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Violencia de sexo

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La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de Diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, establece en su Título Preliminar, artículo 1, lo siguiente: La presente Ley tiene por objeto actuar contra la violencia que, como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre éstas por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia.   Según las estadísticas del Consejo General del Poder Judicial, en el año 2003, fallecieron por violencia de sexo 103 mujeres, en el 2004, 100, en 2005, 90, en 2006, 91, en 2007, 118 y en 2008, 100. Siento reflejarlas sólo con cifras y no con sus nombres y apellidos, pero por encima de todo, ha de tenerse en cuenta su dignidad.   En muy corto espacio de tiempo, el Poder en España ha pasado de imponer hábitos familiares acordes con el nacional-catolicismo a ejercer una influencia devastadora sobre la familia, fomentando costumbres y dictando leyes pseudofeministas que van contra la propia naturaleza de la mujer. Al establecerse que hay “relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres”, se incita a éstas a entablar una guerra abierta contra el hombre, al que se presenta como el enemigo emocional y físico. Lo que se deriva de la Ley mencionada se puede adivinar a través de esa primera premisa, junto con los párrafos que la acompañan: una desmedida represión que acarrea numerosas injusticias sufridas por unos hombres a los que amenazan con apartarles de sus familias, y que, sintiéndose como animales acorralados, pueden reaccionar como tales. Al margen de los misóginos y los engendros de una sociedad enferma, en una guerra, siempre aparecen los oportunistas y demagogos que pretenden sacar partido (ahora, en la oligocracia que padecemos) de ella, con métodos muy sibilinos y taimados.   Las mujeres dieron un gran paso hacía delante en su lucha por el voto hasta conseguirlo, hoy debemos caminar junto al hombre (ni un paso más ni uno menos) para conseguir la libertad política y terminar con esta violencia (guerra) de sexo propiciada y fomentada hasta lo indecible, desde el propio Estado de partidos, y que tantas víctimas inocentes se está cobrando en los “dos bandos”.     "A pure theory of democracy"     Publicada la traducción inglesa de "Frente a la gran mentira"

La década perdida

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La década perdida, en El Confidencial Como es norma cuando de calificar periodos de estancamiento económico se trata, también en España se empieza a hablar de los primeros 10 años de este siglo como de la “década perdida”

Más sobre la burbuja

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El problema de la Deuda Pública española se acrecienta porque, además de utilizarse para limpiar los activos de las instituciones financieras (residuos de sus propios excesos), pagar la fusión de Cajas de Ahorro (en algunos casos en suspensión de pagos o quiebra camuflados por su mala gestión), conceder préstamos (directamente o a través del Instituto de Crédito Oficial) y pagar los gastos inherentes a una situación de desempleo galopante, como cualquier Estado en estas circunstancias, también se ha utilizado para financiar un elefantiásico Sector Público (que acapara más del 50% del PIB: Estado, Comunidades Autónomas, Entidades locales) generado en esta época de loca descentralización.   A nuestra “clase política”, considerada como el tercer problema de los españoles después del desempleo y la situación económica (según el Centro de Investigaciones Sociológicas), no le ha importado el brusco descenso de los ingresos tributarios debido a la caída de la actividad económica para poner freno al Gasto Público desbocado y realizar una jerarquía de necesidades sociales. Cegados por un intervencionismo primitivo, que considera cualquier actuación del Sector Público como un bien superior, y por la creencia infantil de que dicho sujeto no sólo debe proveer de los bienes públicos (defensa, seguridad, justicia, relaciones exteriores) sino también de cualquier bien social ya sea de forma directa o a través de conciertos, contratos o subvenciones (todo bien o servicio puede ser reconducido a tal), no se han parado a pensar sobre el coste social de tales actuaciones ni sobre el despilfarro de recursos públicos que se genera al financiar gastos superfluos o servicios que puede realizar la sociedad civil.   Metidos en esta vorágine, piden prestado en los mercados financieros (interiores y exteriores) y en el Banco Central Europeo, compran deudas privadas o admiten su descuento a cambio de nueva Deuda Pública (cambian unos “papelitos” por “otros papelitos más fiables”) hasta límites insoportables. El coste de este cambalache tarde o temprano lo pagarán los ciudadanos con sus impuestos (equivalencia ricardiana). Menos mal que la emisión de moneda es competencia del Banco Central Europeo, si no nos inundarían de “papelitos-moneda”.   Nuestros mandarines, llevados por un optimismo irracional (claro síntoma del síndrome del necio [Fernando Trías de Bes]), que actualmente se ha convertido en valor político y que expresan con desparpajo mediante continuas sonrisas, como si fuesen bobos, o mediante fastuosas fiestas para celebrar un acontecimiento trivial, como nuevos ricos, están haciendo mover nuestra locomotora nacional quemando los vagones y gritando con euforia: ¡¡más madera!!

