Los vetos del Gobierno a la simple tramitación de 22 enmiendas a las Presupuestos Generales del Estado, contra la congelación de las pensiones, han renovado los fariseísmos mediáticos y las protestas mendaces de los opositores al Poder. ¡Zapatero es el gobernante que más ha utilizado el derecho de veto en el Parlamento: 79 veces!   La mayor parte de los votantes escogen a un partido estatal para que ponga la fuerza del número al servicio de ideas y valores, para que transforme el poder ciego de la cantidad en razón de gobierno de la calidad. Pero una vez entronizado, el partido de turno oligárquico pone todas las ideas y valores al servicio de la fuerza gubernamental; impone la cantidad en los lugares de la calidad; dispone de todo el poder para sí y, en consecuencia, se convierte en “déspota” que gobierna con la razón exclusiva de la fuerza.   No hacía falta sufrir el “felipismo” para comprobar la innata perversidad institucional del Régimen: la impunidad de las mentiras del Gobierno en la supuesta sede de la soberanía popular; la aplicación de la regla de la mayoría, fuera de su ámbito legislativo, como rodillo que aplasta a las minorías; la prohibición al Parlamento de toda investigación fiable de las corrupciones de partido ¡en un régimen partidista! No hacía falta la experiencia del “mal de mayoría” para saber por anticipado que, sin cautelas constitucionales para evitarlo, lo que llaman democracia puede hacer superfluo el despotismo de la dictadura.   Madison y Jefferson, fundadores de la democracia moderna, denominaron “despotismo electivo” a un régimen constitucional sin división y sin contrapeso de poderes, sin garantías del derecho de oposición de las minorías al poder de la mayoría. Esta es la situación creada por la Constitución española de la transición, prevista para un régimen oligocrático sin mayorías absolutas.   Basta que se produzca la “anomalía” de que un partido obtenga esa mayoría para que la oligocracia partidista se transforme en una despótica monocracia electiva. El Parlamento queda invariablemente sometido al dictado del Gobierno, a la inmoral conveniencia del partido estatal reinante de que no se investigue la corrupción en su propio seno o de que no se estorbe su dominio legislativo y su arbitrariedad ejecutiva.

Pedro Carvalho entrevista a Alberto Recarte (foto: Pedro Carvalho) Los "periciclitadores" Se entiende el ánimo subido con el que algunos exiliados intelectuales del Régimen, como lo somos nosotros, acogen las hasta ahora desconocidas afirmaciones de ciertos referentes del espacio público acerca de —textualmente— la “partitocracia”. Especialmente notable es el caso de Alberto Recarte, que titula su segundo informe con un sonado El Desmoronamiento de España. Sin embargo, no hay un atisbo de esperanza en el discurso de los “Recartes” y de los de su cuerda, pues se lamentan de la quiebra económica del Estado de partidos que apoyan, pero jamás pretenden relacionar su remedio con la posibilidad institucional de la libertad política para los españoles. Ya lo dejó claro Jesús Huerta de Soto, catedrático de Economía Política de la Universidad Juan Carlos I, en el acto de presentación del citado libro: se trata de una "hoja de ruta de incalculable valor para los políticos".   Examinando la Constitución de 1978, no es posible encontrar algo en el articulado que pudiera impedir que los todopoderosos partidos políticos —ellos se lo guisaron para comérselo y hacérnoslo tragar a los demás—, combinados con el mercadeo sobre el reparto nacional y autonómico que negociaron con el sistema electoral preconstitucional, ni siquiera refrendado; se convirtieran en una casta despótica, corrupta y ruinosa para la gran mayoría de los españoles. Como tampoco hay absolutamente nada que, sin algún tipo de ensoñación de por medio, nos pueda hacer pensar que hoy en día estas organizaciones sean peores o más perversas que hace diez o veinte años. Si no nos fijáramos estrictamente en el saldo macroeconómico, atreviéndonos a contemplar la sociedad como una síntesis dinámica, en vez de como esa cosa informe meramente embutida en la putrefacta tripa del armazón teórico de su propia economía, a la que ha de subordinarse una estructura política admisible para sus potentados; nos hubiéramos dado cuenta del largo tercio de siglo de decadencia de la nación, como pone de manifiesto el testigo demográfico y su etiología. Cualquier modelo de ecología humana —recuerdo