Reflexionaba Rousseau en El contrato social, que los ingleses se creían libres, pero se equivocaban pues únicamente lo eran en el momento de votar, quedando después sometidos a una tiranía tan fuerte como la del rey absoluto continental: la de la mayoría parlamentaria. Con la decisión de Boris Johnson de suspender la actividad del Parlamento británico, para evitar contratiempos en su objetivo de alcanzar un brexit duro, comprobamos que esta situación habría variado en la actualidad: el “tirano” absoluto pasaría a ser el primer ministro y la víctima de su claro despotismo, el órgano legislativo.
¿Qué ha sucedido para que un régimen de poder, el parlamentarismo, fundamentado en la subordinación teórica del gobierno al Parlamento, haya derivado (no únicamente en el caso británico) a una situación, como la que vivimos actualmente en casi toda Europa, donde los sistemas parlamentarios han mutado hacia relaciones de poder donde lo que se da es una subordinación real del parlamento al gobierno? ¿Cómo se ha producido esta metamorfosis política?
Las respuestas a estas preguntas que, en un principio, podrían parecer complejas son más sencillas de lo que pensamos. Y las encontramos en el propio origen de esta peculiar forma de gobierno. El parlamentarismo nace como una forma de organizar los poderes del Estado donde no se busca la separación de los mismos (control y división entre los poderes), sino el sometimiento y la dependencia de unos sobre otros. Y en esa situación, con su alteración actual, es la que padecemos hoy en día en los sistemas parlamentarios europeos.
La crítica de Juan Jacobo Rousseau en 1762 era la más razonada que, desde posiciones ilustradas y fundamentada en su peculiar entendimiento de lo que él entendía como “voluntad general”, se podía realizar al régimen político británico. Un sistema que tuvo su origen en la necesidad de controlar y limitar el poder del rey ante la debilidad que en las islas manifestaron tanto la nobleza como el clero. Una situación, por tanto, muy contraria a lo que sucedía en la Europa continental (tenemos el ejemplo de España, cuna del parlamento, con las Cortes de León en 1188), donde la tradición política implicaba una limitación del rey y su sometimiento a las Cortes que le controlaban.
La monarquía en los reinos hispanos, por su propio origen visigodo, había mantenido el principio de que el rey era en la práctica un primus inter pares (primero entre iguales) y debía respetar las leyes y los fueros: consecuencias de los pactos y acuerdos con la nobleza y las ciudades. “Antes hubo leyes que reyes” se afirmaba en Aragón, que llevó este principio de respeto a la ley hasta el juramento de sus monarcas: “Nos, que somos tantos como vos y todos juntos más que vos, os hacemos rey de Aragón, si juráis los fueros y si no, no”. Tradición de la libertad política que, según ha explicado el profesor Dalmacio Negro, se plasmaba en leyes e instituciones y doctrinalmente estaba perfectamente limitada en la figura del “rey cristiano” Christomimetes, imitador de Cristo según la máxima de San Isidoro: “serás rey si obras rectamente; si no lo haces así, no lo serás” (rex eris si recte facias; si num facias, non eris).
En Inglaterra las cosas fueron distintas y por ello el origen de su sistema parlamentario se dirigió desde su nacimiento a intentar conseguir el control y la limitación del poder único del rey. Contamos con los ejemplos de Enrique II en el siglo XII, un auténtico monarca absoluto poseído de la ira et malevolentia normanda con lo que podía actuar a su antojo (la mala voluntad real) y, años después, el caso de Juan sin Tierra, a comienzos del siglo XIII, en cuyo final del reinado tuvo lugar el enfrentamiento con los estamentos feudales surgiendo de este proceso las denominadas Cartas, la más famosa de ellas la Carta Magna de 1215, configurándose éstas como pactos entre el monarca, los señores feudales y el clero, estableciéndose normas (la mayoría de ellas no se cumplían) que intentaban limitar mínimamente el poder del rey.

“El origen de su sistema parlamentario se dirigió desde su nacimiento a intentar conseguir el control y la limitación del poder único del rey”

