Tv italiana (foto: Treviño) Durante varias décadas en ningún otro país del mundo se consumió tanto cemento per cápita como en Italia. La construcción, la promoción y las agencias inmobiliarias –inmensos lavaderos de actividades criminales- constituyeron el negocio principal de las empresas mafiosas. En España la Cosa Nostra ladrillera, con sus complicidades políticas y bancarias, ha penetrado devastadoramente.   Aparte de la masiva extracción de fondos públicos a través del peculado “de facto” que supone la partidocracia, España e Italia tienen en común sus cloacas televisivas. En los medios berlusconianos, resulta especialmente abrumador el contoneo de las hermosísimas jóvenes que aparecen en ellos; pero con respecto a las pantallas españolas, son perfectamente “homologables” la machaconería futbolística, el desfile de rufianes y casquivanas en las pasarelas de la pornografía rosa, y la grotesca politiquería de unos profesionales del poder que hacen todo tipo de contorsiones para ser enfocados.   En contraposición a esta barbarie mediática, ver un informativo británico impresiona debido a la escasa atención que se les presta a los políticos, que apenas peroran en la televisión o en la radio, mientras en los medios españoles no paran de proferir trivialidades y expectorar consignas. En ello, tiene una influencia decisiva el hecho de que el representante político responde ante sus electors y no ante sus padrinos o sus jefes de partido.   Los políticos ingleses han sido elegidos en circunscripciones uninominales para resolver problemas prácticos, inmediatos, y no para aburrir a toda la población con frases huecas y generales. En España, con una infame tradición de gregarismo,  se deja a los oligarcas y a su corte tomar el poder para pastorear los grupos parlamentarios que balan en nombre de la soberanía nacional.   Las corrientes franquistas se han transubstanciado en partidos estatales juancarlistas. A la tecnocracia opusdeísta del PP se opone la demagogia falangista del PSOE, con su Sección Femenina de cuota. El papel de la Iglesia ahora lo cumple el oligopolio editorial y audiovisual, desde cuyas páginas y ondas la jerarquía partidocrática sermonea y adoctrina al rebaño de fieles votantes.

En lo político la legitimidad es efecto del modo de fundar las instituciones. La República se legitima en la acción libre de la sociedad que, mediante lealtad civilizadora, da lugar a la capacidad dialéctica de crear instituciones propias. La democracia representativa se legitima en la separación de poderes en el Estado y el sufragio universal para la elección de delegados y representantes territoriales. La Monarquía se legitima como institución de orden social en su origen divino y como institución de poder personal en su origen dinástico. La Partidocracia se legitima en la asunción de toda la actividad política por parte de algunos partidos más concesión de paz y bienestar social. La Monarquía Parlamentaria española es ilegítima en todos sus términos. Tal evidencia ha sido ya analizada en este Diario; a sus escritores nos remitimos. Centrémonos en las consecuencias mediáticas de esa ilegitimidad.   El poder sugestivo de la palabra totémica “democracia” no es suficiente protección contra la tozudez del diseño institucional que la contradice; cuando un régimen se legitima en falso, necesita encontrar la legitimidad a posteriori. El síntoma de esta búsqueda compulsiva es la palabra “cambio”. Si el engaño legitimador no se refrescara una y otra vez, el régimen colapsaría o devendría dictadura militar. He aquí que son absolutamente imprescindibles la propaganda y la demagogia para los regímenes opresivos que niegan serlo. La demagogia no convence al pueblo de las bondades de personas o acciones del poder, esa es tarea de la propaganda. La demagogia se destina a crear legitimación por simpatía. Es decir, ausencia consentida de legitimación. El Cambio del cambio. En estas circunstancias, la población que disfruta del sosiego que trae la demagogia legitimadora, espera la propaganda para tener una opinión con la cual justificarlo. Y la oligarquía mediática se presta a difundir la falsa legitimidad de la oligarquía política para a su vez legitimar ad causam el desleal oligopolio mercantil que esta le concede.   El paroxismo de la demagogia, su encarnación partidocrática, es visible en el referéndum y el diálogo social establecidos por el poder ejecutivo. En cuanto al referendo, nada importa que un Gobierno pregunte o no. La Asamblea Nacional debe ser la encargada de preguntar a la población, siempre sin fantasías dialécticas. Por otra parte, el diálogo Gobierno-Sociedad civil es completamente absurdo. El Gobierno no es sujeto de diálogo, sino objeto de discusión. Debe rendir cuentas ante la sociedad civil y el Parlamento de lo que ha hecho por delegación y nada más. La utilización combinada de demagogia y propaganda desemboca en que para todo personaje -o institución- partidocrático, dirigirse a las masas es un eufemismo de dirigir a las masas. La ciudadanía finalmente acepta no disponer de recursos institucionales sencillos con los que hacer pagar sus faltas a los mentirosos, corruptos e indolentes que usurpan el poder.

