De los diecisiete titulares que han tomado posesión de sus carteras, nueve son mujeres. Además de la vicepresidenta primera del Gobierno, permanecen en el Consejo de Ministros, Magdalena Álvarez en Fomento, Mercedes Cabrera en Educación, Elena Espinosa, Elena Salgado en Administraciones Públicas y Carme Chacón que pasa a ocupar el Ministerio de Defensa. Las incorporaciones se producen en Vivienda con Beatriz Corredor, y en los dos ministerios de nueva creación: Cristina Garmendia en Ciencia e Innovación y Bibiana Aído en el de Igualdad.   El Sr. Zapatero ha sobrepasado la composición paritaria de su nuevo Gobierno, “para dar ejemplo a los españoles de la capacidad de las mujeres para actuar en cualquier esfera de la vida pública”. Sin embargo, Magdalena Álvarez fue acusada de incompetencia desde diversos medios por la gestión de las infraestructuras, especialmente en el desarrollo de las nuevas líneas de trenes de alta velocidad y en la suspensión de trenes de cercanías que colapsó Barcelona, llegando incluso el Congreso a votar una propuesta de reprobación de la ministra que no fue aceptada por sólo tres votos.   Carme Chacón que ha publicado obras como “Diversidad y Federalismo en Cánada” o el “Dictamen sobre la Secesión de Quebec: un Comentario”, tras pasar revista a las tropas, ha destacado que “Nunca como ahora las Fuerzas Armadas habían sido más capaces de cumplir el papel que les asigna la Constitución”, es decir, garantizar la unidad e indivisibilidad de la Nación española.   Si el principio de igualdad entre varones y mujeres es uno de los ejes de la política gubernamental, ésta se aproxima a la “democracia paritaria” de la teoría feminista, que llama la atención sobre una profunda e injusta contradicción de nuestras sociedades: las mujeres apenas tienen poder de decisión en las instituciones políticas. Ahora disponen de la autoridad que les conceden los jefes de los partidos al incluirlas en sus listas y en sus preferencias ministeriales. hechos significativos El tribunal supremo de Zimbawe desestima la demanda interpuesta por la oposición para obligar a la comisión electoral a hacer públicos los resultados de las elecciones celebradas hace ya dos semanas. El Consejo de Seguridad Nuclear ha pedido comparecer en el Congreso de los Diputados para dar cuenta de los detalles disponibles sobre la fuga radiactiva del pasado noviembre en la central de Ascó. El Parlamento Pakistaní pide a la ONU que investigue el asesinato de Benazir Bhutto.

(foto: dafnu) Hijos de la libertad Para persuadir locomotoras y descalzar amaneceres. Saludar el canto del mirlo prendido de aulagas, el alma caldeada a fuerza de aguaceros, frases favorables y fecundas aldeas. Para olfatear el humus de las buenas palabras con el afán aspirador de un vórtice de semillas. Rescatar abrazos sumergidos de lluvia y de madréporas, catasterismos ancorados al firmamento submarino que habrán de ascender como dirigibles, hacia el oxígeno atmosférico de la libertad.   Alentar la pureza como si fuera ojos que buscan otros ojos habitados. Vivificar el pensamiento con un fuelle discretísimo de verdad, insuflador de alas, proverbios solidarios, lágrimas portuarias, porvenires ciertos. Desabrochar la indefensión con la presencia de aciertos posibles, con el pulso de manos liberadas. Auxiliar la valentía y también la poesía. Para ensombrecer la servidumbre, la transitoriedad, las predicciones, las garantías, el amor cotejado; para rehuir el asilo tentador de la analgesia social, la salvaguardia de acentos y atolones seguros. Para repudiar homenajes, juramentos y  cálculos,  desmembrar encantamientos, verdugos que transgreden -con un leve sudor, una tierna hipocondría, un fácil conjuro- nuestros cuerpos germinados de franqueza.   Para arrojar sombras, ídolos y vértigos por los acantilados, derruir espigones como si nuestro empuje de libertad fuera oleaje. Ahuyentar simulacros de incendios, salvamentos ensayados, sirenas enojadas. Suscribir los principios elementales de la verdad y la lealtad cual ramajes estrechando nuestras sienes, inoculando savia elaborada en nuestras venas, transfundiendo concordia, alianzas pronunciando ecos de hijos de la libertad.