La ceremonia

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La llamada de Cthulhu (foto: hermanturnip) La ceremonia Fueron mis estudios sobre las costumbres políticas de lejanas tierras los que me trajeron hasta aquí. Desde la comodidad de la Cátedra de la Universidad de Miskatonic el Dr. Henry Armitage me animó a emprender el viaje hacia la unicidad ominosa y desconocida. “Recuerda nuestro lema: ex ignorantia ad sapientiam; ex luce ad tenebras,” me dijo. Ya no queda apenas nada en mi memoria sobre los felices tiempos de la vida docente en la añorada Arkham, ni de las largas horas dedicadas a la investigación sociológica de las culturas primigenias.   El comportamiento educado de aquellas gentes no era de la rudeza típica de los pobladores de Innsmouth y su aspecto físico era en lo general de lo más normal, sin aquellas inquietantes hendiduras en la cabeza parecidas a agallas, manos palmeadas ni rostro ceniciento. Todos se afanaban ordenadamente en sus quehaceres diarios hasta que comenzó una inusitada agitación, que según uno de los sacerdotes de Dagón me confesó, se debía a que quedaban pocos días para La Ceremonia.   Estaban llamados a la La Ceremonia todos los mayores de edad. En ella según me aclaró Randolph, los sacerdotes de Cthulhu, Nyarlothep y Yogh Shothoth serían encumbrados con la dignidad del ritual, tomando así la posesión de los Sellos Arquetípicos que mantienen a aquellos en Su Sueño de Orden. Mientras Azathoth en su trono bendeciría el resultado de La Ceremonia manteniendo alejados a los rebeldes seguidores de Los Antiguos bajo la amenaza de despertar a Los Primigenios del sueño en que se encuentran sumidos en el lecho marino. “Que no está muerto lo que duerme eternamente; y en el paso de los eones, aún la misma Muerte puede morir”, me espetó con el terror marcado en su rostro.   Todo estaba en el libro. El Necronomicón así lo establecía desde que todo quedara atado y bien atado por su inspirador, el árabe loco Abdul Alhazred. La versión del rito actual, según tuve ocasión de investigar en oscuras bibliotecas, se debía a la moderna adaptación de Olaus Wormius, quien tradujo el libro en consonancia con los nuevos tiempos, manteniendo sin embargo la unidad primigenia, garantizada a la secta del elegido a quien se confiaba el Sello de Rayleigh, que le permitía controlar a las divinidades menores.   Fhatagn-nagh, ia!, ia! ia! Cthulhu fhatagn! Era la llamada a La Ceremonia. Todos dejaron sobrecogedoramente sus quehaceres para acudir a ella como autómatas. Después, como si hubiera pasado un temporal invisible pero devastador, llegó la calma y todos retomaron sus ocupaciones habituales. Hasta dentro de otros cuatro años en que La Ceremonia se repetiría.

