La conducta torticera del legislador, al escondite de la relevancia de una norma despegada de la sociedad por su propia falta de representación, se materializa en la utilización de “puertas traseras” para producir leyes que obedecen al interés particular de los sectores favorecidos por el poder político de turno, ajeno así a cualquier lealtad institucional. Las famosas leyes de acompañamiento presupuestarias han sido claro ejemplo de cómo “de rondón” se erige en legalidad la arbitrariedad del poder político sobre materias de enorme trascendencia hurtando a la sociedad civil del imprescindible debate público.   De la misma manera, la inane Ley de Economía Sostenible que propugna el gobierno Zapatero, humo en su contenido puramente económico, introduce a través de sus Disposiciones Finales normas que profundizan tanto en la inseparación de poderes y eliminación del derecho a la tutela judicial efectiva, como en restricción de otros derechos y libertades personales tan básicos, como son el secreto de las comunicaciones, el libre acceso a la sociedad de la información, y lo que es más importante, la presunción de inocencia.   Mediante la Disposición Final Primera de su Anteproyecto de Ley se modifica la Ley 34/2.002 de Servicios de la Sociedad de la Información y el Real Decreto Legislativo 1/1.996 de la Ley de Propiedad Intelectual, obligando a la compañía suministradora de servicios telemáticos a facilitar los datos de los usuarios a una comisión del Ministerio de Cultura creada ad hoc como auténtico comisariado político, cuando así se lo solicite ante cualquier conducta de particular “presuntamente vulneradora” (nuevo Art. 8.2 Ley 34/2.002) en materia de salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual.   Caamaño ya no está sólo en su tarea de administrativizar lo que era materia judicial. La titular del Ministerio de Cultura Ángeles González Sinde se sitúa ahora por encima de la persecución judicial del delito contra la propiedad intelectual (Arts. 270 y siguientes del Código Penal) atribuyéndose competencias que hasta ahora sólo correspondían al juez de instrucción tanto para la investigación de los posibles ilícitos como para adoptar medidas cautelares. La ministra miente cuando intenta tranquilizar refiriendo que a nadie se le cortará la conexión por decisión administrativa conforme a la nueva norma ya que la primera de las modificaciones operadas por la nueva redacción del Art. 8.1 de la Ley 34/2.002 faculta expresamente a la nueva Comisión de Propiedad Intelectual a “adoptar las medidas necesarias para que se interrumpa su prestación o para retirar los datos que los vulneran”. Mentiras y gordas.

Liv Ullman e Ingmar Bergman La huella de Bergman Si el mundo fuese claro no existirían personalidades artísticas que, como Ingmar Bergman, nos hablasen del rencor, la falsedad, la culpa, la incomprensión mutua, el deseo lacerante, el incesto, el suicidio, la muerte, y en suma, el sentido de la existencia. Si la fe en la inmortalidad resulta tan necesaria para el ser humano es porque se trata del estado normal de la humanidad, decía Dostoievsky, en cuyas obras encontramos, al igual que en las del director sueco, personajes que no pueden arrancarse el aguijón de la (in)existencia de Dios, ya que vocatus atque non vocatus deus aderit (llamado o no llamado, Dios estará presente).   Ante la indiferencia y el silencio divinos, el suicidio supone el reconocimiento de la absurda costumbre de vivir o la ausencia de una razón profunda para ello, así como de la inutilidad del sufrimiento: Como en un espejo y Los comulgantes reflejan ese sentimiento trágico de la vida. Pero cuando a Cioran le preguntaban insistentemente por qué no se suicidaba, respondía que era demasiado perezoso para ello, y es que el humor es la cortesía de la desesperación, y hasta Bergman tuvo esa delicadeza regalándonos alguna que otra comedia (Esas mujeres, Sonrisas de una noche de verano).   Fresas salvajes es una aguda y estremecedora visión acerca de la vejez, la fugacidad de la vida y la fragilidad de la existencia. En El séptimo sello Bergman da cuerpo a su obsesión por la muerte; y en El rostro y Persona reflexiona sobre los juegos de identidad, la frontera entre la verdad y la mentira, las máscaras y la representación permanente. Su pasión por la música clásica, y sobre todo por Mozart, está presente en la adaptación de La flauta mágica. Y El huevo de la serpiente es una perspicaz indagación del ascenso nazi.   Otros grandes asuntos sobre los que este grandioso cineasta vuelve una y otra vez su mirada (hasta su última película Saraband) son la inestabilidad y degradación de la vida conyugal (La carcoma y Secretos de un matrimonio)  y  el  odio entre padres e hijos  (él mismo, siendo un niño, sufrió los castigos de su padre, un severo pastor protestante, recreado en Fanny y Alexander). Sin llegar al grado de cinismo de Chamfort “El amor sólo es el contacto de dos epidermis”, Bergman considera que los hombres son traicionados por su placer (cayendo en la promiscuidad), y que son demasiado débiles frente a la realidad, como para hacer el esfuerzo que requiere perseverar en la relación amorosa, únicamente por ella misma. En sus películas, las mujeres, que suelen luchar inútilmente con las almas muertas de sus parejas o maridos, tienden a ser comprensivas y a no ser comprendidas.

