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viernes 26 diciembre 2025
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Fraude electoral en España

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Fumarola

Me da la sensación de que una vez pasados los procesos de votación en los diferentes países y sistemas, los perdedores se lamentan de algún tipo de fraude electoral. Anteriormente recuerdo que la gente publicaba en las redes sociales lindezas a favor de aquellos de sus paisanos que no tuvieron la fortuna de ser precisos y acertar con su voto.

Quizá esta rutina se haya impuesto después de la victoria de Pepe Biden en EE. UU., siendo elegido como presidente, y como uno de los más votados de la historia de su país.

Si se analiza un poco el asunto useño, observamos que su vigente democracia contiene unos modelos anacrónicos para la emisión y cómputo de votos, y en algunas ocasiones suceden cosas esperpénticas. Un servidor no puede afirmar si el fraude electoral en Estados Unidos fue real o, en su caso, sustantivo. Pero lo que sí es cierto es que al menos el elegido será sometido a control del poder, por los mecanismos establecidos por aquella gente tan brillante que creó esa admirable constitución.

Esta problemática una vez pasada por el tamiz español genera una especie de legitimación de la partidocracia española de 1978, cuando no es más que un absurdo que favorece a unos cuantos aspirantes al poder. ¿Qué más da que gane Sánchez en las votaciones con o sin fraude? ¿Es que si eliminamos el pucherazo y la compra de votos ya quedan justificadas todas las tropelías que hemos visto en estos cuarenta y cinco años?

El problema del fraude electoral en España no es el fenómeno que causa la corrupción en España. Es un epifenómeno derivado del caciquismo elevado a la enésima potencia. Me explico: el fraude electoral en España no es debido a los acontecimientos de la compra de votos, ni siquiera el clientelismo, ni tampoco la influencia extranjera, ni los votos por correo. El fraude electoral es la misma concepción del régimen del Estado de partidos:

1º Los líderes de la oposición a Franco aceptan la legalidad del régimen franquista. O, dicho de otra forma: a cambio de pasar por la alfombra roja, los líderes antifranquistas y del bando del frente popular traicionaron a sus ideales, y a sus partidarios vivos y muertos a cambio de un trozo del pastel.

2º Las votaciones legislativas de 1977 se convierten por arte de magia (mediante el fraude electoral) en unas votaciones a cortes constituyentes.

3º Al pueblo español, sin libertad de información y sin posibilidad de alternativa, se les presenta como plato único un régimen cuya forma de Estado es la monarquía y su forma de gobierno es oligárquica. Y sólo se les permite refrendar lo elegido fraudulentamente por los oligarcas.

 4º Esta oligarquía no sólo pacta las leyes fundamentales, sino que además la ley electoral es establecida en un sistema proporcional que no permite la representación política.

Ahora bien, después de exponer, lo que a mi humilde parecer es la verdadera causa de la falta de libertad política en España, y el fraude electoral permanente (con la corrupción moral como base), nos encontramos a una serie de personajes que después de las votaciones periódicas de la partidocracia española se lamentan de los fraudes cometidos en ese mercado persa establecido como fundamento del reparto de la oligarquía.

En las últimas elecciones municipales nos hemos encontrado con que se ha permitido la injerencia extranjera en las votaciones, y que al partido en el Gobierno le han estallado un puñado de casos de compra de votos en la semana crítica de la campaña. Por su parte, el jefe de la oposición ha seguido insistiendo en que hay que votar en lugar de crujir a su oponente.

 ¿Por qué hay gente que se empeña en resonar con las fumarolas, si la montaña de basura está debajo?

Un servidor sólo le encuentra una explicación: denunciar que el problema de las «elecciones» en España son los pucherazos es la justificación de la alternancia de los partidos, y tener la fe depositada en el enésimo partido que viene a arreglar las cosas después de cuarenta años.

