Ante el comienzo de la guerra en Ucrania, Hughes en ABC ironiza sobre la manera de no ser considerado rusófilo: «A continuación, unos humildes consejos para no ser considerado rusófilo. Para empezar, no diga intervención, como si Ucrania fuera Iraq o Afganistán, ahora sufren seres humanos a las puertas de Europa, que duelen más, ni diga guerra, diga invasión, pero de Putin, no de Rusia, una invasión de Putin, del “tirano”, del “sátrapa”, del “asesino”, ¡del “genocida”! Ese es un buen punto de partida: una invasión genocida del tirano, pero tampoco acertará si se limita a mencionar Ucrania. Es contra Europa, es contra “todo lo que somos” (lo que entre todos nos dimos). Es un ataque contra el “orden liberal”.

Como Putin es irracional, Rusia no tiene razones. No trate de entrar en detalles. No busque comprender. No justifique lo injustificable. No será necesario que repita el argumentario ruso de la “desnazificación”, para ser sospechoso de rusófilo le bastará con recordar que la OTAN no ha dejado de ampliarse hacia el Este desde que el Muro cayó. No se pare en argumentos históricos, por secundarios que sean, ni en la existencia de espacios de influencia o esferas imperiales, conceptos ya todos sospechosos de raíz.»

Miguel Sebastián indica que la esperanza de que febrero marcara el fin de la pandemia ha fallado: «Hemos acabado febrero con un millón y medio de nuevos casos diarios en el mundo y con más de 7.000 nuevas muertes al día. Con estas cifras, resulta casi grotesco afirmar que “la covid se ha acabado”. Y, a pesar de que fueron muchos los que a priori se apuntaron a esos vaticinios, a posteriori, nadie ha salido a explicar el fracaso de estas previsiones.» Y señala un curioso fenómeno: «En resumen, aunque no hemos conseguido derrotar al virus, ni con las vacunas ni con ningún tipo de medida de contención, al final hemos decidido olvidarnos de él, despedirnos de él. Aunque sigue físicamente presente, la covid ha sido desterrada de nuestras conversaciones, de las noticias en los medios de comunicación y de las preocupaciones de los ciudadanos.» Sebastián concluye expresando un temor al respecto: «Pese al “despido” del virus, continuaré con mis informes mensuales, aunque sólo sea por respeto a esos 100.431 fallecidos, sus familiares y amigos. Otra cosa es que los datos dejen de estar disponibles en algún momento. Pero eso serían palabras mayores, en una democracia en la que los datos deberían ser propiedad de los ciudadanos, no de los gobiernos ni de los funcionarios.»

Nacho Camino denuncia una escandalosa muestra de cómo el Leviatán partidocrático intenta triturar a un servidor público como un profesor: «Lo escandaloso de este asunto es que un profesor sea golpeado y que desde la Inspección no solo se omita el protocolo de asistencia psicológica y jurídica a que obliga la ley, sino que además se convierta a la víctima, por arte de birlibirloque, en presunto culpable. El claustro del Instituyo de Enseñanza Secundaria Burguillos ha reaccionado a esta actuación con la dignidad debida, firmando de forma unánime un escrito de protesta dirigido al Servicio de Inspección. No hemos recibido más argumentos que esa desfachatada respuesta pública recogida por la prensa en boca de la delegada. Nuestro objetivo como profesionales de la enseñanza es alertar a la opinión pública de estas medidas correctoras, cuya consecuencia fatal es la de responsabilizar al profesor de la violencia ejercida por los alumnos sobre su persona. Baste imaginar que se justificase la paliza a un médico por no emitir un diagnóstico del agrado del paciente, o que las injurias a un magistrado se disculparan por la sencilla razón de que el fallo no nos fue favorable.»

Alberto Iturralde y Emilio Triviño entrevistan a Paco Flores, exmiembro del partido comunista en la época de la Transición, expulsado por criticar la deriva del partido para integrarse en la naciente partidocracia. Flores analiza la futilidad de movimientos como el 15-M, y aboga por la unidad de acción de las distintas asociaciones que defienden la libertad política colectiva.