El pueblo puede ser objeto de crítica moral si por pueblo se entiende el grupo de población portador de la tradición, la llamada “mayoría” (todos aquellos cuerdos que se reconocen en la cultura). Pero el pueblo no es sujeto de acción política. Nunca lo ha sido y jamás lo será. Esa acción le corresponde a los grupos de individuos, generalmente pocos, que ostentan o detentan la representación de la nación. En el mejor de los casos, la nación, así entendida, puede ser continente -o sustrato- de la acción política, pero no el pueblo. La única realidad que, en lo político, denota la palabra “pueblo” es el objeto de la demagogia de los regímenes que niegan la libertad individual o de los gobiernos que, lógicamente, tratan de soslayarla. Todo Gobierno, en tanto que poder ejecutivo, comprende de esta manera su relación con el pueblo (o sus sinónimos propagandísticos: “nación”, “sociedad”, “ciudadanía”, “mayoría”, et cetera), pero para los Gobiernos hipócritas o débiles (y en la sociedad del espectáculo todos lo son en mayor o menor medida, al menos en lo que a las maneras atañe) el pueblo es el alivio de su ansiosa necesidad de prever los derroteros del favor popular o de verse inmediatamente respaldado en cada medida tomada.   Nuestros déspotas viven eclipsados por la mentira editorial y el gigantesco constructo oficinal del Estado. Los gobernantes se suceden en el poder como sombras chinescas. Se asiste a sus decisiones y se aprende a reconocer quiénes y qué dicen ser, pero nada de eso importa verdaderamente salvo a la hora de expresar adhesión o repulsión incondicional al mito. Esa adhesión irracional a una u otra persona, una u otra ideología, es lo único que pueden reconocer como remotamente político las sociedades sin política real; la categoría “pueblo” acoge a todos aquellos que, sin mediación de circunstancias excepcionales, aceptan tener prohibido ser ciudadanos. Los momentos de unanimidad sentimental y mental que generan el fenómeno “pueblo” son naturalmente escasos, pero dejan una profunda huella psicológica en los seres humanos, de manera que los gobiernos y los grupos económicamente privilegiados tratan de mantenerlos vivos o de producirlos industrialmente. Pueblo somos cuando rugimos en los estadios; cuando nos santiguamos; mientras hacemos civilizada cola ante las urnas electorales. Si hay guerra en Irak o El Corte Inglés nos trae la primavera, somos pueblo. Entonces la sociedad es un solo cuerpo y una sola mente, ambos sometidos al capricho de los instintos. Pero por hermosos que puedan ser algunos de esos momentos (otros son francamente ridículos), en lo político el pueblo es sinónimo de populacho.   Cualquier ceremonia sirve para regenerar ese efímero monstruo social.  El  pueblo español  y sus gobernantes celebrarán el día de la constitución en una exhibición de fetichismo pagano. Será otra ocasión de Gobierno, no de Estado, como así lo ha sido la publicación de los famosos editoriales catalanes. La demagogia llama a afirmar la inexistente voluntad del pueblo mientras que la acción política debería dirigirse a constituir racionalmente el Estado o a hacerse con el Gobierno. La demagogia rellena toda la infinidad de momentos en los que la unanimidad de los individuos gobernados no existe. La conexión entre Gobierno y populacho a través de la demagogia asumida como jerga no sólo por la clase política sino también por los medios de comunicación, unida al sucedáneo nacionalista de la libertad política, el seny, promocionan un régimen sociopolítico con Estado fuerte, aunque compartimentado, Gobierno de apariencia gentil, pero omnipresente, y ciudadanos incapaces de trasladar el ímpetu de la naturaleza y la moralidad social a su eterno diálogo con lo absoluto, sea esto lo que quiera ser.   