Campaña de Barack Obama Frente al piélago de calamidades que entenebrece el mundo sobresale una masa inerte de fatalismos recalcitrantes, monsergas jeremíacas y escepticismos ramplones a la que hay que desplazar para dar anchurosa cabida a la respuesta intelectual y moral que se concentre en una acción política internacional generada, controlada y derogada bajo formas democráticas.   La vastedad de semejante aspiración requeriría un cuerpo electoral que comprendiese todos los pueblos que hubieran conquistado y garantizado la libertad política a través de sus constituciones. Este “demos” elegiría por separado, una Asamblea de representantes y un poder ejecutivo cuyas respectivas atribuciones se ceñirían a las relaciones entre Estados con una forma de gobierno democrática y entre éstos y los que no la tuvieran. Una Autoridad Judicial independiente, mediante sentencias de obligado e inmediato cumplimiento, dirimiría los litigios entre países con sistemas democráticos.   La ONU, la OTAN, el FMI, la UE, etc.., son productos, más o menos acabados, de una mezcolanza de relativismo moral, indiferentismo político y dogmatismo económico. Las relaciones internacionales estarán permanentemente abocadas a la injusticia y la crueldad, o sea, a la ley del más fuerte, mientras no haya un Derecho Internacional que sea civilizado, y éste no será verdadero o efectivo hasta que no se establezcan instituciones democráticas que lo produzcan y apliquen.   Pero, ¿qué es esto: idealismo racional o ilusionismo celestial? ¡Concebir un proyecto político de tales dimensiones cuando la democracia es una rara avis in terris! En efecto, sin ser utópica, una constitución democrática internacional lo parece debido a la dificultad de su realización por la escasez del elemento democrático en la composición política del mundo.   La destrucción como alternativa universal del autoritarismo político que el comunismo representaba, ensancha la oportunidad histórica de acometer también la demolición de la realidad oligárquica. Estos sueños de libertad global sin duda están inspirados por los conciliábulos internacionales de oligarcas y la llegada a la presidencia de EEUU de un hombre que dice querer cambiar el mundo.

Suele decirse que el miedo individual es libre. Pero, salvo casos patológicos, jamás es injustificado, aun cuando en ocasiones pueda conducir a reacciones exageradas. Cosa, esta última, que no se da en la interacción sociopolítica, donde todo está previsto y calculado para corregir cualquier disfunción, dosificándose los falsos temores para lograr el conveniente propósito veladamente ligado al poder.   La sugestión de la crisis financiera vuelve a poner de relieve cómo las élites nacionales mantienen su estatus con la atávica costumbre de imposibilitar institucionalmente la libertad de los españoles, algo que les produce pánico, conscientes, como lo son, de lo desmesurado de su dominio apenas convalidado. La citada coyuntura económica provoca, cual cuadro hipnótico, la disociación de los protagonistas del poder, haciéndoles sentirse a la vez observadores y observados. Es aquí donde hay que encajar la unánime negativa de políticos y banqueros a hacer públicos los nombres de las entidades que acudan al fondo de liquidez dispuesto por el Estado. Unos y otros saben que la medida de auxilio emprendida por el Gobierno y respaldada por sus delegados parlamentarios carece de apoyo popular. Ni lo necesita, ni tampoco lo pretende. Ayuna de potestad electoral alguna sobre quienes toman las decisiones colectivas, la ciudadanía sólo podría expresar su descontento al respecto por la vía de la acción, retirando sus depósitos y esquivando los servicios de los bancos y las cajas implicados en las tan torpes como apuradas operaciones que les hubieren llevado a esta situación. De ahí la premeditada ocultación de su nombre. Lo contrario mostraría sus estigmas, nunca los crearía como se ha excusado.   