Después de más de treinta años al frente del Gobierno autonómico, tener que abandonarlo sobrecoge a un PNV que se resiste a darse por vencido. El presidente de este partido, Iñigo Urkullu, rechaza la posibilidad de sacrificar la figura de Juan José Ibarretxe para pactar con el PSE y conservar algunas parcelas de poder. Urkullu se ha erigido en garante del orden político vasco, puesto que si Patxi López cruza el umbral de Ajuria Enea con el apoyo del PP sobrevendría la “inestabilidad institucional”.   Ante este anuncio de la llegada del apocalipsis, el jefe de los socialistas vascos acusa al PNV de introducir un discurso del miedo al cambio. El señor López cree que el PNV debe ir asumiendo su paso a la oposición –donde no se vive tan mal-, ya que este partido “no es el régimen ni la religión de Euskadi”, que no se romperá en manos de Patxi López, el cual no está dispuesto a admitir ninguna amenaza de los nacionalistas vascos, porque “el país no es suyo”.   No obstante, la portavoz del Gobierno vasco en funciones, Miren Azcarate, afirma que no entienden la necesidad de un cambio de lehendakari, cuando el actual ha ganado las elecciones claramente. No cabe duda de que esta señora tendrá que repasar urgentemente el régimen electoral existente para darse cuenta de que no se elige directamente al presidente sino que se escogen listas de uno u otro partido, y que por tanto, se pueden formar coaliciones para desalojar del poder al partido más votado.   Zapatero reclama al PNV “juego limpio” y “saber estar” a la altura de sus responsabilidades actuales, mientras que José Blanco receta “diálogo y cooperación” y muestra la predisposición del PSOE a mantener “buenas relaciones” con el PNV, con cuyo apoyo sacaron adelante los Presupuestos del Estado en el Congreso hace dos meses. Si es preciso, el jefe del Ejecutivo se encomendará a la decena de escaños de CiU, cuyo jefe, Artur Mas, atento al nuevo mercadeo parlamentario que se presenta, pone las cosas claras: “el valor de CiU cotiza al alza”. Y mientras tanto, el presidente del PP en el País Vasco, asegura que su partido está dispuesto a “arrimar el hombro” para que España avance y no saquen tajada los que están contra ella.   hechos significativos En España hay cerca de 3’5 millones de parados después de los últimos 154.000 que se han sumado en febrero. “Goldman Sachs” prevé un intenso y acelerado deterioro del negocio bancario español.

Los Caídos (foto: Juan Lupión) Ultrafranquismo Hoy España no es tardofranquista porque Franco, españoles, ha muerto. España no es neofranquista porque Franco no ha regresado si, habiendo muerto, nunca se fue. España es ultrafranquista. El juancarlismo, el felipismo, el aznarismo y el zapaterismo son ultrafranquistas no porque añoren o desempolven lo más duro del duro invierno, sino porque están desarrollando el Régimen del Caudillo hasta donde por sí solo no pudo soñar que llegaría. En lugar de ultrafranquista, ¿el nuevo régimen podría ser metafranquista? No, lo cierto es que La Transición ni para bien ni para mal ha trascendido intelectual, espiritual o mediáticamente el franquismo; sencillamente lo ha prolongado como se prolonga en saga un producto cinematográfico de éxito, como se prolonga un beso que ya está siendo pensado.   Los euronautas del Renacimiento llevaban más allá del mar el ansia de la tierra porque de la tierra partían, porque tierra eran y en tierra se convertirían. Eran descubridores y conquistadores. Los cratonautas de la transición fueron más allá del franquismo partiendo del propio franquismo (pro y contra) para llevar más allá del mar, el mar de la libertad, el ímpetu del orden, el silencio y el nihilismo cateto que todo lo ve corrupto, todo imposible de cambiar y, si cambiante, sospechoso. Los oligarcas de la Monarquía y toda su cohorte de borregos y virreyes han ido al ultramar dictatorial sabiendo que no llegarían a tierra alguna. Plus ultra, el continente político ya estaba forjado. Sólo había que navegar sin destino o volver al punto de partida cambiándolo de nombre para fantasearse en Ítaca y gozar del poder-obediencia.   Y en ese lugar, el limbo franquista, estamos. Lo que en el franquismo de cuerpo presente era monolitismo paternal ahora es pluralismo monolítico. Y si el pluralismo en la sociedad civil puede querer decir ingenuidad, idiotez u oportunismo, en el Estado significa reparto. Nada ha cambiado tras las elecciones gallegas y vascas. Ni para las regiones ni para España. Nada. Los mismos grupúsculos se reparten en horizontal el poder de repartir, y después conceden verticalmente qué bienes -y cómo- se disfrutan.

