Hoy repúblicos madrileños han salido a pegar carteles en Ciudad Universitaria para difundir nuestras ideas.
Cantó y cante de la partidocracia
Hoy publicamos el duodécimo capítulo del programa «Coloquio y análisis político» con el objetivo de hablar de como la partidocracia sigue dando el espectáculo sin el menor pudor.
En este duodécimo capítulo del programa han participado Juanjo Charro, Fernando de las Heras y Pedro Manuel González.
Indignación judicial
Tres de las cuatro asociaciones mayoritarias de jueces han remitido un escrito conjunto a la Comisión Europea solicitando su intervención ante el «riesgo claro de violación grave del Estado de derecho en España».
Los parasindicatos judiciales se rasgan ahora las vestiduras porque por el verdadero legislador, el Gobierno, «en lugar de acometer una reforma que de una vez por todas establezca un sistema de nombramiento de los vocales del Consejo General del Poder Judicial que se adecue a los estándares existentes en la mayor parte de los países de la UE —es decir, por elección de los propios jueces entre sus iguales— se camina en la dirección opuesta».
El escrito, que continúa hablando del «desapoderamiento [sic.] del CGPJ y colonización por los partidos políticos», se queja de la falta de consenso de sus amos para regir sus designios ante el peligro de que «los partidos del Gobierno por si solos puedan decidir la íntegra composición del Consejo General del Poder Judicial».
Estamos ante una muestra más de inútil indignación, esta vez con toga y puñetas. Quien se indigna es porque no sabe o no quiere saber la causa de su indignación. Si la conocieran, reclamarían su independencia al margen de los partidos estatales, ante los que se doblegan reclamando su consenso para el reparto. De nuevo el miedo a la libertad, traducida en la consustancial independencia en el ejercicio de la función jurisdiccional.
Tampoco la elección del órgano rector de toda la vida judicial sólo por jueces soluciona la falta de independencia de estos, ni el origen de tal sometimiento está en unas reformas que sólo son desarrollo de su causa última: la existencia sólo nominal del poder judicial (en realidad potestad judicial) en un texto constitucional que únicamente recoge la independencia personal de jueces y magistrados, pero niega la institucional.
Sin embargo, los jueces y magistrados deben ser pieza clave en el cambio del actual sistema de dependencia. Como juristas no pueden desconocer el origen de esta tendencia centrípeta del poder inseparado sobre la jurisdicción. Y, si conocen el enorme daño que está causando en la confianza en la Justicia, no pueden permanecer impasibles aceptando la imposición gubernamental de sus jefes supremos, la ministerial de su presupuesto, ni el filtro político que sobre sus decisiones establece la clase política a través el Tribunal Constitucional. Tampoco pueden asumir pacíficamente, y lo hacen, que la digna representación de la legalidad sea una estructura jerárquica regida por los principios de subordinación y dependencia jerárquica en cuya cúspide se sitúe a alguien elegido por el jefe del ejecutivo.
Es inútil, como en la fábula, croar en la charca por el envío de un leño como rey en lugar de por la cigüeña que les devora. Así actúan cuando piden a sus amos como solución a lo que detectan como problema, que sean los jueces y sólo los jueces, en lugar de todo el cuerpo electoral formado por la profesión jurídica en su amplitud, quienes elijan a sus máximos responsables y elaboren su presupuesto. La endogamia de las puñetas no es la solución. Tampoco la demagogia de la elección por el mismo cuerpo electoral que elija los poderes políticos, dado el carácter codificado de nuestro derecho. En ambos casos el papel de la parasindicación que constituyen las asociaciones judiciales serviría para transponer a su campo de actuación la lucha de los partidos que mantienen ahora en el propio CGPJ.