 
El origen de la representación en Inglaterra se remonta a la creación del Magnum Concilium con una función puramente consultiva, generalmente en materia judicial, por parte del rey. Con el paso del tiempo esta representación fue creciendo en importancia y peso político (autorizaba los nuevos impuestos al monarca). A mediados del siglo XIII (1265) se incorporan dos caballeros por condado al Magnum Concilium y es, en este momento, cuando se puede establecer el origen del Parlamento británico. Una cámara de representación feudal que tras una larga evolución adoptó, ya en el siglo XIV, la separación en dos cuerpos: la Cámara de los Comunes y la Cámara de los Lores. La tarea decisiva, la función legislativa, correspondió a partir del siglo XV a la Cámara de los Comunes. Órgano de representación que unía de esta manera una doble facultad: el poder legislativo y el de aprobar los presupuestos.
Fue, a partir de este momento, al alcanzar su pujanza el Parlamento inglés, cuando se generó la lógica tensión entre la cámara legislativa y el monarca. Se vivieron varios acontecimientos históricos de gran dureza e incluso se llegaron a producir distintos episodios de guerra civil. Este pulso, entre el parlamento y el rey, vivió su momento álgido en 1649 con la decapitación de Carlos I de Inglaterra. En 1660, tras la dictadura de Cromwell, se restauró la monarquía inglesa. Los partidos políticos surgen en torno a 1679 tras la promulgación del Habeas Corpus (legislación que intentaba garantizar la libertad e independencia del individuo frente al abuso y arbitrariedad del poder).
En 1689 se aprueba el Bill of Rights y en 1701 el Acta de Establecimiento, configurándose un sistema de poder conocido como la monarquía constitucional: el parlamento ejercía el poder legislativo y el control del presupuesto, mientras que el monarca elegía a sus consejeros y ejercía el poder de gobierno con libre disposición. Pero el pulso y la tensión de poder entre el parlamento y el monarca se mantuvo vivo y tuvo finalmente un claro vencedor: la cámara legislativa.
A partir de este momento se configura una nueva forma de gobierno, donde el primer ministro, y lo que posteriormente se convertiría en su gabinete, debían de contar (en un primer momento) con la doble confianza del rey y del Parlamento. Durante el periodo de Robert Walpole como primer ministro (1721-1742) su gabinete contó con la confianza del parlamento gracias a la eufemísticamente denominada “influencia de la Corona”, que hacía alusión a las prácticas de corrupción mediante el soborno y la compra de los votos de determinados miembros de la Cámara de los Comunes. Este sistema convive durante más de un siglo con el sufragio censitario y toda clase de fraudes electorales. Como se puede comprobar, la corrupción del parlamentarismo además de histórica es intrínseca a su funcionamiento. Ya era efectiva 280 años antes de episodios como el tamayazo y otros casos de transfuguismo de diputados y concejales tan conocidos en nuestro solar patrio.
El proceso histórico vivido en Inglaterra de transición de un sistema dual de poderes (el rey y el parlamento) a un sistema de unidad de poder (ejecutivo más legislativo) llega a su culminación en 1803 bajo el gobierno de Pitt el Joven, cuando se formula de manera expresa el postulado de que el rey debe nombrar como primer ministro al líder del partido político mayoritario en la Cámara de los Comunes, para que la coincidencia entre legislativo y ejecutivo sea completa.

“La eufemísticamente denominada “influencia de la Corona”, que hacía alusión a las prácticas de corrupción mediante el soborno y la compra de los votos”