que para el caso de nuestra especie ésta trasciende el medio ambiente natural— habría encendido todas las luces rojas de alerta ante tan intenso y constante retroceso, signo inequívoco de una dañina “intensificación” en la sociedad postindustrial. “Me ha sorprendido el enorme esfuerzo inversor” —decía entonces el iluminado Recarte, incluyendo el obligado gasto de las familias— “que estamos haciendo los españoles. Es verdad que no ahorramos lo suficiente, pero también que invertimos más que nadie”. Ello a costa de la reproducción, espita silenciosa por la que el Estado de partidos disimulaba la merma productiva de la novedosa infraestructura a la que nos condenaba la homologación europea.   La grosera intelectualidad española, siempre oficial, oficialista o en camino de serlo, está versada en explotar los complejos patrios en beneficio de la minoría de alto estatus de la que son devotos. Les espanta que un grupo activo de los comunes pudiera llegar a participar en la elaboración de las leyes o incluso en las medidas de gobierno. Ello por no hablar de un sistema electoral que convirtiera a los diputados en representantes y al jefe del Gobierno en una elección nacional, separando los poderes del Estado. El estrangulamiento institucional que la Monarquía mantiene sobre la mínima sociedad civil española, tomando el testigo del Franquismo —que por evidente fue menos grave—, ha tornado el aislamiento internacional de aquel en complicidad exterior con las partitocracias europeas. Pero éstas nunca hubieron de sacrificar un tardío desarrollo industrial por ser bienvenidas en el club, más bien al contrario, y a cambio se beneficiaron del dinero norteamericano para su reconstrucción. Ahora, y llegados a este punto de evidente podredumbre, encontramos ya las primeras voces para reconducir la horripilante situación. Recarte y los suyos no son más que los heraldos del fin de ciclo, siempre incapaces de aunar inteligencia y valentía, meros ideólogos de la sostenibilidad del Régimen a través de su reciclaje. ¡Cabe mayor muestra de austeridad intelectual!

El Pleno del Congreso ha acordado tramitar la proposición de ley de los dos partidos mayoritarios y los nacionalistas de CiU y PNV para revisar la vigente legislación electoral. IU y UPyD expresaron airadas protestas contra la reforma al juzgarla insuficiente, postura a la que se unieron ERC y CC, mientras que el BNG se abstuvo. Entre las novedades figura la exclusión de los residentes en el extranjero en las elecciones locales y la posibilidad de ejercer el voto emigrante en el consulado correspondiente para el resto de convocatorias. Sin embargo, lo más notable de la reforma es el refuerzo del arraigo del candidato a la lista en la que se incluye mediante la adscripción definitiva del escaño al partido con la excusa de evitar el transfuguismo. La reforma contempla también una ligera variación de los criterios de proporcionalidad tanto en la atribución de escaños como en la de los tiempos televisivos, así como, y es la principal queja de IU y UPyD, la exigencia de un aval testimonial de firmas a las formaciones sin representación parlamentaria que opten a escaños en Cortes.   Todos estos cambios se basan en las recomendaciones de la Subcomisión del Congreso que a lo largo de casi dos años ha venido trabajando en el asunto bajo la presidencia de D. Alfonso Guerra en una amplia revisión de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General que data de 1.985, mismo año en que el propio D. Alfonso declaró difunto a Montesquieu con la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que él mismo dirigió y que dejaba en manos de los partidos el control de la Justicia.   Si es cierto que la reforma asienta aún más el bipartidismo y el protagonismo de los partidos como únicos agentes políticos reconocidos aumentando la distancia entre la sociedad civil y la política, las protestas de IU y UPyD denotan una patética manifestación en la reclamación de su parte del pastel exigiendo más o distinta proporcionalidad en el sistema de integración de masas en la élite partitocrática en lugar de interesar criterios de verdadera representación ciudadana a través de la elección mayoritaria por distrito electoral. Eso sí, perdura el consenso sobre el mantenimiento de la jornada de reflexión, para que los votantes puedan reflexionar un día y permanecer ausentes de la vida pública otros tres años y trescientos sesenta y cuatro días más.

