La reciente votación del Senado de los Estados Unidos para limitar los poderes de guerra del presidente Trump ha dado lugar a una realidad política que en España resulta casi inconcebible: que senadores del mismo partido que el presidente voten contra él, junto con la oposición, sin que ello suponga una anomalía institucional.

Cinco senadores republicanos votaron contra un presidente republicano. Y ningún senador demócrata se sintió obligado —ni política ni moralmente— a respaldar al presidente en una materia tan grave como el uso unilateral de la fuerza militar. Este hecho, que algunos interpretan superficialmente como una simple división partidista, solo puede entenderse desde una premisa fundamental: en Estados Unidos existe representación política; en España, no.

En Estados Unidos, el senador no pertenece al partido. Pertenece a su Estado. Es elegido directamente por los ciudadanos de ese Estado y su legitimidad política no depende del aparato partidista, sino del voto personalmente recibido. El partido es un vehículo electoral; no es el dueño del cargo.

Por esta razón, un senador republicano puede votar contra el presidente republicano sin que ello suponga su expulsión automática de la vida política. Su carrera no depende de figurar en una lista confeccionada por la dirección del partido, sino de volver a convencer a sus electores. La disciplina de partido no sustituye a la representación.

En España ocurre exactamente lo contrario. El diputado o senador no representa a los ciudadanos, sino a la cúpula del partido que lo ha colocado en una lista. No debe su escaño al elector, sino a quien le nomina. Por tanto, no puede votar en conciencia, ni contra el Gobierno, ni contra su propio partido, porque hacerlo equivale a desaparecer políticamente.

Imaginemos por un momento una situación análoga en España: un presidente del Gobierno ordena una acción militar relevante sin autorización parlamentaria previa. ¿Cuántos diputados de su propio partido votarían en contra junto con la oposición? La respuesta es evidente: ninguno. No por convicción, sino por estructura.

En España, votar contra el líder del partido es votar contra uno mismo. El diputado no tiene existencia política fuera del partido. No representa a un distrito, ni a una comunidad concreta, ni a ciudadanos identificables; representa una sigla. Por eso el Parlamento español no controla al ejecutivo: lo ratifica. No lo fiscaliza: lo protege. Es el falso pluralismo de la partitocracia.

En España se habla de pluralismo político, pero lo que existe es pluralismo de partidos, no de representantes. Las votaciones parlamentarias están decididas antes de celebrarse, no por deliberación, sino por obediencia. El Parlamento no es un órgano de representación, sino una cámara de registro de decisiones tomadas fuera de él. En Estados Unidos, en cambio, la incertidumbre es consustancial al sistema. Nunca se da por descontado que todos los miembros de un partido votarán lo mismo. Esa incertidumbre no es debilidad: es la prueba de que el poder no está concentrado.

Que cinco senadores republicanos votaran contra Trump no es una muestra de virtud personal, sino de normalidad republicana. Y que fuera dudoso —cuando no imposible— que senadores demócratas apoyaran al presidente en una materia que afecta al equilibrio constitucional no es sectarismo, sino función representativa.

La comparación con España es devastadora. Allí donde hay listas de partido, no hay representantes; hay comisarios. Allí donde el escaño pertenece al partido, el Parlamento deja de ser un poder de la nación y se convierte en una extensión de un órgano estatal.

Por eso en Estados Unidos el Senado puede frenar a un presidente. Y por eso en España el Parlamento jamás frena al Gobierno. No es una cuestión cultural ni moral. Es una cuestión estrictamente política: sin representación, no hay libertad política. Y mientras los ciudadanos españoles no comprendan que votar listas no es elegir representantes, seguirán asistiendo a la ficción de una democracia que no controla al poder, sino que lo consagra.