La guerra sucia por el control político de lo judicial ha provocado el nerviosismo de las asociaciones judiciales y sus padrinos en el Estado de poderes inseparados. Esta situación, fruto del bloqueo de la voluntad consensual, ha servido para que las asociaciones profesionales de jueces, siempre colaboradoras y hasta ahora silentes ante el pasteleo de vocalías y puestos de responsabilidad en la cúpula judicial, pongan sobre la mesa una situación de control político de la que nunca antes se habían quejado por encontrarse satisfechas con el reparto.
Hipocresía judicial
Pedro Manuel González, autor del libro «La Justicia en el Estado de partidos», habla, en el capítulo nº 53 de «La lucha por el derecho», de la reciente noticia que recoge que tres de las cuatro asociaciones judiciales han enviado una carta a la Comisión Europea denunciando la intromisión política en el poder judicial. Pedro Manuel González pone en evidencia la hipocresía de dichas asociaciones.
Del Ever Given y la vulnerabilidad global, y del terror en Mozambique
A la estela de la pandemia global de la COVID-19 llegó el bloqueo del canal de Suez por el buque portacontenedores Ever Given, poniendo de relieve de forma clara y contundente las vulnerabilidades que conlleva la globalización para la seguridad humana. Hoy más que nunca, con la localización de los polos de fabricación en Asia, y los de consumo en Occidente, los pasos y estrechos estratégicos, como el canal de Suez, por el que transita el 12% del comercio mundial y el 30% del crudo, surgen como cuellos de botella de cuya fluidez depende no sólo la seguridad energética de Europa, sino la propia salud y el bienestar de sus los ciudadanos, como quedó de manifiesto en los primeros momentos de la pandemia, en los que no se disponía de mascarillas adecuadas, o se entraba en una suerte de mercado persa, con China como directora de orquesta.
Es en este contexto en el que hay que analizar el suceso del Ever Given y el bloqueo que ha producido del canal de Suez durante seis días, con 20.000 contenedores a bordo y dejando atascados a más de 400 buques entre la entrada de Puerto Said y Suez. En este accidente, todo señala hacia el capitán, cuya responsabilidad y autoridad a bordo es incontestable, incluso en el hipotético caso de que el práctico del canal de Suez proporcionara recomendaciones erróneas, según la legislación egipcia.
Las dinámicas de la globalización dictan pautas claras que se materializan en la construcción de buques portacontenedores cada vez más grandes, a la vez que se reduce el número de compañías, lo que sugiere que el 90% del comercio mundial cada vez se sitúa más claramente en manos de menos compañías con buques con capacidad de hasta 24.000 contenedores.
En esta situación afloran las aspiraciones geopolíticas de potencias mundiales como Rusia, que aprovecha el incidente de Suez para poner sobre la mesa la ruta del Ártico, que se abre por el deshielo provocado por el cambio climático, y que este país se apresta a controlar.
¿Hemos llegado al límite del modelo económico liberal que nos ha traído a la globalización actual?
Por otra parte, en Mozambique se produce una escalada de violencia, en un país azotado cruelmente por la lacra de la guerra y los delitos de lesa humanidad, por los que nadie ha sido juzgado hasta el momento.
Con una cruenta guerra civil, que comienza prácticamente dos años después de su independencia de Portugal en 1977, dejando una terrible estela de niños soldado o la violencia sexual como arma de guerra, en 2017 aparece una insurgencia, actualmente con supuestos vínculos con el Estado Islámico, que castiga a la población.
El ataque sobre la población que tuvo lugar en la provincia de Cabo Delgado, al norte del país, el pasado 24 de marzo, ha dejado devastada la ciudad de Palma, con un número elevado de muertos y personas huidas, y donde se han informado decapitaciones.
A ello hay que añadir el factor económico representado por los abundantes recursos naturales de gas, gestionados principalmente por Total, lo que afecta a los intereses de Francia, que además tiene territorio nacional en la cercana isla de Mayotte.
Las organizaciones internacionales tardan en reaccionar y, en su lugar, surgen acciones individuales de Estados con intereses, como Francia, EEUU, o Portugal, por ser antigua potencia colonial.