La solidaridad, al banquillo   Los graves sucesos ocurridos en el Aaiun, donde un campamento de ciudadanos situado a las afueras de la ciudad ha sido atacado y destruido por la policía y el ejército marroquí, provocando muertos y desaparecidos, y cuya acción represiva se ha visto extendida con el cerco y el pillaje a los comercios y ciudadanos de origen saharauí en los barrios destinados al hacinamiento de los mismos, deben poner en cuestión todo el movimiento solidario pro saharaui surgido en España, en especial aquel financiado con fondos públicos.   Desde el año 91 en que se creó la MINURSO, el fracaso de esta misión de la ONU ha progresado, bajo las trabas y chantajes continuos del gobierno marroquí y sus aliados occidentales, hasta culminar en la sangrienta represión que estos días ha golpeado a un grupo de ciudadanos acampados en reivindicación de mejoras sociales y políticas dentro del reino autocrático alahuita. El inaudito bloqueo informativo a día de hoy, nos hace valorar con imprecisión el resultado de esta acción de terrorismo de Estado. Y si en este diario nos ocupamos de estos terribles hechos es porque son marca de origen del actual régimen monárquico. Hassan y Juan Carlos decidieron, sentados en una mesa, el futuro político y nacional de cientos de ciudadanos españoles, como si de una partida de ganado vacuno se tratara.   En el dibujo geoestratégico del imperio americano, esta acción marroquí, solo puede aportar mayor inestabilidad a una zona ya de por sí castigada por una autocracia generadora de pobreza y extremismo religioso. Aquellos elementos moderados que abogaran por una autonomía de la region en contra de la independencia se verán arrastrados,   sin   duda,   hacia   esta   última posibilidad como única alternativa de libertad política. Mientras los expolios de la comunidad saharaui en los territorios ocupados sean repartidos entre los colonos marroquíes, la rebeldía contra la tiranía alahuita será amansada con la indignidad del cinismo amoral y la ignorancia avara.   Durante estos años, un sinfín de asociaciones de solidaridad con el pueblo saharaui han surgido en el seno de la sociedad civil española. Ninguna ha podido influenciar la política de Estado con respecto a Marruecos, a pesar de contar muchas de ellas con afiliados de partido. Una política de Estado que se ha caracterizado por la venta de armas a Marruecos, la financiación de la solidaridad como estrategia antipolítica, y el buenismo e inoperancia en sus relaciones internacionales. España se ha convertido en el sexto país que más contribuye económicamente a financiar la ONU y no es capaz de arreglar ni uno solo de sus problemas fronterizos. Su capacidad de influencia a nivel internacional es nula, cuando no contraproducente, y la capacidad de sus ciudadanos para conformar la política de su Estado es inexistente.   Por todo esto, el movimiento solidario pro Saharaui debe pasar a la acción política y abandonar su complicidad con el gobierno del PSOE y con la monarquía si no quiere ser un diente mas del engranaje perverso que sustituye las pasiones políticas por la caridad exculpatoria, la sumisión al Estado, la hipocresía solidaria y el activismo autocomplaciente. No se puede seguir financiando a una clase política que tolera el Terrorismo de Estado, ni ser financiado por un Estado que impide la libertad política e impone la razón de sí mismo.

Si aprendemos de los hombres a hablar, y de los dioses a callar, Felipe González no parece estar todavía lo bastante endiosado para guardar silencio sobre asuntos tan comprometedores como las “tripas del Estado” ni practicar la virtud –divinizada por los romanos- de la eubolia, del buen consejo que la prudencia presta a la dicción. El discurso de este ex presidente se distingue por una extravagante desmesura, por un modo de hablar que, incluso en materias indiferentes, impregna todo lo que dice de embaucadora enseñanza.   González trata de persuadir con un tropel de palabras, enreda lo obvio y cotidiano con hilos y flecos conceptuales, y dispone a su antojo del sentido de la mayoría de las palabras, que es una forma de tener siempre la razón. Hace gala de un vanilocuente idiotismo que ridiculiza el nivel cultural de la clase política española. Pero lo peor es que con esta logomaquia deja sumidos a los que tiene a su alcance en la paralizante perplejidad moral y mental de la confusión. Como en aquella siniestra romería hasta las puertas de la cárcel de Guadalajara, sigue estando poseído por ese frenesí que da la complicidad en crímenes irreparables, y así envilece el recuerdo de las víctimas (Segundo Marey), proclama la integridad de los Barrionuevo, Vera y Galindo, confiesa que tuvo la oportunidad de ordenar la “voladura” de la cúpula etarra, y concluye que “la corrupción es inherente al funcionamiento del sistema, como lo es a la condición humana”.   (Foto: Fundación Democracia y Desarrollo) La entrevista concedida a un fascinado escritor de la cuadra de PRISA revela los síntomas del único cambio que pueden ofrecer las sociedades cerradas. Envejecimiento de los mismos personajes. Escepticismo moral. Agotamiento intelectual. La vida política y cultural quedó petrificada en los momentos constituyentes de la transición. El disfraz idiomático, con el que la clase intelectual pretende dar impresión de novedad, resulta tan patético como un maquillaje chillón sobre un rostro viejo.