La desnaturalización de los partidos políticos

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Pedro Manuel González, autor del libro «La Justicia en el Estado de partidos», en el capítulo nº 165 de «La lucha por el derecho» explica cómo los partidos políticos han degenerado para convertirse en órganos estatales y dejar de servir a su función.

El patito feo de la Justicia

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Pato

A cada reivindicación de los distintos colectivos de la Justicia sigue indefectiblemente, como una tenue sombra, la de los profesionales más maltratados, los que sirven en el turno de oficio. Primero fueron los letrados de la Administración de Justicia, luego jueces y fiscales, y actualmente los funcionarios que sirven en los juzgados. El caso es que sólo a rebufo, como el patito de todo este mundo judicial, surgen las protestas de quienes posiblemente tengan más por lo que quejarse.

La elaboración por un Consejo de Justicia independiente de los poderes políticos del presupuesto de la jurisdicción integrada por todos los operadores jurídicos además de la ventaja de disponer de la información exacta de las necesidades de Justicia, garantiza la independencia de la misma al no generarse pleitesía que recompensar en el desempeño de su función.

Esta integración de las profesiones liberales del derecho en la jurisdicción, en lugar de su actual estatus de colaboradores necesarios, se consigue en el preciso momento en que formen parte del cuerpo electoral que elija a un verdadero órgano de gobierno de la Justicia.

Así se trasmuta el carácter de Administración Corporativa de sus colegios profesionales, como cadena de transmisión presupuestaria del poder político, en el de asociaciones voluntarias de profesionales. El acceso a la profesión, la corrección deontológica y control en materia de honorarios, y, por supuesto, el acceso a la Justicia Gratuita, quedarían en manos de los respectivos Tribunales Superiores de Justicia como último escalón a nivel regional de la jurisdicción, con competencia para ejecutar el presupuesto del Consejo de Justicia.

No es de extrañar que los colegios profesionales prefieran apoyar cualquier reivindicación ante el Ministerio de los letrados directamente afectados que renunciar a la sinecura presupuestaria de seguir siendo Administración Corporativa dependiente económicamente del poder político.

Montesquieu

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Los jueces no frenan al poder porque la Justicia no tiene poder. El principio constitucional de la democracia es la separación de poderes.

Antonio García-Trevijano Forte, 4 de febrero del 2014.

https://www.ivoox.com/rlc-04-02-2014-corruptos-corruptores-pasiones-remedios-audios-mp3_rf_2799876_1.html

Música: Allegro con brío. 3ª sinfonía de Beethoven.

Funcionarios (I)

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Plazas

Es un hecho que la Administración es un ente complejo, titánico y sobrecargado. Instituciones duplicadas y triplicadas; entes locales, autonómicos, centrales… y, dentro de cada uno de ellos, numerosas ramificaciones por las que se escapan medios materiales, personales y económicos.

El funcionario medio es un ser cargado de estigmas sociales. Se les tacha de vagos, desagradables en su trato al público, muchas veces incompetentes. Sin embargo, la mayoría de las personas que deciden opositar para optar a un puesto relacionado con el sector público, lo hacen por vocación. Sí, lo han leído bien. El funcionariado tiene un importante componente vocacional. Es cierto que el hecho de tener un puesto de trabajo fijo pesa también, pero en la balanza hay que añadir el esfuerzo, tiempo y dinero que supone embarcarse en la odisea del opositor. A veces, dicha vocación empuja irremisiblemente a ello; es el caso de profesores o forenses, por ejemplo. Ciertamente, hay quienes prácticamente no pueden ejercer en el sector privado —aunque, en ciertos casos, como en el de los profesores, pueden, si bien con grandes limitaciones—. Frecuentemente, la vocación de servir a la sociedad es tratada con sorna. Pero yo les aseguro que ahí está.

Y la mayor lucha, la más infructuosa y extenuante, hay que entablarla contra la propia Administración, mientras intentas formar parte de ella. Primero, hay que batallar contra el propio proceso selectivo. Es un privilegio poder contar con el tiempo y el dinero necesarios, la fuerza de voluntad y la permanente sensación de estancamiento vital. Todo para llegar a los exámenes, cuando tienen a bien convocarlos, y darte cuenta de que todo es una pantomima.

