Evolución histórica y política del Estado y la nación hasta llegar a los Estados totales del siglo XX.
Hoy los partidos son del Estado y las naciones europeas no tienen representación en los parlamentos.
-Fuentes del audio-
Radio libertad constituyente: https://www.ivoox.com/rlc-2016-05-15-respuestas-a-preguntas-los-audios-mp3_rf_11535287_1.html
Música: Discante sobre la Pavana italiana. Antonio de Cabezón. Interpreta Trío “Unda Maris”.
La juventud es ese periodo de la vida en el cual más brilla la fraternidad entre los amigos y menos se acepta el cinismo y la impostura. Por eso, la juventud rechaza el mundo de los mayores y exalta valores que éstos van olvidando en el pedregoso camino del individualismo y de la tiránica cotidianeidad.
Por esto mismo, los jóvenes, sino se ven confundidos por los flautistas de uno y otro lado, desertan del mundo político: saben que es sinónimo de corrupción y de mentira. En las universidades, les desvían de las preguntas que puedan poner en entredicho un régimen que nació del proteico reparto de un cadáver, y les aleccionan con un relato oficial, en esencia, no muy distante del que inculcaron a nuestros padres y abuelos: esto es lo que hay, y es bueno…
Sabemos cómo las universidades son un apéndice más del sistema de la oligarquía política, económica y cultural que, travestida de democracia, hace prácticamente imposible reconocerla y llamarla por su nombre en aras de la democracia y la libertad.
Es por eso obligación del MCRC y de cualquier defensor de la verdad acercarse a la juventud para contarles lo que sucedió hace 50 años, tras la muerte del Dictador. Decirles que no renieguen de la democracia porque esto no lo es. Que tristemente, nunca hubo una ruptura con el régimen del Centinela de Occidente. Que esa ruptura está por hacer.
Porque a ellos les queda una larga vida que será peor que la nuestra. Porque la partidocracia corrupta habrá agotado toda la riqueza acumulada con sudor y esfuerzo por sus padres, abuelos y bisabuelos. Porque esa «vivienda digna y adecuada» que les promete la Constitución nunca será para ellos, y esa «remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia», que también promete, no es más que un chiste de mal gusto.
Porque no hay una separación de poderes que frene la corrupción y la arrogancia de la clase política. Porque nadie les representa. Porque nadie les dice que esto no es democracia, sino un juego de amos que se dicen siervos y de siervos que se creen amos por introducir una papeleta en una urna de polipropileno cada cuatro años.
Porque nosotros, los que hemos descubierto esta farsa que ya va para 50 años, tenemos la obligación de acercarnos a los jóvenes, de mostrarles el papel pautado en el que transcurrirá su vida y la triste herencia que les hemos dejado.
Por ello, el acercarse a la universidad, poner unos cárteles, repartir unos programas, charlar con grupos de jóvenes acerca del embeleco de la Transición y del mensaje de esperanza de luchadores como don Antonio García-Trevijano, es una acción humilde, pero que, como el aleteo de una mariposa, puede provocar un ciclón en las conciencias.
Ojalá podamos hacer más obras-debate como la del 7 de diciembre, más presentaciones de libros, más actos que alumbren conciencias… Ojalá podamos atraer a más y más jóvenes a la luz de la libertad colectiva. Porque las ideas de don Antonio son armas de destrucción masiva de oligarcas e impostores. ¡Vamos con ello!
A continuación se edita en este diario la entrevista completa que María García realizó a Alberto Gálvez, director de Patología de la Transición, y que fue publicada en la revista de artes escénicas Teatros:
Cuando leemos que casi un 20% de los jóvenes creen positiva la dictadura franquista, Alberto Gálvez y su equipo abren el melón de la Transición. Y, además de ofrecerles un código descuento poniendo Revista Teatros, les dice a esos jóvenes que este régimen político que vivimos se llama oligarquía de partidos y que, como decía Trevijano —no les suena su nombre, ¿verdad?, por eso es tan importante este montaje—, «no hemos vivido ni un solo minuto de democracia». Les conmina también a indagar sobre esta palabra. A ellos y a nosotros, nos invita a pegarnos un viaje por nuestra historia más reciente, pero debemos hacerlo con la mente abierta, porque vamos a cuestionarnos muchas cosas que creíamos inamovibles.
María García: ¿Por qué hemos aceptado la Transición como se acepta una religión? Ni un pero…
Alberto Gálvez: Efectivamente, tú lo has dicho: ha sido una aceptación religiosa. De hecho, la Transición no se puede poner en tela de juicio: «Se hizo lo que se pudo»; «había riesgo de una nueva guerra»; «fue un proceso ejemplar»; «el pueblo conquistó su libertad»… Si investigas un poco, con la mente abierta y el ánimo despejado, descubres que el pueblo no conquistó nada y que el guerracivilismo que propalaban muchos fue parte de la sempiterna estrategia del miedo. La élite heredera del finado pactó con la élite erigida en oposición. Fue un proceso de arriba a abajo. El milagro de la propaganda hizo que nos sintiéramos protagonistas de lo que realmente fue una «transacción» pactada desde arriba y orquestada desde fuera…
María García: Y de aquellos polvos, estos lodos. ¿Qué hay en la España de hoy de la España del franquismo y de la Transición?
Alberto Gálvez: Realmente, aunque nos cueste creerlo (ahí está de nuevo la «fe religiosa» de la que hablábamos antes) nunca se rompió con el franquismo. El célebre «de la ley a la ley» de Torcuato Fernández-Miranda realmente solo supuso una reforma del marco legal franquista. Quién quiera entender que entienda…
María García: «El miedo de los franquistas a la revancha de los vencidos sólo fue superado por la ambición de los vencidos por ocupar el lugar de los vencedores, sin cambiar nada. Eso es la Transición». Esto es muy duro, ¿no?
Alberto Gálvez: La verdad siempre es un pedernal. Y cuanto más se niegue más dura e hiriente se vuelve. Con esa frase Antonio García-Trevijano resumió magistralmente aquel momento tan controvertido de nuestra historia, un vulgar pacto entre la oposición y los heraldos del fiambre con el fin de repartirse el poder, los honores y el Estado. Una sentencia que conecta íntimamente con aquella otra de Lampedusa: «Si queremos que todo siga como está, es preciso que todo cambie»…
María García: ¿Quién fue Antonio García Trevijano y por qué apenas hemos oído hablar de él?