Ignacio Ruiz Quintano se pronuncia también sobre la censura de medios prorrusos por parte de la UE: «Los liberales defendían la libertad de expresión porque la libre discusión conduciría a la victoria de la opinión más acertada. La experiencia enseña luego que la libertad de expresión y la libertad de pensamiento son excluyentes, cosa que no saben los jóvenes. Y, sin embargo, la generación más complaciente con la censura que se recuerda es la más joven, que acepta que sea la Comisión Europea quien defina verdad y mentira, señal de que el país ya está listo para el gobierno de Gran Coalición que merecemos, aunque su llegada, si la guerra se alarga, nos pillará a todos en una casa de orates. […] En España pasamos políticamente de la opinión única de la dictadura a la opinión unánime del consenso. Pero un periódico sin opiniones encontradas es un catecismo.»

El mismo Quintano analiza el «centrismo» del nuevo-viejo jefe del PP, como prenuncio de la gran coalición de fuerzas partidocráticas: «La política es conflicto: si no quieres conflicto, no hagas política. Y sin política, todo es centro, un espacio entre la “derecha intensa” y la izquierda comunista. La socialdemocracia (ni socialismo ni democracia) de Feijóo, que representa el triunfo del colectivo frente al individuo, de la igualdad frente a la libertad, de la “gestión” frente a la “política”. El centrismo de Feijóo es la garantía de que su partido no cavará trincheras para combatir al gobierno, que en tanto que gobierno ya ocupa el centro, y de lo que se trata es de ampliarlo con una Gran Coalición, si consigue trepar por la escala de gato del nuevo navío. Una parodia de la “dictadura inglesa” que en enero del 49 anticipó Donoso en las Cortes: la dictadura que se establece mediante la suspensión sin más del principio constitucional “England abhors coalitions” al aliarse el gobierno y la oposición, con la atenuante, en Inglaterra, de que sus diputados sí son representantes.”

Juan Ramón Rallo critica la prohibición de Rusia Today y Sputnik, medios estatales del Gobierno ruso, por parte de la UE, basándose en tres razones: primero porque no está claro lo que se pretende obtener (no existe una opinión pública prorrusa, que es muy minoritaria en todo caso, y lo que se busca es utilizar la censura como arma contra un enemigo externo). Segundo, por el aspecto formal (no estamos oficialmente en guerra contra Rusia, y sería deseable que estas medidas la tomaran los tribunales y no los gobiernos) y tercero, por la pendiente resbaladiza donde nos introduce (se da cancha libre a la arbitrariedad censora de los distintos gobiernos partidocráticos contra particulares). Concluye que la libertad de expresión existe para defender la posibilidad que se den enfoques que no nos gustan, incluso en tiempo de guerra.

Ander Gómez Alonso analiza en el Catoblepas ciertos aspectos inquietantes de la Universidad española: «La universidad se ha vendido gratuita y lúdicamente a las inquisiciones de la posmodernidad. Metastatizan dentro del cuerpo universitario ciertas camarillas corrompidas ideológicamente que ostentan el poder. En uso de un cinismo repugnante, se pregonan una serie de derechos y libertades que no son tal en la medida en que, para ejercerse real y efectivamente, han de circunscribirse al marco de lo políticamente correcto. Ello provoca, para los “no aureolados”, ora rechazo frontal –como es el caso de una minoría–, ora indiferencia –tal y como acontece con una amplia fracción de la comunidad universitaria–. Afirmamos que en el campus no hay “debate”, “contraste de ideas”, o “espíritu crítico” alguno. Y no hay tal porque se pondría en jaque el marco ideológico imperante, amenazando la legitimidad de sus élites; cosa que, como es lógico, no están dispuestas a admitir. La universidad pública, en general, y la Universidad Pública de Navarra como caso particular, no constituyen “espacios de pensamiento libre y abiertos”. Aseverar tal cosa es manifiestamente falso. El posmodernismo castiga todo ataque contra el vigente establishment. Las universidades públicas no construyen una “sociedad abierta, cohesionada y crítica”. Muy al contrario, lanzan al mercado laboral hordas de jóvenes incompetentes cuyo único blasón es la ideología que profesan; ingenuos e inconscientes, creen seriamente entablar una suerte de “batalla revolucionaria” contra las mismas élites que los han parido, ignorando que ambos se alimentan recíprocamente. Y, tras las monsergas de ambos, se erige la sombra de una clase trabajadora cada vez más desposeída, dividida por las ideologías de turno.»