 
Vemos como el parlamentarismo inglés (un ejecutivo dependiendo del legislativo salvando a la corona) fue el antecedente de lo que sucedió posteriormente en toda Europa. Y adquiere su importancia si lo comparamos con la práctica inexistencia de instituciones parlamentarias representativas en Francia y en España durante todo el periodo del absolutismo monárquico de los Borbones hasta el estallido en 1789 de la Revolución en nuestro país vecino y el contagio revolucionario que arraigó en nuestro país gracias a las Cortes de Cádiz y su excepcional fruto político: la primera Constitución española de 1812.
El surgimiento de la monarquía constitucional en Europa supone la limitación de los poderes absolutos del rey que se hacen incompatibles con los aires revolucionarios de la soberanía nacional que, poco a poco, se va instaurando con la aparición de los nuevos parlamentos. El rey en el sistema de monarquía constitucional sigue siendo el fundamento último de todos los poderes del Estado y continúa manteniendo el poder ejecutivo, al elegir de forma completamente libre al primer ministro (o presidente del Gobierno) y, en la mayoría de los casos, a los ministros o consejeros del ejecutivo. En el régimen de la monarquía constitucional, el rey reina y además gobierna, mientras los diputados legislan. Este modelo incorpora un sistema dualista en la división de los poderes entre el ejecutivo y el legislativo. Se mantiene el principio monárquico que corresponde al monarca con sus ministros, con un germinal principio democrático investido en el parlamento como órgano representativo del pueblo.
Pero esta lucha por la libertad política estuvo plagada de frenazos y de marchas atrás a lo largo de nuestra historia más reciente. Por ejemplo, en el caso español, el régimen parlamentario (el de la confusión de poderes) llegó a nuestro país de la mano del Estatuto Real (1834), que es cuando aparecen los votos de confianza y de censura, la disolución anticipada de las Cortes y el banco azul (conceptos tan manoseados en la actualidad por nuestra clase política) y que representan (aunque ellos lo desconozcan) la posición más reaccionaria de nuestro siglo XIX frente a los principios que representaba la Constitución de 1812, que proclamaba la soberanía nacional y reconocía el sufragio universal masculino. Aunque los defensores del régimen del 78 lo desconozcan, lo que ellos consideran como mecanismos de una democracia auténtica son en realidad instrumentos de políticas reaccionarias incompatibles con la libertad política.
En la historia del parlamentarismo continental europeo, la tensión entre el principio monárquico, que entiende a la monarquía como el único órgano de soberanía dentro del Estado, y el principio democrático, que propugna el carácter representativo de esa soberanía a través de las asambleas legislativas, va a conseguir primero la transformación de la monarquía absoluta en constitucional y, posteriormente, la constitucional en parlamentaria. Nos encontramos ahora en una fase distinta (la suspensión del Parlamento británico por Johnson sería una clara demostración de esta nueva etapa) donde la mutación de lo que hasta ahora se conocía como una monarquía parlamentaria ha derivado hacia una monarquía de oligarquías, de clase política (Estado de partidos o monarquía de partidos son los términos que utiliza la ciencia política más moderna).
Esta transformación supuso, en un primer momento, que para salvar la figura del monarca se la hizo compatible con el parlamento, primero a través de fórmulas de tolerancia, luego de cohabitación y finalmente de sometimiento. Se rompió de esta manera desde sus raíces el principio democrático de control y división de los poderes del Estado. Situación que se agrava más en la actualidad con la actuación de la oligarquía de los partidos políticos, de la clase política, que somete al parlamento a las decisiones de sus cúpulas de poder (con la proclamación de sus listas electorales) y anula la libertad política de los ciudadanos.
Es en este consenso de las organizaciones políticas (consenso ante las formas incuestionables del parlamentarismo) donde surge, como vemos que está ocurriendo a día de hoy en el Reino Unido con la decisión adoptada por Boris Johnson, la evidencia de la corrupción del parlamentarismo como forma de Gobierno. La suspensión del Parlamento británico es una decisión que se aplica dentro de la más estricta legalidad (la conocida como prórroga parlamentaria que, en contra de lo que parece indicar su nombre, supone el final de un periodo de sesiones) pero que encaja con los valores teóricos del régimen parlamentario que suponen una especial relación entre el ejecutivo y el legislativo que se articulan mediante una serie de mecanismos, diferentes en cada sistema constitucional (investidura, moción de censura, cuestión de confianza, disolución anticipada del parlamento, prórroga parlamentaria…) pero que configuran un sistema de dependencia mutua, fusión de poderes o sometimiento, que es la esencia del parlamentarismo, contraria absolutamente a lo que es la separación de poderes y la democracia auténtica.
Por ejemplo, lo sucedido en Europa desde finales de la II Guerra Mundial con la transformación de los regímenes parlamentarios (monárquicos o republicanos) en Estados de partidos, han conseguido liberar, en muchos casos, a los gobiernos de la necesidad de mantener una mayoría en el parlamento (véanse los caso de Italia y Portugal), consiguiendo la mayor gloria con la que podían soñar las oligarquías políticas: un sistema de unidad de poder dentro del Estado con la apariencia externa de separación de funciones.
Conociendo la historia del parlamentarismo podemos llegar a entender su carácter mutante y antidemocrático. Está en sus orígenes y ha llegado hasta nuestros días. Llama la atención que la aparición de nuevas formaciones políticas consecuencia de la crisis, más que evidente, de nuestro régimen del 78 (Ciudadanos, Podemos y Vox) no haya propiciado ninguna crítica ni propuesta de reforma hacia este tipo de régimen. Incluso, con sorpresa, hemos tenido que escuchar a algún intelectual arrimado a una de estas nuevas filas, y presentado como referencia doctrinal de su posición política, la defensa a ultranza del régimen de la Restauración de 1876, caracterizado por el sufragio censitario falseado por el caciquismo, la inestabilidad gubernamental permanente y el “borboneo” sin freno, es decir la intervención permanente del monarca para poner y cambiar gobiernos (o con su parálisis impedir la salida de las crisis), situación que se encubría con el eufemismo, aún utilizado en nuestros días, del “arbitraje regio”.
Es paradójico que un régimen de poder que, en su origen, situaba el centro de gravedad político en la cámara legislativa para controlar al ejecutivo, haya derivado a una situación, como la que vivimos en la actualidad (en España con la crisis de investidura y el Gobierno en funciones, prácticamente sin control de Pedro Sánchez, o lo que está sucediendo en Gran Bretaña con la suspensión del parlamento por su primer ministro) donde la actividad del parlamento no cuenta casi para nada: salvo para lo esencial de elegir un gobierno (a veces ni para eso) o retirarle la confianza mediante una moción de censura (con las consecuencias de inestabilidad que también esa mecánica provoca). Pero tranquilos, la mutación no ha terminado.
Javier Castro-Villacañas es abogado y periodista. Autor del libro “El fracaso de la monarquía” (Planeta, 2013). 
Publicado en elespanol.com