Todo partido político se define como asociación que aspira a la conquista del poder. Lenin llegó a anunciar la desaparición a aquellos partidos que pudiendo conquistarlo renunciasen a él. Si el statu quo le permite la consecución de tal objetivo, el partido es conservador por necesidad; si las instituciones vigentes suponen un obstáculo insalvable, el partido tiende a asumir posiciones rupturistas e incluso revolucionarias, que se tornarán conservadoras o reformistas no bien se perfile la posibilidad de acceder al poder sin una modificación traumática del sistema institucional. Solamente teniendo en cuenta que la democracia tiende a ser, para los partidos políticos, no una cuestión de principio sino un instrumento para la consecución del poder, cabe entender la situación, tantas veces repetida, de un contexto propicio para una ruptura institucional democrática que rápidamente es reconducida hacia posiciones reformistas o en el peor de los casos, abiertamente inmovilistas por parte de quienes antes la propugnaban. Sucedió en la llamada “Transición Española”, cuando bastó el ofrecimiento de legalización selectiva del gobierno de Adolfo Suárez a la oposición antifranquista para que inmediatamente la reforma apareciese no solo como la “única opción posible” sino también como la “mejor opción posible”: contradicción evidente que solo la caótica retórica de los líderes pudo disimular: lo mejor presupone la existencia de al menos dos posibilidades; lo único posible excluye toda otra posibilidad.   Rosa Díez en campaña (foto: UPyD) La situación del llamado “gobierno bipartito” en Galicia, derrotado en las últimas elecciones, movió a dirigentes del Partido Popular a elevar las más indignadas protestas contra lo “antidemocrático” de un proceder que entregaba a la tercera fuerza política del país unas cuotas de poder en el gobierno desmedidas, a juicio de tan sesudos dirigentes: pretender que bajo un régimen parlamentario gobierne por decreto la lista electoral más votada es atribuir al parlamentarismo las reglas de juego propias de una separación de poderes inexistente, es decir, de un régimen presidencialista. Régimen que se han guardado bien de propugnar, pues ello abriría la posibilidad de una ruptura institucional que pondría en peligro el statu quo de una oligarquía en la que ellos también están integrados; ruptura cercenada de antemano. En el País Vasco, por su parte, Rosa Díez, líder de la formación UPyD, aspira a ser la “fuerza política decisiva” con un escaño en el parlamento autonómico: quiere, pues, condicionar la formación de gobierno, incurriendo exactamente en la misma tropelía de la que tantas veces han acusado a las formaciones políticas minoritarias, y señaladamente las nacionalistas o separatistas. La naturaleza de una institución antidemocrática termina por engullir y fagocitar a quienes han aceptado actuar bajo las reglas de juego por ella definidas.

Desde la propia Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, hasta la aberrante reforma de 1.985 de la Ley Orgánica del Poder Judicial por la que se entregaba la elección de los miembros del CGPJ a los partidos políticos, todas y cada de las reformas legislativas en materia de Justicia han corrido en sentido contrario a la consecución y protección de su independencia.   Francisco Caamaño La prometida reforma en esta legislatura de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, entregando la investigación de las causas penales al Fiscal eliminando así la figura del Juez de Instrucción, y la administrativización de la ejecución civil mediante subastas telemáticas a través del Ministerio de Justicia, son tan sólo dos recientes eslabones en la cadena hacia la absoluta servidumbre.   También se pretende dejar en lo meramente técnico la próxima Ley de Reforma de Funcionamiento de la Oficina Judicial, actualmente en trámite de Propuesta de Ley, que bajo la excusa de una siempre atractiva modernización y adaptación de las sedes judiciales a los tiempos modernos de la informática y de la Justicia exprés, introduce novedades de orden procesal que administrativizan aún más la función jurisdiccional. Entre tales novedades se encuentra la entrega a los Secretarios Judiciales de la facultad para fijar los señalamientos de las actuaciones judiciales así como la atribución de facultades decisorias en la fase de ejecución de sentencias, funciones ambas hasta ahora en manos exclusiva de los Jueces y Magistrados.   Si tenemos en cuenta que el Cuerpo de Secretarios Judiciales depende directamente del Ministerio de Justicia y no del CGPJ, la atribución de facultades tan importantes como establecer en qué fechas han de fijarse las sesiones de los juicios o la importante función de decidir según su propio entendimiento sobre las actuaciones tendentes a hacer cumplir lo juzgado, quedan excluidas del ámbito jurisdiccional para encuadrarse definitivamente en el meramente funcionarial. El principio de dependencia jerárquica que rige esa relación funcionarial empuja así la potestad judicial fuera del ámbito procesal, quedando la ordenación y garantías procedimentales reducidos a simples protocolos administrativos, sometidos a la parcialidad de los titulares ministeriales del poder político.