Como indica Mercedes Serraller, «Los sindicatos españoles no han anunciado movilizaciones por la escalada de los precios hasta ahora, que han fijado para el 23 de marzo, justo el día antes del Consejo Europeo en el que el presidente del Gobierno confía en que se solucionen todos los males que afectan a los precios de la energía. La movilización sólo se dirige contra las empresas energéticas, el blanco de todas sus críticas, un “oligopolio”, el que realmente “se está forrando”, han subrayado, en alusión a las declaraciones del futuro líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que ha dicho que es “el Gobierno” el que se está forrando. Se movilizan contra las empresas y contra un ente abstracto: “el alza de precios”. El Gobierno no es el receptor de sus críticas, al contrario, UGT y CCOO han secundado todas y cada una de las medidas que el Gobierno ha puesto encima de la mesa –que no aplicado todavía–. Las movilizaciones, que todavía no han detallado, serán en principio en los centros de trabajo por la mañana, aunque quedan por fijar marchas en pueblos y ciudades por la tarde que no parece que apunten al Ejecutivo. Este escenario contrasta vivamente con el papel que están desempeñando las centrales sindicales de otros países, que además están muchos de ellos aplicando medidas de emergencia desde hace semanas. sindicatos británicos, franceses, portugueses e italianos están exigiendo a sus respectivos gobiernos más ayudas y se están movilizando en este sentido.» Esta situación es la enésima confirmación de que los sindicatos, al igual que los partidos políticos, son órganos del Estado, en cuyo presupuesto pastan, convirtiéndose en enemigos de los trabajadores por su defensa de la clase política partidocrática de la que son gustosa parte.

El economista Juan Ramón Rallo señala que tras sufrir un encarecimiento de 45 céntimos por litro de gasoil, el Gobierno desvela su plan para aliviar la situación financiera del transporte: una compensación de 3 céntimos por litro, que no ha conseguido acabar con el paro en el sector, sino más bien enconarlo. Las razones de esta cicatería en las compensaciones están, según Rallo, en una deuda pública del 120% del PIB, que resulta inmanejable junto a un déficit público desbocado, por lo que el gobierno partidocrático va a tener muy escaso margen para ofrecer ayudas y reducir impuestos, y dado que el gobierno no desea realizar fuertes recortes en el sector público, el empobrecimiento que experimenta la sociedad española será trasladado íntegramente a empresas y familias, ya que el sector público no tiene margen paras absorberlo, porque los gobiernos, desde 2008, se han negado a poner orden en las cuentas públicas, para comprar votos, y esa enorme hipoteca acumulada nos está aplastando.