Para construir una imbecilidad, no es necesario más que proyectarla con rotundidad. Realizar una proyección temporal de todo aquello que no se encuentre ligado a los hechos de la realidad, es el modo de actuar de pobres inteligencias, para edificar artefactos ideales con una apariencia sólida y consistente. Es así como después acontece el fracaso y se conduce, con la astuta flauta de Hamelín refinada por la estulticia, a cualquier afectado por la utopía para convertirlo, finalmente, en un vociferante indignado. Es también de este modo cómo, mientras se sigue esa melodía racionalmente seductora, cualquiera podría llegar a verse cómodamente arropado por el manto de las ilusiones fugaces que tanto y bien sirven al propósito de confortarlo ante el peligro, y motivarlo ante la incertidumbre.
Al final, lo que el acontecimiento demuestra en la realidad resolutivamente, será señalado por el imbécil como fundado por el azaroso acaecimiento para justificarlo. Montesquieu lo aclaró de un modo brillante a mi entender:
“Si el azar de una batalla, o sea, una causa particular, arruina un Estado, había una causa general que lo debía hacer perecer por una sola batalla”.
Esto, explicado con la sencillez propia del que fuese maestro de magistrados, permite distinguir entre el significado del acontecimiento, que sirve para ilustrar a los más particulares a través de la experiencia, de las implicaciones de lo acaecido o eventual, y que únicamente conforta mediante grosería a los más afectos a la necedad. Todo ello es, no obstante, afanosamente envuelto por la apariencia realista de las construcciones de la mente que, por su meticulosa elaboración, resultan siempre sugerentes y evocadoras. Y tal era la invocación al Segismundo de Calderón que hizo Schopenhauer en su obra, cuando explicaba una representación entendida oníricamente y que, por su simpleza, resultó tan evocadora de la realidad.
Por este motivo, y para construir la imbecilidad, hay que hablar de la crisis de la democracia en Europa o de la decadencia de la monarquía parlamentaria española. Una crisis de la que hablan los menos en los medios, para confundir a los más en las masas. Que la mayoría repiten relatando cuestiones que, sin haber existido nunca, sin estar presentes, sirven al establecimiento para atemorizar al apesebramiento. Lo que sirve al establo, degenera al pesebre. El ojo del amo, en lugar de engordarlo, adelgaza al jamelgo que se alimenta en el pesebre de las listas de partidos.
A los más afectos a las pasiones de seguridad y de tranquilidad, les atemorizan incluso los cambios imposibles de las cosas inexistentes. Y si no hay democracia formal ni monarquía parlamentaria en España, se construye con la imbecilidad, para que se haga socialmente normal el miedo a que cambie cualquier cosa conducente a que la haya. A esto lo han llamado “homologar” mientras explican los más que: “nuestra democracia se encuentra homologada a la de otros países de nuestro entorno”; creando así, en la mente, países homólogos en democracias inexistentes.
Pero es que parece bastar la simple incorporación del término “crisis” en las frases más rimbombantes, para producir sensacionales titulares periodísticos que operan del mismo modo en la esfera de las comodidades, en el que lo hace la palabra “radical” en la de las mentalidades. Ambos dos, términos de enorme valía en la sustantivación del conocimiento y la civilización, pero convertidos en fuentes de temores por el vigente nihilismo político español, infectado por el pacato postmodernismo socialdemócrata.
Así, a los afectados por las construcciones imbéciles, no hay más que tocarlos con la palabra “crisis” o con el término “radical”, para que se obre en ellos la magia de la pasión de la tranquilidad. La pasión de la tranquilidad que produce milagros asombrosos y que obra maravillas en el Estado de los partidos. Son los términos mágicos de hechiceros atemorizantes, que efectúan un propósito tranquilizante en la sociedad civil española, ya narcotizada, tras haberse visto sometida a décadas de indefensión y de servidumbre aprendida.
“¡hombre! ya sabemos que no hay democracia, pero es una forma de hablar, es para entendernos…”
Si afirmar que no hay democracia es una herejía contra la sacralidad partidocrática por su carácter dogmático y radical, algo que provoca una tos compulsiva y convulsa, también lo es, por el mismo motivo, señalar la imbecilidad. Es la imbecilidad lo único que explica que se apele a las formas del hablar, para de esa forma evitar reflejar en las palabras lo que ya existe en la realidad. Con la esperanza de llegar a desentenderse, despegarse del entendimiento y así no entenderse, estando todos naufragando en el medio de la confusión. Si no hay democracia en España y la forma de hablar es decir que la hay, se hace entonces evidente que la deformación del idioma provoca la imbecilidad del hablante, que se habla para no entenderse, y sin una forma de comunicarse cabalmente que no sea la homologada por el consenso político socialdemócrata.
Y ahora corran… corran todos a votar!

