este argumento lo han extraído de la teoría de los juegos, lo cual revela la frivolidad que implica aplicarlo a la política.

El razonamiento considera injusto que el candidato ganador se lleve consigo al Parlamento toda la cosecha, es decir, no solo los votos favorables, sino también los adversos, pues allí representa a todo el distrito. Le parece más justo que el perdedor acceda a la diputación con la cuota proporcional a los votos obtenidos. La falacia es evidente. No hay un problema de justicia, sino de representación. Los votos del perdedor acceden al Parlamento, pues el ganador esta sujeto al mandato imperativo de todo el distrito. Y es incoherente que al Presidente del gobierno lo nombren solamente los diputados ganadores.

Pero el estudio reflexivo del sistema mayoritario, existente en los países mencionados, nos ha inducido a mejorarlo o incluso a perfeccionarlo, creando novedades teóricas y empíricas, acordes con la naturaleza y alcance de la representación política.

No es realista seguir creyendo, como Burke y Sieyès, que el diputado elegido en el distrito Lorca-Totana, tan pronto como es elegido, ya no representa al electorado de Lorca-Totana, sino al de toda España. Eso es tan absurdo como traicionero. Eso otorga plena irresponsabilidad al diputado. Eso impide el mandato imperativo de los electores de distrito, puesto que el todo nacional no puede admitir mandatos imperativos de sus partes.

La coherencia del principio representativo exige una completa correspondencia entre la teoría de la representación y la necesidad de mandato imperativo en las diputaciones. Y si en la doctrina clásica hay discordancia, lo razonable no es prohibir el mandato imperativo, como hacen las Constituciones europeas, sino cambiar la teoría. Eso es lo que hago en mi “Teoría pura de la Representación Política”, hasta ahora solamente esbozada en mi página de Internet.

La nueva teoría de la representación está basada en el descubrimiento, para mi revolucionario, de que los agentes o factores de la política (que en el Estado liberal eran los individuos; en el Estado totalitario, el partido único; y en los actuales Estados de Partido, los partidos estatales); en un sistema verdaderamente representativo, no pueden ser más que los representantes de los distritos electorales, siempre que en estas unidades se reproduzca el pluralismo social existente en el conjunto nacional, como ya sucede en todos los países de Europa occidental. Estas unidades complejas que componen un todo fueron llamadas mónadas en la antigua Grecia.

La nueva teoría de la representación está basada en la división del censo español en 400 mónadas electorales, de 100 mil habitantes o 75 mil electores aproximadamente. Cada una de ellas elige por mayoría absoluta (a doble vuelta) un diputado, bajo mandato imperativo, a una sola Asamblea legislativa y de control del poder ejecutivo, cuyo Presidente es elegido por sufragio directo de los gobernados en una sola mónada nacional.

De este modo, la representación política de cada distrito electoral corresponde a su diputado; la representación política de la sociedad española en su conjunto, a la Asamblea Nacional; y la representatividad de la Nación Española, al Presidente de la República. El equilibrio entre la Asamblea Nacional y la Presidencia de la Republica lo garantiza la facultad recíproca de acordar la destitución del Presidente o la disolución de la Asamblea, con el solo requisito de acordar al mismo tiempo bien sea la disolución de la Asamblea que destituye al Presidente, o bien la dimisión del Presidente que disuelve la Asamblea.

El mandato imperativo de los electores a su diputado de distrito, implica la posibilidad de revocar su elección, antes de la convocatoria de nuevas elecciones generales, si no cumple sus promesas electorales o su programa de legislatura.

Para que esta revocación pueda realizarse con rapidez, cada candidato pondrá en su papeleta el nombre de la persona que se encargará del seguimiento del programa del que resulte elegido diputado. Si las personas de seguimiento designadas por los candidatos perdedores, lo acuerdan, elevarán al Presidente de la Audiencia Provincial, la demanda de revocación. Y este la estimará o la desestimara tras oír la alegación del diputado.

Pues bien, he venido a Totana no solo para disfrutar de vuestra afinidad política, y darme el placer de estar unas horas en compañía de mi antiguo amigo epistolar, Vicente Carreño, sino también para comenzar aquí la organización del Movimiento de Ciudadanos hacia la República Constitucional, no de manera romántica o indeterminada de objetivos, pues odio el absurdo activismo sin acción, sino pidiendo a sus miembros activos que constituyan una Junta de vecinos de Lorca y Totana, para coordinar la campaña por la abstención en las elecciones municipales, y para sentar las bases teóricas y practicas de la organización de la primera mónada republicana de España.