Algunos hombres bonos

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La vida pública española se caracteriza por una desbordada versatilidad. Nada de lo dicho o hecho —no hay la menor exigencia, propia o externa, para que ambas cosas coincidan— suponen merma alguna para que un mismo personaje pueda hacer o decir todo lo contrario, demostración evidente de que el poder o el estatus no son fruto de ninguna norma, sino que son precisamente el poder y el estatus los que dictan las reglas, variándolas a conveniencia, incluso con posterioridad a la acción, al dominar a su antojo la esfera pública. Así, ¿quiénes mejor dotados para finiquitar el Franquismo legalmente que los mismos procuradores orgánicos? ¿Quién más reputado para traer “La Democracia” que el jefe del Movimiento Nacional? O, ¿qué personaje tendría mayor autoridad para meternos en la OTAN que el mismísimo Felipe González, conocido por oponerse tenazmente a ello? (Todo con el unánime aplauso de los voceros públicos).   Continuando tan excelsa tradición, el burócrata de partido por excelencia, pertinaz corcho capaz de flotar en cualquier elemento, ocurrente hasta apostar quince triples a la quiniela, pastor mayor de los rebaños de la Carrera de San Jerónimo, José Bono, nos deleita con una versión light de lo evidente: «la recuperación de la credibilidad política pasa por un cambio del sistema electoral que reste poder a las cúpulas de los partidos políticos para que los cargos electos se deban más al electorado». Bien lo sabe él, que ha estado en ambos sitios a la vez. Aparte de reconocer que, en España, la cosa del poder es patrimonio de unos pocos —y no olvidar que es así desde hace más de tres décadas, y hasta este punto nos han traído—, el ahora Pepito Grillo de la clase política de los partidos estatales llega a decir que «podría pensarse en distritos uninominales, como en el Reino Unido». Eso sí, no puede ocultar el plumero al añadir que «combinándolos con listas nacionales».   Y es que su locuacidad no da para traspasar su mérito y condición, y, consciente de ello, bien se cuida de reseñar aquello de que se «deban más», pero no completamente, a sus electores; que con las condiciones propuestas, libres del yugo de los partidos y nivelado el gasto de los candidatos del dispendio propagandístico, haría que los diputados pudieran caer en la horrible tentación de actuar como representantes de los ciudadanos de su distrito. Así que, ¿quién mejor que Bono para proponer un arreglo al respecto? Todo ello nos lo manifiesta don José en EL MUNDO, que, después de entrevistarle, le ofrece apoyo editorial, resaltando Pedro J. que coincide con las propuestas de su periódico, sabedor, el director del afamado diario, buque insignia de la prensa crítica española, que aquello que dice carece de valor en sí mismo sin el apoyo de algún jerarca del Régimen.

El agujero se agranda

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En los últimos días del pasado año el Secretario de Estado de Hacienda y Presupuestos presentó la ejecución del Presupuesto del Estado para 2009 hasta finales de noviembre de dicho año con unos datos demoledores: los ingresos tributarios han caído en picado y los gastos han ido aumentando como si aquí no pasase nada. El rendimiento de las grandes figuras tributarias no deja lugar a dudas (IRPF: -11%, I. Sociedades: -23%, IVA: -30%, Impuestos Especiales: -15%) y el origen de esa situación tampoco (menos actividad económica, menos contribuyentes y menores bases imponibles). En el otro lado de la balanza, destacó, el incremento del gasto se debe a las transferencias al Servicio Público de Empleo Estatal, al Fondo Estatal de Inversión Local, a las Comunidades Autónomas y a la Unión Europea. El saldo de ambos nos proporciona un déficit de caja de 68.508 M€ (6,5% del PIB). La mitad de este déficit, dijo, es consecuencia de la crisis y la otra mitad de las medidas adoptadas por el Gobierno para combatirla. Con estas cifras, recalcó, la situación de las cuentas públicas es insostenible. Pero la forma de resolverla la dirigió a un gran acuerdo con los demás gestores del gasto público (Comunidades Autónomas y Entidades locales). Es como dejar a la zorra al cuidado del gallinero.   Pero las dimensiones del agujero estatal son más grandes de lo que refleja dicho saldo, ya que a finales de noviembre el Estado tuvo unas necesidades de endeudamiento de 40.334 M€ más, debido a las aportaciones al Fondo de adquisición de activos financieros, al Fondo de reestructuración bancaria, a los depósitos en el Banco de España y otras instituciones financieras, a la adquisición de acciones o participaciones en Entes y Sociedades estatales y a la concesión de préstamos a diversas instituciones. Todo ello agranda dicho agujero hasta 108.842 M€ (10,32% del PIB), cifra muy lejana a la que pregonan los voceros oficiales y la mayoría de los medios de comunicación.   Ante esta situación los ministros de Finanzas de la Unión Europea, Ecofin, han “invitado" a España, al comienzo de este año, a que apuntale sus finanzas a medio plazo mediante una reforma de los sistemas de pensiones y de salud, así como la puesta en práctica de planes que reajusten las finanzas públicas. De dicha recomendación se ha hecho eco el Secretario de Estado de Economía que se ha manifestado partidario de acometer este año la reforma del sistema público de pensiones “dentro del Pacto de Toledo” mediante medidas como el cambio del periodo de cálculo (más de los 15 años actuales), la revisión de la edad de jubilación o la coexistencia de una prestación y un empleo a tiempo parcial.   Todo esto ha ocurrido pocos días antes de los fastos organizados para la toma de posesión de España de la Presidencia semestral del Consejo Europeo, junto con otro Presidente permanente de este Consejo y al lado del Presidente de la Comisión Europea, el triunvirato que dirigirá los destinos de la Unión Europea. Paradójicamente será nuestro Gobierno quien impulsará las medidas para sacar a la Unión Europea del atolladero económico. Caprichos del destino: el peor de la clase da la lección.