El procedimiento de investidura recogido en la supuesta Constitución del 78, no había presentado problemas serios hasta que la correlación de fuerzas del arco parlamentario se vio alterada. Por consiguiente, el bipartidismo imperfecto, reinante hasta el momento, se volvió más imperfecto debido al trasvase de votos de los dos principales partidos a otros como Podemos, Ciudadanos y VOX. En esta tesitura sería posible optar por dos caminos. El primero sería el de potenciar la “cultura de la negociación” parlamentaria, algo no necesariamente bueno, porque no deja de ser una negociación entre élites que estará dirigida desde las cúpulas de cada partido. En cualquier caso, los partidos no han sabido moverse en estos términos, puesto que están muy poco acostumbrados a compartir el poder (incluso entre ellos). La segunda posibilidad, sería celebrar elecciones a presidente del Gobierno, de modo que éste fuera elegido directamente por la ciudadanía en unos comicios diferentes de los legislativos.
Ahora bien, mientras que en las negociaciones no dejan de aparecer numerosas dificultades, la opción de las elecciones presidenciales ni siquiera fue mencionada. En consecuencia, los que generalmente aspiran a la presidencia del Gobierno se han puesto a buscar otras fórmulas que no les compliquen la elección. En realidad, es algo comprensible desde la óptica del sistema, aunque es criticable que dichas fórmulas vayan destinadas exclusivamente a facilitar investiduras, siendo éstas de carácter cortoplacista, previsibles y difíciles de justificar. No es un hecho sorprendente a estas alturas, pero sí conviene analizar las tres propuestas que se han planteado y que pretenden modificar la necesidad de que el jefe de partido obtenga una mayoría absoluta, en una primera votación, o mayoría simple 48 horas después.
La primera de estas propuestas podría considerarse como una especie de sistema de “doble vuelta”. En este sentido, se plantea que se presenten varios jefes a la investidura y que los dos más votados pasen a una segunda fase. De esta manera, quien consiguiera más apoyos en esta segunda votación sería proclamado presidente del Gobierno. La llamada “doble vuelta” no es algo que suene extraño. Sin embargo, en los países donde este sistema se emplea, como por ejemplo en Francia, es la ciudadanía la que tiene la posibilidad de participar. Por el contrario, aquí serían los diputados quienes votarían de esta manera, y cuando se dice diputados realmente se quiere decir cúpulas o jefes de partidos. Sí, este sistema evitaría bloqueos, aunque en una partitocracia como la nuestra, en la que los diputados no votan libremente, alejaría todavía más a los partidos de la ciudadanía.
La segunda de las fórmulas abogaría por trasladar el sistema de los ayuntamientos al Congreso. Es decir, sencillamente gobernaría la lista más votada, si ningún candidato hubiera conseguido la mayoría absoluta. Es razonable que en los ayuntamientos no se produzcan bloqueos, dado que sería complicado que, llegado el momento, algunos de ellos tuvieran que repetir sus elecciones. No obstante, el Gobierno del Estado no puede regirse por los mismos parámetros, puesto que evidentemente su importancia es mayor. Por otra parte, y dada la actual fragmentación parlamentaria, podríamos encontrarnos con ejecutivos apoyados por 80 diputados, algo que como sabemos no ha funcionado bien. Un problema que, si existiera una auténtica separación entre ejecutivo y legislativo, tendría una importancia bastante menor.
La última de las propuestas es quizá la más descabellada de todas y consiste en aplicar el conocido como “bonus griego”. Esto significa que el partido ganador de las elecciones legislativas recibiría como prima 50 diputados adicionales. La actual Constitución, en su artículo 68, prevé que el número de diputados oscile entre 300 y 400 (actualmente son 350), pero deben plantearse la siguientes cuestiones: ¿cómo explicar en términos de supuesta representación esos 50 diputados?, ¿a quién supuestamente representarían?, ¿de qué circunscripción han salido? Son preguntas cuya argumentación jurídico-política entraña notables dificultades. De hecho, en la práctica serían 50 diputados de carácter instrumental al servicio del partido de turno para conseguir que éste logre el ansiado Gobierno. Además, ¿cómo serían designados?, ¿qué criterios seguiría el partido? Demasiados interrogantes por responder.
Las propuestas examinadas requerirían una reforma constitucional del artículo 99, aunque quizá la de la prima de 50 diputados, gracias a lo previsto en el artículo 68 de la Constitución, podría llegar a aplicarse reformando solamente la LOREG. Con todo, reformar la Constitución o la LOREG no debería echar a nadie para atrás, sino la intencionalidad de las propuestas que no es otra que facilitar descaradamente el asalto a la bancada azul. Una bancada que está sin pudor alguno al lado de los sillones rojos de los legisladores. Una ignominia que no preocupa a la clase política y, por lo tanto, muy difícilmente será objeto de debate como lo está siendo facilitar la investidura. Pese a ello, toda esta problemática pone de manifiesto una grieta del régimen y lo que le cuesta anticiparse a situaciones cambiantes. Por lo tanto, el idílico régimen muestra síntomas de agotamiento que probablemente sean parcheados con alguna de estas reformas.