Dedicaré a este asunto el tiempo que requiera. Pues será la experiencia piloto y la primera piedra de los cimientos civiles sobre los que construiremos el edificio inteligente de la República Constitucional. Para facilitar el entendimiento debo confesaros que desdeño a los retóricos, a los intelectuales de los medios, a los profesores que no son maestros, a los demagogos y a los oportunistas, es decir a los que saben hablar sin decir nada. Y que respeto mucho a los que se expresan con sinceridad en sus obras y oficios por modestos que sean, y saben apreciar el valor de las creaciones y las innovaciones, sean técnicas o culturales.

Lo concebido para Lorca-Totana es una creación política sin precedentes en la historia moderna de la humanidad. Pues se trata en realidad de una experiencia creadora en el arte de la política e innovadora en la ciencia política, que es en el fondo una sola y misma cosa, a la que llamamos ciencia cuando la mente está dominada por el sentimiento estético del mundo, es decir por la razón del arte, y que llamamos arte cuando es el propio mundo quien resulta amoldado por la razón de la ciencia.

(www.antoniogarciatrevijano.com)

Amigas y amigos de alma republicana. Tenemos las mismas amistades. Amigos de la verdad, rechazamos la mendacidad fundadora del Estado de Partidos. Amigos de la libertad, nos situamos en las antípodas de la servidumbre voluntaria. Amigos de la lealtad, no medramos con traiciones en un país de traidores. Amigos de la valentía, no conducimos nuestras vidas con temores a la autoridad. Y amigos de la inteligencia, despreciamos al pelotón de los torpes que gobierna con más horror de la lucidez que de la violencia.

Aquí no estamos conmemorando un fracaso ni golpeando las puertas de la libertad con aldabones de impotencia republicana. Simplemente, celebramos el banquete de los “primeurs” indicativos de que la República ha dejado de ser mera negación de la monarquía, como hasta ahora sucedía, para convertirse en la causa social de la verdad, la libertad, la lealtad, la valentía y la inteligencia.

No conmemoramos el fracaso de la II República, sino la causa de la libertad que no se hundió con ella. Las derrotas de las causas nobles atesoran los únicos valores que pueden fundar la concepción humanista del poder, mediante una teoría de la República, que identifique la materia humana de la política con la representación en el Estado de las dimensiones públicas de la sociedad civil, o sea, con la res publica, y que utilice la forma republicana del Estado para realizar la separación de poderes, o sea, la democracia política.

Así como no es digna la vida de sociedad sin autenticidad en las vidas personales de sus actores, tampoco son dignas de existencia las Repúblicas que no emergen del lazo integrador que mantiene unidas a las naciones. La II República advino como acontecimiento de masas carentes de ese lazo institucional, y se desintegró socialmente antes de que la reacción la aniquilara físicamente.

Pese a su fracaso institucional, la II República no debe ser tratada con la falta de respeto que merece, por ejemplo, la República de Weimar. La nuestra no entregó el Estado a los partidos. Y algún resorte de gran envergadura moral debieron de tener los republicanos españoles, cuando fueron los únicos europeos a los que el fascismo tuvo que vencer por las armas hasta su exterminio.

Los que no estuvieron a la altura de la circunstancia histórica de la República fueron los intelectuales. Pasó lo mismo en Weimar. Los mas famosos se pusieron al servicio de la República sin conocer las instituciones que esta forma de Estado requería para resolver el problema de la libertad política y mitigar la crudeza de los conflictos derivados de la lucha de clases. Ningún filósofo se percató de la diferencia de naturaleza entre el problema político de la libertad y el conflicto social de la igualdad.

Esta falta de perspicacia confundió la finalidad de la forma de Estado con la finalidad de la política, la misión de la República con la de gobernar. No fueron conscientes de que la materia republicana, lo político, condicionaba la política; de que la forma de Estado modificaba la naturaleza del Estado; de que la Republica no era posible sin libertad en las materias civiles de la res publica.

Los intelectuales de la monarquía cuando no son oportunistas o situacionistas son ilusos soñadores. Aun no se han percatado de que la Monarquía, pudiendo realizar la representación de la sociedad en el Parlamento, como en el Reino Unido, una vez perdida su mitología, que es el presupuesto mental del juancarlismo, no puede garantizar la coherencia del cuerpo social. La Monarquía española no es garantía de unidad nacional. Sin una revolución institucional en la forma del Estado no se diluirá la deslealtad de los nacionalismos periféricos que se desarrollan bajo el paraguas monárquico.

El problema específico de la República, su identificación revolucionaria con la libertad política, no lo resolvió la Revolución francesa, porque en su primera fase lo confundió, como en la Revolución gloriosa de Inglaterra, con la potestad de legislar, y en la segunda fase, con la igualdad social. Ese problema tampoco lo había resuelto la rebelión colonial de los EEUU porque confundió la libertad republicana con la independencia ante la monarquía inglesa. Y el problema republicano ni siquiera se planteó en la Revolución rusa.