Manuel Fraga (foto:galiciaefotos) En una obra de Gogol, un alto funcionario dirige a uno de sus subordinados esta observación: “Robas demasiado para un funcionario de tu grado”. Cada uno en su sitio y a cada cual lo suyo. Las oligarquías regionales se suman al reparto estatal de los beneficios que genera la corrupción. En Galicia, feudo del PP, los del PSOE y BNG no dejan de ser unos torpes y groseros advenedizos. Y en el País Vasco, el sabiniano Ibarreche ya ha advertido al maketo López que el PNV considerará una “agresión” cualquier intento de ocupar el lugar que le corresponde: la Lehendakaritza y aledaños.   Cuando aparece Pepinho Blanco es muy difícil seguir la recomendación del clásico “Risum teneatis” (reprimid la risa). No obstante, la consternadora simpleza demagógica de este “animal político” de aparato de partido estatal no es anecdótica, sino que indica el nivel intelectual y la catadura moral de la clase partidocrática. Hace unos días, el lugarteniente de Zapatero aprovechaba que el nuevo ministro de Justicia había nacido en La Coruña para recordar a los gallegos en cuánta estima los tenía el Gobierno central y el PSOE. A pesar de los desvelos de Blanco, los votantes de su región han preferido volver a la senda autonómica del partido fundado por Fraga, ese redomado franquista que apadrinó la constitución de la oligarquía de partidos.   Pero sería injusto destacar únicamente a Fraga y a sus herederos para llamar la atención acerca de las adherencias franquistas del régimen actual. Éstas son abundantes y evidentes no sólo en la jefatura del Estado y en la mentalidad colectiva, sino también en el orden económico y propagandístico. Sería muy ilustrativo que un economista -emulando a aquel Tamames que, en varios de sus estudios, puso al descubierto el entramado financiero que sostenía al franquismo- abordase la continuidad “intransitiva” de la conchabanza entre una Banca impune y un poder político incontrolado.   Ya no hay prensa del Movimiento como La Vanguardia Española de Cataluña (que de todas formas sigue en las mismas manos), sino periódicos fieles a uno u otro partido estatal y a los que los acaudillan. El resto de colaboracionistas mediáticos e intelectuales copan los medios audiovisuales y las universidades orgánicas.

Que el encapsulamiento empequeñecedor de la sociedad civil española dentro de los partidos estatales, con el fortalecimiento de la red clientelar heredada que ha de presidir las relaciones socioeconómicas, siempre conforme al poder, no es ni puede ser democrático, es algo que cualquier persona con más de dos dedos de frente percibe perfectamente, muy a pesar de su sistemática ocultación mediante el retorcido uso del lenguaje y los conceptos impropios, cuando no huecos o hasta falsos, con que los medios de comunicación orgánicos se refieren al neofranquismo juancarlista, etiquetándolo como “La Democracia”.   Las fuerzas vivas de la sociedad española —suponiendo que existan— deben de encontrarse silenciadas, son minoritarias, o están demasiado implicadas, hallándose atrapadas en el Régimen. Mas han de ser capaces de comprender finalmente que la decencia en la vida pública y la recuperación económica pasan por una misma y única receta: su emancipación de la casta corrupta y parásita que el sistema institucional de la Transición replica continuamente en el por ellos diseñado Estado autonómico. Algo que de suceder convertiría además a España en un referente europeo y mundial.   Ha llegado el momento de acabar con este absurdo y dañino reparto del poder, cuyo perverso enquistamiento ha terminado por arribar hasta el actual panorama. Eliminados el más de un tercio de disidentes que no votarán y la tradicional clientela de los partidos, que siempre lo harán al mismo, puede haber aproximadamente unos dos millones de españoles que se crean a pies juntillas la estafa partitocrática, quedando el destino colectivo al albur de las sesudas cavilaciones de estas almas, que subsisten comiendo calandraca y pensando que trazan el rumbo cuando, en realidad, se hayan atrapadas por la rancia propaganda en la bodega de un desarbolado velero a la deriva. He aquí las verdaderas fuerzas vivas de esta Monarquía.     Rompiendo las olas (foto: Icrf)