Ante las próximas elecciones autonómicas en Galicia y El País Vasco, ya empiezan a menudear las soflamas mitineras de los jefes de los partidos estatales. En La Coruña, Rodríguez Zapatero ha exhortado a los votantes socialistas –en especial, a los jóvenes- a acudir masivamente a las urnas no sólo para impedir la vuelta de la política caciquil (de “los favores y del ordeno y mando”) que llevó a cabo Fraga durante quince años, sino también para seguir haciendo “el cambio de progreso” e impulsando “las políticas sociales y el bienestar”, y acabar nada menos que con los paraísos fiscales.   Zapatero ha contrapuesto la situación del PP que “no anda bien de líderes” a la del PSOE: “un partido unido y fuerte” con “liderazgos claros y de futuro”, que trabaja por el interés general y que está decidido a superar todas las dificultades. No obstante, el jefe del Ejecutivo y del partido socialista se muestra preocupado por “los líos internos” de su rival, ya que es necesaria su colaboración para afrontar la crisis económica y relanzar España: “todos somos necesarios, pero un partido que tiene problemas tan graves no puede aportar nada positivo”.   El PP se habría quedado sin referente ideológico tras el fracaso de “las políticas” de George Bush, explica Zapatero, que añade que a los dirigentes de aquel partido “nunca les ha gustado mucho esto de los valores y las ideas”: “ya sabemos que les atraen otras cosas”, en alusión a los casos de corrupción que se están investigando en la Audiencia Nacional. Y precisamente, Mariano Rajoy, señala “la degeneración democrática” que representa la cacería de Bermejo y Garzón: “un acto obsceno por el momento en el que se ha hecho, en plena crisis económica y en plena instrucción de un sumario contra el PP”.   Hace unos días, también en tierras gallegas, Felipe González se mostró convencido de que “vamos a salir de la crisis con el esfuerzo de todos” pero para ello los votantes han de escoger bien e “ir de la mano de los que se preocupan de la gente antes que de sus intereses”. No es el momento de poner “la zorra a cuidar de las gallinas, ni el lobo al frente de las ovejas” remata González.   hechos significativos La policía recibe orden de aumentar los arrestos de extranjeros indocumentados –sobre todo, marroquíes- porque resulta más barato deportarlos.   Referéndum en Venezuela acerca del proyecto de reelección ilimitada de los cargos públicos, impulsado por Hugo Chávez.

Asta su abuelo, Goya Enseñanza nacionalista Después de usurpar el Estado, implantaron la desastrosa Logse, instrumento «progresista» entregado a las autonomías nacionalistas, que les concedió potestad para utilizar los contenidos de asignaturas, como excluyente arma política, para renegar de España. Habilitó al nacionalismo para reconstruir icónicas identidades cerradas; catalana, vasca o gallega, enfrentadas al opresor castellano. Impuso la lengua particular como propia franquicia cultural, contra el voraz invasor español. Maquinó un panorama sentimental de víctimas y culpables, por cuya depuración los acomplejados hijos de la inmigración se traducen hasta el nombre. La obsesión por creerse una sociedad homogénea con genuino rasgo diferencial, ignoró y borró la historia compartida, con ficciones locales, deshonestas manipulaciones y singulares falsificaciones. &nbsp En Cataluña, los alumnos pueden delatar a sus profesores a los «vigilantes lingüísticos», por el uso regular del «idioma vehicular» en los centros. La impotencia depresiva de un profesorado marginado de la transmisión de conocimientos y obligado a adaptarse a planes de una misión ideológica, y el silencio de una inmigración forzada a catalanizarse, describe el colaboracionismo social al nacionalismo. Satisfechos, conversos amoldados y verdugos disculpan mezquinos rencores, destructores de lazos afectivos con España, palabra tabú ligada irremisiblemente al imperio o al franquismo. Sutiles consignas, acoso moral, leyes, decretos de inmersión y normalización lingüística y desfachatez han desterrado la lengua española de la vida oficial catalana, cuya lengua convierte en pasaporte para todo. &nbsp Estigmatizar el español y restituirlo castellano, desautoriza su condición integradora y lo convierte en lengua impropia. España es el único país del mundo que impide en las escuelas de partes de su territorio, instruirse en su propio idioma. El español no es una lengua nacionalista, se habla en veintidós países; para más de trescientos millones de personas es su lengua materna y para cerca de cuatrocientos millones es su lengua de relación. El español es un idioma plurinacional de intercambio multicultural, de mestizaje, común a todos. Tener dos lenguas es mejor que tener una, los catalanes somos bilingües, es una suerte. La función de la lengua es la comunicación con los demás y la expresión del pensamiento propio, no la recreación de identidad, ni la señal discriminatoria.