Max Weber se refería al poder como la “oportunidad o posibilidad existente en una relación social que permite a un individuo cumplir su propia voluntad”. Su relación con la libertad personal es evidente. Tanto como que la actual Monarquía de Partidos campa aparte de la gran mayoría de los españoles. Pero su espíritu transgresor demuestra en este asunto sobrepasar todos los límites de la decencia, pues no contenta con la benévola medida política del socorro estatal al poder financiero que patrocina su Régimen, también escatima a los contribuyentes la libertad de represaliar o no a las entidades afectadas, evitando hacer público el a quién, el por qué y el para qué de los avales. Vuelve así a demostrarse en España la irremisible irresponsabilidad e impunidad de la casta de los poderosos.   Banco de España (foto: Davic)

(Foto: Berain et. al.) La era Bush, la guerra David Serquera   En junio de 1997, cuatro años antes de la elección de George Bush como presidente de los EE.UU. y del atentado contra las Torres Gemelas de Nueva York, notables de la política conservadora norteamericana fundan el Think Tank llamado “El Proyecto para el Nuevo Siglo Americano”. Se reúnen en él figuras más tarde conocidas internacionalmente por ocupar puestos relevantes en el gobierno Bush. El documento fundacional lo firman, entre otros: Donald Rumsfeld, después Secretario de Defensa; Paul Wolfowitch, quien estaría junto a Rumsfeld y posteriormente sería Presidente del Banco Mundial; Jeb Bush, gobernador de Florida y hermano de George Bush; el futuro vicepresidente, Dick Cheney; y quien lo fue de George Bush padre, Dan Quayle.   En el documento fundacional el objetivo más importante es el de conseguir el “liderazgo global de EE.UU.” a través de la “redefinición de la política internacional” hasta entonces llevada a cabo por la administración Clinton. Se conseguiría mediante “fortaleza militar y claridad moral” para “moldear las circunstancias antes de que la crisis emerja y afrontar las amenazas antes de que lleguen a ser calamitosas”.   En 1998 el grupo manda una carta al presidente Bill Clinton en la que se le pide que “elimine al régimen de Saddam Hussein en el poder” debido a que “en un futuro no distante seremos incapaces de determinar con un nivel de confianza razonable, si Iraq posee o no armas de destrucción masiva”. En 1997 William Kristol, presidente del “Proyecto para el Nuevo Siglo Americano”, había escrito por qué la expansión de la OTAN interesa a los EE.UU.: “Lo que importa es que el Senado y el público entiendan que el voto favorable a la ampliación de la OTAN es para prolongar el liderazgo de los EE.UU. sobre los asuntos europeos y para una política que se construya sobre las oportunidades presentadas por nuestra victoria en la guerra fría”. En 2003, ya con Bush sobre Iraq, Lewis E. Lehrman escribe sobre la política energética: “Dado que la connivencia no es tolerada en ninguna industria doméstica, por qué debemos tolerar la confabulación extranjera contra intereses vitales de EE.UU., especialmente de los países productores de petróleo cuya existencia política depende en gran medida del poder militar de los EE.UU.”.   Estos tres textos reflejan y anticipan a la perfección, independientemente de los acontecimientos históricos ligados al terrorismo, la política de EE.UU. en la era Bush. Así pues, la llamada guerra contra el terror, solo contiene el desarrollo de las ideas estructuradas antes del ataque del 11 de septiembre: En primer lugar, una política exterior caracterizada por el concepto de guerra preventiva, ilegal en el derecho internacional. Un concepto que fundado sobre una amenaza futura y no inminente, ocluye cualquier análisis objetivo de la realidad quedando las respuestas ejecutivas a merced de la percepción subjetiva de la amenaza. Y que llevado al límite conduce a la guerra permanente, es decir, al endeudamiento estatal y a los beneficios privados de los contratistas del Estado vencedor en la reconstrucción de lo destruido. Algo insostenible para una República.   