Alberto Gálvez: Antonio García-Trevijano fue la figura más importante en los primeros años de la Transición. Coordinó a toda la oposición en la famosa Platajunta. Sufrió varios atentados por parte de la cúpula franquista. La CIA le tenía en su punto de mira. ¿Por qué no se le recuerda? Porque defendió la ruptura total con el régimen, vía que abandonaron socialistas, comunistas y compañía, que decidieron pactar con los herederos del Centinela de Occidente. Había que callarle.
María García: Hablamos de todo esto porque es la base de esta Patología de la Transición. ¿Cómo definiría este espectáculo y en qué llagas mete el dedo, de qué habla?
Alberto Gálvez: La libertad sin verdad es imposible. Y hoy llevamos 50 años alejados de la verdad. Patología es una «fragua de desenmascaramientos»: no conquistamos libertad alguna, no existe separación de poderes, no hay representación. Hicieron participar a nuestros padres y abuelos de un vodevil en el que seguimos inmersos. Patología de la Transición viene a hablar de lo que nadie quiere hablar y que, por eso mismo, es lo más urgente y necesario.
María García: Háblenos un poquito de los personajes que hilvanan esta historia.
Alberto Gálvez: Don Antonio García-Trevijano (Jorge Muñoz), luchador incansable por la ruptura y las libertades, es presentado como una suerte de Quijano. De hecho, el subtítulo de la obra es Del repúblico hidalgo don Antonio García-Trevijano. A su lado, Pancha (Luna Mayo), su cuidadora, una muchacha opositora a sanitaria que cae en las redes del viejo maestro y que se erige en un trasunto de Sancho, encarnando todas las manidas ideas de la Transición. Junto a ellos, cuatro sanitarios con nariz de payaso y deseos de incordiar (Fernando Figueroa, Sole Mallegas, José Montiel y Marta Nebot).
María García: ¿Y cómo es la puesta en escena?
Alberto Gálvez: La acción transcurre en una inquietante institución sanitaria: un gota a gota, una cama de hospital, cuatro enfermeros… Nadie sabe por qué Trevijano está confinado allí. ¿Quizás porque es el único loco que proclama que no vivimos en democracia? Las situaciones cómicas se irán sucediendo a un ritmo vertiginoso mientras descubrimos al protagonista y desciframos lo que sucedió realmente en aquellos fatídicos años.
María García: El teatro como reducto y el payaso como reflejo certero de nuestras miserias. Nada ni nadie mejor para escribirnos y hacernos pensar, ¿no?
Alberto Gálvez: Pues sí, el teatro debería ser el reducto de la verdad y el desenmascaramiento. Me temo que hoy, salvo maravillosas excepciones, el teatro llamado «comprometido» solo es reducto de ideologías chatas, disidencias controladas y de subvenciones. En Patología de la Transición hemos apostado por los payasos porque son los únicos capaces de mostrarnos la sangrante realidad como una fiesta. He ahí su grandeza y su misterio.
María García: ¿La risa es el mejor antídoto?
Alberto Gálvez: Sí. La risa nos enseña quién hay detrás de la máscara honorable, qué se oculta tras el decorado amable, cómo la supuesta verdad solo es interesada apariencia… Esa es la magia de lo cómico: desarmar prejuicios y acceder por la parte trasera de la conciencia…
María García: Después de la obra, ofrecen un debate sobre la misma, sobre la Transición y sobre la figura de García-Trevijano. ¡Qué importante, ¿no?!
Alberto Gálvez: La fórmula obra-debate funciona fantásticamente. La representación desactiva ideas preconcebidas y el debate, tras el cual se puede participar, aborda las dudas que van surgiendo en esa hora de humor y catarsis. Por supuesto que hay espectadores que no pueden admitir lo que están oyendo y se van comenzado el coloquio. Tuvimos incluso un actor que, tras la primera función, tuvo que abandonar el espectáculo: atentaba con las ideas y preceptos que había mamado. ¡Mira si levanta ampollas nuestra Patología! De nuevo esa dimensión religiosa de los regímenes políticos que anulan la libertad y el entendimiento y nos someten voluntariamente a la servidumbre moral y política.
María García: «Casi un 20% de los jóvenes españoles creen positiva la dictadura franquista», «El franquismo, ‘la nueva moda indie’», «Un 26% de los jóvenes varones prefiere ‘en algunas circunstancias’ el autoritarismo a la democracia»… ¿Qué espera del público? ¿Qué le gustaría provocar y qué le diría a la gente, sobre todo a los jóvenes, para que se acerquen al teatro a ver Patología de la Transición?
Alberto Gálvez: Primero, ofrecer un código descuento a los que hayan llegado hasta aquí. ¡Introducid el código «Revista Teatros» y listos! Segundo, decir a esos jóvenes que prefieren el autoritarismo a la democracia que este régimen político que vivimos se llama técnicamente «oligarquía de partidos». Que, como decía Trevijano, «no hemos vivido ni un solo minuto de democracia». Que indaguen en esta palabra. La democracia son unas reglas de juego: separación de poderes y representación. O jugamos al ajedrez o no jugamos. ¿Hay separación de poderes o hacen lo que les sale del perineo? ¿La corrupción es una consecuencia de la democracia o producto de la falta de ella? ¿Quién nos representa realmente? ¿Le importa a alguien que los jóvenes no puedan acceder a una vivienda, que cada vez sea más costoso trabajar, que suframos pobreza energética, que las nuevas generaciones vayan a vivir mucho peor que sus padres? Por último, les diría que no miren con las anteojeras de la ideología, que siempre son impuestas desde arriba para desviarnos del auténtico problema.
María García: Van a estar el 7 de diciembre en el Teatro Victoria, pero ¿qué vuelo le espera a Patología de la Transición?
Alberto Gálvez: Este proyecto, como entenderá, no ha sido obra de ninguna institución pública ni de ninguna empresa. Ni siquiera de un grupo de amigos que quiera colar su creación en algún lugar de la cartelera madrileña. Nace de un grupo de ciudadanos que, seguidores de las ideas de ruptura y democracia de don Antonio García-Trevijano, desea hablar de estas cosas. Porque «memoria democrática» es precisamente esto: hablar de lo que pasó realmente, aunque derribemos ídolos y dinamitemos relatos. Con esta tarjeta de visita le aseguro que no nos van a programar en ningún teatro público. Mas es la propia sociedad civil con sus iniciativas libres de poderes políticos e ideologías la única que puede romper el actual estado de cosas: esta calma chicha que solo nos habla de un pasado que no fue como nos han contado y cuyas consecuencias sufrimos en el presente. En fin, que la necesidad de verdad está ahí y no me cabe duda que existe una nueva generación de programadores valientes que empiezan a hacerse eco de esa necesidad acuciante. ¡Seguiremos informando!