Portada del libro publicado por Godsa en 1976
Alfonso Guerra decía en octubre de 1978 que Suárez y compañía, “a la fuerza, ahorcan“, habían “cabalgado hacia las praderas democráticas“. Que bastaba consultar la prensa y los documentos de 1976 y comienzos del 77 para comprobar que el Gobierno “se situaba hoy sobre muchos presupuestos que entonces negaban.”
Consultada la prensa se observa lo siguiente:
“Sorpresa generalizada” fue el titular más repetido el día que se anunció el nombramiento de Adolfo Suárez como el segundo presidente de la Monarquía de Franco, tras la dimisión forzada de Carlos Arias.
Todas las personalidades políticas opinaron al respecto. Para unos fue un error de Juan Carlos poner a ese joven que había sido secretario general del Movimiento. Para otros un acierto, sobre todo si le comparaban con el “desastre sin paliativos”, que es como Juan Carlos dijo que no había dicho sobre Arias. Todos decían quedar a la espera para ver si ese señor duraba dos días o facilitaba el paso a la democracia.
Antonio García-Trevijano lo tuvo claro ese 4 de julio, pocas semanas después de salir de prisión: “… significa el intento del Sistema de reconducir el pacto que a través de Carrero Blanco se estableció en la segunda mitad del Régimen franquista, entre la burocracia política del Régimen y la burguesía financiera interpretada políticamente por los hombres del Opus Dei. Ante la crisis económica actual y ante el fracaso de la política reformista de Arias-Fraga, es natural que por instinto el Régimen vuelva al soporte político que tuvo durante la época del desarrollo económico. Desaparecido Herrero Tejedor, el hombre más representativo de esta síntesis falangista-opusdeista es sin duda don Adolfo Suárez.”
Trevijano ya había pronosticado que el elegido sería un hombre más joven que Juan Carlos y que no hubiera tenido autoridad sobre él en el pasado, pero lo que vio como nadie fue que Suárez representaba el franquismo puro, que ya venía transformándose desde finales de los años 50. Más que un reformista, lo que Suárez traía era el continuismo y la traición. Si Franco fue restando protagonismo a la falange y a los principios del 18 de julio, Suárez no tuvo reparos en traicionarlos. Esos son los presupuestos que Suárez abandonó para situarse con los socialistas en las nuevas leyes fundamentales de la monarquía, para regocijo de Guerra y desgracia de los españoles.
Pocos días antes de que Fraga mandara a Carabanchel a García-Trevijano, en los últimos días de febrero de 1976, se publicó el “Libro blanco para la reforma democrática”, con 80.000 ejemplares de golpe. Era el sesudo proyecto reformista que impulsó el conocido ministro de Franco y que también fracasó.
Manuel Fraga había creado “Reforma democrática”, al amparo de la Ley de Asociaciones Políticas de Arias (1974), y unas “Comisiones de Estudio” a las que encargó el parto del libro antes citado.
Reproducimos varios fragmentos, los únicos que se refieren a las reglas de juego en sus casi 500 páginas.
Fragmento del libro publicado en 1976
Fragmento del libro publicado en 1976
Aunque cometa inexactitudes impropias de un ex-embajador de España en Londres, como la de hablar de sufragio universal sin detallar la elección de representantes, el trabajo sobre las ideas reformistas de Fraga que elaboraron entre un centenar de personas organizadas en diez Comisiones de Estudio, dejaba claro que sin representación política no había posibilidad de participación de los gobernados. De igual forma, se refería a la separación de poderes como “requerimiento básico para el ejercicio real de la democracia”.
Fragmento del libro publicado en 1976
Llama la atención que dos padres de la Carta Otorgada de 1978, Fraga y Cisneros, tuvieran estos aspectos tan claros. Jorge Verstrynge o Rita Barberá también formaban parte de “Reforma democrática”, germen de Alianza Popular, que aunaría otras tendencias y personalidades como López Rodó o Fernández de la Mora.
Lo que sucedió fue la reconciliación, el consenso, la renuncia de todos los que se quedaron -y de todos los que entraron- a esos presupuestos indispensables, cabalgándonos hacia la ciénaga de la Monarquía de partidos estatales. La reforma democrática concluyó, como era de esperar en cualquier reforma, en la forma según la conveniencia del poder establecido, una partidocracia.

España en fiestas es tiempo de voladores, como llaman en el Norte a esos cohetes del Sur que suben el cielo como Lucas Vázquez la banda, haciendo la cabra, y terminan en un ruido que vuelve loscos a los perros.