Hace trescientos años, en una isla del archipiélago Juan Fernández -a unos setecientos kilómetros de la costa chilena-, fue rescatado Alexander Selkirk, el marino escocés cuya odisea inspiró al autor de Robinson Crusoe. Esta figura ha cautivado a varias generaciones de lectores, y fascinado a poetas y novelistas (Coleridge, Joyce), a los padres de la economía clásica, a Rousseau, que la introduce en el Emilio, y a Max Weber, en cuyas tesis acerca del ascetismo laico y la ética protestante encontramos alusiones a la experiencia de ese célebre náufrago.   En una forma u otra, se creía que el agua salada (sudor, lágrimas o agua del mar) era un remedio para casi todas las cosas. Y en el afán de conocimiento y dominación que embarga al hombre –su hybris-, caer en la tentación de surcar el océano simbolizaba el fruto prohibido, y el naufragio, el castigo a tal sacrilegio. En un trasunto del Jardín del Edén que tiene ir descubriendo y nombrando, Robinson sobrevivirá con la sola ayuda de su razón práctica, después de reencontrarse con Dios: abre la Biblia al azar y se topa con unas palabras de los Salmos que le indican cómo su vida encaja en los planes de la providencia.   La meticulosa dedicación al cálculo, la capacidad de observación, la destreza para transformar la materia, y la devoción con la que se entrega al trabajo para subsistir, desempeñando toda clase de oficios (carpintero, albañil, agricultor, sastre, alfarero) convierten a este nuevo Adán en modelo del aburguesado hombre moderno, del homo oeconomicus capaz de obtener beneficios o “rendimientos”, incluso en la adversidad.   Isla de Robinson Crusoe (foto: Pescador) En el Tratado teológico-político Spinoza clasificaba la necesidad de comunicación y la incapacidad para ocultar lo que se piensa y callar, entre “los errores comunes” que el filósofo no comete; pero ese solipsismo no tiene en cuenta que sólo podemos garantizar la consistencia del pensamiento propio, compartiéndolo. “Ningún hombre es una isla por sí solo, todo hombre es un trozo del continente”: así rechazaría John Donne el empeño y el ensueño de los que quieren estar solos para ser libres. A Robinson Crusoe no le es posible alcanzar la libertad, ya que ésta sólo existe en relación con los demás.

Y en esta fe de John Stuart Mill en el poder sustentado por la papeleta electoral es donde cabe decir que el teórico que consagró parte de su vida a dar con un sistema protegiese a los ciudadanos de los inevitables abusos del poder y que promoviese el desarrollo de las capacidades intelectuales y sociales de la especie humana, fracasó. No porque su teoría adoleciese de defectos de forma. A este respecto, su padre James Mill y su padrino Jeremy Bentham, fueron menos ambiciosos. No aspiraban a favorecer lo que en la jerga moderna denominaríamos la “autorrealización” de los individuos como ciudadanos, sino únicamente a limitar los abusos de los gobiernos por la vía negativa de la amenaza permanente de una remoción. Pero ni James Mill, ni Jeremy Bentham podrían jamás haber predicho los devastadores efectos del consenso político unido a la inseparación de poderes, que hace inoperativa la sustitución de unos gobernantes por otros cuando ello no va acompañado de una reforma institucional que, de manera preventiva, ponga coto al descontrol del poder antes de que este tenga lugar.   Para un sistema como el anglosajón, que presume, no sin justificación, de “garantismo”, la amenaza de derrocar a un gobierno por la vía de las urnas –que es, a decir de Karl Popper, la piedra de toque de lo que se entiende comúnmente por “democracia”- puede tener plena efectividad. Para las impropiamente llamadas “democracias” continentales, es decir, para el parlamentarismo, es iluso esperar que los partidos políticos aprendan de experiencias pasadas a fin de evitar atropellos que se deben no ya a mejores o peores gobernantes, sino a la naturaleza misma de un poder carente de contrapesos. Toda sustitución de unos gobernantes por otros es sólo un compás de espera para la reaparición de vicios que vuelven indefectiblemente, porque el sistema institucional, al no haber implantado una efectiva separación entre gobernantes y parlamentarios, no está en condiciones de frenarlos. Y, finalmente, Stuart Mill no podía, todavía, adelantarse a los perniciosos efectos de la conversión de los partidos políticos en implacables maquinarias burocráticas, como años más tarde describiría el sociólogo Robert Michels.   La domesticación a la que las masas han sido sometidas por parte de unas organizaciones imposibilitadas de facto para funcionar democráticamente, ha sido causa y efecto, en un proceso de mutuos condicionamientos, del creciente desinterés hacia los negocios públicos. Así es como las esperanzas que Stuart Mill tenía depositadas en la extensión del sufragio, de cara a su efecto movilizador, de impulso que canalizase las energías ciudadanas hacia la participación política, se han visto defraudadas por unos partidos políticos que son, hoy, los primeros enemigos de tal participación. En estas circunstancias, el ejercicio del voto es sólo un simulacro que en modo alguno puede conmover ni afectar al orden que mantiene las cosas en el mismo grado de enajenación.