Desde el nacimiento de los EE.UU., la guerra y la deuda pública estuvieron presentes en los enfrentamientos entre Thomas Jefferson y Alexander Hamilton. Para el primero, fundador de la academia militar de West Point como una academia de ciudadanos preparados para dirigir la milicia que protegería la libertad y la democracia del país, la presencia de un ejército permanente era el germen de la tiranía, y la guerra, el último recurso. Para Hamilton, sin embargo, América sería como “Palas, que aun amando la paz, si estuviera guiado por la sabiduría o por un sentido ilustrado de sus propios derechos o intereses, estaría dispuesto a ejercer victoriosamente su valor para romper el cetro del tirano”. Este sentido moral de compromiso ante la tiranía sería el epicentro del debate político americano un siglo después, tras la derrota del tirano español en Cuba y Filipinas. Theodor Roosevelt dio su propia interpretación de la doctrina Monroe: “la adhesión de los EE.UU a la doctrina Monroe podría llevarnos, en casos flagrantes de mala conducta, a ejercer como una potencia policial internacional” a lo que Mark Twain habría contestado con el diálogo entre el monje y el invasor (*).   Sin duda, la imagen de libertador trayendo la democracia y el capitalismo mediante la intervención armada contiene una mística que percute sobre los actores políticos más acomplejados, con esperanzas de poder imperial, y sobre los más ignorantes, con delirios idealistas de modernidad. Es impensable que una guerra en la que se bombardea a la población civil, se asaltan las casas durante la noche en busca de supuestos terroristas, y se tortura a los detenidos, pueda generar con la presencia del invasor, que ya no puede ser libertador en virtud de los medios empleados, un clima de libertad constituyente del que surjan las elites políticas capaces de ofrecer uno o varios proyectos constitucionales para que puedan ser elegidos por la población. Es impensable que la democracia formal sea considerada como un devenir histórico de la modernidad tecnológica como Fukuyama creyó. Si fuera éste el caso, Europa o Rusia serían democracias por la gracia de la técnica y no lo son. Sin embargo, Fukuyama pronto comprendería esto, y escribiría en contra del belicismo de Bush, para renegar del neoconservadurismo y presentarse como un nuevo wilsoniano: “Lo que se necesita ahora son nuevas ideas acerca de cómo América se va a relacionar con el resto del mundo, ideas que retengan la creencia neoconservadora en la universalidad de derechos humanos pero sin sus alucinaciones sobre la eficacia del poder Americano y la hegemonía para llevarlas a cabo”.   Pero no todos los neocon han seguido la misma trayectoria de Fukuyama. Bill Kristol, tan sólo hace un par de semanas declaraba en la Fox: “Espero que la administración esté dispuesta a hacer lo necesario para retirar el apoyo a Irán. Podría ser necesario llevar a cabo algún trabajo en su frontera”. A lo que Mara Liasson, analista de la Fox, contestó: “La administración Bush podría resistir políticamente un ataque contra Irán y un bombardeo no sería considerado como una guerra abierta”. Bill Kristol, apodado “el cerebro de Dan Quayle” es, también, editor de The Weekly Satandard, el periódico neoconservador por excelencia, e hijo del padrino de esta ideología, Irvin Kristol. Su periódico esta subvencionado por el magnate Rupert Murdoch de quien es consejero don José María Aznar. La fundación FAES, que éste preside, es miembro de la red Think Tanks en la que figura “El Proyecto para un Nuevo siglo Americano”, entre otros.   página siguiente (*) Recomendamos la lectura de esta hermosa sátira del genial Mark Twain que no pudo ser publicada en vida del autor por motivos obvios. El texto ha sido traducido por  Óscar.