Los componentes del nuevo Gobierno han sido presentados por su jefe como personas capaces de resolver los grandes problemas a los que se enfrenta la sociedad española. Ha glosado sus trayectorias y, en varios casos, el sexo de cada uno de ellos; y explicado las funciones que van a realizar para conseguir los objetivos de su programa electoral.   Palacio de la Moncloa Zapatero, con su aureola de utópico “buenismo”, no repara en que una parte importante de las competencias del Gobierno nacional, que nos llegan a través de programas y directivas, han sido trasferidas, por arriba, a la Unión Europea; y, por abajo, a las Comunidades Autónomas, que las ejercen a través de leyes, reglamentos o actos propios. La gestión de competencias tales como la política monetaria, el comercio y la industria; la sanidad, la educación, la cultura y la vivienda; las infraestructuras, la agricultura y los servicios sociales, no dependen exclusivamente de él.   Resulta  muy entretenido ver, como estampas de otra época, a los nuevos ministros jurar o prometer sus cargos, pero, ¿hasta dónde llegará la influencia de su gestión? ¿Qué impacto tendrán sus decisiones en la sociedad? ¿Con qué medios van a realizar las gestas prometidas?   En realidad, la mayor parte de los gastos consignados en los Presupuestos Generales del Estado para 2008, por valor de 349.415 millones de euros, cantidad considerable para influir en la marcha de la economía nacional (un 35% del PIB previsto para este año), no es susceptible de cambios. Los grandes apartados, es decir, el mantenimiento de las instituciones y servicios públicos básicos del Estado (6,3%), las pensiones públicas (31,3%), las transferencias a otras Administraciones Públicas (18,8%) y los créditos destinados a pagar los intereses y el capital de la deuda pública en circulación (14,6%), apenas pueden variar . El peso de la acción gubernamental se va reduciendo, y sólo conserva la gestión de los impuestos no cedidos.   Así que el nuevo Gobierno únicamente tendrá la capacidad de maniobra que le otorga el 29% de los gastos, un poco más de 100.000 millones de euros, bastante menos que el total de gastos presupuestados por las CCAA para este mismo año, 173.593 millones de euros.

La economía es política. Y no existe un análisis global de lo que el Régimen de la Transición ha supuesto al respecto. Mas desde el punto de vista socioeconómico, si hay algo que llama la atención es que, durante los últimos treinta años, la renta de las familias españolas de clase media se ha reducido a la mitad. Lo atestigua el hecho de que antes sólo trabajaba el cabeza de familia, y ahora se necesitan dos salarios. Éstos son bajos y tienden a serlo más. El precio de la vivienda se ha disparado. La entrada en el euro llevó a un ajuste inflacionario que no se ha registrado y del que todavía no nos hemos recuperado. El consumo es posible a costa del endeudamiento. Además, ahora apenas se tienen hijos y, en la mayoría de los casos, se hace precisa la asistencia  no remunerada de los abuelos para cuidar a los niños. Todo ello a pesar de un continuo crecimiento del PIB.   Una situación como la descrita haría prever una elevada conflictividad social. Sin embargo, los españoles de clase media se toman la situación con inusitado estoicismo, que con la propaganda estatal y el secular dirigismo al que están acostumbrados, hace que no sean ni siquiera capaces de percibir su empobrecimiento. Así, la entrada de España en la CEE y todo su corolario, las transformaciones sociales, como la incorporación de la mujer al mundo laboral, o las “ampliaciones de derechos”, como el matrimonio de los homosexuales, son celebrados como logros de la calificada “mejor etapa de nuestra historia”, lo que oculta la realidad del inmoral enriquecimiento de unos pocos.   Lo anterior no se puede achacar a un solo partido, puesto que se han alternado derecha e izquierda, gobernando ésta más años, sino que es consecuencia de la antidemocrática Monarquía de Partidos, reflejo institucional de los intereses de la oligarquía financiera, cuya política económica ha sacrificado los sectores productivos nacionales. El sistema electoral proporcional con listas de partido, que impone la Constitución del 78, no es representativo, lo que supone una barrera infranqueable para que los intereses de esa mayoría social, que constituyen las clases medias asalariadas, sean debidamente atendidos. Aunque los negocios odian la incertidumbre,  la solución radica en un auténtico proceso constituyente que nos conduzca a una república verdaderamente democrática.   “Money”  (foto: Haltenhof)

Finalizado el periodo electoral, la renovación de los miembros de CGPJ y del Tribunal Constitucional resulta inaplazable. La adaptación de la justicia dependiente e inseparada al nuevo escenario de mayorías políticas debe acometerse sin falta. Para ello el recién autoinvestido Presidente Zapatero ofrece dos soluciones, que demuestran la total sumisión del Poder Judicial al político.   La primera consiste en el manido consenso con el partido de la oposición y nacionalistas mediante otro “Pacto por la Justicia”, como si ésta fuera objeto de transacción y voluntades políticas. Las soluciones negociadas en materia de Justicia sólo son posibles en los conflictos judiciales concretos de los particulares, por cuanto presuponen el litigio de índole privado entre dos partes que pueden encauzarlo voluntariamente.   Por ello, la aplicación del consenso al gobierno de la propia Justicia y a la composición de sus más altas instancias, no sólo constituye el más descarado reconocimiento de su sometimiento al poder político, sino que evidencia su carácter de materia disponible entre partidos.   “Justicia” (foto: ojo espejo) La segunda opción solucionaría el problema por las bravas. Ya ha anunciado el Sr. Presidente que de no llegarse a tal consenso, legislará sobre la materia “de forma excepcional” cambiando las reglas de elección de Vocales y Magistrados para desbloquear la situación. Siempre claro está, a su conveniencia. Tal solución sólo encuentra parangón en la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1.985. Si aquélla, en palabras de D. Alfonso Guerra, mataba a Montesquieu, ésta lo remata.   El anuncio del jefe del ejecutivo tiene un efecto sorprendente en la oposición, que lejos de sublevarse contra la medida por antidemocrática, la asume como un órdago cuya finalidad última es atraerla al consenso bajo la amenaza de quedar fuera del juego político-judicial. Sabedor de que algún día llegará su turno, el PP toma la amenaza como un elemento más de la negociación consensual y así lo acepta, como simple coste de su posición actual y de sus expectativas. Parece que el cambio de nombres de los delegados de los partidos en la Justicia resulta inevitable. No es una renovación, es un recambio. Por las buenas o por las malas.