En Santander, por Santiago, “Harry”, el teckel de unos amigos, se quedó en casa con el balcón abierto porque sus amos salieron a cenar. Al poco estallaron en la ciudad unos voladores y “Harry”, anonadado, se arrojó por el balcón y cayó al bar de abajo previo rebote en un toldo que amortiguó el talegazo. Un camarero reconoció a “Harry”, pero el perro, todo susto, no se dejó atrapar, y corrió, despavorido, calle abajo. Cruzó la terraza donde cenaban sus amos, que lo vieron como una exhalación. “¿Has visto?” “Sí, es igual que ‘Harry’” Entonces llegó el camarero que lo seguía: les gritó “¡Es ‘Harry’! ¡Es ‘Harry’!”, y allí mismo les dio el relevo de la carrera. “Harry” corrió y corrió, como un diablo corría, en dirección al puerto, donde al oler el agua se tiró de cabeza como si estuviera en llamas y necesitara apagarse. Un turista madrileño que paseaba por el lugar y que vio la escena se lanzó vestido al mar, rescató a “Harry” y lo entregó a sus amos.

Un caso parecido he vivido en un pueblo del Norte con los voladores de San Roque. A media tarde, el “armero” del pueblo disparó una andanada de voladores, que es su forma de decir que los vecinos están contentos, pero el perro, con el susto, se soltó del amarre y se refugió en unos ultramarinos donde el gato, que dormitaba sobre el saco de las fabes, saltó sobre unas turistas gallegas a las que casi saca los ojos y que luego, con ensalmos, sacaron al perro del shock. “Son los putos voladores”, decían, “hay que envolver al perro con algo de ropa hasta que se calme”, y una se quedaba en sostén por arroparlo con su camiseta.

No es uno Greta, la Sor Lucía (Dos Santos) del Mainstream, pero si prohíben en la procesión del Carmen tirar al agua flores porque dañan al mar, ¿no pueden prohibir tirar voladores al cielo que dañan a los perros?

La transición pactada, sin ruptura
Los herederos directos de Franco, es decir, Juan Carlos que fue puesto por Franco y Suárez que fue puesto por Juan Carlos, diseñaron, a través de personas capaces, las primeras votaciones tras la muerte de Caudillo.
Esa fórmula proporcional de partidos estatales con listas cerradas es la que decidieron utilizar en 1977. De aquellos resultados, y de cara a la galería, saldrían los redactores de la Constitución. En realidad, ni se hizo una Constitución, ni se hizo más que añadir concesiones y brindis al sol a una estructura ya pactada, ni se respetó siquiera el resultado de las votaciones, de suerte que, tras el reparto proporcional de redactores, socialistas y populares cedieron plazas a comunistas y catalanes.

Pero, aunque lo importante fue que los españoles no eligieron nada y que nos instalaron una partidocracia, hay algo escandaloso que muestra claramente la foto adjunta.
Los socialistas más cínicos e inteligentes, como Alfonso Guerra, advertían al Gobierno de Suárez en 1978, antes de que ese texto de traidores fuera ofrecido a los españoles para que lo aprobasen, que, tras el resultado del Referéndum (plebiscito en realidad), y si en este ganaba el Sí, Suárez debía convocar nuevas votaciones para que el presidente del Gobierno fuera legítimo y elegido por los españoles.
Argumentaba, no sin razón, que Suárez era presidente por las leyes franquistas -que ni siquiera respetaron-, y que las votaciones del 77 se habían decidido de la misma forma. Una vez que en 1978 los españoles decidieran, supuestamente, unas nuevas reglas de juego para organizar el poder, contrarias a la dictadura y garantes de la democracia, el nuevo presidente debía ser nombrado con arreglo a ellas.
Suárez, que había dejado caer que no serían necesarias, terminó convocando votaciones generales, ahora sí “superlibres”, para 1979.
La cuestión es que las elecciones siguieron exactamente el mismo método que cuando no había Carta Otorgada. Lo mismo valían para una Constitución que para unas votaciones legislativas franquistas o postfranquistas. Exactamente lo mismo que continúa hoy.
Suárez tenía razón. Las votaciones de 1979 no eran necesarias.

1976. Trevijano había conseguido unir a toda la oposición a Franco. Había proporcionado al Partido Comunista, y al resto de grupos contrarios al continuismo del Régimen, una posición de fuerza y dirección política que no tenían.
Solo había dos posiciones, los que querían la democracia y los que pretendían una oligocracia pactada con los herederos de Franco.
Sabía que los socialistas y algunos cabecillas de “izquierda y derecha democrática” querían pasar por la ventanilla de Carlos Arias, es decir, aceptar la Ley de Asociaciones del Régimen, antes incluso de que llegara Suárez. Les había escuchado decirlo en su propio despacho.

el enemigo principal no es el reformismo, sino el oportunismo y que en este momento sólo hay dos partidos: el de la oligocracia y el de la democracia
Recorte de prensa de la época
Les advertía claramente que no se podía estar a las duras y a las maduras. Que quien quisiera hacerse franquista no podía continuar en la oposición.