Nuestra II República fracasó porque le faltó uno de los pilares de la libertad política, el de la separación de poderes. Fue un sistema representativo, pero no democrático. Por eso no pudo evitar la guerra civil. Y por eso los republicanos “in pectore” esperan hoy que la República llegue como fruto indirecto de la democracia. Grave error, pues la conquista de la libertad política, que no es un problema insoluble para la condición humana, constituye la finalidad de la República. La democracia, en cambio, garantiza la libertad conquistada por ella.

Para mostrar la diferencia entre el problema no ideológico de la libertad, que puede resolver la República, y los conflictos ideológicos de la igualdad, que han de afrontarse con medidas partidistas de gobierno, partiré del ejemplo utilizado por Bertrand de Jouvenel para ilustrar su errónea tesis de que el problema político es insoluble.

Los escolares sienten satisfacciones inefables cuando el maestro les explica la sencilla solución de un problema matemático que ellos no acertaban a encontrar. Y saben que ese problema está resuelto para siempre. Esos mismos niños salen al recreo, y se enfrentan en pandillas irreconciliables que expresan conflictos originados por la desigualdad. Y saben que esos conflictos se pueden suspender con medidas de la autoridad, pero no resolver.

Ante este claro ejemplo, debemos preguntarnos si la libertad es un problema no ideológico que se puede plantear y resolver como los de la ciencia, o si es un conflicto ideológico sin posibilidad de solución definitiva.

Entre historiadores y filósofos predomina la creencia de que el problema de la libertad es insoluble, porque no ven que en los fracasos históricos de la libertad siempre estuvo implicado algún conflicto de la igualdad. La humanidad nunca ha intentado el triunfo de la libertad, sin abordar a la vez la corrección de las desigualdades sociales producidas por la economía, la religión y la cultura. Y las ideologías de la igualdad no permitieron que las sociedades europeas resolvieran exclusivamente el problema de la libertad. Me he tomado el trabajo de repasar todos los fracasos históricos de la libertad, y en todos está presente algún conflicto de la igualdad.

Es cierto que hubo pureza liberal en las revoluciones protestantes, pero no era una pureza de libertad política sino de libertad religiosa. La revolución liberal no procuró la libertad de todos, sino la de la burguesía, para que aliada con la nobleza ilustrada venciera al absolutismo, y aliada luego con la aristocracia contuviera a la clase obrera. El sufragio universal no llegó como axioma de la libertad política, sino como conquista social de la clase obrera y del feminismo. No han existido acciones históricas por la pura libertad política. Las que pasan por tales fueron impulsadas por la causa nacionalista.

Cuando hablo de libertad política, y digo que no existe en esta Monarquía de Partidos, me refiero a la libertad colectiva, no a las libertades individuales. Y no es una mera opinión, sino un juicio que nadie puede rebatir. Pues sale del crisol objetivo de lo que se conoce a ciencia cierta. En España hay libertades personales atomizadas, no esa libertad política entera donde nadie puede ser libre sin la libertad de todos los demás.

Las libertades y derechos individuales no podían resolver el problema de la libertad política, porque la lucha de clases no solo impregnó de antagonismo social a la propia libertad, sino que no permitió su concepción independiente de la propiedad. Los propietarios temían la libertad política de la clase obrera, y los partidos obreros despreciaban las libertades formales. Resultado: ninguna categoría social quiso la libertad política tras la guerra mundial. Causa estupor la ignorancia política de los sabios que participaron en los “Rencontres” de Ginebra de 1947. Y la guerra fría justificó aquel fraude a la libertad.

Cuando la naturaleza liberó a los españoles de la dictadura, la clase dirigente solo aspiraba a homologarse, por razones de mercado, con las formas de Estado vigentes en Europa, creyendo en su ignorancia que expresaban la democracia. Sin conocer el origen de las instituciones europeas, los padrinos de la patria transformaron la dictadura en una oligarquía de partidos estatales. No hubo libertad constituyente, ni consulta sobre la forma de Estado y de Gobierno. Tenemos la partitocracia que nos impusieron. Todo lo que se dice es vulgar mentira.

Esta indignante situación dura ya treinta años, y no porque los españoles tengan menos dignidad sino por ser más indiferentes; no porque sean menos decorosos, sino por ser más oportunistas; no porque sean menos instruidos, sino por ser más ilusos; no porque sean menos seguros de sí mismos, sino por ser más dependientes de la autoridad; no porque sean menos orgullosos sino por ser más serviles; y no porque sean menos intuitivos sino por ser más incapaces de percibir las realidades morales.