Confianza en los gobernados

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Confianza (foto: hcii) Confianza en los gobernados España es una nación de gobernados que, desconfiando de sus políticos gobernantes, no ha encontrado aún el instrumento jurídico para limitarles su poder descontrolado. Los gobernados de un Estado de partidos pueden convertirse en pueblo cuando inician su acción política constituyente.   La segunda década del siglo XXI es el tiempo crítico para comprobar si lo abstracto del concepto “pueblo español” puede devenir en una realidad concreta de comunidad o colectivo con libertad de elegir a unos gobernantes democráticos que se rijan, no por el arbitrio de sus intereses particulares, sino por unas reglas de independencia y mutuo control de los poderes institucionales, y el respeto a los mandatos de la representación de sus electores y no de los partidos.   Un pueblo no existe hasta que deja de lado la servidumbre voluntaria. La década que se inicia en España no presenta el peligro de la desaparición de nuestro reciente Estado moderno, sino la duda de si podremos llegar a ser un verdadero pueblo libre.   Podemos seguir analizando los errores y engaños del Estado de partidos en la representación política o en el poder judicial, o en el ejecutivo, pero si perdemos la confianza en los gobernados españoles nos faltará la posibilidad de una acción política. Nuestra confianza es que los gobernados sigan desconfiando de sus gobernantes.

Estofado de juez

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De poco ha servido el apoyo expreso de las cuatro Jueces de Familia de Sevilla a su compañero D. Francisco Serrano tras las duras críticas recibidas por el Observatorio de Violencia de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por osar criticar la actuación de dicho organismo y de paso la deficiente técnica legislativa y consecuencias de la Ley Integral de Violencia de Género. Recordemos que la reprimenda del Observatorio finalizaba con la pública advertencia de que la misma no se limitaba a la mera reprobación de la crítica sino que se formulaba “sin perjuicio de las responsabilidades que pudieran derivarse”.   La cadena de trasmisión del control político de todo lo relacionado con lo judicial ha vuelto a funcionar eficazmente, y, recogiendo el guante, una veintena de asociaciones de mujeres, todas ellas subvencionadas estatalmente, han solicitado la apertura de expediente disciplinario al Juez Serrano ante el propio CGPJ que advertía y anunciaba tal posibilidad. Entre dichas asociaciones se encuentran la Federación de Mujeres Progresistas, la Asociación de Mujeres Juristas Themis, la Federación de Asociaciones de Mujeres Separadas y Divorciadas y el Departamento Confederal de la Mujer de UGT. Ni una sola de las asociaciones denunciantes engloba a hombres y mujeres separados ni a la pluralidad subjetiva típica de la violencia doméstica (niños, ancianos, parejas homosexuales, hombres…).   En la denuncia presentada formalmente al Presidente del CGPJ, D, Carlos Dívar, estas asociaciones consideran que las manifestaciones y argumentos de Serrano difieren de los criterios legales definitorios de la fenomenología de los “malos tratos” debiendo ser castigado por ello, solicitando además del órgano de gobierno de los jueces que investigue “si la ideología personal del magistrado le permite ponderar con racionalidad la temática social de la violencia de género que abordan los Juzgados de Familia en España”. Seguidamente convocaron una rueda de prensa en Madrid para informar de tal solicitud planteada al CGPJ y valorar los “ataques a la Ley Integral contra la Violencia de Género por parte del Juez Francisco Serrano”.   Por su parte, Serrano además de subrayar con acierto que los Juzgados de Familia, donde mantiene plaza, no conocen de los asuntos de la llamada “violencia de género”, que quedan ínsitos en el ámbito penal y no en el civil que a aquellos se atribuye competencialmente, manifestó que: “sólo es peor que la dictadura una democracia disfrazada de dictadura”. ¿Les suena?

