Feijoo se reunió el pasado 18 de abril con la Asociación de Fiscales, de corte conservador, para plantear sus planes de futuro en el Gobierno. Nada nuevo bajo el sol, sino simple paso previo a la futurible novación del cargo del fiscal general del Estado como marioneta del ahora candidato. Lo que se llama tomar posiciones.

Lo verdaderamente grave es que ya se tomen estas cosas como parte del juego político, cuando el ordenamiento jurídico español define al fiscal como neutral defensor del interés público. Al contrario que en el sistema norteamericano, en que se configura como acusador, en España su estatuto orgánico le obliga a mantenerse en el fiel de la balanza. Por ejemplo, es su deber, si se aprecian circunstancias que objetivizan la inocencia del reo o la atenúan, ponerlas de manifiesto en el proceso, e interesar su libre absolución o la menor penalidad. Tal función de arbitrio en el derecho público, en puridad, se distingue tan sólo de la del juez por la ausencia de capacidad dirimente y ejecutiva, careciendo el fiscal potestas jurisdiccional, situándolo en estrados como parte procesal.  

Sin embargo, tal función de garante imparcial es imposible por la estructura jerárquica de su organización, con una cúspide en la que se sitúa un fiscal general del Estado designado por el presidente del Gobierno con plena facultad decisoria. Por tanto, a nadie debiera extrañar que tal puesto sea inevitablemente ocupado por personas dóciles a la voluntad gubernamental, y que  luego transmita a sus inferiores las órdenes oportunas para el posicionamiento de quien debiera ser imparcial postulante, convirtiéndose de esta forma en auténtica marioneta de la voluntad política suprema. La labor del fiscal se confunde así con la del abogado del Estado.

Pero ahí no queda la cosa. Si ya las circulares, instrucciones, consultas y régimen disciplinario de la Fiscalía General del Estado ponen coto a la actuación de los fiscales, es directamente el Ministerio de Justicia quien determina su movilidad geográfica y nombra a tenientes fiscales y fiscales jefe, cúpula y enlace en las distintas demarcaciones territoriales y órganos jurisdiccionales colegiados.

Así, difícilmente puede sostenerse la función de garante independiente del Ministerio Público, en la que tanto el actual partido gobernante como el del aspirante Feijoo se apoyan para sostener su propuesta de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que pretende sustraer la instrucción de las causas penales a los jueces para entregarla a la Fiscalía, dotándola de facultad jurisdiccional para investigar los hechos de trascendencia penal.