Las situaciones de conflicto obligan a la toma de posiciones de sus protagonistas. Así, la amenaza de huelga de los Jueces pone de relieve no sólo el carácter burocrático de la llamada Administración de Justicia opuesto a su configuración como auténtico Poder del Estado, sino también la pugna de los resortes del poder político insertos en lo judicial por administrar y encauzar las reivindicaciones.   La utilidad de esta huelga no está en la bondad de unos objetivos meramente materiales, dejando de lado la reivindicación de la dignidad que reclama la existencia misma de un auténtico Poder Judicial separado e independiente, sino en la descripción desnuda de su triste realidad institucional, auténtico arcano hasta ahora para la opinión pública.   Poco han tardado las llamadas asociaciones judiciales en salir a la palestra para monopolizar la protesta, tratando de controlarla y arrimar el ascua a la facción partidista de la que son reflejo. Reivindicando un papel institucional destapan su grosera pretensión de ser élite sindical del estado y en el estado, arrogándose la exclusividad en la representación de los Jueces para la negociación con el Ministerio.   De esta forma han mostrado sus reticencias a la posibilidad de integrar en las reuniones con el Ministro del ramo a jueces no asociados o a Magistrados Decanos de las localidades más críticas que ya se han decantado por acudir a la huelga. “Las asociaciones de jueces, pueda gustar o no, somos interlocutores institucionales que cuentan con un reconocimiento constitucional y a la hora de entablar diálogos entre agentes institucionales sobre las cuestiones atinentes a los derechos profesionales o cuestiones que afectan a la Justicia somos interlocutores a todos los efectos”, aseguró el portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura, D. Antonio García en declaraciones a Europa Press. Por su parte, desde la Asociación Jueces por la Democracia, D. Miguel Ángel Jimeno calificó de “poco factible integrar a un ente distinto de las asociaciones”, en el proceso negociador.   Es necesario alertar del intento de las Asociaciones Profesionales de abortar la intención de los Jueces decanos de las capitales más conflictivas y de los jueces no adscritos de acudir a la huelga total e inmediata en favor de otorgar un plazo de seis meses al Gobierno para evaluar su etéreo compromiso de mejora de las condiciones de la Justicia, tal y como unánimemente propugnan.   Este intento de arrebatar a las Juntas de Jueces su poder decisorio calificándolas poco menos como agentes descontrolados, e institucionalizar su representatividad exclusiva no es sino fraude de ley para evitar la sindicalización judicial prohibida por el artículo 1.4 de la Ley Orgánica de Libertad Sindical.