El politólogo Santiago Armesilla analiza el cambio de postura del gobierno español respecto al Sáhara desvelado por Marruecos: “Siguiendo instrucciones de Estados Unidos, Pedro Sánchez ha reconocido la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental en forma de autonomía. El viraje histórico de España en esta cuestión tiene explicaciones geopolíticas. La invasión rusa de Ucrania sirve de excusa al gobierno del PSOE y Unidas Podemos para tratar de convertir a España en el nudo de la política energética de la Unión Europea, a través del gas de Argelia y de EEUU. Sin embargo, la subordinación geopolítica de España a la UE, EEUU y Marruecos, pues se ha puesto sobre la mesa de negociación con Mohammed VI la integridad territorial de España y su soberanía sobre Ceuta, Melilla y Canarias, evidencia la cobardía y debilidad de las elites españolas. España no tiene rumbo en política exterior, mientras Marruecos camina lento, pero seguro, a la consecución de su imperialismo particular: el “Gran Marruecos”. Estos tejemanejes geopolíticos los pagaremos los trabajadores españoles en nuestros bolsillos si Argelia, en represalia a la traición de España a los saharauis, decide cortar el gas del que depende nuestra electricidad.” En el mismo sentido, Fulgencio del Hierro señala que lo que ha hecho España es copiar palabra por palabra los posicionamientos de Estados Unidos, cediendo a cambio de nada en su responsabilidad histórica hacia una antigua provincia española, y aceptando su ocupación de facto por parte de un país, Marruecos, del que nunca formó parte. Marruecos sigue, pues, con su proyecto imperialista, sin dar, en contra de lo que se ha dicho, ninguna garantía escrita a España, cuyo gobierno abraza posturas plenamente muniquesas de que sus ambiciones irredentistas se detengan ahí.

Jorge Sánchez de Castro define como «Guerra Helada» la nueva situación geopolítica occidental tras la invasión de Ucrania: «Si el bloqueo a Rusia se hubiera planteado como un método político no violento para reforzar la posición negociadora de Ucrania o como una forma de parar la agresión, todas las medidas criminalizadoras de lo ruso (expulsión de sus estudiantes, castigo a la promoción de su cultura…) hubieran sido superfluas por inútiles. Además, si no se hubiera convertido a Rusia en el Mal, cabría discutir la idoneidad de la batería de sanciones económicas que ya están teniendo un efecto bumerán en el nivel de vida de los europeos. Pero no. ¿Por qué entonces? ¿Qué consecuencias políticas tiene para el mundo la forma que ha escogido Occidente para tratar la agresión rusa a Ucrania? La más importante es poner en evidencia que no se va a permitir la vuelta atrás. O lo que es igual, Rusia (y sus eventuales aliados) han desaparecido formalmente para el autodenominado “mundo libre”. La prueba de lo anterior será la continuación del bloqueo a Rusia luego del fin de la guerra que hoy se libra. Acaba de declararse una nueva Guerra Fría o la primera Guerra Helada.»

El concepto global «independentismo político» no es más que una etiqueta añadida sobre el concepto del «nacionalismo político». Pretende ir un paso más allá, pero en realidad se trata de un espejismo. Muy pocos proyectos políticos nacionalistas tienen la voluntad real de conseguir, fundar y mantener un Estado propio. El proyecto catalán no es la excepción, por mucha gesticulación que haga. No lo es ahora, ni lo ha sido hasta ahora.

Con este texto intentaré explicar el porqué, y para eso hay que hablar en serio de qué es la soberanía, en qué o en quién reside, y qué es necesario hacer para lograrla. Y digo «en serio», porque en Cataluña se ha intentado, con éxito, vender gato por liebre. Nos creímos lo de «la voluntad de un pueblo», y que ser soberanos era algo muy distinto a la realidad, y la realidad nos explotó en la cara. Es necesario, por tanto, expandir y aclarar el concepto de «soberanía política».

Una vez que se descubre qué es en realidad la soberanía política y, como resultado, las implicaciones que comporta, se presenta una decisión muy clara y fácil: o se está dispuesto a emprender un camino sin retorno, o te plantas donde estás y vuelves atrás.

Comenzaré esbozando una parte teórica, que es aplicable a cualquier caso y casi en cualquier punto temporal y país, y después intentaré explicar el caso de Cataluña, bajo la luz de este prisma.

Apuntes de teoría política sobre lo qué es ser soberano y cómo se logra la soberanía política plena

La soberanía plena significa obtener, y sobre todo controlar y mantener, el poder ejecutivo, es decir el Estado, así como su atribución legítima y exclusiva para aplicar violencia en sus fronteras, y defenderlas si llega el caso. Guste o no, eso es así.

