Pedro Manuel González, autor del libro «La Justicia en el Estado de partidos», en el capítulo nº 230 de «La lucha por el derecho» nos habla de la demagogia jurídica a partir de la metedura de pata de una de las partes que se ha personado en la causa contra Begoña Gómez.
Ruptura y reforma
La energía reformadora no tiene fuerza para dar un giro al poder establecido.
Fuentes:
http://www.ivoox.com/rlc-2017-11-30-piensa-veras-audios-mp3_rf_22386747_1.html
Música: Habanera Mamita. Juan Mª Guelbenzu (1819-1886). Interpretado por Ana Benavides.
Propaganda monárquica
El rey abdicado quiere asegurar la herencia de su descendencia. Para ello ha creado una fundación en Abu Dabi con el objetivo de poder transferir su patrimonio a su fallecimiento de forma más sencilla y con las ventajas tributarias propias del país de su domicilio social. Tanto Elena como Cristina de Borbón ocupan sendos asientos en el patronato de la fundación, que nominalmente tiene como fin dar a conocer la figura de Juan Carlos I.
No hay nada nuevo y extraño en el comportamiento del exmonarca. Su pasión por el dinero y las mujeres son de sobra conocidos. Aunque es dudoso que esta fundación incluya esa información dentro de aquella que dice va dedicarse a difundir. Lo grave, sin embargo, es cómo la prensa cortesana se ha apresurado a intentar poner a salvo de esta nueva hazaña borbónica al actual rey Felipe VI.
Felipe VI, efectivamente, no aparece en los documentos constitutivos de la fundación, lo que se acompaña diciendo que tanto éste como la princesa Leonor renunciaron a la herencia del patriarca en abril de 2019. De esa forma se pretende dejar incólume el honor de la monarquía, base misma de su existencia.
También es lógico que la prensa adepta intente ganarse el pan, pero en este caso el argumento es tan pobre como mentiroso por imposible y contrario a la legalidad vigente en materia sucesoria. Estamos ante un acto burdo de propaganda, que demuestra la falsedad de esta monarquía de partidos.
Y es que, a tenor del art. 991 del Código Civil, no puede renunciarse a la herencia hasta el fallecimiento del causante, careciendo de cualquier efecto la realizada antes. Textualmente el precepto dice lo siguiente: «Nadie podrá aceptar ni repudiar sin estar cierto de la muerte de la persona a quien haya de heredar y de su derecho a la herencia».
Por otro lado, hay que tener en consideración la ineficacia o al menos inoficiosidad evidente de unas disposiciones a título gratuito a favor de una fundación de la que son patronos herederos forzosos, perjudicando la legítima de otros sucesores. También la previsión del art. 774 del Código Civil, que establece que en caso de muerte testada el causante podrá designar sustituto en caso de renuncia, incluidos los herederos del renunciante o renunciantes. Y conociendo a Juan Carlos y su copioso patrimonio, no es creíble que vaya a fallecer intestado.
Así todo queda en casa (Real).
Alegoría de Weimar
La Constitución de Weimar (1919), que convierte en república los restos del Imperio Alemán, sería conocida por una buena parte del pueblo germano como el sistema. En su articulado se menciona el añejo concepto de La Gran Alemania, con la inclusión de Austria, pero este extremo sería algo que deberían aplazar sine die, puesto que lo prohibía expresamente el Tratado de Versalles. El sistema, una república de partidos disfrazada en su preámbulo de república parlamentaria, elegía al canciller mediante el pacto entre partidos y dotaba al presidente —elegido por votación popular— de unos poderes extraordinarios similares a los del káiser, con el fin de controlar posiciones extremistas, sobre todo a los comunistas, lo que nos puede ilustrar sobre las posiciones conservadoras de los constituyentes. El presidente también tenía derecho de veto sobre las leyes emanadas del Reichstag, así como sobre la suspensión de las libertades públicas por cuestiones de seguridad y orden público.
La Constitución de Weimar fue calificada por muchos como pionera del constitucionalismo social y del Estado del bienestar. Pero, en el fondo, al igual que ocurre con la constitución de la monarquía de partidos española, era una constitución por desarrollar, es decir, un documento no fruto de la libertad constituyente sino de las oligarquías políticas y, por lo tanto, de derechos otorgados, fiado además, en buena parte, al azar y a la supuesta honradez de los gobernantes. Un papel cargado de buenas intenciones y objetivos imposibles de cumplir que, además, no constituían —como tampoco en España— materia constitucional, si exceptuamos, paradójicamente, la incorporación de Austria al Reich, por A. Hitler.