Pedro Manuel González, autor del libro «La Justicia en el Estado de partidos», en el capítulo nº 290 de «La lucha por el derecho» nos explica por qué en España no hay Constitución, además de comentar el éxito de la tercera representación de la obra de teatro “Patología de la Transición”.
La crítica —la única crítica auténtica— es siempre destructiva. Quien aconseja construye; quien critica derriba. Y si algo necesita ser demolido con la razón política es el mito que sostiene que en España existe una constitución. No puede haber constitución donde no existe separación de poderes, sino únicamente división de funciones. Admitir que la constitución exige la separación de poderes, y simultáneamente sostener que la de 1978 lo es, resulta una contradicción que ya no se explica por ingenuidad, sino por ceguera interesada.
¿Qué constituye una constitución? La nación no, ya que la precede. Tampoco el Estado, que es sólo una forma de organización del poder.
Una constitución únicamente nace cuando la potencia estatal es transformada en poderes separados en origen, dotados de mecanismos recíprocos de control. Esa es la única garantía de la libertad política de los ciudadanos: que el poder no sea uno, sino varios; que estos poderes no emanen de una misma fuente; y que la representación no sea una ficción partidocrática, sino una expresión electiva de la voluntad colectiva. Y nada de esto existe en España.
Ya formalmente, la constitución actual no es tal porque jamás existieron Cortes Constituyentes. El primer acto constituyente de un pueblo libre es la reunión de Cortes Constituyentes. Todo lo demás es una reforma, una adaptación o, como en este caso, un pacto entre élites para conservar el poder cambiando las apariencias de la ley a la ley.
Y esto no es una interpretación sino un hecho. Las Cortes de 1977 no eran constituyentes. Fueron ordinarias, convocadas bajo la Ley para la Reforma Política, con la legalidad del propio franquismo. Pablo Lucas lo recoge como requisito esencial. Sánchez Agesta reconoce que «funcionaron como constituyentes», pero que no lo eran. Jorge de Esteban concede que lo fueron «de facto» , confesando involuntariamente que lo de jure nunca existieron.
De hecho, los trabajos constitucionales se realizaron en secreto, como relató Pedro Altares en Cuadernos para el Diálogo. Se dio así a la sociedad una obra ya terminada y cerrada, para ser votada en bloque, sin posibilidad de elección ni deliberación. Un texto producido en tales condiciones podrá ser Ley Fundamental, pero no constitución.
Pero además, materialmente, no separa los poderes del Estado. El artículo 16 de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano lo formula con meridiana claridad: «Una sociedad en la que la garantía de derechos no esté asegurada, ni la separación de poderes determinada, no tiene constitución.»
En España los poderes políticos no están separados en origen. Están organizados dentro de un mismo engranaje partidista en el que el ejecutivo controla al legislativo desde el «banco azul». El parlamento no variaría su composición ni un ápice si solo se presentaran a los comicios los jefes de los partidos y después rellenaran las listas que determinan los escaños según la proporcionalidad obtenida.
Lo que existe no es separación de poderes, sino división técnica de funciones. Una burocracia constitucionalizada, no un sistema de libertad política en el que, si la Ley protege al colectivo frente al individuo, la constitución, en cambio, protege al individuo frente al colectivo y frente al Estado. En España, el texto de 1978 se comporta como ley suprema —es decir, como norma que organiza el poder— pero no como constitución, porque no establece garantías materiales de libertad frente a ese poder único que permanece indiviso.
La ruptura fue posible, pero no se quiso. Bastaba un solo acto de coraje: que el PCE no hubiera aceptado su legalización sin exigir un periodo de libertad constituyente. Sin su aceptación, el régimen hubiera carecido de legitimación democrática y habría sido obligado a abrir un proceso de ruptura. Pero prefirió ser tolerado, no constituyente. Aceptó entrar en el reparto antes que reclamar libertad colectiva.
Una constitución verdadera sólo puede nacer de un acto de libertad que permita decidir, mediante referéndum electivo y no plebiscitario, la forma de Estado y la forma de gobierno. Ese instante de libertad constituyente, previo a toda norma, es el momento fundacional donde el pueblo, sujeto constituyente, existe como tal. Nada parecido ocurrió en 1978.
Lo que nació entonces no fue una constitución, sino un régimen: el último servicio prestado por el franquismo a sus herederos políticos para perpetuar un poder indiviso bajo nuevas palabras. Y mientras no exista libertad política constituyente, España seguirá sin constitución. Sólo tendrá un texto que la finge.
Macías, expresidente de Guinea Ecuatorial, le pidió a don Antonio la redacción de una ley vitalicia para volverse un dictador.
Pregunta René Zamorano y presentada Alberto Iturralde.
Fuentes del audio:
Radio libertad constituyente: https://www.ivoox.com/rlc-2018-01-26-piensa-veras-audios-mp3_rf_23386869_1.html
Música: Allegro. BWV 1062. J.S.Bach.
Hace meses, acaso más de un año, el presidente del Gobierno, Sánchez, en unas declaraciones que pudimos ver todos por televisión –con ese tono solemne que afecta en ocasiones, y con el derroche de narcisismo al que ya nos tiene acostumbrados– dijo así: pasaré a la Historia como el presidente que desenterró a Franco. ¡Tamaña falacia! con la pretensión de construir un relato a la medida su ambición.
A Franco es imposible desenterrarlo. Ni a Franco, ni a nadie que lleve cincuenta años muerto. Alguien debería decirle al Señor Sánchez que desbarra, que no mienta. Y debería explicarle que tan solo ordenó sacar de una fosa un puñado de huesos. Y los sacaron –eso sí– de donde deberían haberlo sacado sus antecesores cuando proclamaron que había llegado la democracia. Es decir, desde 1978. Y, acaso, hubiera estado justificado incluso haber dinamitado aquel monumento al fratricidio, donde fue enterrado el Dictador. Sin embargo, ninguno de los que le antecedieron ni siquiera se lo planteó. ¿Por qué? Muy sencillo, porque todos los presidentes anteriores se sentían sujetos al pacto del 78 (aquella Gran Mentira por la nos hicieron creer que esto es democracia). Y el presidente Sánchez –en su patológico afán de hacer creer a sus admiradores que lo que él dice es palabra de Dios– no tiene ningún remilgo en airear sus sueños a los cuatro vientos, cual si de la realidad se tratara. Siendo la realidad muy otra.