Por «violencia» es necesario entender el concepto en su espectro más amplio. Desde la coerción punitiva con multas hasta la violencia física directa contra personas. Un ejemplo de ésta son las actuaciones policiales cuando huelguistas o manifestantes intentan acceder por la fuerza a un edificio gubernamental o en cualquier otra institución.

El acceso por la fuerza a cualquier entidad o inmueble estatal será entendido por el Estado como una agresión. Por tanto, actuará en consecuencia, defendiéndose. Evitemos, por favor, los juicios de valor sobre la justicia o no de cualquier reivindicación, puesto que es irrelevante para el tema que nos ocupa. Por otra parte, que el Estado envíe a la policía a reprimir a estudiantes, huelguistas o a quien subvierta o ponga en peligro el orden público, nos puede parecer más o menos justo, pero es la realidad, y hay que tenerla bien presente.

Si un Estado no es capaz de defenderse de las agresiones, utilizando si es necesaria la violencia física, acabará dominado por aquel actor que ejerza suficiente violencia sobre él. Puede ser otro Estado —guerra de expansión—, u otros como cárteles del narcotráfico, mafias, etc.

¿Qué incentivo tiene un Estado cualquiera para renunciar a cualquier tipo de poder? O se lo compra, o se le expulsa. Y para comprar a alguien que tiene la capacidad de legislar en todo un territorio y, especialmente, de recaudar impuestos de forma infinita, se necesita una cantidad de dinero infinita+1. Pensar que se puede conseguir el control del poder ejecutivo simplemente pidiéndolo es una ilusión, cuando no un delirio.

Por tanto, la única forma posible de alcanzar la soberanía plena e independizarse de un Estado soberano preexistente, es a través de la aplicación la violencia que sea necesaria sobre ese Estado para que considere que no le sale rentable —física, económicamente, o lo que sea—, seguir controlando el poder. Y esto sólo se obtiene por medio de la lucha armada (terrorismo), de una revolución que seguramente implicará disparos, o de un golpe de Estado, si los rebeldes forman parte del propio Estado al que quieren derribar (Del hecho nacional a la conciencia de España. O el discurso de la república, Antonio García-Trevijano, pp. 105-106).

El nacionalismo pretendidamente independentista catalán

Y ahora pasamos de la teoría política universal a los casos prácticos locales. Recordemos cuando los controladores aéreos tensaron tanto la situación, que el ministro Rubalcaba los militarizó y, finalmente, desactivó las protestas. Y recordemos sus palabras finales: «quien le echa un pulso al Estado, pierde».

El mero hecho de hablar de violencia causa cortocircuitos en muchas mentes de Cataluña. No por nada fue la segunda comunidad con más objetores de conciencia en los años noventa, yo entre ellos. Por eso, y por otras muchas causas, como por ejemplo la incultura política causada por la extrema complacencia —más al respecto en artículos futuros—, que nos llevó a creer que el «soberanismo» era aquello del «derecho a decidir», y que «votar es democracia» y por extensión, que «democracia es votar». Pues no.

Soberanismo es ser soberano, y no puede haber dos Estados soberanos en igualdad de condiciones —es decir, con el monopolio de la violencia— operando sobre un mismo territorio al mismo tiempo.

El independentismo, en el momento que entonó el «no queremos muertos», se rindió. Demostró que en realidad no reclamaba ejercer ninguna soberanía sobre nada. O que, si lo había pretendido hacer en algún momento, renunciaba a ello. Pero lo que es seguro es que decía que lo hacía. Sin embargo, el único objetivo era alimentar su relato de rebelión adolescente. Otra cosa es que el relato de «el día 1 de octubre podría haber habido muertos de forma intencional» —porque España adora la sangre— no se sostiene por ningún lado.

Donde sí ha habido muertes por actuación policial, y bastantes, es en Francia. Pero el nivel y la intensidad no son, ni de lejos, los que se vieron en Cataluña en octubre del 2017. ¿Que fue impresionante y doloroso? Sí. Lo fue porque la mayoría pensaba, porque así escogimos creerlo en el fondo, que sería como la revuelta de los claveles en Portugal. Y la Cataluña de octubre de 2017 no era, ni mucho menos, el Portugal de 1974, por mucha imaginación que se le ponga.