No hay dignidad política en ser sentimentalmente pueblo cuando se puede pertenecer a una racional sociedad civil, como no la hay en ser nacionalidad queriendo ser nación. En el transicional caso de los doce editoriales, la demagogia del periodismo regional de la Monarquía de Partidos aniquila la espontaneidad social a la hora de ser pueblo y el entramado institucional de la partidocracia hace lo propio con la libertad a la hora de ser ciudadano. El Gobierno, en esos artículos, habla a la sociedad civil a través de lo que debería ser su propia voz, es decir, crea “pueblo” y confía en su acostumbrada respuesta, el silencio. Esto deja al pueblo catalán al que alude el consenso periodístico en la más triste condición: la de ser un agregado de catalanes. Así visto no es de extrañar que los nacionalistas se mantengan expectantes, preocupados y amenazadores ante una sentencia que decidirá si prevalece la “dignidad de Cataluña” o se hace la nada, pues si nuestros compatriotas perdieran su catalanismo, no siendo pueblo, ni nación, ni sociedad civil, ¿qué quedaría? El TC debe evitar esa catastrófica situación con una sentencia que el señor Rodríguez Zapatero ya espera.   No. Son preferibles la locura o la subnormalidad a vivir creyendo imbécilmente que se es libre por voluntad ajena y catalán por destino.

Bahrain's first rave party (foto: Alexander yee) Ocio degradante Dicen que el todopoderoso Jerjes ofrecía una recompensa a quien le procurase un nuevo placer. Hoy en día, es raro encontrar a alguien que no esté interesado por los placeres nuevos porque los de siempre le satisfacen sobradamente. La ambición dominante entre las masas es la de pasarlo bien -en el sentido más pedestre de la expresión-, es decir, aturdirse y divertirse con toda clase de novedosos pasatiempos.   En ninguna época histórica, el hombre común ha gozado de tanto tiempo libre ni ha podido sumergirse en el manantial del ocio como en la nuestra. Pero ya se han desvanecido aquellas esperanzas depositadas en el “leisure time”: en la emancipación y educación ética y estética que comportaría. Lo que ha sobrevenido es una sobreabundante vulgaridad y una pertinaz escasez de imaginación creadora y pensamiento crítico. Las maneras de divertirse están perdiendo su carácter comunicativo para reducirse a un chato individualismo, donde cada uno va por su lado o se recluye en sus fantasías y manías, siendo imposible mantener una conversación porque cada cual preserva su mutismo, sólo habla de trivialidades, o a trompicones: “El hombre atropellado, es decir, el hombre grosero, no tiene tiempo de pararse a buscar la palabra propia… Dirigiéndose al fin a toda máquina, se topa con la barbarie” (Jorge Guillén). Como la gente quiere ruido y movimiento, estridencias y dispersiones, la diversión degenera en ese espectáculo predilecto de las masas: el deporte o tifus deportivo (origen de la palabra “tifosi”, hinchas en italiano), contaminando y saturando el espacio público (las pantallas de televisión), y haciendo de cada individuo un hincha en potencia, también en la política partidocrática.   Aunque la moda y la publicidad, con sus omnipresentes departamentos de marketing, nos muestren este mundo de ocio (para ellos de negocio) como el mejor de los posibles, el hombre medio ha dejado de disfrutar activamente de sus horas de asueto para convertirse en consumidor pasivo y gregario del soma embrutecedor suministrado por el oligopolio mediático y la industria del entretenimiento: esos indispensables cómplices del despotismo político.