Querido Emilio

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Cuando el reconocimiento legal de la independencia de la Justicia se limita a la personal del juzgador sin establecer la institucional con un verdadero poder del Estado separado de los restantes, las conductas corruptas de sus protagonistas se ocultan con vergüenza. Al contrario, cuando existe una justicia separada y por tanto independiente, la detección y separación de los garbanzos negros se muestra públicamente como orgulloso y digno ejemplo de eficacia y lealtad institucional. Pues bien, al parecer en España resulta imposible que un Juez sea deshonesto o criminal, sino que con su acceso a la magistratura adquiere una suerte de condición moral insobornable superior al resto de los mortales.   El temor a que se rompa tan frágil sustento de la auctoritas judicial lleva al tapadillo y raudo auxilio de las instituciones rectoras de la justicia de poderes inseparados, auspiciando la levedad cuando no directamente la ocultación o la justificación de lo injustificable. ¡Pues claro que existen jueces corruptos, como también hay policías, abogados, alcaldes, arquitectos y curas corruptos! ¿Es que no existe acaso ni un solo Juez en España que no haya actuado no sólo inmoralmente sino criminalmente en abuso de sus funciones jurisdiccionales? ¿Qué especial cualidad moral dota a la persona el bordado de unas puñetas en las mangas de la toga? ¿Por qué, por ejemplo, en la República de los Estados Unidos de América se destapan casos de jueces y fiscales comprados por narcotraficantes o políticos que seguidamente ingresan en prisión y en nuestro país no? ¿Existe una superioridad moral europea en la judicatura?   El artículo 117.1 de la constitución de 1.978 señala que “La justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces y magistrados integrantes del poder judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley”. El tenor literal de esta síntesis adefésica elevada a norma suprema recoge tan solo la independencia personal de los jueces en su aplicación en conciencia y según su leal entender y saber de las leyes, pero no la institucional del poder judicial como parte del Estado, separado de los restantes, quedando fuera de todo reconocimiento muy a sabiendas.   “Querido Emilio: adjunto te remito propuesta y presupuesto…” 302.000 dólares para el patrocinio de conferencias y escolarización de los hijos, pedidos y recibidos por un juez del banquero que investigó en una querella contra los responsables del mismo banco por supuestas cesiones de crédito ilegales son muy difíciles de ocultar, poniendo en peligro no sólo la situación en el escalafón del Magistrado, sino la credibilidad de todo el sistema legal.

Las facturas

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Fail safe (foto: austerlitz 7) Las facturas Es un hecho que los treinta y cinco años de Monarquía de partidos han supuesto la ruina de los trabajadores. Durante este tiempo, y según la categoría profesional y la antigüedad, el poder adquisitivo de los salarios reales de los españoles ha disminuido entre una tercera parte y la mitad. En un sistema representativo, hubiera sido previsible la radicalización de las posturas y el aumento de la conflictividad social. Pero, ¡nada de ello!; y, aparentemente, en lo que respecta a la parte pública y visible, los asalariados se han tomado su forzado y forzoso empobrecimiento con un inusitado estoicismo. Más aún, la terrible crisis económica que padecemos ha terminado siendo percibida como algo que nos ha caído del “más allá”; y los sufridos trabajadores españoles debemos comenzar a interiorizar que la solución pasa por disminuir los costes laborales de las empresas.   La ciencia del materialismo histórico quiebra espectacularmente al analizar la situación española. Ello, a menos que se esté dispuesto a admitir que los asalariados no puedan ser los responsables conscientes, ni siquiera indirectos, de su propia ruina; o que vivan en un ambiente tal que estuvieran incapacitados para percibirlo, por resultar imposible encajar las propias condiciones vitales en las públicas representaciones colectivas, monopolio de los partidos estatales; o, más contundentemente, ambas cosas a la vez.   Efectivamente, el sistema proporcional hace que los diputados no representen el interés de los votantes de las listas. Y los partidos políticos que las confeccionan han demostrado una mera fachada ideológica, que termina en huera lucha propagandística, para distraer al personal ocultando el verdadero fondo al que nos remiten sus acciones sustanciales: salvaguardar el lucro de una minoría. Es una pena que en España no haya marxistas de verdad, pues, si así fuera, estarían frente al Estado de partidos, y no en partidos que pretenden colocarse en el Estado para dar así solvencia a las constantes facturas que éste endosa a los de siempre; y que, por cierto nadie parece reparar en ello, son la inmensa mayoría.

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