Pero el sistema, odiado por el Partido Nacionalsocialista Obrero de Alemania, fue la herramienta perfecta para que en su desarrollo pudiera germinar la Ley Habilitante de 1933, que dotó a Hitler del poder absoluto, alcanzando el objetivo que ya había conseguido Mussolini y que esperaba conseguir la Falange Española: la conquista del Estado. De este modo, mediante las alianzas entre partidos en el Reichstag y ayudado por la intimidación y la violencia ejercida por sus bases, pudieron transformar las instituciones constitucionales en instituciones constitucionarias, concentrando todos los poderes del Estado en la persona del canciller.
Hoy, como entonces, el canciller sueña que se halla en potencia propincua de conseguir su deseo. Para ello, coloca sus peones en todas las Instituciones supuestamente independientes, legislando con sus «apoyos parlamentarios» para conseguirlo, y se dota de un formidable aparato de propaganda, utilizando los medios públicos de comunicación, radio y televisión como instrumento de idiotización de las masas, con informativos tendenciosos y haciendo pasar por cultura zafias manifestaciones artísticas sin ningún valor. Utiliza un lenguaje movilizador y manipulador, de clara influencia goebbelsiana, generado en torno al líder que ansía el Estado Total, al que se venera como caudillo o duce —proveedor del Verbo ideológico acomodaticio narcotizante, que colma las expectativas de sus fieles— porque ambiciona la totalidad del poder: las masas, la nación, todo integrado en su Estado, mediante medidas higienistas —en detrimento del conocimiento y el saber— (deporte, hábitos de vida saludable, vegetarianismo), que promueven la oligantropía como medio de conquista de la felicidad, que criminalizan al contrario o al disidente como un infiel al que hay que combatir y exterminar. El canciller utiliza la exaltación de la juventud y de lo moderno como un valor en sí mismo (lo que en España se llamó la nueva política, que resultó tan vieja como corrompida), siendo este extremo una herencia fascista y nacionalsocialista utilizada como banderín de enganche, y ejemplo de jóvenes píticos, adoctrinados e integrados servilmente en el Estado como línea de vanguardia. Por estas razones, la constitución del 78, la de la monarquía de Weimar, la que hay que desarrollar, es el problema, no la solución.
Nosotros, al margen de ellos, frente a ellos, más allá que ellos, sin división lateral de derechas e izquierdas, sino de lejanías y de fondos, iniciamos una acción revolucionaria en Pro de un Estado de novedad radical.
Un grupo compacto de españoles jóvenes se dispone hoy a intervenir en la acción política de un modo intenso y eficaz. No invocan para ello otros títulos que el de una noble y tenacísima preocupación por las cuestiones vitales que afectan a su país. Y, desde luego, la garantía de que representan la voz de estos tiempos, y de que es la suya una conducta política nacida de cara a las dificultades actuales. Nadie podrá eludir la afirmación de que España atraviesa hoy una crisis política, social y económica, tan honda, que reclama ser afrontada y resuelta con el máximo coraje. Ni pesimismos ni fugas desertoras deben tolerarse ante ella. Todo español que no consiga situarse con la debida grandeza ante los hechos que se avecinan, está obligado a desalojar las primeras líneas y permitir que las ocupen falanges animosas y firmes.
Estos extractos pertenecen al manifiesto político de Falange Española, publicado en el número cero de La Conquista del Estado, la revista falangista fundada por Ramiro Ledesma Ramos en 1931. «Vamos a tomar el cielo por asalto», Pablo Iglesias 2015.
El intento de transformación o reforma del sistema desde dentro no tiene otro objetivo que el ansiado vellocino de oro, la conquista del Estado.
Propaganda monárquica del régimen
Pedro Manuel González, autor del libro «La Justicia en el Estado de partidos», en el capítulo nº 229 de «La lucha por el derecho» pone en evidencia una vez más las vergüenzas del régimen.
Fuera del ámbito de la democracia
La democracia política no puede decidir qué es, o no es España.
Un referéndum no puede decidir lo que es o será España.
Fuentes:
Radio libertad constituyente: https://www.ivoox.com/rlc-2013-31-01-crisis-estado-crisis-la-audios-mp3_rf_1752434_1.html
Música: Preludio de la suite para violonchello BWV 1011 de J.S.Bach
Tocata y fuga de Puigdemont e inexistencia de policía judicial
Con una policía judicial dependiente y a las órdenes de la justicia, el espectáculo veraniego de Puigdemont habría sido imposible. Sin auténtica policía judicial, la actuación judicial contra los delitos de la clase política o de quienes están en la órbita de sus intereses está condenada al fracaso.