El carácter burocrático de la Justicia en este Estado de poderes inseparados, más administrativa y menos justa cada día, convierte a sus rectores en meros funcionarios delegados del poder político, absolutamente despegados del pálpito y realidades diarias de su funcionamiento. Sus profundas disquisiciones para dar solución a las quejas de los justiciables se sitúan siempre en el terreno del deber ser, nunca en un hacer que le es imposible por ajeno a su competencia y presupuesto, incapaces de dar soluciones eficientes y sabedores de su vicio original de dependencia. Una carrera profesional dura, la más de las veces, que se excusa como autosugestión para aceptar sin náuseas un cargo de designación política que encumbra en lo personal y corrompe la conciencia de jurista. Sabedores de que no son Justicia, aceptan la dependencia de buen grado sometiéndose voluntariamente al rol encomendado. La presidencia de las más altas instituciones del mundo judicial, como son el Tribunal Supremo y el Consejo General del Poder Judicial se quedan en lo simbólico, como si existiera un gobierno de los jueces, que sin embargo es meramente nominal.   El niño-lama es hoy D. Carlos Dívar, quien en las VI Jornadas Nacionales de Comunicación y Justicia utilizó las manidas disculpas de falta de medios económicos y de jueces como únicos problemas de la Justicia, aseverando bucólicamente que “un juez no se improvisa, tiene que tener vocación y amor a la Justicia, y ambas cosas no se consiguen de repente”. Se le olvidó al cándido togado (lo de cándido va sin segundas) que lo primero que tiene que tener un Juez es dignidad, sólo alcanzable con la conciencia de formar parte de un poder del Estado separado e independiente. Esa candidez no es sino simple impotencia, dada la de ausencia de potestas general que impide cualquier tipo de auctoritas en el ejercicio diario de la función jurisdiccional. La garantía de tal independencia no es personal, que se presupone, sino institucional. La voz de su amo repite así los mensajes generados desde la política, reduciendo a cuestiones materiales los problemas institucionales y comulgando con las ruedas de molino que desde el Ministerio de Justicia administran. Hostias sin consagrar como la reducción del sistema de recursos judiciales o el trasvase al ámbito administrativo de lo que fueran funciones judiciales en reducción de las garantías del justiciable. La obediencia a la Justicia de Caamaño y SITEL hizo que en el mismo encuentro, Dívar abogara por un ordenamiento jurídico “que confíe en los jueces y que quite tantos garantismos que existen en los procedimientos que provocan retrasos en la Justicia”. Lo dicho es imperdonable en alguien que en su experiencia dilatada conoce el secreto a voces de su designación, tomando al ciudadano por imbécil y sumiéndole en el limbo de la inedia e inseguridad jurídica a merced del poder único, dividido sólo funcionalmente.