De lo que sí puede estar seguro es de que la Historia lo juzgará. A él y a todos los anteriores (cada vez más españoles albergamos la esperanza de que en este régimen no haya ya muchos más que lleguen a presidente mediante el tramposo método de ser elegidos por aquellos que él mismo –el candidato, jefe del partido– había puesto, ad hoc, en la lista de las mal llamadas elecciones. La Democracia exige que al presidente lo elijan directamente los gobernados. No los sumisos diputados de los partidos).
Volviendo a lo de pasar a la Historia, es difícil saber si ese juicio le llegará en vida suya o tras ella. Pero lo juzgará. De eso no hay duda. Y todo indica que la Historia poco o nada dirá en su favor y mucho para su desprestigio: mucha pena y nada de gloria. Llegó como adalid de la transparencia y paladín contra la corrupción. Nada nuevo bajo el sol: La misma palabrería vacía de todos los anteriores. Y con esa palabrería –y con unos pactos que hubieran sido imposibles de no haber necesitado los votos de aquellos con los que pactó; y que, además, en la campaña. Había asegurado a sus votantes que no los haría– logró desalojar de la presidencia del Gobierno a un también corrupto predecesor: M. Rajoy. Así logró ser investido presidente. Pero tardó cero coma dos en sumergirse bajo el mismo estercolero. Aunque, por todo lo que se fue sabiendo después, el flamante presidente había llegado ya embadurnado desde la pocilga del Peugeot y de las saunas. Aprovechándolas como trampolín para ganar las primarias –según noticias fiables– apañadas con artificios maquiavélicos y dinero de oscura procedencia. La cuestión es que a partir de su llegada a la Moncloa, los escándalos de corrupción le han salpicado desde los cuatro puntos cardinales y en círculos concéntricos: en su familia, en su partido y en su Gobierno.
Y lo que es más significativo y dramático, la gente que le dio su voto –se supone que convencidos de su valía, su honradez y sus promesas de regeneración– no se le han revuelto, y continúan dándole su apoyo, a pesar de quedar demostrado que ha hecho todo lo contrario de lo que les prometió. Esa actitud incondicional de sus votantes denota un fervor y un fanatismo calcado del que le tenían a Franco aquellos rebaños humanos que se reunían en la Plaza de Oriente, para declarar su adhesión al régimen.
La Historia lo juzgará, sí. Y seguro que no le concederá la relevancia con la que sueña. Aunque este régimen sí cantará sus glorias. Como canta las glorias de Adolfo Suárez. A quien el rey emérito concedió un ducado. Y prebendas varias. ¡Hasta le han puesto su nombre al aeropuerto de la capital de España! a pesar de haber sido (o acaso por haberlo sido) Ministro Secretario General del Movimiento (el partido único del franquismo).
O como canta las glorias de Felipe González. Que en los últimos años de la dictadura –con su Isidoro nombre de guerra– se convirtió en (lo dice Trevijano) el niño mimado del franquismo. Que parasitó el PSOE de Rodolfo Llopis gracias a Willy Brandt y al almirante Carrero Blanco. Y cuyo mérito más destacado acaso sea el haber sido el jefe de los GAL. Es decir responsable de terrorismo de Estado. Que es por lo quizás pase a la Historia. No obstante, el régimen le ha premiado sus servicios prestados, y el rey preparao le ha otorgado el Toisón de Oro. ¡A un republicano! Quién te ha visto, y quién te ve…
Pero todavía, el presidente Sánchez tiene por delante algunos protocandidatos a los premios de este régimen. El próximo, el expresidente Aznar. ¿Sus méritos? La Historia –con toda probabilidad– lo juzgará por ser un Criminal de guerra. Llevo a España a una guerra (la de Irak) porque Bush le dijo que Sadam Hussein almacenaba armas de destrucción masiva. Y a pesar de que las delegaciones que envió la ONU para inspeccionar sobre el terreno no encontraron ni rastro de tales armas, Aznar nos metió en aquella guerra maldita: cientos de miles de civiles asesinados pesan sobre su conciencia (si es que tiene). Porque a pesar de que los otros dos (halcones) de las Azores: Blair y el propio G.W. Bush, ya pidieron perdón, Aznar continúa reafirmándose (cada vez que es preguntado sobre el asunto) en su empecinamiento de no tener motivos para pedirlo.
Aun y todo, a la tómbola del régimen no le costará mucho inventarle glorias que cantarle. Y su premio le será otorgado, seguro, por lo que, al ritmo que se vienen concediendo las dádivas, largo se la fía al actual inquilino de la Moncloa: en el año 1981, el Rey Campechano otorga el título de Duque a Suárez. Al siguiente de la lista: Felipe González le ha tocado su Toisón… 44 años más tarde.
A Aznar, si le han de conceder alguna gracia, no pueden tardar tanto, o habrían de llevársela a la estantería.
Luego les siguen Rodríguez Zapatero, Rajoy, y el último (por ahora) Sánchez. Pues para cuando le llegue su turno. De ahí acaso su impaciencia. Quizás ése sea le motivo por el que se planteó desenterrar a Franco. Marcarse una hazaña que nadie antes se había planteado. Pero lo único que se trasluce es cuánto, esta pseudo-izquierda (los Hunos) siguen necesitando vivo a Franco. De la misma forma que la derecha (los Hotros) se empeñan en mantener el terrorismo en la primera línea del enfrentamiento político. Así, cada partido, manipula a sus feligreses.
Pero a la postre, todo indica que, acorralado por la corrupción, Pedro Sánchez está apunto de convertirse en un hediondo cadáver político. Y que nadie de su partido caerá en la tentación de desenterrar. Ya que la Historia, en el poco probable caso de mencionarlo, se referiría a él como el presidente más trilero: con él, los términos presidente y delincuente casi se confunden. Vaya prenda…
Es el Derecho una regla necesaria para la convivencia humana, y sin él no cabe mantener el mundo de lo social, que exige siempre un mínimum de organización y disciplina. Por eso los golpes de Estado, las Revoluciones, y en general todas las manifestaciones de ruptura violenta con el Ordenamiento jurídico avanzan hasta donde es necesario, pero de ahí no pasan. La consecuencia es que subsisten, intocados, cuerpos legales e instituciones que no se hallan en pugna flagrante con la nueva cosmovisión que los acontecimientos traen consigo.
NICOLÁS PÉREZ SERRANO[i].
Introducción.
Próximo el medio siglo desde 1978, aniversario el de seis de diciembre que emerge de entre las festividades anuales señaladas, ya lo ha cumplido la restauración de la línea de sucesión borbónica –después del interregno posterior a la Guerra Civil–. Los actos conmemorativos de hace apenas un par de semanas introducen los años venideros de conmemoraciones de la cincuentena[i].