Dos generaciones de la juventud, la de la vulgar movida y la de la egoísta quietud, se han perdido. Pero muchos elementos aislados que se habían ilusionado con la ruptura democrática de la Dictadura y con la novedad de mi Discurso republicano, han puesto su esperanza en una acción de la mejor parte de la sociedad civil, como decía Marsilio de Padua, en la parte más inteligente, como diría Locke, en el llamado tercio laocrático, para restaurar la conciencia española, rota en Estatutos neonacionales y negociaciones con ETA, y para instituir la democracia con la instauración de una nueva República Constitucional.

Hace un año prometí, en esta tribuna, que prepararía las bases culturales de esa República Constitucional, y promovería su instauración, para detener el proceso de desintegración de la conciencia española al que la Monarquía se ha adherido ya de forma irreversible. Pues la nueva República no podía simplemente advenir, como le sucedió a la II República, sino que habría de venir, traída por la acción vigorosa, en los sectores más dinámicos de la sociedad civil, de un nutrido cuadro de dirigentes, al margen de los partidos financiados por la Monarquía.

Y para que no fuera una operación oportunista, ese equipo tenía que ser seleccionado y orientado por una teoría de la República y una filosofía de la representación política que, desgraciadamente, no existían en la historia universal de las ideas políticas. Ningún conocedor de la historia de la idea republicana se extrañará de lo que afirmo. En la antigua Roma, donde nace y se desarrolla la República todos la definen no por lo que es, sino por las virtudes cívicas que la sostienen. Y esta concepción de la res publica, recogida por Maquiavelo en la famosa virtù de la década de Tito Livio, pasó a ser la virtud republicana del Terror revolucionario de Saint Just.

Pues bien, cumpliendo al menos la mitad de aquella descomunal y arriesgada promesa de mi vieja juventud, la que hice en esta misma tribuna hace un año, hoy tengo la enorme satisfacción de presentaros los cuatro frutos de la cosecha de primicias republicanas correspondientes a los tiempos modernos, unos sabrosos “primeurs” que pueden ya ser degustados en los banquetes intelectuales de la República de la libertad y la democracia .

Me refiero a la inesperada cosecha de cerebros republicanos en el MCRC, de la que ha sido una muestra el orador que me ha precedido, Oscar Martínez, a quien solo conocía por sus excelentes comentarios a mis artículos en Internet.

Es tan asombrosa como esperanzadora, la formidable eclosión de equipos dirigentes de este Movimiento de ciudadanos libres; la espontaneidad con la que se organizan, por toda España, cuadros de polemistas, panfletarios, dibujantes, humoristas, diseñadores, poetas, articulistas, organizadores, etc. Los miembros más activos del MCRC denotan tal seguridad en sus cualidades para la acción republicana que parecen los prototipos descritos por Ralph Waldo Emerson en su ensayo sobre la confianza en sí mismo.

Uno de estos equipos, coordinado desde la Universidad de Cambridge por el biólogo valenciano David Serquera, ha escrito un opúsculo sobre las síntesis adefésicas de esta Monarquía, que editará el propio MCRC a principios de otoño.

Otro valioso miembro, Alejandro Garrido ha emprendido la coedición de mi obra “Ateismo Estético, Arte del siglo XX”, con la principal editora mejicana de libros de arte. La primera presentación del libro se hará en la segunda quincena de junio, y la segunda en otoño.

Y tan pronto como termine el ciclo de mis discursos de abril, me reuniré con Manuel García Viñó, director de la Fiera Literaria, el escritor Arturo Seeber, el periodista D’Anton y otros expertos en revistas periódicas y ediciones de libros políticos, todos miembros de nuestro movimiento, para preparar la publicación de nuestra propia revista. Y me he limitado a citar los nombres de algunos de los que asisten a este acto.

Centenares de miembros del MCRC, de todas las ideologías, comentan en mi blog cada uno de mis artículos. Perciben la realidad como yo, pero no son papagayos de mi pensamiento, ni tienen párpados de hierro que les oculten las falacias de los argumentos o las falsedades de los hechos. Saben que cada generación debe escribir sus propios libros, pero no dejarán pasar la oportunidad de participar en una acción que ni siquiera se presenta una vez en la vida, y que es además la ocasión de enriquecer su léxico con el vocabulario de la verdad. Pues no hay revolución que no se manifieste en el lenguaje. Ya están componiendo un Diccionario que será editado cuando la acción comience. Estos son los rasgos culturales que más valoro en ellos:

A ellos dedico este discurso. Pues me llaman maestro y me honran porque la sabiduría y el honor son cosas antiguas que se veneran por no ser pasajeras. Alaban mi obra porque no es una trampa de adulación ni un pretexto para el culto de la personalidad. Y me encanta sobre todo que me amen porque el mundo oficial y los intelectos acomplejados o pedantes me detesten. La sociedad conspira por doquier contra la hombría y solo los dioses inmortales protegen a quien los mortales aborrecen. Si estos me hicieron hijo del diablo, he tenido que vivir ingenuamente de la sabiduría del diablo, y si profano sus credos y sus hogares, han de saber que ellos carecen de convicciones y que nadie puede ser intruso en el hogar de la libertad.