Desde Europa le ha venido la orden a España de regular la interinidad. No le ha quedado más remedio a la Administración que entreabrir sus chirriantes puertas de goznes oxidados para, a regañadientes, dejar entrar con cuentagotas a unos cuantos de los miles de aspirantes que se agolpan en el zaguán.

Porque, inexplicablemente, les cuesta. Les cuesta darle una oportunidad al talento, a las ganas. A la sangre nueva, a la renovación. Les cuesta cubrir puestos muchas veces vacíos, y aun así no los cubrirán todos.

Ofrecen migajas, y ávidas hordas que se abalanzan sobre ellas aguantan incertidumbre, dilaciones incongruentes, informaciones contradictorias. Y llega el día del examen y aguantan también pruebas arbitrarias, irregularidades flagrantes y correcciones nepotistas. Y es sólo el principio. Quien opine que aquí no hay vocación, que tire la primera instancia.

Luego a esperar, sumidos en un limbo, o más bien un purgatorio, en el que, sin saber si están dentro o fuera, han de seguir cultivando la paciencia mientras se buscan la vida. Porque, créanlo o no, la mayoría de opositores tiene la mala costumbre de alimentarse varias veces al día, entre otros caprichos. Y, mientras tanto, la carga física, emocional y social que el opositor medio carga sobre sus hombros va pasando factura, y se sienten muchas veces como los soldados de mirada perdida que no se adaptan a la vida civil a la que sin previo aviso los han catapultado tras los rigores del frente.

Si ha habido suerte (y hago hincapié en el término, pues muchas veces es la dama fortuna la que decide) varios meses, o eones, después de haberse examinado, toman posesión, por fin. La ilusión y las ganas desgastadas se reavivan para volver a caer cuando entran en un mundo hastiado y sofocado, carente de medios y de ilusiones, pues vuelve la Administración a hacer de las suyas. Juzgados sobrecargados, consultas colapsadas, aulas sofocantes y saturadas. Y parece que el talento y el ímpetu se castigan, y toca agachar la cabeza y tragar, y aguantar.

Toca frenar competencia y esconder expectativas. Retrotraerse muchas veces a unos medios y unas dinámicas decimonónicas, y aguantar con impotencia un ritmo que no es el nuestro, ni el lógico, ni el sano. Toca desconectar el cerebro y dejar que se tomen obligadas vacaciones las pequeñas células grises, para poder desempeñar las funciones requeridas sin una queja, sin un lamento. Para que la rueda pueda seguir girando, puesto que, una vez en ella, se dan cuenta de que no frenará por ellos, ni con ellos. O te adaptas, o te apartas.

Bueno, pero ¿qué pasa con todos esos conocimientos teóricos que han sido adquiridos? ¿Tantas leyes, tantos reglamentos, tantas excepciones a la norma? La categórica realidad es que no sirven para prácticamente nada. Que hay que reinventarse, aprender de nuevo, muchas veces por tu cuenta. Y, tristemente, a veces desaprender. Así de duro y descarnado es el periplo al que se enfrentan periódicamente miles de válidas, únicas e inigualables individualidades para adentrarse en un colectivo submundo del que hablaremos con más detalle en próximos episodios. Y ahora disculpen, que voy a subrayar unos apuntes.

Las migajas del turno de oficio

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Pedro Manuel González, autor del libro «La Justicia en el Estado de partidos», en el capítulo nº 164 de «La lucha por el derecho» analiza el problema del turno de oficio.