La estrategia retrospectiva del cambio nominal («cambio» porque así se autodenomina) emplea el elemento discursivo de la dialéctica de la exclusión: es «Monarquía» porque no es «Dictadura». Y si el fin de la cronología de la dictadura es (de forma confusa) el 20 de noviembre de 1975, en adelante ya no lo es. Si no lo es, será «Monarquía».
Pudiera parecer una banalidad, mera sucesión de días en el calendario. La construcción cronológica de la Transición comienza y radica ahí. No es el inicio histórico (objeto de estudio de la historiografía), sino que la reconstrucción discursiva toma ese origen y formaliza la estructura conceptual de sinónimos que nos es tan conocida: «Transición», pacto / consenso y «Democracia».
Jefatura del Estado.
El Estado en España –tanto su formación institucional como su historiografía– es una de las cuestiones más problemáticas de nuestra historia[ii]. Recuérdese la cita de Francisco Javier Conde en «La utopía de la ínsula Barataria»: «¿Ha sido España alguna vez un Estado moderno?»[iii].
No es menos problemática la cuestión de la forma del Estado. Es bien sabido que la opción entre Monarquía y República, principio de tradición y materia de Constitutional Engineering (ingeniería constitucional entendido como diseño institucional en perspectiva técnica), es en España un problema propiamente político, partidista e, incluso, ideológico –de asociación y, sobre todo, exclusión–. Así, pues, el continente de la forma de Estado se representa para muchos con un contenido a priori, deseable o indeseable.
En este contexto, la perspectiva que sigue pretende abstraerse (como siempre he pretendido) de filiaciones políticas y partidistas. No es este un alegado. Es una nota sinóptica de la forma del Estado después de la guerra civil.
Tipologías de dictadura y el franquismo.
La dualidad inmanente a la concepción occidental del poder político se reduce, «naturalizada»[iv] en el Estado, a dos: dictadura o democracia. Ha sido relegada la distinción tripartita de los clásicos: monarquía (como autocracia o monocracia), aristocracia (como oligocracia) y democracia.
El olvido durante la edad media de la institución romana[v] que era la dictadura es un rasgo que enfatiza su carácter. Solo a partir del siglo XVIII ha adquirido el vocablo connotaciones negativas y sustituiría en significante a «tiranía». La plenitud concentrada de la potencia del poder era el mecanismo extraordinario frente a situaciones de excepción (anormalidad): Salus populi suprema lex est[vi]. Empero, la principal garantía era su duración de seis meses, con posterioridad de un año. La extensión indefinida –en los casos de Lucius Cornelius Sulla Felix (Sila) y Gaius Iulius Caesar (Julio César)– fue el abuso «tiránico» de esta magistratura. Y, según Giovanni Sartori, ambas (la delimitación temporal y la tendencia «democratica» de la Res publica romana) las causas de su desaparición[vii].
No obstante, la precisión conceptual del término implica que una teoría general debiera considerar todas sus tipologías[viii]. Así, Carl Schmitt[ix] diferenció entre Kommissarische Diktatur (dictadura comisaria) –aquella en la que, en una situación extraordinaria de emergencia, un poder constituido instituye un dictador (persona) con un mandato delimitado de actuación temporal (comisión), ergo extraordinario y con el objetivo de restablecer la «normalidad»– y Souveräne Diktatur (dictadura soberana) –aquella en la que se suspende el ordenamiento, la Constitución o la Grundnorm vigente «para la producción de un orden completamente nuevo»[x]–.
En un Estado, esta (la Souveräne Diktatur) puede consistir en (a) el monopolio concentrado del poder estatal «sin barreras jurídicas» de un poder constituido que se atribuye poderes constituyentes, «cuando el orden hasta entonces existente es suprimido y mientras no entre en vigor una nueva Constitución [u otras formas de Grundnorm, en su caso]»; o (b) que un partido, movimiento o facción social o estatal «se haga con el poder estatal apelando a la verdadera voluntad del pueblo, de un modo, ciertamente, provisional, es decir, hasta que se llegue a una situación donde el pueblo pueda ejercer libremente su voluntad (claro que es él mismo [aquel partido, movimiento o facción social o estatal] el que decide cuándo se ha llegado a esa situación])»[xi].
Caudillo y «teoría del caudillaje».
El franquismo –término que simplifica y comprende varias perspectivas– fue una Souveräne Diktatur del segundo tipo: el caudillaje. Si bien, por su propia conceptualización (concepto propio de España y del Caudillo, excepcional, individual e «irrepetible»[xii]) se diferencia en parte de esa forma de dictadura. En parte mítica –«nuevo y gran Cruzado», «el hombre de la providencia, el general victorioso, el salvador de España, el estadista excepcional, el conductor y guía de los españoles»–, en parte «semidivina» –«personificación misma de la causa “nacional”»–[xiii].
Además, la historiografía divide el período histórico en diversas fases, en función de las potestades normativas del Jefe del Estado. Miguel Ángel Giménez Martínez diferencia «cinco etapas definidas»[xiv]: (1ª) desde el Decreto de la Junta de Defensa Nacional de 29 de septiembre de 1936 (artículo primero) «hasta» la Ley organizando la Administración Central del Estado (de 30 de enero de 1938) «el “caudillo” es [era] asistido por la Junta Técnica del Estado, órgano que tenía un carácter exclusivamente consultivo» («cesada en sus funciones» en el artículo transitorio, párrafo I de la Ley de 30 de enero de 1938); (2ª) de la Ley de 30 de enero de 1938 a la «promulgación» de la Ley de 8 de agosto de 1939 modificando la organización de la Administración Central del Estado establecida por las de 30 de enero y 29 de diciembre de 1938, en la que «la voluntad legisladora del jefe del Estado no tiene [tenía] más limitación que la previa deliberación del Gobierno y la propuesta del ministro del ramo»; (3ª) de la Ley de 8 de agosto de 1939, que normativizaba la potestad del Jefe del Estado para «dictar» Leyes y decretos sin previa deliberación del Consejo de Ministros «cuando “razones de urgencia” así lo aconsejen» (artículo séptimo), a la Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado (de 26 de julio de 1947) (quinta Ley Fundamental); (4ª) esta, que no alteraba la situación jurídica (y política), estableció la obligación de «audiencia preceptiva [no vinculante] del Consejo del Reino en determinados casos»; y (5ª) «inaugurada» con promulgación de la Ley Orgánica del Estado, núm. 1/1967, de 10 de enero, diferenciaba la posición vitalicia del «Caudillo de España» (Francisco Franco) en la Jefatura del Estado y «se marca[ba] su término en el momento en que se cumplieran las “previsiones sucesorias”, esto es, en el momento en que accediera a la Jefatura del Estado un rey» que requiriera «para todos sus actos del refrendo de las instituciones».