Nadie en su sano juicio puede considerar siquiera la posibilidad de que los mandos policiales nombrados por el Ministerio del Interior o por los ejecutivos autonómicos, y adscritos sólo formalmente a las mal llamadas unidades de policía judicial, actúen contra los intereses de sus superiores jerárquicos o en contra de quienes designan a éstos.
Sin auténtica policía judicial, la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad será mero instrumento del gobernante o, en el peor de los casos, herramienta para la brutalidad arbitraria. Para que el control judicial de la actividad criminal del poder político sea real, es imprescindible una auténtica policía judicial dependiente tan sólo de jueces y magistrados para el desarrollo de sus funciones, sostenida con el presupuesto de un órgano de gobierno de la justicia independiente del poder político tanto económica, como organizativa y funcionalmente.
La falta de independencia judicial llega a distinguir nominalmente por su adscripción formal la función policial de prevención, represión y persecución del delito, que debe corresponder al poder ejecutivo, de la de su investigación y auxilio judicial depuradora de responsabilidades. Esta última, necesita de funcionarios estatales que con estricta y única dependencia orgánica de la justicia actúen a su exclusiva disposición.
Así, resultaría impensable la excusa de ineficacia o error, tras la que se ocultan razones coyunturales de política criminal o común, que por criterios ajenos a la legalidad aconsejan mirar a otro lado, o aún peor, convertir al policía en cómplice del delincuente.
No es de ahora, hablemos del mismo cuerpo autonómico. Corría el año 2012 cuando el entonces ministro de Justicia, don Alberto Ruiz Gallardón, se pavoneaba de que el indulto a unos mossos torturadores era resultado lógico de esa prerrogativa gubernamental de perdonar el delito.
Antes, a finales de 2008, el departamento de Interior de la Generalidad de Cataluña renovaba el apoyo jurídico a los cinco mossos d’esquadra que fueron condenados por torturas y lesiones a un detenido, para que recurrieran la sentencia que les condenaba. El muy progresista Joan Saura (Iniciativa per Catalunya-Verds), indicó que la consejería que dirigía mantendría el asesoramiento jurídico y pagaría la defensa de los mossos condenados, cuyas penas en algunos casos alcanzaban los seis años de prisión por su brutal actuación. Tras el agotamiento de los recursos, las condenas alcanzaron firmeza en distinto grado de culpabilidad respecto de los cinco agentes. Según la resolución judicial, torturaron y maltrataron a un ciudadano rumano al que detuvieron por error en el año 2006, y a quien llegaron a introducir una pistola en la boca para hacerle confesar.
Los caminos del consenso hacen extraños compañeros de cama, y Gallardón daba el espaldarazo a la iniquidad con el indulto a los condenados. Fin de la historia, y cierre del círculo de la iniquidad. Sin la existencia de una auténtica policía judicial garante del derecho público, el Estado de poderes inseparados se convierte en sindicato de la brutalidad, cuando no directamente en garantía de impunidad de los poderosos e instrumento de eficaz represión.
Cuando los poderes del Estado y la nación no están separados no puede existir independencia judicial, y la creación y mantenimiento de nuevos cuerpos policiales no será sino simple especialización en la forma represiva, ya que la efectiva separación de poderes exige la dependencia exclusiva y directa de cada cuerpo policial de aquel poder o facultad del que depende.
Sin policía judicial desfile de Puigdemont
Pedro Manuel González, autor del libro «La Justicia en el Estado de partidos», en el capítulo nº 228 de «La lucha por el derecho» nos habla de las consecuencias que tiene para la Justicia la falta de una policía judicial dependiente tan sólo de jueces y magistrados.
Independencia judicial y separación de poderes
La única manera de que haya independencia de los jueces es la separación de poderes, ello les dará autoridad para ser independientes.
Fuentes:
Radio libertad constituyente:
https://www.ivoox.com/rlc-2013-31-01-crisis-estado-crisis-la-audios-mp3_rf_1752434_1.html
Música: Preludio de la suite para violonchello BWV 1011 de J.S.Bach
Sánchez, el chico de los recados de la UE
No pretende presentar este artículo una posición definitiva acerca de una medida material de la política, sino que sea un llamado a la reflexión acerca de las causas profundas que rigen lo político en España, a todas luces carente de libertad política.
