La etiología del comportamiento humano ha de ser necesariamente social. Aquí es posible apreciar las fuerzas que arrastran a los sujetos a actuar siguiendo ciertas pautas. Bajar a un nivel personal es la estrategia del “no-saber”, pues uno o pocos casos individuales suponen singularidades, que en todo caso jamás anularían la vigencia de la citada fuerza o fuerzas por el mero hecho de vencerlas en alguna ocasión. Gracias a un acuerdo colectivo podemos medir objetivamente cosas como, por ejemplo, las distancias o la temperatura. El metro (SI) y el grado Celsius se alzan autoritarios sobre la imagen particular de los individuos. Una discusión acerca de lo largo que se hace un viaje, o sobre las sensaciones térmicas, carece de valor, más allá de contrastar las diferencias personales al respecto, ante la terminante presencia de un mapa a escala o del termómetro. Sobre las percepciones se puede discutir, pero es inútil hacerlo cuando podemos medir el hecho en sí.   No hace falta ser muy espabilados para apreciar cómo la explicación personal de las conductas públicas está relacionada con el desprestigio de las unidades de medida. Sin los citados instrumentos, es fácil que un psicologismo individualista emborrone irremisiblemente la percepción de los fenómenos colectivos, evitando así cualquier diagnóstico imparcial que amenace el statu quo. En los asuntos del poder, de alguna manera se impiden definiciones objetivas de vigencia global para poder evaluarlo, no existiendo un recurso similar a los señalados metro y grado.   Este oprobio hacia la posibilidad de saber se fomenta en los Estados sin división real del poder. Las castas dirigentes utilizan unas instituciones sin control para colonizar lo civil y monopolizar el espacio público, generando en la sociedad las tendencias dominantes encaminadas a hacer creer a la mayoría de sus súbditos la ilusión de que son los dueños exclusivos de su propio destino, asegurando así su permanente perpetuación en el mando.   El fraudulento principio y forzosa conclusión que se nos presenta, no solamente destruye la verdad, sino que impide que la elemental lógica presida cualquier razonamiento, al tener que admitir que algo pueda quedar en suspenso ante cualquier presunción personal. Así se consigue un desinterés general hacia el “cómo” funcionan realmente las cosas, sustituyéndolo por las sensaciones particulares, que tienden irremisiblemente a gravitar alrededor del referente público oficial que premeditadamente se ofrece. Y una vez conseguido esto, toda reacción aparece como quimérica, por cuanto es imposible asumir la posibilidad de un espacio justamente compartido según una regla objetiva universal.

Me esperan hasta septiembre… (foto: Malage21) Autoridad magisterial La educación pública en España vive el punto más bajo de su historia reciente, tanto en lo propiamente académico como en la formación de la personalidad que nace del trato con los demás, maestros inclusive. En este escenario, que confunde libertad con falta de respeto de un modo tan espantoso, surge la desesperada, pero al fin y al cabo no muy original y esperable, reacción de quienes ven en la imposición de orden la única salida a los problemas en las aulas. Lamentablemente, una iniciativa que ponga todos los acentos en la figura del maestro como soberano de un espacio de enseñanza, no puede dar los resultados apetecidos. La razón es sencilla: la corrupción no es personal, es institucional. Y, por tanto, darle exclusivamente al maestro la responsabilidad de dirimir el conflicto abunda en la irresponsabilidad, mientras que los verdaderos responsables volverán a sus despachos a ingeniar nuevos parches para futuros despropósitos.   Esto no significa, por supuesto, que en lo que respecta al maestro las cosas deban permanecer igual. Pero mientras que la política general, forzada por el Ministerio de Educación, sea la de aprobar al inepto y reducir la dificultad del currículo para que “todos tengan una educación”, no sólo se está hipotecando el futuro de los más brillantes, sino que además hace inanes todas las iniciativas relativas a conferir “más poder” al maestro en las aulas. No sólo las torna fútiles, sino contraproducentes. Pues sin verdadero poder para cambiar la situación, el recurso a la violencia por parte del maestro sólo puede estallar en una espiral de histerias. Todo lo cual nada tiene que ver ni con la enseñanza ni con la educación.   La idea de que “todo el mundo debe tener una educación” (allí donde un derecho se convierte en obligación) es completamente absurda, pues produce una nefasta igualación que justamente dinamita las bases de una sociedad con intereses y afanes diversos, de acuerdo con las capacidades y disposiciones de cada cual. Y el maestro puede cantar misa: sólo los devotos sentirán la llamada, y los demás preferirían estar en otra parte. ¿Por qué no averiguar dónde?