Manhattan Tea Party (foto: ajagendorf25) El Tea Party   Tenemos la mala costumbre de juzgar las cosas de acuerdo con criterios que no se corresponden con la realidad analizada. Algo así sucede cuando lo europeos juzgan eventos políticos de los EE.UU. La situación política al otro lado del Atlántico es tan diferente de la nuestra que incluso la tradicional etiqueta derecha/izquierda, ya de por sí cuestionable en tantos sentidos (sobre todo cuando con ella se intenta explicar una realidad política compleja), pierden todo valor de referencia cuando las utilizamos aplicando nuestro criterio a la realidad política estadounidense. En los últimos días, a tenor de lo sucedido en las elecciones legislativas de EE.UU. y del posible papel que ha jugado el Tea Party en su desenlace, tenemos un ejemplo perfecto de ello.   Aunque existen algunas coincidencias básicas de criterio ideológico entre la izquierda y la derecha a uno y otro lado del Atlántico, lo cierto es que los progresistas europeos parecen estar incapacitados para hacer una evaluación de lo que supone el Tea Party acorde con lo real. El Tea Party, para empezar, no es ningún conjunto homogéneo, como pueda ser un partido de ultraderecha europeo, con los que erróneamente se les compara. A pesar de su nombre,  el Tea Party no es tampoco un partido político, mucho menos tal como se entiende en la Europa de Estados de Partido. Casi cabría traducirlo mejor como fiesta o algarabía.   Se trata más bien de un movimiento civil que encuentra resonancias en ciertos rincones del Partido Republicano, pero que ni remotamente sigue su programa a pies juntillas. Su ideología social tiende al conservadurismo, pero conservadurismo en EE.UU significa conservar tradiciones que en Europa a menudo corresponden con un modelo liberal, cuando no progresista. La renuncia y la crítica de la guerra de Irak por parte de algunos libertarios asociados al Tea Party es un ejemplo evidente, que para la hipócrita progresía europea no puede dejar de ser chocante. El libertario es un espécimen inexistente en Europa. La conservación de la tradición estadounidense supone grados de libertad que en Europa ni se conciben. Su filosofía de Estado tiende a la minimalización (de ahí su protesta y su enfrentamiento con Obama), pero, al igual que el propio Obama, se anclan en una tradición constitucionalista y democrática que ya quisiéramos ver por el forro en una Europa desgajada por la corrupción institucional.