La proximidad de las elecciones municipales plantea nuevamente el problema moral y político de la abstención. No voy a repetir los conocidos argumentos contra la participación electoral, en un sistema que no permite a los elegidos representar a los electores, sino exclusivamente a los jefes del partido que los ha puesto en las listas. Pero el tema de la abstención no se reduce a esta dimensión pública de la coherencia personal y de la racionalidad de las conductas sociales. También tiene consecuencias políticas que han de ser previstas y encauzadas con una estrategia democrática de la abstención.

Desde un punto de vista psicológico y sociológico la abstención es un fenómeno muy complejo, que debe ser analizado antes de su consideración política. Pertenece a ese tipo de conductas sociales que algunos economistas de gran influencia en Suramérica durante las décadas de los setenta y ochenta, como Albert O. Hirschman (“Salidas, voz y lealtad”), consideran básicas en las estrategias del desarrollo económico.

Con relación a todas las instituciones creadas para expresar demandas, aspiraciones y protestas (partidos, sindicatos, asociaciones, agrupaciones), los abstencionistas en las elecciones, por su actuación individualista y atomizada, carecen de representación colectiva. Nadie puede hablar en nombre del inmenso grupo social en el que se integran los abstencionistas en tanto que partícipes de los mismos valores morales y políticos. El hecho de no tener portavoz no solo les priva de eficacia para rentabilizar el resultado deslegitimador obtenido, sino del atractivo principal que agrandaría hasta cifras inimaginables el número de abstencionistas.

Si existiera un partido de la abstención, con un programa de acción pacífica e inteligente capaz de sustituir este Régimen de poder oligárquico, falso y corrompido, por una democracia representativa ejemplar, las urnas quedarían casi vacías. En ese caso, las deserciones insignificantes de muchísimos individuos aislados darían lugar, con un punto común de referencia, a una protesta unitaria, coherente y de poder irresistible.

El “Movimiento de Ciudadanos hacia la República Constitucional” (MCRC) propone la abstención electoral sistemática, mientras rija el sistema proporcional de listas de partido, pero no es esencialmente, ni quiere ser políticamente, el partido de la abstención. La razón es muy sencilla de comprender. No puede permitirse caer en la antinomia del vocero o antinomia de la delegación, donde la voz del grupo abstencionista llegue, por su potencia, a desposeer de su propia voz al MCRC.

Mientras que para el anarquismo la abstención electoral es una mera consecuencia externa de su ideología apolítica, para el movimiento por la República Constitucional, que quiere conquistar la libertad política, no puede ser más que una táctica transitoria de particular deslegitimación del Régimen actual, dentro de una estrategia general para la instauración de una verdadera democracia representativa.

Las campañas a favor de la abstención electoral que haga la voz del MCRC, o las voces de sus miembros, deben recordar siempre que no tomamos partido contra la necesidad de elecciones municipales, ni contra las personas incluidas en las listas, sino contra un sistema electoral donde el elector no elige ni vota a su candidato, ni el elegido representa a los electores. Pedimos la abstención de participar en un timo electoral.

Sólo desde esta perspectiva, las campañas del MCRC a favor de la abstención no encierran la antinomia del delegado. Y si la abstención electoral resulta masiva, no habremos perdido legitimidad o autoridad para hablar en nombre del potencial grupo abstencionista, sin tener que referirnos, como hasta ahora, a los abstencionistas individualmente dispersos y sin punto político de referencia

Todo el mundo sabe que no es lo mismo estar que ser, estar en un lugar o ser de él. Pero esto deja de entenderse tan pronto como la ideología suplanta al sentido común en la cuestión del Estado y su relación con los Partidos. Antes del Estado de Partido Único, los partidos políticos eran de la Sociedad y solo estaban en el Estado si, y solo sí, ganaban electoralmente la facultad de gobernarlo. El Partido gobernante pasaba desde la Sociedad a ocupar una posición de gobierno en el Estado, y a la Sociedad volvía tras representarla transitoriamente durante su mandato.