A raíz de su 70 aniversario, volverá a publicarse, actualizada, la biografía de la Reina que escribió Pilar Urbano en 1996. En ella afirma que “toda la sangre es roja” y que la Monarquía “tiene que estar con el pueblo”; además, explica que con las quemas de fotos, las caricaturas, los chistes y las críticas que han proliferado últimamente, “lo difícil es atreverse a hacerlo por primera vez. Pero en cuanto alguien ha roto un tope… ¡ancha es Castilla!” “La crítica a las claras no molesta. Se encaja y punto” dice Doña Sofía, para concluir volviendo a lo “de siempre”: ¡la sagrada libertad de expresión!   El catedrático de Derecho Penal, Enrique Gimbernat, en un artículo titulado “Los privilegios penales de la Familia Real” aseveraba que el Código Penal de 1995 extendía la desigualdad de los españoles ante la ley, amparando no solo al Rey, sino a toda su familia; y que mientras para el común de los mortales, se distingue entre falta y delito de injurias, para el monarca y los suyos, cualquier injuria se considera delito.   El presidente ejecutivo del PCE lamenta que ese Código Penal, que “no sirve para una auténtica democracia” sea un “código de excepción” respecto al Rey. Así pues, en la Audiencia Nacional, y no en el correspondiente juzgado ordinario, se ha presentado, imputado por injurias graves contra la Corona, José Antonio Barroso, alcalde del Ayuntamiento de Puerto Real (Cádiz), que acusa a los poderes mediáticos de ocultar la condición “deleznable” de la monarquía: el Rey ha de explicar “por qué tiene la cuarta fortuna del país”. Si los grandes medios quieren desvelar “la corrupción del Jefe de Estado”, el alcalde gaditano está dispuesto a dar nombres y apellidos.   Además, pide al monarca que aclare cuál fue su “verdadera implicación en el golpe de Estado del 23-F”. Y precisamente en uno de los libros que esgrime Barroso para fundar sus manifestaciones, “El negocio de la libertad”, su autor escribe, de acuerdo con una reseña en “El Periódico de Catalunya” sobre la presentación en Barcelona de “La Reina”, que ésta (según Pilar Urbano), definió la relación del Rey con los militares antes del 23-F como “juego voluntariamente ambiguo”. Esta periodista aseguró que Doña Sofía le dijo que Juan Carlos “había hecho creer a los militares que estaba con ellos”.   hechos significativos El secretario de Estado de Economía cree que difundir a qué bancos ayudará el Gobierno, los “estigmatizaría”. Sarah Palin admite que ya piensa en las elecciones de 2012.  

El secretario general de los socialistas vascos, Patxi López, acaba de ofrecer uno de los medios por lo que pasaría la solución al eterno problema de coexistencia entre la llamada “nacionalidad histórica” vasca y la nación española: se pregunta si para el diálogo "hace falta una consulta" o "no sería mejor levantar el teléfono y convocar a los partidos a una mesa a hablar".   Patxi López (foto: Carlos H.) Primero, la pretensión de establecer un “foro de diálogo” ajeno a las propias instituciones en las cuales la ciudadanía está presuntamente representada plantea la duda sobre la auténtica naturaleza de una institución a la cual los partidos dan la espalda cuando quieren “dialogar”: no cabe más que desconfiar de unos partidos políticos que, con tal actitud, no hacen más que confirmar la tercera de las tendencias señaladas por James Meisel para caracterizar a la clase política: las “tendencias conspiradoras” o, en otras palabras, las oscuras transacciones del consenso. De la naturaleza del consenso como principio ajeno a toda idea de democracia no es necesario extenderse ahora: baste decir que la democracia no puede ser más que la organización civilizada del disenso; el consenso, en cuestiones de contenido, que trascienden el ámbito de la concreción de las reglas del juego institucional, es una idea medieval tendente al equilibrio de poder entre oligarquías. No es extraño, por tanto, que sea reclamado con tanta fruición por los partidos políticos.   Y en segundo lugar, una mesa de partidos, con representación paritaria, que vulnera la más elemental regla de prevalencia de la mayoría, es una conspiración que solo el más grande desconocimiento de las reglas del juego democrático puede aceptar. Patxi López sabe perfectamente que esa propuesta, no será sentida como una ofensa por parte de una ciudadanía a la que el Parlamento no representa; solo los propios partidos se hallan allí representados, devenidos en instituciones estatales dominadas por oligarquías no sujetas a control democrático alguno.   La mesa de partidos es solo un subproducto defendido por unos partidos a los cuales la “aritmética parlamentaria” impide una solución concorde con sus intereses; y como lo que impera es, siempre, el “consenso”, no hay más opción que la constitución de un parlamento paritario paralelo, tan carente de legitimación democrática como la propia institución parlamentaria de la que se burla.