De un «Reino» sin Rey, diríase del curioso caso de una «Monarquía» sin monarca.
La Ley Fundamental de Sucesión en la Jefatura del Estado, fechada el 26 de julio de 1947, modificaba la continuidad del caudillaje. Este era, desde entonces, «una de las tres modalidades en que podía presentarse la Jefatura del Estado», junto con la Regencia y la Monarquía (artículos tercero, séptimo, octavo y noveno)[xv]. Se correspondían con «tres momentos del proceso instituyente del nuevo Estado, es decir, tres momentos posibles de la continuidad del régimen»[xvi].
Su artículo primero manifestaba que: «España, como unidad política, es un Estado católico, social y representativo, que, de acuerdo con su tradición, se declara constituido en Reino» (la cursiva es mía). La definición de España se completa con la primera parte del Principio I de la Ley Fundamental de 17 de mayo de 1958 por la que se promulgan los Principios del Movimiento Nacional: «España es una unidad de destino en lo universal.» Pareciera tomarse la definición normativa de la falangista de Raimundo Fernández-Cuesta Merelo: «existe una Nación, cuando un destino histórico, individualizado en lo universal, recae sobre un grupo humano, que para su realización cuenta con un instrumento, que es el Estado.»[xvii]
El Principio VII, declarando que el «pueblo español, unido en un orden de Derecho, […] constituye el Estado Nacional», establece que «[s]u forma política es, dentro de los principios inmutables del Movimiento Nacional y de cuanto determinan la Ley de Sucesión y demás Leyes fundamentales, la Monarquía tradicional, católica, social y representativa [«representación corporativa», vid. el Principio VIII, párrafo I].»
Estos principios eran «por su propia naturaleza permanentes e inalterables» (artículo primero de la Ley Fundamental de 17 de mayo de 1958). Por tanto, lo era también la «constitución» en Reino: «El Estado español, constituido en Reino, es la suprema institución de la comunidad nacional» (artículo primero, I de la Ley Orgánica del Estado). Pareciera que la «forma política» del «Estado Nacional» (forma supervive del «Estado Nuevo») era la «Monarquía» («tradicional, católica, social y representativa») continuada en la constitución de «Reino» (Título I de la Ley Orgánica del Estado).
La discontinuidad terminológica –semántica– es la formalización de la continuidad del poder dictatorial (Souveräne Diktatur) del Caudillo. Esta manifestada en las sucesivas Leyes Fundamentales. Y, como estaba previsto, en el nombramiento de su sucesor (artículos sexto, noveno y undécimo de la Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado de 1947).
De una sucesión prevista realizada.
«Por todo ello, estimo llegado el momento de proponer a las Cortes Españolas como persona llamada en su día a sucederme, a título de Rey, al Príncipe Don Juan Carlos de Borbón y Borbón, quien, tras haber recibido la adecuada formación para su alta misión y formar porte de los tres Ejércitos, ha dado pruebas fehacientes de su acendrado patriotismo y de su total identificación con los Principios del Movimiento y Leyes Fundamentales del Reino» (párrafo III de la introducción de la Ley 62/1969, de 22 de julio, por la que se provee lo concerniente a la sucesión en la Jefatura del Estado).
El párrafo IV continúa: «[l]a designación de sucesor comporta su previa aceptación y, de acuerdo con lo establecido en el artículo noveno de la Ley de Sucesión y cincuenta de la Ley Orgánica del Estado, disponer lo concerniente a la fórmula y demás circunstancias del juramento que habrá de prestar ante las Cortes precisándose asimismo el Título que ha de ostentar, sus deberes y derechos.» Incluso el párrafo V se refiere a la sucesión del nombrado sucesor (la sucesión, en su caso, de Don Juan Carlos de Borbón y Borbón). Todo ello, en virtud de las «facultades» adquiridas en tanto que Caudillo (párrafo V): artículos «sexto de la Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado [de 26 de julio de 1947]», «diecisiete de la Ley de treinta de enero de mil novecientos treinta y ocho [«organizando la Administración Central», vid. supra] y «séptimo de la Ley de ocho de agosto de mil novecientos treinta y nueve [«modificando la organización de la Administración Central del Estado», vid. supra]».
Era preceptivo el juramento de lealtad a los Principios del Movimiento Nacional y las restantes Leyes Fundamentales (artículo noveno de la Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado de 1947) en un acto ante las Cortes junto al Jefe del Estado (artículo 50. a de la Ley Orgánica del Estado). El resultado no podría ser otro: «Sí, juro lealtad»[xviii].
En el discurso de juramento, el propuesto sucesor (Don Juan Carlos de Borbón y Borbón) afirmó que: «acabo de jurar, como Sucesor, a título de Rey, lealtad a Su Excelencia el Jefe del Estado [Francisco Franco], y fidelidad a los Principios del Movimiento Nacional y Leyes Fundamentales del Reino. Quiero expresar, en primer lugar, que recibo de Su Excelencia el Jefe del Estado y Generalísimo Franco la legitimidad política surgida el 18 de julio de 1936 (Fuertes y prolongados aplausos de toda la Cámara), en medio de tantos sacrificios, de tantos sufrimientos, tristes, pero necesarios, para que nuestra Patria encauzase de nuevo su destino.»[xix] Destáquese tanto la «legitimidad política surgida el 18 de julio de 1936» como la «necesidad» de que «nuestra Patria encauzase de nuevo su destino».
Y su destino de Reino: «La Monarquía puede y debe ser un instrumento eficaz como sistema político, si se sabe mantener un justo y verdadero equilibrio de poderes y se arraiga en la vida auténtica del pueblo español»[xx]. «Puede y debe ser» previa a 1978. Prosiguió: «Mi General: Desde que comencé mi aprendizaje de servicio a la Patria me he comprometido a hacer del cumplimiento del deber una exigencia imperativa de conciencia. A pesar de los grandes sacrificios que esta tarea pueda proporcionarme, estoy seguro de que mi pulso no temblará para hacer cuanto fuere preciso en defensa de los Principios [del Movimiento Nacional] y Leyes [Fundamentales] que acabo de jurar.»[xxi]
El 22 de noviembre de 1975: cincuenta años del juramento y proclamación del Rey.