En España, la ocultación pública de la realidad política impide ir más allá de los falsos principios a los que el Régimen dice remitirse. La cosa es sencilla, pues los principios son las verdades fundamentales para empezar, y de ellos, si son tal, no se puede discutir, sino simplemente aceptar y establecer su orden y jerarquía; es en la constitución formal del poder, en la cual éstos han de operar como prevista causa final, donde ha de verificarse la realización material de los mismos convirtiéndolos, solamente entonces, en verdaderos principios. No resultando así, como en esta Monarquía, cualquier cosa puede pasar por un principio que se cumple por principio.   Es un hecho indiscutible, en el orden cronológico de la llamada Transición, que primero se pactó el sistema electoral y un funcionamiento institucional básico, sin posibilidad de libre intervención civil en proceso constituyente alguno. Posteriormente, el Congreso no se limitaría a convalidar en la Constitución los principios que ya habían dado lugar al citado pacto, sino que admitió (demostración evidente de la mala conciencia por el enorme fraude) otros tan convenientes al engaño como falsos (léase el artículo 23); y entre ellos el de mayor trascendencia, al legislar sobre la intervención ciudadana en vez de reconocer la norma de la mayoría (formalmente la democracia por implicar la ejecución de los principios de igualdad y participación políticas), convirtiendo en obligatorio el sistema proporcional, que se limita a ordenar el grado de adhesión popular a los partidos políticos sin atender a la elección y decisión individual. Pero, ¿acaso podrían sus Señorías haber propuesto otro distinto al que les había llevado a alcanzar esta dignidad, contrariando además al poder que así les había dispuesto? Es precisamente aquí donde radica el meollo de la cuestión y el primer y único principio del Régimen: la común razón de partido. Ello explica la endémica necesidad de la mentira, la manipulación y la crispación para consumo colectivo, única manera en que los ciudadanos honradamente interesados en lo público crean tomar por iniciativa propia su forzosa adhesión a una lista y perciban ésta como decisiva, tratando de discernir qué partido convendrá al bien común; pero por mucho que se empeñen en ello y se alivien pensado que no son moralmente responsables de la situación por haber votado a otro partido, cuando el resultado final de un proceso electoral nunca es una decisión individual (en democracia la de la mayoría), sino que el citado refrendo a las listas se usa para elaborar el designio colectivo, todos los que votan son fácticamente culpables de lo que salga y de impedir que pueda concebirse algo mejor.  

En el auto dictado por el juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, se puede leer que los imputados en la red de corrupción tejida por Francisco Correa y compañía, establecieron “un conglomerado de empresas para nutrirse de fondos de entidades públicas, en particular de algunos ayuntamientos y Comunidades Autónomas” (Madrid y Valencia, sobre todo). Correa daba instrucciones para realizar sobornos y entregar dádivas a funcionarios y cargos públicos con el fin de obtener un provecho económico y paralizar procedimientos que afectasen a su patrimonio.   Pablo Crespo, ex secretario de organización del PP gallego y actual gerente de las empresas de Correa, también indicaba que se diesen “cantidades de dinero” y regalos en especie con el objeto de “mover voluntades de quienes tenían responsabilidades” y así conseguir tratos de favor en la concesión de actos: lo cual era algo “común y frecuente”.   El PP, alegando “absoluta indefensión”, solicita personarse como acusación particular y pide la recusación de Garzón por su “enemistad manifiesta” y “constante animosidad hacia el PP”, y su “interés directo o indirecto en la causa que se ha presentado”, que le privan de la “necesaria y exigible imparcialidad”. La cacería “berlanguiana” en Torres (Jaén) donde coincidieron el citado magistrado y el ministro de Justicia, Fernández Bermejo, es descrita por Federico Trillo como “una insólita versión lúdica del principio de unidad de poder y separación de funciones”: “alguno de ustedes parece que señala y apunta y el otro dispara”.   Además, el PP, amenaza al PSOE con romper el pacto de Estado para “modernizar” la Justicia; y apoya la huelga de los jueces, compartiendo plenamente la plataforma reivindicativa de éstos, que “es mayoritaria en la carrera”. Sin embargo, el ministro Bermejo dice que las juntas de jueces carecen de legitimidad para convocar la protesta del día 18 y se refiere a un “movimiento asambleario y minoritario”. Zapatero recomienda al partido de la oposición “mesura y tranquilidad” y garantiza a los ciudadanos que “el Estado de Derecho funciona en este país bien y la ley es para todos”.   hechos significativos Campaña de los nacionalistas catalanes para que los JJOO de 2016 no se celebren en Madrid, capital de “uno de los Estados que les oprime desde hace siglos”. Rosa Díez ve “con gran preocupación” cómo más del 60% de la población “ya no cree en la política”, según un sondeo del CIS. La principal asociación de fiscales se suma a las protestas del 18-F.