África se desangra con un rayo que no cesa como consecuencia de una colonización depredadora salvaje y una descolonización marcada por el contexto internacional de la guerra fría y los intereses de la expotencias colonizadoras, que todavía se manifiestan. Mientras, los africanos, con un pasado de opresión colonial, siguen sin ser dueños ni de su presente ni de su futuro. Simplemente permanecen siendo testigos mudos de su propia desgracia y la terrible pobreza que los asola, con tierras riquísimas en recursos.
El distrito electoral
Al ser dinámicos los distritos no deben estar fijados en una Constitución, que sin embargo es permanente.
Antonio García-Trevijano Forte, 31 de enero del 2016.
Fuente RLC: https://www.ivoox.com/rlc-2016-01-31-don-antonio-responde-a-preguntas-audios-mp3_rf_10262856_1.html
Música: Misa BWV 232. Benedictus. J.S.Bach
mcrc.es
diariorc.com
2021
Ever Given y vulnerabilidad global. Mozambique: escala de terror.
Hoy publicamos el tercer capítulo del programa «Escenario internacional» para abordar diferentes temas, de la mano de Fulgencio del Hierro y Fabián Moreno. Tras la pandemia, el bloqueo del Canal de Suez nos pone de manifiesto las vulnerabilidades de la globalización. En Mozambique, una escalada de violencia puede ser la antesala de otro desastre humanitario.
Obediencia policial
La sentencia de Audiencia Nacional acordando dejar sin efecto el cese del coronel D. Diego Pérez de los Cobos revela mucho más que el simple mal hacer del ministro Marlaska, como recoge la prensa. Evidencia la inexistencia de una auténtica policía judicial, cuestión que no recogen los medios de comunicación hegemónicos.
El cese del mando de la Guardia Civil se produjo tras la elaboración de un informe sobre la manifestación del 8-M por la unidad a su cargo comisionada como policía judicial por el Juzgado de Instrucción nº 51 de Madrid. Dicho informe era determinante para la citación en calidad de investigado del delegado del Gobierno en Madrid D. José Manuel Franco por autorizar la concentración en las consabidas circunstancias sanitarias.
En una sentencia de setenta páginas, la Sala de lo Contencioso-Administrativo considera nula la destitución y ordena restituir en su puesto al coronel del instituto armado por entender que se trata de una reacción ilegal frente a su negativa a informar a Marlaska del desarrollo de las investigaciones. Es decir, se le destituye por negarse a infringir el deber de sigilo que le exigía informar tan sólo a la magistrada instructora.
Lo sucedido no es novedad. Ya ocurrió con el llamado Caso Faisán en el que las filtraciones de la fuerza pública dependiente del Ministerio de Pérez Rubalcaba, adscritas al juzgado que investigaba la red de extorsión de la banda terrorista ETA, abortaron la detención de su cúpula por motivos de oportunidad política. Eran los tiempos de la negociación del «alto el fuego permanente».
Si esto ocurre, si estas indeseables situaciones se producen, es porque la policía judicial como tal no existe. Se llama así a la simple asignación funcional de unas cuantas unidades de la Policía Nacional y Guardia Civil a determinados Juzgados, pero dependientes orgánica y presupuestariamente del Ministerio del Interior como el resto de las dedicadas al mantenimiento del orden público.
Así las cosas, resulta impensable que el juez instructor investigue y controle con mínimas garantías las conductas ilícitas de quienes ostentan el poder político, pues los instrumentos que para ello tiene dependen en su organización, medios y economía de aquellos a quien supuestamente también deben investigar y controlar.
El ejercicio de la fuerza por una autoridad pública que se vigila así misma resulta ilimitada, convirtiéndose en simple represión, cuando no en directa garantía de impunidad de los poderosos.
Para la existencia de una Justicia independiente resulta imprescindible la existencia de una auténtica policía judicial únicamente dependiente de jueces y magistrados, bajo la dirección y organización de éstos y dotada presupuestariamente por un órgano rector de la Justicia auténticamente independiente y separado de los poderes políticos.