Fue el socialista Caamaño el que generalizó la obligatoriedad de depósitos económicos para utilizar la vía del recurso en los distintos procedimientos judiciales. Ahora, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha acordado en Pleno impulsar las reformas procesales que modifiquen al alza las cuantías que permiten el acceso a la Justicia en vía de casación y segunda instancia, con el declarado fin de reducir el número de pleitos. Según ha informado el CGPJ en un comunicado con tal iniciativa se pretende la “racionalización de la segunda instancia y de la casación” impulsando para ello “cuantas reformas legislativas sean necesarias para la reducción efectiva de la litigiosidad”.   Parémonos a reflexionar un poco sobre el contenido de tal comunicado. En primer lugar debemos preguntarnos quién es el CGPJ para impulsar medida legislativa alguna, en cuanto se supone que su misión exclusiva es la de ser órgano de gobierno de un poder estatal, como el judicial, carente de dicha iniciativa. Ello a no ser que se reconozca expresamente el carácter de delegados políticos de las fuerzas parlamentarias de sus miembros, en cuyo caso se podría entender como un reenvío de su función legislativa, o de la facultad reglamentaria y de iniciativa legisladora del Gobierno. Pero es que en segundo lugar, la propuesta recuerda un poco a aquél que para dejar de fumar se pega un tiro en la cabeza. Efectivamente, muerto el perro, se acabó la rabia, y si se exige dinero para recurrir y no se tiene, la litigiosidad disminuye en picado. ¿Significaría eso que la Justicia funciona mejor? Y que no se excuse que quien no tiene recursos siempre quedará indemne de esta carga económica por ser acreedor del derecho a la justicia gratuita, ya que tal circunstancia agrava aún más el problema por cuanto el desequilibrio entre partes litigantes en el caso de que uno de ellos sea titular del derecho y el otro no, favorece la ya conocida litigación temeraria amparada en un derecho tan imprescindible como susceptible de abuso en perjuicio de quien se sale de los límites cuantitativos establecidos, aunque sea por muy poco. El fraude de ley está servido.   Como colofón, hay que subrayar el poco claro destino de estos depósitos que Caamaño también esgrimió para respaldar adicionalmente su imposición, nada menos que sufragar el Turno de Oficio y la Justicia Gratuita. Paradójicamente es en este momento, tras su implantación, cuando las quejas de falta de pago de los abogados que tan noblemente desempeñan esta imprescindible función resultan ya tan insostenibles como indisculpables. Ablata causa, tollitur effectus (Retirada la causa, desaparece el efecto).

Aprobación de los presupuestos (foto: Partido Socialista) PGE-2011: Sociedad ausente   ¿Es la ley de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el próximo ejercicio la principal norma del año? ¡Qué importa esa costumbre política! En el tiempo que lleva de trámite no se ha oído hablar más de ella. Como en la noche de Halloween, se consiguió el “trick or treat” (truco o trato) con el Partido Nacionalista Vasco y con la Coalición Canaria para su aprobación. ¿Y cuanto ha costado ese truco/trato? ¡Qué importa el puñado de golosinas (concesiones) si el grupo dominante de “la casta política” consigue alejar los malos espíritus que cercan sus poltronas! Los que han aprobado ese atropello solamente serán responsables “ante Dios y ante la Historia”, como el viejo Dictador, no ante los ciudadanos. Aquéllos saben que éstos no secundarán ningún motín del té (“Boston Tea Party”) para protestar por la aprobación de impuestos sin tener representación en el Parlamento.   ¡Qué importa nuestra decadencia económica, la imposible viabilidad del Estado de bienestar, la frágil financiación de nuestra sanidad o la falta de espíritu emprendedor (Jordi Sevilla)! ¡Qué importa la desmesurada descentralización, el fraccionamiento del mercado nacional, el achicamiento del Estado, la politización de la Administración Pública, el cruel reparto de competencias, en definitiva, el desmoronamiento de España (Alberto Recarte)! ¡Qué importa que en este país reine el “imperio de la mentira” a través del que nuestros gobernantes nos ocultan la quiebra de España:  el  paro real  es muchísimo mayor de lo que nos muestran, la caída del PIB es mucho más brutal que la que nos pintan, el endeudamiento real ni se conoce (Roberto Centeno)!   Si nuestros gobernantes se extralimitan en sus pretensiones nadie les corregirá ni les hará cambiar de rumbo, como ha ocurrido en las elecciones legislativas (de representantes y de algunos senadores), de algunos Gobernadores estatales y otros cargos en Estados Unidos de América. Allí se ha valorado el inmenso caudal de recursos públicos dedicado a reflotar el sistema financiero sin conseguir parar el desempleo cercano al 10% (¡Para nosotros quisiéramos ese porcentaje!), el gran intervencionismo federal en la regulación de la sanidad y su inmenso coste, la nefasta gestión de una Administración concreta (California), la oscura política de inmigración (Nuevo México) por poner algunos ejemplos….   Pero aquí no pasa nada. La sociedad está anestesiada y desinformada y la mayoría de los intelectuales, cuya función es la vigilancia y la crítica del poder establecido, salvo honrosas excepciones, están “missing” (en paradero desconocido). Han proliferado las tertulias, pero, salvo honrosas excepciones, nos hablan de lo que sucedió hace 70 años, del olor que tenían las cloacas del Estado hace 30 años, de la fulgurante ascensión política de un siniestro personaje, del orden de los apellidos y del “sexo de los ángeles”.