El tabú de la ruptura

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Ruptura

Propugnar la ruptura se asimila en la opinión publicada poco menos que a proponer la desintegración nacional y disolución de los lazos entre compatriotas. Se parte así de la idea preconcebida de que la solución a los problemas nacionales se encuentra en el marco institucional actual y muy particularmente en la constitución vigente, sacralizándola y obviando que precisamente los más graves tienen su origen en dicha norma. Se  impone pues, necesariamente, su recusación en aras ya no a garantizar, sino a crear las condiciones indispensables para alcanzar la libertad política que falsamente se presupone que gozamos.

Es absurdo propugnar la reforma o la regeneración, cuando la democracia está aún por construir y generar en España.

No puede ser la solución al problema de la desintegración nacional un código principal que partiendo de una ficción roussoniana en su art. 1.2 señala que la soberanía nacional reside en el pueblo, para luego, y a la vez, atribuir a los partidos el monopolio de la acción política en división de funciones y potente unidad de poder.

Así, los electores quedan reducidos a meros espectadores pasivos del juego político que legitiman con su voto cada cuatro años. De ahí la natural quiebra entre la clase política y una sociedad civil sin intermediación, privando a esta última de las facultades de control y reproche de las actuaciones de aquella, imperando por el contrario la ambición de partido, convertida en primera razón de Estado.

No puede garantizar la unidad nacional un sistema electoral que, además de favorecer el proceso centrifugador del Estado que actualmente padece el país, discrimina a la ciudadanía como sujeto de sufragio en función de donde radique su residencia. Tampoco mantener la existencia de un poder judicial que no resulta independiente ni siquiera titularmente, sino que se encuentra sometido directamente en gobierno y elección a los propios partidos políticos, y en el que, además, el máximo responsable del Ministerio Público, activo democrático para la defensa del derecho, resulta nombrado mediante designación directa por el partido en el poder.

Tales evidencias no son apreciadas por la mayoría a causa del efecto anestésico que tiene el sistema de libertades individuales y derechos sociales otorgados sobre la conciencia de si se vive o no en auténtica libertad política. Así se sufren sus consecuencias y, en clara paradoja, se acude al propio texto para su remedio.

Es cierto que también se recusa la Constitución del 1978 para propugnar la disgregación nacional y la desigualdad entre los ciudadanos, pero ello no es excusa para poner de manifiesto la necesidad de la ruptura en el sentido democrático, que precisamente tiene sus consecuencias contrarias.

Ruptura, con razones de pura democracia, que sirva para alcanzar una verdadera separación de poderes, que necesariamente implica un ejecutivo electivo de forma directa por todo el cuerpo electoral, y de mandato limitado, separadamente al cuerpo legislativo. Solo así acabará para siempre la impenitente búsqueda de mayorías absolutas como única forma posible de alcanzar el Gobierno, que se convierte así en segunda razón de Estado.

Lo que ya resulta no sólo paradójico sino insultante para los verdaderos demócratas es que se trate de cargar sobre la idea republicana la nota separatista o desintegradora. Precisamente el actual sistema de Jefatura de Estado no representativa plasmada en un monarquismo ni siquiera parlamentario, al no existir más representantes en el parlamento que de los partidos, basado en la elección del Gobierno por un parlamento que a su vez resulta elegido a través de un sistema proporcional de listas, lleva inevitablemente a pactar con los nacionalistas asegurando mayorías absolutas sin las cuales no se puede llegar a gobernar. Esta situación es la principal culpable de un irremisible proceso de centrifugación a base de continuos pactos de transferencias competenciales, ya sea por ley ad hoc o estatutariamente, en atención a conseguir la deseada e imprescindible «estabilidad de gobierno», tercera de las razones de Estado.

La unidad como garantía de la igualdad entre ciudadanos sólo se pude garantizar cabalmente mediante un sistema de representantes elegidos mayoritariamente por los ciudadanos por el más elemental principio de «un hombre, un voto», independientemente del lugar de España donde residan, con la legitimación distinta en origen de una jefatura presidencial elegida en sufragio de todos los mayores de edad y mediante la aplicación de las normas por órganos judiciales realmente independientes.