Pese a la mala prensa que execra todo lo vencido, el partido único no era una contradicción conceptual, como lo es la de partido estatal sin Estado totalitario. Sin darse cuenta de que el Estado no puede ser plural, los partidos que sustituyeron al partido único cayeron en la contradicción de imitarlo, partirlo en varias fracciones y repartirse por cuotas el poder de la autoridad, para continuar haciendo sustancialmente lo mismo: la integración de las masas en el Estado. El hecho de sustituir la dictadura de la fuerza física por la del consenso moral e intelectual no esconde la identidad de finalidades del partido único y los partidos-facciones estatales.

La filosofia política alemana está orgullosa de haber superado los antiguos partidos de representación mediante los modernos partidos de integración. No estaría tan orgullosa si viera que el Estado de Partidos no ha realizado la libre integración democrática de las masas en la Sociedad Política, sino la integración autoritaria de las masas en el Estado asistencial. Y los partidos actuales son modernos no porque hayan racionalizado sus fines, que continúan siendo los del Partido único, sino porque se han convertido en máquinas y mecanismos de lograr obediencia a la autoridad, en el mercado de consumo de mercaderías políticas que la guerra fría inauguró.

Es evidente que los rasgos más llamativos y desagradables del fascio-nazismo, no los más profundos, como el racismo y la xenofobia, no se reproducen en el Estado de Partidos ni en los Partidos de Estado. En cambio, como observó Sigmund Neumann (“Partidos políticos modernos” 1956), la connotación nacionalista aparece en los partidos-facciones tan pronto como necesitan aliarse con fuerzas centrífugas de grupos periféricos para gobernar sin mayoría propia. Una facción del Estado, como la representada por el PSOE, que se apoya para gobernar en nacionalismos periféricos, incluso independentistas, no tiene posibilidades de evitar la reacción nacionalista tradicional, como ya está sucediendo en el PP. Esta Monarquía de Partidos, sin superar el nacionalismo central, ha fomentado los nacionalismos periféricos.

Los partidos de Estado inevitablemente son partidos del Estado. La representación de la sociedad civil les parece una antigualla. En la República de Weimar, donde se fraguó la degeneración de los partidos en las facciones estatales, que luego formalizó la Ley Fundamental de Bonn (copiada en el falso e imposible art. 6 de la CE: “los partidos concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política”), el partido Democrático llegó incluso a llamarse Partido del Estado.

En realidad, los partidos llamados de integración no son más que grupos o facciones de poder estatal donde caben todas las clases y categorías de personas que carecen de ideología. Por su propia naturaleza, los partidos de todo el mundo (“catch-all-party”) solo pueden constituir facciones estatales de poder burocrático o funcionarial. Y la única ley que puede deducirse de su desarrollo en el Estado, sin libertad política, es que son buenos productores de afanes de poder, corrupción, ineficiencia administrativa, incultura política y empobrecimiento del ocio, pero pésimos intérpretes de las necesidades de la sociedad civil.

Los antiguos partidos de la sociedad política fueron eliminados por el Partido único del Estado total y lo que sucedió al final de la guerra mundial no fue una restauración de los antiguos partidos, sino una instauración directa en el Estado de las siglas partidistas que salían de la clandestinidad. Sin legitimarse en la sociedad política, los viejos partidos se hicieron nuevos órganos del Estado, mudaron de naturaleza, perdieron sus características sociales, se repartieron los cargos estatales y ganaron los atributos de la función pública.

Los partidos actuales dejaron de ser instituciones políticas, para convertirse en instituciones de derecho público. Y al desempeñar las funciones del Estado, de modo permanente y orientación parcial, los partidos renunciaron a su condición de parte de la Sociedad política y se hicieron facciones del poder estatal. Los partidos del Estado de Partidos no son, pues, verdaderos partidos ni tienen naturaleza política.

Distinguir entre partido y facción no es fácil. La desintegración del Estado de Partidos, como sucede en esta Monarquía de Partidos, revela que los partidos estatales no actúan como partes de un todo, en virtud de principios y objetivos políticos inspirados en la unidad, sino como facciones de funcionarios que subordinan la función indiscriminada del Estado al interés faccionista, faccioso o fraccionario de su asociación de poder.

Aunque es difícil que una facción social alcance la categoría de partido, es muy fácil que un partido estatal degenere en facción. Felipe González lo logró. El caso del PSOE es paradigmático. Zapatero se alía con partidos independentistas de la periferia, es decir, pone en peligro la unidad nacional del Estado, para conservar el poder gubernamental en el centro. Hay facción cuando priman los intereses egoístas de partido sobre la perspectiva del interés público nacional. Aznar hizo faccioso a su partido en las Azores. Hay facción cuando el patriotismo de partido (la expresión es de Gramsci) se antepone al sentimiento natural de la patria secular.