Cuando los partidos políticos catalanes reaccionan ante la posible sentencia de inconstitucionalidad contra determinados aspectos del Estatuto de Autonomía apelando a que "El tribunal no puede invalidar un pacto político" (PSC) o que "La última palabra la tiene el pueblo catalán" (CiU), concluimos que en términos de pura y consecuente teoría constitucional, su posición es abiertamente golpista. Una cámara con atribuciones legislativas jamás puede asumir facultades constituyentes sin antes sujetarse al propio procedimiento que para tales eventualidades señale la propia Constitución. Una ley orgánica u ordinaria no puede ocupar una posición jerárquica superior a la propia Constitución que, no en vano, se denomina "ley de leyes".   No importa que, entretanto, el Estatuto se haya sometido a referéndum, pues la cuestión formal a la que aquí aludo es en todo caso un requisito procesal previo al referéndum, que no puede ser violado a gusto de los interesados. En caso contrario, la propia Constitución y el Tribunal Constitucional se vuelven superfluos e irrelevantes. Es una cámara legislativa -de facto, las ejecutivas de los partidos en ella representados- la que aquí se pretende depositaria de toda la soberanía, vulnerando en consecuencia la más elemental doctrina de la separación de poderes. No otra puede ser la evolución de un régimen en el cual la propia Constitución presenta un vicio de origen evidente: nace de una ilegítima autoatribución de poderes constituyentes por parte de una cámara legislativa; nace no de un proceso constituyente democrático que obligue a los partidos a pronunciarse de antemano, públicamente, por la Constitución que defienden, sino de las oscuras transacciones consensuadas entre la clase política franquista y la oposición. Tal atropello es el padre de todos los atropellos por los cuales los partidos políticos se han convertido, hoy, en rémoras enquistadas en el Estado que hacen imposible la democratización de las instituciones.   Unos partidos políticos capaces de pactar una Constitución por un procedimiento que no cabe sino calificar de golpista, jamás podrán mostrar respeto alguno por el contenido de un pacto semejante: el golpismo es el fundamento constitutivo de un régimen aparentemente democrático y de facto una pura oligocracia de partidos que se pretenden, como entes totalitarios, plenos depositarios de la soberanía nacional. Pretensión que equivale a la suspensión de facto de la propia Constitución por ellos aprobada. Semejante actitud sólo puede extrañar a quienes se han empeñado en desconocer lo que ha sucedido desde la muerte de Franco hasta hoy: no ha sido la transición de un régimen dictatorial a una democracia, sino la liberalización de un sistema de partido único y su conversión en un régimen de libertades públicas con pluralidad de partidos. Sólo la ignorancia más supina puede confundir un régimen tal con una democracia.

The shrine of mass media (foto: calm a llama down) Sociedad global Desde que la mundialización de la economía, y otras esferas de la acción social, transformó las formas políticas hasta implantar en todo el planeta una nueva escala del ser político (tribu, monarquía, dictadura, imperio, Estado de partidos) , comparable a la que dominó durante años el medievo occidental respecto de las criaturas de Dios, parece que la disyuntiva República Constitucional o “Monarquía -o República- sin separación de poderes y sin poder elegir directamente al Gobierno”, no es un tema “pertinente” en la agenda de los ciudadanos. Pero, ¿quién establece los temas de la conversación, reflexión y preocupación, ciudadanas?   No se conoce si elegimos directamente al Gobierno o si hay separación de poderes porque los medios de comunicación no quieren hablar de las reglas constitutivas de la “sociedad política” que les otorga tantos privilegios, empezando por subvencionarles la tirada diaria de la prensa, publicidad, etc. La “modernización” de la sociedad global requiere que la forma política del Estado nacional y soberano ya no cuente lo suficiente como para otorgarle importancia. Esa es la dura realidad política actual. Pero España tiene un derecho colectivo a no retroceder en esa nueva escala del “ser político”; al contrario, debe ascender un escalón.   También el papel de los medios de comunicación en la política contemporánea, en definitiva, nos obliga a preguntarnos por el tipo de sociedad que deseamos, y qué modelo de gobierno queremos. Lo que la gente necesita del mal llamado cuarto poder son espacios de debate en los cuales los temas relevantes sean tratados de manera seria y honrada. Si España fuera una democracia, la sociedad civil tendría a su alcance, por un lado, los recursos necesarios para participar de manera significativa en la gestión de asuntos comunes y particulares, y, por otro, acceso a unos medios de comunicación e información independientes e imparciales.

