Cuadros en Barajas (foto: Rafa Llano) Escarnio público   Como un imparable rodillo, la prensa totalitaria se ha abalanzado sobre el colectivo de los controladores aéreos. Los medios son unánimes en su condena: “casta”, “chantajistas”, “viles”, “piratas” o “mafia” son algunas de las lindezas que les dedican. Quieren hacernos creer que estos señores administraban como suya la profesión — ¿es posible hacer algo así con el desafecto de la justicia y contra la voluntad del gobierno?— logrando hacer las horas extra que les venían en gana —¿también sin el consentimiento de la empresa, por cierto pública, ni la bendición de pacto o convenio alguno?— hasta apilar sueldos astronómicos.   El tema se saca a la luz durante el último año, justamente cuando se somete a los controladores aéreos a un severo recorte salarial —¿será porque la empresa es ahora deficitaria?, naturalmente también por culpa suya, pues parece que lo controlaban todo—, en su caso aumentando considerablemente el número de horas de trabajo convencionales respecto a las pagadas como “extras” —se sabía que esta era la fuente de su elevada retribución— lo que podría llegar a significar la pérdida del 60 por 100 de sus ingresos. La pregunta es: si se llevaba años trabajando así, y es imposible que ello sucediera sin la conformidad de la empresa y del gobierno de turno, hasta que se enquistó la situación, ¿por qué impedirlo de golpe ahora hasta el punto de causar a este colectivo tan gran perjuicio pecuniario?   El batacazo para los controladores podría verse amortiguado según se incluyeran o no las horas de los permisos sindicales, las imaginarias, las licencias, las reducciones de jornada   o   las   ausencias   por   incapacidad laboral, algo que no aclara la Ley de abril pasado. De ello además resulta que, según cómo se computaran exactamente estas horas, y llegados a final del año, ¡los controladores sobrepasarían el cupo permitido sin posibilidad de un relevo que asegurara el servicio!, cosa que también se presenta como ajeno al deber planificador de AENA y a la inteligencia de los gobernantes-legisladores del Estado de partidos. Entonces el Gobierno soluciona el desaguisado cortando por lo sano, al ponerse por la vía de los hechos del lado de la empresa. Así, resuelve el asunto por decreto en la víspera del puente más largo del año, tratando de evitar la reacción de la parte perjudicada, calculando que no se atreverían a moverse. Los controladores, que se olían algo así, viéndose utilizados, reaccionaron cometiendo el peor crimen que pueda concebirse en España: se rebelaron ante el abuso arbitrario de poder por parte de quienes saben de primera mano son los auténticos privilegiados, vagos e ineptos.   Poco importa la respuesta del Gobierno, militarizando el control del tráfico aéreo y declarando ilegalmente el Estado de alarma. Lo terrible es que una vez más vuelve a suceder en España que quien se rebela contra el poder, aun con alguna razón de justicia, lo paga. Y no solamente servirá para depurar a los indómitos de este colectivo, sino que el descomunal rechazo que se les ha mostrado a los controladores desde la dirigida esfera pública, hasta hacerlo calar en la opinión en base a continuos infundios, comparaciones desproporcionadas y grotesca propaganda de descalificaciones; es un aviso a navegantes para que vean que cualquier atisbo de motín será castigado no solo por el Gobierno, sino además con el rechazo público unánime de los buenos ciudadanos.