Sobre el problema de la ideología
Quiero tratar el papel de las ideologías como mecanismos de supervivencia de regímenes políticos no democráticos, pero que intentan parecerlo.
Existen regímenes partidocráticos, oligárquicos, que se basan en un poder acumulado —sin separación de poderes y repartido entre facciones de una misma cosa— pero que se revisten de votaciones por sufragio universal.
En otras épocas eran infinitamente más fáciles de identificar, pues contábamos con palabras como nobleza, aristocracia, burguesía o sufragio. Ahora existe una nueva clase social, la clase política, compuesta por los jefes de partido, diputados y otros empleados. Tienen más intereses comunes entre sí, que con los gobernados que les apoyan.
La oligarquía se oculta tras el velo de libertades individuales otorgadas bajo apariencia de conquista. Los gobernados no pueden definir lo que no ven claramente. Lo que ven es una pulsión de ideologías, que les requiere a identificarse con un partido. Pero como dijo Antonio García-Trevijano, en la noche de la partidocracia todos los gatos son pardos. Sin la luz de la libertad política todos los partidos son iguales, porque lo que proclaman no les compromete.
Los gobernados se etiquetan, se insultan e incluso se odian, azuzados por los partidos, para que voten. Incluso presentan el voto como un deber cívico, cuando es un derecho político, que implica la facultad de ejercerlo o no. Pero al ser votados en listas, los candidatos no responden personalmente de sus propuestas ideológicas.
Con certeza, la libertad política no terminaría con las pasiones humanas que llevan al insulto y al odio, pero al menos el candidato elegido respondería personalmente de sus propuestas ideológicas.
Dice Maquiavelo en El Príncipe: «En algunos lugares alimentaban las diferencias entre sus súbditos, para poseerlos más fácilmente. Los venecianos, movidos por las razones mencionadas, alimentaban a las sectas de los güelfos y gibelinos. Alimentaban entre ellas rencillas, a fin de que, ocupados los ciudadanos en sus diferencias, no se unieran contra ellos».
La partidocracia europea representa una única ideología, basada en disvalores. Los gobernados se enfrentan entre sí por algo que no compromete a los políticos. La libertad política implicaría necesariamente una lucha entre ideologías representativas de los distintos intereses presentes en la sociedad civil, que vincularían a cada miembro de la sociedad política.
Hoy, votar o no votar es la única dicotomía posible. El que vota apoya el régimen de poder. La abstención lo deslegitima y reclama un sistema político nuevo, que garantice la representación de los ciudadanos y la separación de poderes para que estos se controlen entre sí.
Las pasiones ideológicas son inútiles en la partidocracia. Es necesario que la pasión por la libertad construya primero un sistema político donde las posiciones ideológicas se contrapongan libremente y puedan significar opciones reales y diferentes para los gobernados.
La abstención es el contrapoder real frente a lo establecido. No es la hora de la lucha ideológica, sino de la lucha por la libertad colectiva. Si conseguimos la democracia, será la hora de que cada uno se ocupe de su ideología, no antes.
La acción colectiva por la libertad conlleva asumir inconvenientes. Como dijo Nietzsche en La Gaya Ciencia: «— A. ¡Eres un aguafiestas, todo el mundo lo dice! —B. Es verdad. Quito a cada cual la afición a su partido; eso es lo que ningún partido me perdona».
Consecuencias de la falta de policía judicial
Pedro Manuel González, autor del libro «La Justicia en el Estado de partidos», nos explica, en el capítulo nº 52 de «La lucha por el derecho», a colación de lo sucedido con el ministro del Interior Grande-Marlaska y el coronel de la Guardia Civil Pérez de los Cobos, por qué sin una auténtica policía judicial, sólo dependiente de jueces y magistrados, es absolutamente imposible la independencia judicial.