En 2017, el independentismo político dijo que quería ejercer el derecho a decidir, pero llegado el momento decidió que no iba a decidir. Sin embargo, no decidir también es decidir, y comporta consecuencias que han llegado en forma de mal entendida «represión». Digo mal entendida, porque esa «represión» es lo que hace un Estado soberano —cualquiera, incluido lo que los independentistas decían que querían construir—, cuando se le ataca. 

Pero el nacionalismo únicamente logra mantener cautivos a sus votantes dentro de su misma fantasía infantil, vendiendo el relato de la opresión y la represión. Así es cómo se legitiman las aspiraciones de los partidos nacionalistas. Desde el «España nos roba», hasta «España nos pega». Sin represión ni opresión, no existe relato nacionalista. Por eso cada acción del Estado español se ve, y se vende, como un acto represivo —en el fondo lo es, léase de nuevo la introducción de este texto—, para alimentar el relato en una espiral sin fin.

Soberanía: de dónde emana, dónde reside y por qué el independentismo catalán no la ha querido nunca

Como dice la teoría política, y hemos visto que expresa de forma particularmente clara, Antonio García-Trevijano (pp. 97), el nacionalismo busca la soberanía siempre en el poder ejecutivo, cualquiera que sea la forma o régimen de poder del Estado. Por otra parte, casi siempre se entiende que «la soberanía reside en la nación, el pueblo, el parlamento, los electores, etc.». En realidad, la soberanía emana del pueblo, pero reside de forma exclusiva en la rama ejecutiva del poder. ¿Por qué? Porque es la única rama capaz de imponer sus decisiones, legales o ilegales, y si es necesario, hacerlo por la fuerza.

Por tanto, en el momento en que se consigue la soberanía total, y se puede instaurar un nuevo Estado, desaparece la causa real del nacionalismo, que no es otra que oponerse al Estado para dar autonomía a su cultura nacionalista. O esto, o el nuevo Estado acabará oprimiendo —que es una forma de violencia— a las nuevas minorías que pertenecen a la nacionalidad dominante anterior (García-Trevijano, pp. 104-105).

El gobierno autonómico, pretendidamente soberanista de Cataluña, quiso chantajear al Estado español, pero no lo deseaba lo suficiente para ejercer un cambio tan fuerte. De haber logrado el cambio, se perdía toda causa y razón. Y esto implicaba tener que mantener el cambio logrado, lo cual es mucho trabajo. El establishment catalán se pasó de frenada y los ciudadanos nos tragamos el bluf. El Estado español, no. No hay más.

Bueno, sí que hay: quienes debían garantizar el nuevo Estado están gozando de apoyo institucional —y económico a cargo de la caja pública— mientras que los ciudadanos privados están siendo juzgados por terrorismo y rebeldía. El establishment político y el gobierno de la Generalitat les han vuelto a dejar desprotegidos por completo.

Pero volvamos a nuestro tema de hoy. Hay que tener muy claro lo de «no deseó lo suficiente». Cuando la situación llega a ser realmente mala, y solo entonces, es cuando de verdad se quieren hacer efectivos los cambios radicales. Si en Cataluña, al final del camino, no se optó por el cambio en la soberanía, es que la situación, en realidad, quizá no era tan mala. Aquel «¡Que no estemos tan mal!» que decía Jan Laporta, frase que quizá sea mucho más cierta de lo que pensamos.

Y si, como ocurre en Cataluña, la situación no es tan extrema como para hacer que te salga más a cuenta que te maten, la rebelión no es la solución. Menos aún la lucha armada. Por mucha imaginación que se ponga, Cataluña no ha vivido en un régimen de esclavitud y sometimiento —ni como en la Francia revolucionaria, ni como en la Revolución Americana, por mucho que la última algunos, yo el primero, la tengamos mitificada—, ni nada que se le parezca, nunca en su historia.