El que les escribe, siendo un profano en la materia, puede observar los fenómenos migratorios, siendo éstos de diversa índole. En primer lugar, hay movimiento migratorio propio de la proximidad geográfica entre países. O sea, es completamente natural el intercambio fronterizo de nacionales, a no ser en tiempo de guerra.
Por otro lado, el nexo histórico que produjeron imperios o países coloniales provoca flujos migratorios, a pesar de la distancia. Sea éste el caso de España e Hispanoamérica, o el de Francia y Reino Unido con sus países colonizados.
No se puede descartar tampoco la causa económica de los flujos migratorios, teniendo en España el caso relativamente reciente de las migraciones masivas hacia Europa e Hispanoamérica en el contexto de la Posguerra, a partir de 1939.
Pero el objeto de análisis de este artículo debe ser la migración por causa política: aquel movimiento migratorio producido por medidas políticas, ya sea una guerra; ya sea como medida de presión de un país a otro; o a causa de una medida de expansión demográfica.
¿Cuál es la causa de que Sánchez viaje a países colonizados por Francia a ofrecer 250000 puestos de trabajo y «formación en origen»?
El contexto de la política interna española arroja unos datos nefastos, la mayoría de ellos son resultado de la política implementada por el régimen de 1978, pero que han llegado a su culmen con el destrozo social acometido bajo el pretexto de la alerta sanitaria provocada por la COVID-19.
Los datos de oficiales de inflación son del 20,4% desde enero de 2019. España tiene la tasa más alta de desempleo juvenil de la UE; la tasa oficial de paro es del 11,8% (sin tener en cuenta los «maquillajes estadísticos», al omitir diferentes figuras de contratación). La tasa de fertilidad es la segunda más baja de Europa. Aumenta constantemente el número de expatriados, debido al pésimo estado del mercado laboral. Y podríamos seguir ahondando en diferentes fenómenos, que no son más que la constatación de la destrucción de la clase media y el empobrecimiento generalizado de los españoles.
Los datos actuales reflejan una tendencia que se produce desde el establecimiento de la partidocracia. En su subordinación a los intereses de la Unión Europea la oligarquía ha tercializado económicamente al país, amén de la subsistencia a través de la emisión de deuda comprada.
Ahora bien, en un sentido de política interna, Sánchez se ha paseado por África para ofrecer trabajo y formación a ciudadanos extranjeros (cuando no puede garantizar nada de eso a sus paisanos), como modo de sostenimiento del statu quo, político y económico de España.
En efecto, la crisis pandémica ha sido el catalizador del límite que están dispuestos a aceptar los españoles en condiciones laborales en determinados sectores. Así vemos que «la mano invisible» del mercado no ha sabido responder a la excesiva demanda de trabajadores ofreciendo unas condiciones aceptables para el nivel de vida. Vimos durante los encierros, que muchos trabajadores percibían cotizaciones inferiores a las trabajadas, lo que provocó compensaciones ridículas con los ERTEs.
No se trata de exonerar a los trabajadores en su responsabilidad, ni a los empresarios, y mucho menos al gobierno por los excesivos costes laborales que hacen del mercado laboral español uno de los peores de nuestro entorno; sino de arrojar luz acerca de las acciones de Sánchez.
Precisamente en sentido interno, la llamada a la migración puede estabilizar las condiciones favorables a la oligarquía y las diferentes elites en mantener el modelo actual.
Por otro lado está la cuestión externa, que a mi entender es básicamente una jugada de Sánchez para contentar a sus amos políticos europeos.
Como he citado al principio del artículo, la metrópolis recibe presión migratoria de sus colonias, siendo ésta a su vez positiva en el sentido del mantenimiento de la hegemonía sobre la colonia.
Sánchez se está paseando por antiguas colonias francesas, va a arreglar un problema colonial extranjero en lugar de visitar a los países de migración natural a España, por vinculación histórica, cultural, lingüística… Este movimiento sólo puedo interpretarlo como un vasallaje a Francia para aliviar sus problemas migratorios, causados por la vigencia de las medidas coloniales que aún mantiene.
En efecto, esta maniobra de Sánchez trata de suplir dos cuestiones de un plumazo: el mantenimiento de las pésimas condiciones laborales en España y el alivio de la presión migratoria sobre Francia, propiciando de paso que esta última continúe con su colonialismo.