Semilla de arce (foto: Zerpheus) El ideal (in)coherente Poquísimos ideales permiten vivir con el orgullo de la coherencia toda la vida. Menos todavía si el ideal es vivido todo el tiempo con la misma fuerza que cuando fue descubierto, con la misma pasión y con la misma energía. Se diría que un síntoma de noble ideal es la energía que procura a quién lo busca incesantemente y la pasión de distinción de quién se siente poseído por él, con humildad por verse sobrepasado por la nobleza del camino emprendido y con orgullo al mismo tiempo por la consciencia de aquello que da sentido a la vida. Síntoma de ideal que quedó en mueca grotesca es la incoherencia de vivir traicionando a cada paso lo que fue sembrado al principio del camino. Es la peor tristeza, el rastro más infame que no puede desdibujarse en lo que quede de conciencia del traidor.   No hay muchos ideales que merezcan desgastarse hasta el último aliento de vida con la misma ilusión e ingenuidad moral de los primeros días de andadura. Sin duda, el camino de la libertad política es el mejor de ellos. Vivir por y para la libertad de uno mismo es vivir por y para la libertad de todos. El buscador de la libertad no descansa y no se cansa, no huye, sabe a dónde va y de dónde viene y sabe que la libertad es la verdad. No es poco. Más bien, es la vida. La vida verdadera que paga y reditúa al instante a quién se decide por ella. A García Trevijano le cabe el honor de haber abierto los caminos de la libertad política, matriz de libertades, a varias generaciones de españoles.   Otros ideales de signo espiritual más notorio fueron difundidos a los cuatro vientos como semillas liberadoras. Más de medio siglo después, sin embargo, el Opus Dei y los Legionarios de Cristo recogen las cenizas de los rastrojos que han ido dejando por donde han ido pasando. En las almas de los suyos dejaron tristeza, enfermedades mentales crónicas, dobles vidas, jóvenes de espíritu viejo y esquivo y corrupción. Sorprende la cantidad de personas que se entregaron a un ideal de manera generosa y el fraude que encontraron una vez dentro. La enorme decepción. Encerrados en vida y enclaustrados bajo la llave de la falsedad de vida. Desmintiendo con lo vivido aquello que se predica. Son dos monumentos, español y mejicano, al cinismo y la hipocresía moral. Contrastan con el monumento a la verdadera libertad: La República Constitucional.

El Estatuto de Cataluña es flagrantemente inconstitucional. Basta mediana inteligencia, y conocer el significado de las palabras, para poder comprobarlo con la simple lectura de ambas Leyes. Todas las declaraciones acerca de este asunto, o sobre la esperada sentencia del Tribunal Constitucional, solamente tienen sentido si es sabido que el poder político no tiene por qué obedecer la letra de la legislación cuando ésta no coincide con su voluntad, al no existir institución con poder independiente para obligarle.   El maremágnum que se ha montado con la editorial conjunta de los periódicos catalanes, y la seguida respuesta de la prensa nacional, es el corolario de la inconstitución nacional más allá del reparto proporcional de las instituciones entre los partidos estatales del posfranquismo. A resultas del mismo, añadida la definitiva deriva nacionalista del PSC y la estupidez de Zapatero, la clase política catalana consiguió el Estatuto de marras, que reproduce la partitocracia del 77 en Cataluña, pero cuya novedad se encuentra en que establece una relación de bilateralidad con España, dejando la última palabra a la Generalidad. Tan sólo el Constitucional podría acabar, al menos en parte, con semejante delirio, de ahí que la prensa regional se lance a deslegitimar al tribunal y a conjurar el fantasma de la reacción popular por si el fallo resultara contrario en lo sustancial.   Algunos periódicos nacionales —los hay que no ven en esto ningún problema— arremeten por ello contra sus colegas catalanes, olvidando que apelar al miedo y los editoriales conjuntos fueron en su momento —y así lo percibe ahora la clase política catalana— un recurso común para lograr el dominio de los partidos durante la Transición. A continuación, hacen piruetas para poder justificar el actual orden político, agarrándose al clavo ardiendo del recurso a resolver para no tener que explicar por qué y cómo es posible que el Parlamento español haya aprobado, y el Jefe del Estado sancionado, una ley orgánica tan manifiestamente anticonstitucional como lo es el Estatut. En la defensa del Alto Tribunal, se invoca la separación de poderes, aunque implícitamente termina reconociéndose que ésta es imposible.   Así, en el editorial de EL MUNDO se responde a la acusación de los medios catalanes señalando que “no es culpa de los magistrados sino de los partidos que no se han puesto de acuerdo para renovarlos”; ciertamente, se trata de los mismos partidos cuyo quórum ha propiciado tal desaguisado, ¿acaso el verdadero problema no es que estas organizaciones puedan campar a su capricho, y su remedio una verdadera constitución con separación del poder en origen? ¿Por qué nunca se propone entonces la solución final?