En las elecciones de los EEUU el pueblo del país norteamericano elige a su presidente de la República, es decir, a su jefe del poder ejecutivo que es, obviamente, jefe del Estado o Nación y, a la misma vez, “presidente del gobierno”; pero además elige a sus representantes en el Congreso, es decir, el Parlamento de los EEUU al que el presidente solamente tendrá derecho a ir una vez al año a informar de sus proyectos y del estado de la nación, y, en el que no existe un banco azul, ya que su función es la de todo parlamento que se precie: controlar al gobierno y hacer las leyes.   En los EEUU hay separación de poderes del Estado desde el mismo momento de la votación: se elige al jefe del Estado por un lado y por otro lado, en otra urna, se vota a sus diputados para su Parlamento. Los dos poderes se contrapesan y ponderan salvando la libertad de los ciudadanos.   La forma de elección del presidente de los EEUU es mediante el nombramiento de “compromisarios o delegados” por cada estado: quien alcance la mayoría de ellos en todo el país se puede considerar elegido presidente de los EEUU, porque los compromisarios no tienen otra función que la de reunirse un determinado día y cumplir para lo que han sido delegados: nombrar al presidente.   Congreso de los diputados (foto: Jaume d´Urgell) Curiosamente también en España el pueblo “elige” a los diputados del Parlamento como si fueran los “delegados o compromisarios” de los EEUU porque su función principal es la de nombrar a su vez al primer ministro o jefe del gobierno, que no del Estado, ya que dicho cargo se hereda desde tiempos de Franco. Además el jefe del gobierno ocupa el banco azul con su gabinete ¡en el mismo parlamento!   Algún intelectual o periodista hasta podrá ilustrarnos de que es “todo un logro de la democracia española al igualarse a la de los EEUU”. Mas la realidad se impone: si los diputados españoles eligen a su jefe de gobierno ¿por qué no se disuelven al haber cumplido con su principal función, como sí hacen los compromisarios de los EEUU, y se elige, entonces, al parlamento en unas votaciones al efecto? No se hace porque el bipartidismo estatal evita así la existencia de un verdadero Congreso o parlamento que represente a sus electores y controle al gobierno.

El Ministro de Justicia, D. Mariano Fernández Bermejo, justifica la actuación de su departamento en el procedimiento sancionador contra la Secretaria Judicial doña Juana Gálvez, dando respuesta al parón de los fedatarios judiciales con la advertencia expresa al mundo judicial de que “nadie es intocable”. De nuevo el implacable Ministro aparece como garante y tutor de la modesta plebe, acosada, según se desprende de su arrogante actitud, por una judicatura cruel e indolente. No se preocupen ustedes por los desmanes judiciales que ya está D. Mariano para meter en cintura a esta casta privilegiada.   Tumba de Alphonso Capone: (foto: Go Cubs Go!) La arrogancia del poder político en una clara demostración de fuerza va más allá de un asunto, cuya gravedad, si bien no escapa a nadie, no deja de ser puntual en su casuística. Constituye un recordatorio en toda regla a la judicatura en pleno, un “aquí estoy yo”, que como aviso a navegantes, recuerda al mundo judicial que sus reivindicaciones deben limitarse a pedir medios materiales y dádivas de funcionario perteneciente a una casta especial.   La sumisión de Magistrados y Secretarios la acredita su absurda pataleta, lejana a la dignidad debida a la función que desempeñan. Esa dignidad que, lejos de suplicar un respeto personal de no injerencia por quienes ostentan el poder político, clama por una declaración pública y contundente de exigencia de su independencia institucional.   El comportamiento cobarde de la judicatura tiene reflejo en su órgano de gobierno, el CGPJ, que recibiendo el aviso del Sr. Fernández Bermejo y mediante decisión consensuada de sus vocales, presentará esta semana al Ministro un acuerdo de su Pleno, como solución, consistente en una “enérgica solicitud” de más medios económicos y materiales para los órganos jurisdiccionales.   El plácet ministerial tiene como contrapartida el emplazamiento formal del Ministro a D. Carlos Dívar, Presidente del CGPJ a una reunión en sede ministerial para tratar el asunto, en escenificación de pleitesía y sumisión del inexistente Poder Judicial a la clase política. Ha quedado claro que los Jueces no son intocables. A día de hoy, a nadie le puede quedar sombra de duda sobre un hecho tan evidente, sólo comparable a la vergonzosa reacción de quienes se conforman con ser funcionarios en huelga, en lugar de reclamar firmemente su independencia institucional.