Uno de los grandes tratadistas de los partidos en la segunda mitad del XIX, el que sostuvo la tesis optimista de que el partido políticamente puro iría desplazando poco a poco al partido-facción, dice: “Tan pronto como el egoísmo, incluso la terquedad, triunfa sobre el amor a la patria, y de manera consciente e intencionada no hace lo que conviene al Estado y a la Sociedad en general, sino lo que satisface sus afecciones, entonces marcha sobre el camino de la facción” (Johann Gaspar Bluntschli, “Carácter y espíritu de los partidos políticos”, Nördlingen 1869).

La ausencia de toda preocupación de procurar el hallazgo de la verdad, en la ciencia política europea, ha permitido que la falsedad constitucional de llamar partidos políticos a meras asociaciones voluntarias de poder estatal, se divulgue, sin una sola contestación, en los medios de comunicación, y se enseñe como verdad revelada no solo en las universidades y centros de investigación sociológica, sino en las escuelas de párvulos. Los intelectuales de los partidos estatales ni siquiera saben distinguir entre sociedad civil, sociedad política y Estado. ¿Cómo van a saber que en el Estado no puede haber partidos?

Para comprender la brutalidad cultural que supone llamar partidos políticos a puras facciones del Estado basta recordar: a) que la pluralidad de partidos es consecuencia de la diversidad social que los legitima en el seno de una sociedad plural; b) que el Estado, en tanto que monopolio legal de la fuerza, no puede ser plural ni partido, sino único; y c) que si la política es la conquista y conservación del poder estatal, para gobernar toda la sociedad por una parte o partido de la misma, sería puro contrasentido que también fuera política la función del Estado y los órganos o elementos permanentes de su estructura jerárquica. La meta no participa de la naturaleza del camino.

El problema de la libertad política, el de su realización práctica, ya no está planteado en el escenario histórico de la sociedad civil, donde lo colocó el acontecimiento revolucionario. En ese antiguo terreno social apenas se distinguen los vestigios de una época, mitad romántica y mitad positiva, donde la relación de fuerzas entre los factores de producción, entre la clase burguesa y la clase obrera, determinaba no solo la situación política en las naciones europeas, sino la comprensión intelectual del fenómeno del poder estatal y las diferentes estrategias para conquistarlo y conservarlo.

Bajo aquella perspectiva, la visión marxista del mundo no tuvo rival. La realidad social confirmaba la teoría derivada de la izquierda hegeliana. Los partidos burgueses, situados a la defensiva, retrasaban la llegada del sufragio universal y del voto feminista, porque carecían de una tesis básica sobre la libertad política, capaz de enfrentarse y superar la antítesis de la dialéctica socialista. Que, dicho sea de paso, no comprendió que sin libertades formales no habría realidad ni garantía de libertades reales.

Esa distinción entre libertades formales y libertades reales fue el golpe de gracia para la ideología liberal y el cornetín de enganche para los partidos obreros. Los radicales intentaron asomarse al mundo de la igualdad obrera desde el balcón pequeño burgués, y allí perecieron de estrechez y miedo. El partido radical socialista interpretó en Francia, como ningún otro intelectual colectivo europeo, el canto de cisne del liberalismo político, mientras que en Italia y Alemania esa misma pequeña burguesía sublimó su impotencia recurriendo a la fuerza reaccionaria del nacional-socialismo.

El resultado de la guerra mundial cambió el escenario de la lucha por la libertad política. Lo que no consiguió un siglo de enfrentamientos sociales en el seno de la sociedad civil, esto es, que la derecha y la izquierda se abrazaran en una sola ideología estatal, el vencedor estadounidense lo impuso a los vencidos partidos europeos. Y todos se hicieron estatales.

Si la prolongación del estalinismo, con la guerra fría, dio esperanzas estatales a los comunistas europeos, la aniquilación física de los Estados de Partido Único originó el vacío de poder que se rellenó, improvisadamente, con la estatalización de los partidos vergonzosamente eliminados por el fascio-nazismo. Los antiguos partidos liberales y socialistas se hicieron estatales no en función de sus ideologías políticas, sino para vivir como órganos del Estado, financiados por el Estado y con facultades de privilegio que no tienen los particulares. El Estado de Partidos se construyó con los materiales de derribo de los Estados Totalitarios.

La consecuencia fatal de aquella catastrófica improvisación, que trasladó el escenario de la lucha por la libertad política, y la competencia por el poder, desde el seno la sociedad civil al ámbito público del Estado, no ha sido la previsible y prevista corrupción de todos los partidos estatales, con el consiguiente aumento del gasto público improductivo y la depredación de los recursos naturales. Lo peor, lo imperdonable, es que se haya ocultado el tema de la libertad política tras la eficacia bambalinesca del Estado -como en las Dictaduras y Estados absolutos-, con la complicidad de unos medios de comunicación, fabricantes de opinión pública, que hacen creer en la servil ideología de que la única libertad política posible es la de los únicos agentes o actores del poder, es decir, la libertad de los partidos estatales.