¡Unidad, amnistía y libertad! Junio de 1976

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Relato de los hechos políticos que dieron lugar al consenso, que acabaron con la ruptura democrática y la libertad política colectiva de los españoles durante la llamada transición española.

Antonio García-Trevijano Forte, 3 de marzo del 2016.

https://www.ivoox.com/rlc-2016-03-02-pedro-sanchez-aquino-sostiene-contra-audios-mp3_rf_10643253_1.html

Música: Andante sinfonía nº94 de Haydn.

Las mentiras de El País sobre la Ley del sí es sí

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En el capítulo nº 64 del programa «La partidocracia entre líneas» Pedro M. González y Juanjo Charro analizan los siguientes artículos de la prensa española:

– El Supremo avala las rebajas de penas por la ‘ley del solo sí es sí’. Edición impresa de El País. 8 de junio de 2023. Página 14.

– Un despropósito legislativa que casi nadie supo ver. Edición impresa de El País. 8 de junio de 2023. Página 15.

– La Junta Electoral obliga a presentar el DNI para votar por correo el 23-J en toda España. Edición impresa de El País. 9 de junio de 2023. Página 18.

Obscenos espectáculos de la partidocracia

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El cabaret parisino Moulin Rouge
El cabaret parisino Moulin Rouge.

«Vamos a acabar con el obsceno espectáculo de ver a políticos nombrar a los jueces que pueden juzgar a esos políticos», dijo el que fuera ministro de Justicia con el Partido Popular, don Alberto Ruiz-Gallardón. Ciertamente que el espectáculo era obsceno, bastante más que la propuesta que hacían de que fueran las asociaciones de jueces quienes eligieran. Sabido es que, en el Estado de partidos español, a estos no se les escapa ni una sola cuota de poder, por lo que la correa de transmisión de los partidos políticos en esas asociaciones judiciales son más que claras. Y, como suele suceder en el alto funcionariado (y los jueces se comportan como tales funcionarios), el perfil ideológico «conservador» prima sobre el «progresista», por lo que la propuesta del ministro de Justicia era una jugada propia de un mal tahúr del Misisipi. O Misisipí.

Pero ni ese ministro ni ese Gobierno del que formaba parte, ni ninguno otro del Estado, de las comunidades autónomas o de las entidades locales pretende —permítanme la intertextualidad— acabar con el obsceno espectáculo de ver a jefes de partido nombrar a los diputados que pueden contrapesar el poder de esos mismos jefes de partido. Y en esas nos encontramos nuevamente, esta vez para las votaciones del 23 de julio.

Cualquier persona que esté mínimamente al cabo de los acontecimientos políticos nacionales, podrá leer como Pedro Sánchez ha determinado quiénes irán de número dos y cuatro en las listas por el PSOE de la provincia de Madrid, acompañándolo a él. O como la causa principal de desacuerdo entre Sumar y Podemos (Yolanda Díaz y Pablo Iglesias), es si van a ir Irene Montero y Ione Belarra en las listas y en qué orden.

Lo anterior sucede en la franja izquierda del arco parlamentario; en la franja derecha las aguas están más calmadas. Los éxitos del 28 de mayo y la previsible victoria del 23 de julio hacen que vayan a tener más puestos que personas: diputados, senadores, consejeros autonómicos, asesores en gabinetes, directores generales, viceconsejeros, secretarios de Estado, ministros, concejales, diputados provinciales, etc. Será por denominaciones…

La sociedad española está tan adocenada y acostumbrada a este obsceno vodevil, más propio de la vulgaridad de un cabaret barato itinerante que de una comedia de Lope de Vega, que ve con naturalidad este intercambio de cromos, de naipes marcados, sin llegar a atisbar la obscenidad moral que, para una presunta democracia, ello conlleva. La ciudadanía española sigue siendo privada de uno de los principios básicos de la democracia formal: la representación de los ciudadanos en el poder legislativo. Nadie, a estas alturas de la historia política de España, desde el 15 de junio de 1977 (fecha de las primeras elecciones generales), puede defender que los diputados que salgan electos el 23 de julio representarán a los ciudadanos que les vayan a votar o, como dicen en una especie de misterio de la transustanciación divina, vayan cada uno de ellos a representar a toda la nación política. No hay nada como disolver la responsabilidad entre muchos para que al final el desastre no sea responsabilidad de nadie.