Poco menos de seis años y medio después –el 22 de noviembre de 1975–, fenecido dos días antes el Jefe del Estado que había propuesto a las Cortes su sucesor «a título de Rey», se celebró una «Sesión Extraordinaria y Conjunta de las Cortes Españolas con el Consejo del Reino, para recibir juramento y proclamar Rey a S. A. R. Don Juan Carlos de Borbón y Borbón»[xxii].
De nuevo procedió con el mismo juramento: «Juro por Dios y sobre los Santos Evangelios cumplir y hacer cumplir las Leyes Fundamentales del Reino y guardar lealtad a los Principios que informan el Movimiento Nacional.» A continuación, el señor Presidente del Consejo del Reino (Alejandro Rodríguez de Valcárcel y Nebreda) respondió: «Si así lo hiciereis, que Dios os lo premie, y si no, os lo demande. En nombre de las Cortes Españolas y del Consejo del Reino manifestamos a la nación española que queda proclamado Rey de España don Juan Carlos de Borbón y Borbón, que reinará con el nombre de Juan Carlos I. Señores Procuradores, señores Consejeros, desde la emoción en el recuerdo a Franco: ¡Viva el Rey! ¡Viva España!.»[xxiii] «Manifestamos a la nación española», véase comunicamos que «reinará».
No obstante, el contenido inicial de su discurso, en referencia a su legitimidad, varió respecto del proclamado el 22 de julio de 1969: «Rey de España, título que me confieren la tradición histórica [la «Monarquía española, depositaria de una tradición universalista centenaria» diría después[xxiv]], las Leyes Fundamentales del Reino y el mandato legítimo de los españoles […]». Aunque la referencia al predecesor perecido se produjo a continuación: «El nombre de Francisco Franco será ya un jalón del acontecer español y un hito al que será imposible dejar de referirse para entender la clave de nuestra vida política contemporánea. […] Su recuerdo constituirá para mí una exigencia de comportamiento y de lealtad para con las funciones que asumo al servicio de la Patria.»[xxv]
También anunció lo venidero: «Que todos entiendan con generosidad y altura de miras que nuestro futuro se basará en un efectivo consenso de concordia nacional.» Reveló su posición: «deseo ser capaz de actuar como moderador, como guardián del sistema constitucional y como promotor de la justicia.»[xxvi] Del «sistema constitucional» de las Leyes Fundamentales y de los Principios del Movimiento Nacional que había jurado hacía escasos minutos.
Insinuó la problemática del artículo 2 de la «Constitución Española [de 6 de diciembre de 1978]»: «Un orden justo, igual para todos, permite reconocer dentro de la unidad del Reino y del Estado las peculiaridades regionales, como expresión de la diversidad de pueblos que constituyen la sagrada realidad de España.»[xxvii] ¿«Unidad del Reino y del Estado» como «indisoluble unidad de la Nación española»? ¿«Diversidad de pueblos» como «autonomía de las Nacionalidades y regiones»?
Declaró «entender», como «deber fundamental», «el reconocimiento de los derechos sociales y económicos, cuyo fin es asegurar a todos los españoles las condiciones de carácter material que les permitan el efectivo ejercicio de todas sus libertades.» Aún más: «hoy, queremos proclamar, que no queremos ni un español sin trabajo, ni un trabajo que no permita a quien lo ejerce mantener con dignidad su vida personal y familiar, con acceso a los bienes de la cultura y de la economía para él y para sus hijos.»[xxviii]
¿También pretendía que el Estado español conformara la denominada «integración europea»?: «La idea de Europa sería incompleta sin una referencia a la presencia del hombre español y sin una consideración del hacer de muchos de mis predecesores. Europa deberá contar con España y los españoles somos europeos. Que ambas partes así lo entiendan y que todos extraigamos las consecuencias que se derivan, es una necesidad del momento.»[xxix]
Como sugerían los comunistas austríacos de principios del siglo XX: ¿reforma o revolución? La respuesta fue «Transición».
NOTAS
[i] Vid. 50 años de monarquía: las fotos de los actos en el Palacio Real y el Congreso.
[ii] Da buena cuenta de ello Dalmacio Negro Pavón en su intervención del día 20 de enero de 2004 en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, titulada «El Estado en España» (Anales de la R. A. C. M. y P., N.º 81, 2, 2004, pp. 295-333) y después revisada, modificada y publicada en formato libro (Sobre el Estado en España, Madrid, Marcial Pons, 2007).
[iii] Escorial, n.º 7, 1 de mayo de 1941, pp. 169-201, cita en la p. 201.
[iv] Juan Pro Ruiz, La construcción del Estado en España: Una historia del siglo XIX, Alianza, Madrid, 2019, «Introducción», p. 29. La cita completa, que reproduzco por su claridad expositiva, es la siguiente: «El Estado es una realidad de nuestro tiempo. Es incluso una realidad naturalizada, asumida de forma colectiva como inevitable. […] Una perspectiva histórica un poco más amplia evidencia que esto no ha sido siempre así. El Estado es una configuración histórica relativamente reciente, que tiene un período de vigencia concreto.»
[v] Vid. «Dictator» en William Smith, D. C. L., LL. D. (ed.), A Dictionary of Greek and Roman Intiquities, John Murray, London, 1875, pp. 404-408, aunque emplea el término State para referirse a la forma de lo político romana, es una descripción histórico terminológica concisa; y «Dictātor», en Harry Thurston Peck (ed.), Harper’s Dictionary of Classical Antiquities, Harper & Brothers Publishers, New York, 2ª edición, 1898, pp. 509-510.
[vi] Conocida cita de Marcus Tullius Cicero (españolizado «Marco Tulio Ciceron») en De Legibus, III, III, VIII (hay ed. esp. bilingüe de Álvaro d’Ors y Pérez-Peix: Las Leyes, Instituto de Estudios Políticos, Madrid, 1953, última edición del CEPC del año 2000).
[vii] «Dittatura» en su Elementi di teoria politica, Il Mulino, Bologna, 1987, Capitulo 3, pp. 51-85 (hay ed. esp. de M.ª Luz Morán: «Dictadura» en su Elementos de teoría política, Alianza, Madrid, 1992, pp. 63-88).
[viii] Cfr. Carl Schmitt, Die Diktatur: Von dem Anfängen des modernen Souveränitätsgedankens bis zum proletarischen Klassenkampf, Duncker & Humblot, Berlin, 1921 (hay ed. esp. de José Díaz García: «La dictadura: Desde los comienzos del pensamiento moderno de la soberanía hasta la lucha de clases proletaria», en sus Ensayos sobre la dictadura, 1916-1932, Tecnos, Madrid, ed. de José M.ª Baño León y Pedro Madrigal Devesa, Capítulo III, pp. 49-293); y Giovanni Sartori, «Dittatura», Opus cit..