El resultado lo conocemos. Los cabecillas del PSOE, que ya habían conseguido que Fraga metiera en la cárcel a Trevijano, prepararon con la ayuda de Suárez la difamación que le apartó de la vida pública.
Inmediatamente después, Suárez anunció la Ley para la reforma política y todos se apresuraron a aceptarla, aún sabiendo que la difamación a Trevijano había sido eso, una difamación.
La prensa, absolutamente controlada por los franquistas a través de los hermanos Ansón, o de nuevos diarios como El País (fundado por personas del Régimen como Fraga o Cebrián), contribuyeron decisivamente a la difamación y a la Gran Mentira del paso a la democracia, que fue, como todos deberíamos saber, el paso al Estado de Partidos que aún seguimos soportando.

Pedro Touceda (ABC, música, cine) ha escrito la historia de los Touceda, vecinos del 4º de la Torre Amarilla, en la setentera Colonia de Lourdes (proyectada por Sáenz de Oiza), junto a la Casa de Campo, de la que uno sólo sabía por lo que me contaba un torero conocido, triunfador de algún San Isidro, que se entrenaba allí y que un día, sólo con manejo de capote, eludió los arañazos de una Venus Tibisay.

“Los elefantes andan descalzos y no usan paraguas”, se llama el libro de Touceda, que “no es novela ni libro de relatos”. Es, como el título, un ir y venir literario con realismos mágicos a lo García Márquez (la boda real de la abuela demente, la tía de Logroño que quiere que la entierren con los ojos abiertos), Ruano (la última broma del abuelo: morirse), Ferlosio (la maleta) o Baroja (la chabola de El Caraque, al otro lado de la carretera de Extremadura), con amores de relato a lo Salcedo Ramos y su novia Socorrito Pino.

–Escribir con sencillez es muy difícil y exige mucho tiempo –avisa Baroja al ponerse con sus memorias de encargo, pues no quiere llenar un montón de cuartillas “con tiquismiquis literarios”.

Baroja era hombre de pocas necesidades: en el verano, para ponerse a recordar, le bastaba y le sobraba contemplar algo verde. A Touceda le ha bastado y le ha sobrado con contemplar la Casa de Campo con ojos de niño que ve las cosas hacerse por primera vez, y verdaderamente no a todos los niños les ha sido dado ver hacerse la Casa de Campo, ¡y el Zoo!, donde la niña de la casa descubre cómo andan los elefantes, que no es como se los pintan (con unas zapatillas rojas de andar por casa) en el peluche gris que le regaló papá.

A mediados de los setenta, “a mi padre le tocó la lotería”, y propuso vacaciones en Ibiza, incluida la abuela.

–Me he hecho nudista. Y el templo que tenemos en España está en Ibiza.

Visto desde la Colonia de Lourdes, esto es glorioso.

–¿Qué ocurriría en la playa de Las Salinas? ¿Nos íbamos a quedar todos en pelotas, con lo importante que había sido el pestillo del baño?

Me asombra la forma periodística de acatar la supresión del acento del “sólo” adverbial decretada por los académicos, que actúan como el sargento del cuento que hacía el atestado de un accidente. “Escriba: cabeza en el arcén”. “¿Arcén con hache o sin hache, mi sargento?” Patada del sargento a la cabeza y corrección: “Cabeza en el campo”.

Quien dice una cabeza, dice una tilde. Las tildes son como los pendejos de la lengua, que por mucho que las apartes siempre te comes una, y la de “sólo” se les ha ido a los académicos por “el bidet del idioma”, como Eugenio d’Ors llamaba al hueco de la mesa de la Academia.

–Dispense usted la letra y falta de ortografía; está escrita a las cinco de la mañana, en el restaurante Rat-Mort –escribió la Oterita a Bonafoux, quien decidió admirar de cerca “una bailarina que cree en la imposibilidad de tener ortografía a las cinco de la mañana en el restaurante Rat-Mort”, como les ocurre ahora a los académicos… y a los liberalios del globalismo ortográfico del ex ministro Sebastián.

“Sebastian, aprende a tildar primero tu propio apellido”, le dijo un tuitero. “Aprendí a no tildarlo en EE.UU., donde viví varios años –respondió el Edison de Zp–. Estamos en un mundo globalizado. Ahí no lleva tilde. Gracias por tu consejo local”.

Pero si una piedrecilla en la próstata de Cromwell cambió la historia de Inglaterra, una tilde en un adverbio cambiaría la historia de Madrid, que el mundo del hombre y la mujer es, en un sentido wittgensteniano, una construcción gramatical. Ahí está el “muñozgrandes” que se marcó Aguado en Madrid. “Aguado se fue al bar mientras las mujeres se reunían”. (Al enfrentarse a Franco, el “vice” se iba al bar para que lo vieran y demostrar que no iba al consejo porque no quería.) A efectos de consenso, miren la diferencia entre “Aguado habla solo con Isabel” (vamos, que no se lleva con él a Macron) y “Aguado habla sólo con Isabel” (vamos, que se niega a ver a Rocío, la Ana Bolena de Saint-Tropez, según la prensa). Una tilde.