El engaño de la lucha no violenta

Volvamos ahora al dilema del ejercicio de la violencia. El experimento de querer realizar una «revolución pacífica» no funcionó. Ni funcionará nunca. Ni en Cataluña ni en ninguna parte. Jamás en la vida nadie se ha plantado con éxito ante cualquier poder ejecutivo de ninguna parte, y pidiéndole educadamente «miren, a partir de ahora ustedes se marchan a casa pacíficamente, y nosotros nos encargaremos de gestionar todo esto». Quien realmente lo piense tiene un problema de desconexión con la realidad.

Alguien podrá jugar la baza de la lucha no violenta. Este es otro concepto que se ha entendido mal. La lucha no violenta, de «no violenta» no tiene nada en absoluto. De hecho, lo es infinitamente más. En primer lugar, fuerza a los ciudadanos a ejercer de escudo humano y parar con sus cuerpos, de forma única y exclusiva, la violencia física del Estado, para defender una idea o institución. Esto es una trampa de una perversidad espantosa.

A esta violencia física directa contra las personas hay que añadir la violencia interna de las mismas personas, que tendrán que luchar contra su propio instinto de supervivencia para no mover ni una ceja, y aceptar con agrado la posibilidad de morir. Y lo mismo ocurre con las huelgas de hambre. 

La resistencia no violenta implica que los ciudadanos sean el objeto único y exclusivo de una violencia que puede causarles la muerte, para defender aquellas instituciones que, en situaciones de normalidad y tratando con personas de mente sana, deberían ser los recipiendarios de esta violencia. Y esto hay que decirlo claro. Y quien no lo vea claro, que pida cita para terapia psicológica. Ahora bien, una vez que la persona que quiera adherirse a la lucha o resistencia no violenta —de nuevo, tengamos presente que hablamos de «lucha» y de «resistencia», que tienen su significado bien claro—, si la persona acepta las consecuencias, incluida la posibilidad de morir, que actúe en conciencia.

Por tanto, o se elige «morir para» o hay que estar dispuesto a «matar para». No hay otra opción, y a mí no me cuenten en ninguna de las dos opciones. Cataluña, en este aspecto, no inventará nada, y sus ciudadanos tendrán que decidir, mejor antes que después. 

La lucha no violenta no creo que sea ninguna opción. Muchos ya la experimentaron el día 1 de octubre del 2017, y creo que ya no es atractiva para nadie. Cualquier persona normal, una vez le han atizado de lo lindo o ha visto cómo lo hacían a quien tenía justo al lado, no querrá repetir la experiencia. Las huelgas de hambre no pienso que sean opción, tampoco.

Por otra parte, queda la opción fantasiosa, peligrosa, estéril y criminal, que hay que rechazar, por completo, de reanudar el camino de la lucha armada —recordemos que víctimas del terrorismo independentista catalán fueron también los propios terroristas, a quienes les explotaban las bombas en las manos. Y de los distintos casos de lucha armada, el más reciente en España es el de ETA. Ni en treinta años de disparos y bombas, sacrificando tanto y generando tanto sufrimiento,  consiguieron la independencia. «Quien le echa un pulso al Estado, pierde». Entre otras muchas cosas, porque un Estado tiene todo el tiempo del mundo y no dudará en usar todos los recursos a su alcance.

Así pues, como opción final, y de hecho la única viable, solo queda crecer, hacerse mayores y aceptar la posibilidad de vivir bien y tranquilos, en un espacio de libertad y prosperidad. Pero por eso, los ciudadanos de Cataluña deberemos luchar y demostrar que lo queremos de verdad. Es necesario aceptar responsabilidades personales y colectivas. A partir de aquí, habrá que trabajar para buscar y encontrar un encaje realista de Cataluña en España.

Yo ya me he hecho mayor. La lucha armada no la deseo. Ni ahora, ni en el 2017, ni antes ni después. Y no quiero que nadie muera por mí. A mí déjenme vivir bien y tranquilo.