Congreso de los diputados (foto: Sebúlcor) Si la adscripción de los diputados a sus respectivos partidos determina todos los actos de aquéllos, bastaría con escoger a los cinco o seis programadores del automatismo parlamentario, que es lo que de facto acaece en este régimen que confiere la inexistente soberanía popular a un Congreso de empleados de los partidos políticos.   La parsimonia con la que se acepta la docilidad de los diputados, como si fuese una propiedad innata, indica cuán resistente es la perversión que adopta el cariz del hábito o de la convención: lo lícito es atenerse al orden depravado de la disciplina de voto, lo ilícito, transgredirla. Un diputado que no siga las directrices de su partido, tiene que devolverle el escaño. No es extraño que sus ex compañeros estimen contranatural la figura de Rosa Díez.   Que los partidos quieran dejar intacta y bien engrasada la maquinaria que les proporciona beneficios y fueros sin cuento, entra en la lógica de sus intereses; viven al socaire de un régimen electoral entre cuyos fines se encuentra el de preservar sus amañadas posiciones de ventaja.   Los principales medios de representación política se transmutan en ominosos fines. Los partidos se apartan de su base social nutriente para encastillarse en un Estado que les concede el oligopolio de la propaganda y la financiación. Tan imponentes recursos les permiten reproducir, sin grandes sobresaltos, sus resultados electorales, así como disuadir a competidores advenedizos.   Si bien Robert Michels demostró la fatal ausencia de democracia en el interior de los partidos, no hay ley de hierro que valga para describir adecuadamente el servilismo que impregna el funcionamiento de los partidos estatales. Que los siervos de la disciplina partidista se autoproclamen representantes del pueblo es una delirante deslealtad. El sistema de elección proporcional con sus inherentes listas de partido se convierte en un depurado instrumento de clientelismo.   El parlamento ha vuelto a constituirse y su inanidad es asumida con resignación o burlona indiferencia. Sin embargo, en esa cámara el poder legislativo es sojuzgado; y los miembros de los partidos tienen el gracioso privilegio de llevar a su propio jefe de filas en volandas hasta la cúspide ejecutiva.

El diario “Minuto Digital” recoge unas enjundiosas declaraciones de Rosa Díez,  que son criticables por lo que no se llega a decir o por la resistencia a sacar las conclusiones que se derivan de la interpretación de sus palabras. Rosa Díez califica justamente de “paripé” la elección parlamentaria del Presidente y desea que los candidatos a la presidencia puedan explicar a la Cámara Baja sus propósitos, para que los diputados puedan elegir “al margen del partido político al que pertenezcan”.   En suma, Rosa Díez propone nada menos, que la cancelación del mandato imperativo de hecho, que rige en el actual régimen, lo que supone un fraude sin paliativos, pues contraviene el espíritu y la letra del artículo 67.2 de la Constitución Española. Pero de tal engaño hay que acusar, en primer lugar, a la propia Constitución, pues tal mandato imperativo es una consecuencia inexcusable de la elección del Poder Ejecutivo por parte del Poder Legislativo, y de la inevitable subsunción del segundo en el primero. La disciplina de voto, de no existir, provocaría la crisis inexorable de nuestra pretendida democracia. Por lo tanto, cuando Rosa Díez sugiere que los diputados puedan elegir libremente “al margen del partido político al que pertenezcan” está ofreciendo una solución cuya mera posibilidad pasa, paradójicamente, por la inexistencia del problema que trata de solventar.   Si todas las organizaciones tienden, por su propia dinámica, a independizarse de los fines para los que fueron fundadas, o si los medios tienen sus propias leyes  al margen de los fines a los que pretendidamente sirven, en los partidos políticos, lo anterior ocurre en grado sumo; como ha señalado Sánchez Ferlosio “si se empieza fundando un partido político porque se tienen ideas bastante parecidas en bastantes cosas y terminan por tenerse las mismas ideas en todas las cosas porque se pertenece al mismo partido político”, o, si la disciplina se vuelve en si misma una motivación suficiente por encima de cualquier contenido al que remitirse, no es difícil imaginar las tenebrosas consecuencias que trae consigo entregar el Estado a esas organizaciones, sin que la llamada “sociedad civil” pueda interponerse. Rosa Díez tiene razón: la elección del presidente del gobierno ha sido una pantomima. Pero el remedio no está en el parlamentarismo, ni en un sistema electoral proporcional que, a la no separación de poderes, añade la conculcación de toda noción de representación.   Doña Rosa Díez (foto: MCRC)