Y tampoco veo a personaje alguno que seriamente pretenda acabar con el obsceno espectáculo de ver pactar a unos con otros cargos, puestos y prebendas, traicionando los programas con los que concurrieron y a los votantes que los refrendaron. Es cierto que Núñez Feijoo anda con el mantra de la lista más votada, pero en Canarias parece que eso no les va, y ya se atisba pacto entre perdedores para gobernar. Y además el pacto será con un partido que se define como nacionalista, quien en su ponencia política (se puede acceder a ella en internet) de 23 páginas sólo menciona cinco veces la palabra España y en la que la frase más favorable a nuestra patria es la siguiente: «Es importante que en el lenguaje sepamos identificar a Canarias como nuestro país y a España como el Estado del que formamos parte y con el que, naturalmente, también compartimos muchas expresiones de identidad común». Con estos va a pactar el Partido Popular. Y como actores secundarios o como mero cameo, un partido insularista de la isla del Hierro y el chiringuito de playa que emprendió don Casimiro Curbelo en La Gomera cuando lo echaron del PSOE por aquella sauna. ¿No es obsceno presenciar este pacto? ¿Qué pensará el votante canario de semejante espectáculo? Quizá que mejor el 23 de julio visitar el Loro Parque o el Teide.

Y también podría centrarme en mi región, Asturias, donde nuestro actual y futuro presidente, según titular del diario El Comercio, de 7 de junio de 2023, «condiciona el acuerdo para el nuevo gobierno—autonómico— a los pactos municipales con IU». Es decir, que primero a ver qué pasa en los Ayuntamientos, que se formarán el 17 de junio, y luego hablamos de la comunidad autónoma, que sobran días. Y por ello puede llegar a agotar todos los plazos posibles para ver cómo fructifican esos acuerdos (pactos o transacciones, en definitiva) y luego decidir sobre el Principado. Es decir, estas actuaciones sólo vienen a demostrar que el núcleo fundamental de los Gobiernos no son las decisiones de los votantes, sino las de los partidos políticos. Para otra muestra, otro titular del diario E l Comercio, de 31 de mayo de 2023: «PSOE y PP preparan ya sus listas al Congreso y Senado para Asturias». Y la noticia señalaba que «los militantes— del PSOE— decidirán en primarias quiénes ocupan los puestos del dos al siete en la lista a la Cámara baja, ya que Adriana Lastra ha sido designada directamente por Barbón, presidente del Principado de Asturias y secretario general de la Federación Socialista Asturiana». En el resto de los partidos, serán directamente las cúpulas de los mismos los que designen a los que conformarán sus listas, sean luego o no refrendadas por los militantes. ¿Para qué perder el tiempo en tonterías?

Vivir en una mentira conlleva a vivir de mentira, y a los más listos (oligarcas políticos o económicos, pícaros de baja estofa o estafadores de guante blanco y cuentas paradisíacas) a vivir de la mentira en mera apariencia de verdad, lo que don Antonio García-Trevijano señalaba el «como si…». Y en España llevamos viviendo en un Estado que aparenta actuar como si fuera una democracia. Tenemos votaciones cada cuatro años (o cada tres, o cada dos, o cada uno), tenemos expresa referencia constitucional al poder judicial, tenemos referencias a la separación de poderes, pero es pura apariencia, pura actuación que se termina cuando baja el telón. En definitiva, es puro teatro de un espectáculo bochornoso que nos sigue dejando huérfanos de libertad política, de democracia y, en definitiva, de dignidad propia de los hombres libres.

Por eso yo tampoco votaré el 23 de julio.

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