La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº2 de Úbeda, Dña. María Dolores Barragán, ha sido sancionada por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) con el traslado forzoso a más de 100 km de su Sede Judicial y la prohibición de concursar a plaza alguna durante un año. El motivo, ordenar el precinto de las dos perfumerías titularidad del comerciante que se negó a su pretensión de cambiar por otra la fragancia que pretendía devolver con el frasco ya a la mitad argumentando que la adquirida era de imitación. Las faltas así sancionadas son dos calificadas como muy graves y previstas en los artículos 417.13 y 417.8 de la Ley Orgánica del Poder Judicial al entender el CGPJ que la Magistrada actuó con manifiesto abuso de autoridad y que no se abstuvo de conocer sobre una causa que le afectaba personalmente. Si la Juez estimaba que se había producido un delito de falsificación, debió turnarlo por riguroso orden de reparto a otro de sus compañeros para que adoptara las medidas cautelares oportunas.   El estado de descomposición general de la Justicia en España puede llevarnos a no profundizar algo más en el razonamiento que realiza el CGPJ para sancionar tan levemente a la dictatorial Magistrado. Y es que, si lo pensamos un poco, el mismo razonamiento utilizado para reprender administrativamente la actuación de esta Juez, sirve para deslegitimar absolutamente tanto al propio CGPJ como a las más altas instancias judiciales.¿O es que acaso no es abuso de autoridad impartir Justicia en nombre del Estado por simple mérito de designación por el poder político y obediencia ciega al mismo? ¿Acaso no debería de abstenerse el Presidente del Tribunal Supremo y los miembros del Constitucional de conocer y juzgar el crimen de Estado y los casos de corrupción cometidos presuntamente por los cuadros de mando de los partidos que los han elegido o sus afines? La buena doctrina aplicada a la perfumada de Úbeda condenaría al ostracismo al TC en pleno y al CGPJ a su autodisolución, y no lo haría con el Fiscal General del Estado y toda la Fiscalía Anticorrupción porque no existe si quiera la imprescindible unidad de la carrera judicial con el Ministerio Público.   Sin la independencia judicial del resto de poderes del Estado que proporciona su separación en origen, cualquier intento de higiene personal en el ejercicio de la función jurisdiccional será sólo programática, ya que los puestos clave de la judicatura, desde la presidencia de las Audiencias Provinciales y los Tribunales Superiores de Justicia, hasta las más altas instancias judiciales y parajudiciales, como son el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional son elegidos por el único poder de los partidos, fruto de la tiranía personalista, el servilismo más descarado o el consenso, todos ellos enemigos irreconciliables de la Justicia.

El gato Chesire de Tim Burton (foto: onlypencil) Vapores apolíticos Se cuenta que en un paseo con un amigo, discutiendo la teoría idealista de Berkeley sobre la percepción, ante la pregunta de cómo la refutaría, Samuel Johnson exclamó: “¡La refuto así! («I refute it thus!»)”, y dio con su cabeza contra una farola. (La misma anécdota se ha contado aludiendo a un simple puntapié a una piedra). La idea de que sólo la realidad de la mente tenía sentido quería ser contrastada por Johnson mediante la obviedad de que la mente (subjetividad) podrá pensar como quiera, pero los hechos objetivos son los hechos.   Lejos de la sobriedad e inteligencia del idealismo del obispo inglés, que sigue siendo una referencia indispensable en teoría del conocimiento, tenemos la desgracia de ser gobernados por un presidente que vive de puras excreciones mentales sin el mínimo fundamento real y objetivo. Sus valoraciones, por ejemplo, de la crisis económica, que alcanzan un grado de oportunismo casi sin igual, por no hablar de las medidas tomadas al respecto, lo prueban con suficiente claridad. No obstante, caeríamos en un error, típico de la prensa más allegada al sector liberal del PP, si creyésemos que este característico y desfasado “pensamiento Alicia” (como lo ha llamado Gustavo Bueno) del presidente es una cuestión de ineptitud meramente personal o ideológica. La mentira y la falsificación de los hechos es consanguínea a la partidocracia; los derroteros de esta ilusión esencial estarán marcados por condiciones más o menos tangenciales y causales, pero la distorsión como forma de vida es consustancial al régimen de partidos que padecemos.   Seamos realistas y afrontemos las cosas de cara: ningún cambio de partido logrará que habite en el Estado el espíritu de la honestidad y una mínima apreciación de los datos objetivos. Mentirán unos y otros no porque sean malos sino porque se les deja: porque no existe una instancia de control en pie de igualdad de poder que permita una crítica efectiva. La partidocracia será un régimen que sólo tapándose la nariz los historiadores del futuro querrán estudiar. La ilusión de este régimen, ya no mentalista sino fantástica, apolítica, carente de sustancia y desintegradora de todo lo público no da para más. Pasemos la página.