[ix] Carl Schmitt, Die Diktatur…, Opus cit., Capítulos 1 y 5; e Ibid., «Diktatur», en Günther Maschke (ed.), Staat, Großraum, Nomos: Arbeiten aus den Jahren 1916-1969, Duncker & Humblot, Berlin, 1995, pp. 33-37 (hay ed. esp. de Pedro Madrigal Devesa: «Dictadura» en sus Ensayos sobre la dictadura…, Opus cit., Capítulo V, pp. 351-359).
[x] Ibid., «Diktatur», Opus cit., IV, en la versión española p. 356.
[xi] Ibid., IV, p. 356.
[xii] Torcuato Fernández-Miranda Hevia, El hombre y la sociedad, Doncel, Madrid, 1960, p. 11.
[xiii] Miguel Ángel Giménez Martínez, «Del Caudillaje a la “Monarquía del 18 de julio”: Perfil jurídico-político de la Jefatura del Estado español durante el Gobierno de Francisco Franco», III, p. 442, Revista de Estudios Histórico-Jurídicos, XXXVI, pp. 437-466.
[xiv] Ibid., I, p. 440. También es autor de una obra de referencia en la materia: El Estado franquista: Fundamentos ideológicos, bases legales y sistema institucional, CEPC, Madrid, 2015.
[xv] Ibid., IV, p. 446.
[xvi] Torcuato Fernández-Miranda Hevia, El hombre…, Opus cit., p. 11.
[xvii] «El concepto falangista del Estado», IV, p. 376, Revista de Estudios Políticos, Núm. 13-14, 1944, pp. 355-382.
[xviii] Boletín Oficial de las Cortes Españolas (B. O. C. E.), legislatura 1967-1971, núm. 1061, 22 y 23 de julio de 1969, p. 25903 (B. O. C. E., núm. 1061, 22 de julio de 1969). https://www.youtube.com/watch?v=Od01GvIdS_s.
[xix] Ibid., p. 25904. También incluido en el fragmento en formato vídeo. La cursiva es mía.
[xx] Ibid., pp. 25904-25905.
[xxi] Ibid., pp. 25905.
[xxii] Boletín Oficial de las Cortes Españolas (B. O. C. E.), legislatura 1971-1977, núm. 21, 22 de noviembre de 1975, pp. 1-7 (Diario de las Sesiones del Pleno, núm. 21, 22 de noviembre de 1975).
[xxiii] Ibid., p. 2. La cursiva es mía.
[xxiv] Vid. p. 5
[xxv] Ibid., p. 3.
[xxvi] Ibid., p. 3. La cursiva es mía, destaco los términos que son tan reiterativos en la actualidad.
[xxvii] Ibid., p. 4. La cursiva es mía.
[xxviii] Ibid., p. 5.
[xxix] Ibid., p. 5. La cursiva es mí
El 27 de noviembre pasado, el Tribunal Supremo decretó prisión provisional comunicada y sin fianza para José Luis Ábalos en el marco del caso de corrupción conocida como «caso Koldo», donde se le imputan graves y múltiples irregularidades en contratos públicos. Ábalos —que tras abandonar el Grupo Socialista pasó al Mixto del Congreso de los Diputados— no ha renunciado a su acta.
Según el reglamento del Congreso —en concreto el artículo 21.2— cuando un diputado es sujeto de prisión preventiva con auto de procesamiento (o análogamente, de transformación en procedimiento abreviado), queda suspendido de sus derechos y deberes parlamentarios: pierde voto, voz y percepciones económicas. Pero no el acta. Se trata pues de una suspensión temporal que no implica pérdida del escaño, hasta que medie sentencia firme o un procedimiento específico declare su vacante. En consecuencia: el escaño queda «congelado». Conserva su condición, pero no ejerce funciones, no cobra y no puede participar en comisiones ni plenos.
Así las cosas, imaginemos por un momento que las instituciones representaran directamente a los gobernados, y no sirvieran de armazón para que las cúpulas partidistas gestionen sus intereses, sus escándalos y sus silencios. En ese marco, que un diputado en prisión siguiera formalmente ocupando un escaño violaría el sentido no solo moral sino práctico del mandato: Ese escaño ya no representa a nadie porque sencillamente no serviría a su función. ¿Acaso puede un ciudadano estar representado por quien está encarcelado? Ya no se trata de que quede inhabilitado moral y políticamente, que también, sino que carecería de toda posibilidad de cumplir su cometido.
Tampoco la suspensión de derechos parlamentarios restituye facultad alguna a la ciudadanía. El escaño queda blindado dentro de la estructura de poder. Este mecanismo protege al sistema de partidos evitando vacantes y sustituciones, preservando su poder ante la opinión pública y ante escándalos futuros. Ese es el pecado mortal de la partidocracia: los partidos son los dueños reales de los escaños.
La consecuencia inmediata es que las mayorías parlamentarias en el Estado de partidos pueden verse afectadas: aunque Ábalos no participe, su escaño debería seguir computándose, desnudando así la esencia de un régimen en que los partidos deciden por encima de los intereses de los gobernados. No estamos ante un desajuste puntual, sino una falla estructural. Decir «democracia», cuando los supuestos representantes no pueden ser revocados por su circunscripción o distrito ni quedan inhabilitados y sin reemplazo, sino simplemente suspendidos, es una farsa.
El caso Ábalos no es un escándalo más de corrupción. Es una revelación del mecanismo institucional que protege, preserva y reproduce privilegios. Como ante todo régimen decadente, la solución no está (solo) en castigar individualmente al corrupto, sino en desmontar las reglas que hacen posible la corrupción y la impunidad. Únicamente hay un camino: dotar de poder a los ciudadanos, arrebatándolo a las élites partidistas. Eso implica, más que replantear las garantías, instaurar un sistema auténticamente representativo.
Pedro Manuel González, autor del libro «La Justicia en el Estado de partidos», en el capítulo nº 289 de «La lucha por el derecho» analiza dos noticias, la primera relacionada con el escaño que deja José Luis Ábalos al entrar en prisión y sus consecuencias en la relación de poder. La segunda, una entrevista al rey emérito Juan Carlos I en una televisión francesa.
Os recordamos que el próximo 7 de diciembre volverá a representarse la obra de teatro Patología de la Transición, en el teatro Victoria de Madrid a las 19:00h. Podéis comprar las entradas en el siguiente enlace con código de descuento (código=DEMOCRACIA YA): https://www.giglon.com/todos?idEvent=patologia-de-la-transicion#cookies-display/0
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