La falta de libertad política, que se nota y se padece en la sociedad civil, fundamenta la estabilidad de la oligarquía de partidos estatales. El cambio de escenario, el retorno de los partidos al Estado, ha cambiado no tanto los factores que impulsan o determinan las transformaciones sociales, como los conceptos de estrategia y táctica en el combate por la libertad. Pues el enemigo directo de lo político y de la política ya no es el gran capital, ni los grandes medios de comunicación estatal. El enemigo primordial de la libertad política siempre será el partido estatal que esté instalado en el sector gubernamental del Estado.

Ha llegado el momento de conocer la naturaleza de nuestros principales adversarios, de abordar en la teoría de la forma de Estado, en la teoría de la República Constitucional, el análisis de los partidos estatales. Pues, salvo en algunas excepciones alemanas, los únicos agentes y actores actuales del poder político, los partidos estatales, siguen siendo tratados como si fueran los mismos partidos societarios de antaño. Los partidos del Estado de Partidos son unos perfectos desconocidos para la ciencia política.

A diferencia de lo que sucedía en los antiguos regímenes parlamentarios, donde los partidos políticos tenían que emprender verdaderas y dificultosas campañas electorales, trasladándose los candidatos en coches de caballo por todo el distrito, para que sus programas concretos o sus propagandas ideológicas llegaran al mayor número posible de electores, en el actual Estado de Partidos no hay, en realidad, separación temporal ni distinción funcional entre los periodos normales y los de compaña electoral.

Tal vez sea este el único aspecto de la vida pública donde la evolución de las costumbres políticas, al socaire de la evolución de la tecnología de comunicación a distancia, ha devuelto a las palabras malgastadas por su uso demagógico, el sentido original y preciso con el que se incorporaron a nuestro idioma. Pues la voz latina campaña, que significa llanura, se incorporó al español para componer la frase “estar en campaña”, con el preciso significado de estar guerreando.

Se llamó Campeador al Cid. Después se acuño la expresión campaña agrícola a la cosecha periódica de productos naturales. Hasta que las campañas publicitarias de productos artificiales de la industria, rompiendo el adagio comercial de que el buen paño en el arca se vende, abrieron el horizonte a las campañas electorales del hombre artificial que es, por excelencia, no el Leviatán de Hobbes, sino el hombre de partido estatal.

Hoy no tiene sentido alguno hablar de inicio y final de una campaña electoral, salvo para saber cuando y por cuanto tiempo está permitido afear las calles y fachadas con retratos, tan edulcorados como poco atractivos, de candidatos de lista de partido. Pues durante toda la legislatura no solo son electoralistas los comunicados de partido y los términos demagógicos del discurso político, no solo nos agobian a diario todos los medios de comunicación con noticias e imágenes que, penetrando sin barreras criticas en nuestras mentes, conforman la idea del mundo partidista, sino que incluso la propia actividad legislativa, las mismas leyes son concebidas y promulgadas en función de sus efectos sobre el electorado.

Las costosas campañas electorales no tienen hoy otra justificación que la de servir de pretexto a la corrupción de partidos. En los mítines, como en el Parlamento, no hay oradores, ni personas con hablen con decoro, sino portavoces de frases fabricadas por publicitarios. No hay análisis de la situación, sino empujones a la coyuntura. No hay sinceridad en los sentimientos, sino temblores de arrebatacapas en el medro. Destruida la verdad, las campañas electorales destruyen la estética de lo público.

En la democracia política de una República Constitucional, no habría cuestiones más fáciles de resolver que las campañas electorales y la financiación de los partidos. Como son asociaciones voluntarias nacidas en el seno de la sociedad civil, no pueden ser subvencionadas ni financiadas por el Estado. Como han de respetar la igualdad de oportunidades con otras asociaciones semejantes, no pueden recibir donaciones ni otras ayudas encubiertas. Y como han de concurrir en las urnas bajo las mismas condiciones, todas las campañas electorales en los medios de comunicación y en las salas de mítines han de ser gratuitas.

Es de estricta justicia que no sean los contribuyentes -porque es una inmoralidad subvencionar a quien se odia, se teme o se desprecia-, sino los medios de comunicación, quienes soporten los costos de las campañas electorales. Si ellos han vivido toda la legislatura comercializando las noticias y discursos que les brindan gratuitamente y a diario los partidos, no se resentirán sus economías si, durante una semana de recuerdos y olvidos carnavalescos, ofrecen equitativamente sus espacios a los partidos en campañas de distrito.