Que en España no se lleva eso de dimitir de los cargos públicos no es algo nuevo. La memoria política define como excepción el comportamiento de quienes colgaron las botas ante un descalabro en sus responsabilidades políticas. A vuelapluma, la última sonada fue la del exministro de interior D. Antonio Asunción tras la fuga de Luis Roldán allá por Abril de 1.994. Su exótica e ingenua línea de conducta le ha causado luego innumerables problemas en el seno de la agrupación regional de su partido, sobradamente conocidos. Sin embargo el atornilllamiento al cargo, que repele de la digna despedida, no es algo genético de los españoles, sino que trae causa de la imposibilidad de distinguir entre responsabilidades penales y responsabilidades políticas si no existe separación de poderes. Sin separación entre la política y la justicia ambas responsabilidades irán aparejadas. O todas o ninguna. Yo no me voy, que me denuncien y que me eche un juez. Así, dimitir supone poco menos que reconocer la comisión de delito.   Pero en otra vuelta de tuerca los españoles hemos conseguido un hito en esta norma de comportamiento depravada, un expediente singular. Se trata de la dimisión no aceptada. La dimisión en grado de tentativa. Se dimite poniendo el cargo a disposición de quien proceda, pero para que no se le acepte por el superior. Luego, a seguir en el cargo libre de polvo y paja. Eso sí, continuando en la conducta pecaminosa y en la percepción del peculio correspondiente. Las elementales normas de urbanidad califican eso de la “dimisión irrevocable” como un pleonasmo. ¿Pero cómo alguien con la mínima consideración de si mismo que haya tomado la decisión de dimitir puede permitir que se le sujete a la silla? No cabe mayor indignidad, por no hablar de la descalificación automática que supone para seguir en el ejercicio de las funciones atribuidas.   Hace una semana, el Presidente del Tribunal Constitucional rechazó las dimisiones presentadas por el Vicepresidente de este órgano, D. Eugenio Gay Montalvo y de los “magistrados” Dña. Elisa Vera y D. Javier Delgado, por lo que deberán continuar en sus cargos hasta que los partidos políticos se pongan de acuerdo en quien habrá de sustituirlos. El Vicepresidente Sr. Gay llegó a manifestar públicamente que “tenía la sensación de formar parte de un tribunal secuestrado”. Por su parte Sala no aceptó las renuncias subrayando que deben seguir “sin perjuicio de hacer nuevamente presente, en este caso al Congreso de los Diputados, la necesidad de observancia de los plazos de renovación constitucional y legalmente establecidos”.   Sobre la mesa de estos mismos “magistrados” penden los recursos de inconstitucionalidad sobre las leyes del aborto y del matrimonio homosexual o la ilegalización de Sortu. ¡Salga el sol por Antequera!