Desde hace dos meses, los funcionarios de Justicia, agentes, auxiliares y oficiales están en huelga, lo que ha llevado a la paralización de la mayor parte de las actuaciones judiciales. Para los que tienen una visión de la Justicia como un mero servicio público, esto no es más que otro episodio en el ejercicio del derecho a la huelga de unos trabajadores. Pero la Justicia es, sobre todo, una Autoridad, uno de los poderes del Estado, el tercero conforme al clásico orden en que suelen enumerarse: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Que no se tramiten escritos, no se celebren vistas, no se practiquen diligencias ni se ejecuten sentencias, en definitiva, que los procedimientos no sigan su curso, afecta al derecho de los ciudadanos a obtener el amparo judicial. Así pues, la huelga se podría plantear como un enfrentamiento entre el derecho de los funcionarios a ejercer el derecho de huelga y el de los ciudadanos a disponer de la protección judicial de sus derechos e intereses. Resulta difícilmente concebible en el movimiento perpetuo del Estado que uno de sus poderes esté detenido durante una temporada. Lo que los funcionarios de Justicia han puesto precisamente sobre la mesa es una cuestión de manifiesta injusticia. El agravio comparativo que supone el que unos ganen más que otros por el hecho de desempeñar su trabajo en distintos territorios, siendo un cuerpo único, es una quiebra del principio de igualdad de retribuciones por el mismo trabajo. ¿Qué disposición de las cosas permite que unos funcionarios ganen en Cataluña cientos de euros más al mes que sus compañeros de Toledo? El paradójico principio de igualdad que emana de la constitución vigente (“todos somos iguales, pero unos más iguales que otros”), al parecer ha de ser interpretado a la luz del hecho diferencial, de las peculiaridades históricas, idiomáticas y étnicas de ciertas comunidades: eufemismos para encubrir la discriminación. Resulta incongruente acatar la Constitución y sorprenderse de sus efectos disgregadores. Si en la desigualdad, como decía J.J.Rousseau, está el origen de toda injusticia, en la carencia de libertad política de la “carta magna” que nos otorgaron, reside la desigualdad interregional. Expedientes acumulados (foto: M. González)

El régimen monárquico se apresta a conmemorar la fecha del 2 de mayo de 1808. Como ocurrió en la celebración del centenario del descubrimiento de América, cabe esperar que aproveche la ocasión para asestar otro golpe a la memoria colectiva dentro de su programa de desnacionalizar España como un hecho histórico, como una nación cuya unidad ha sido consolidada por la historia. Ya han empezado a entonarse cánticos a favor de los afrancesados, un grupo minoritario dentro del conjunto de la nación a la que no representaba, como demostró el levantamiento y la lucha posterior. Los afrancesados, partidarios del despotismo ilustrado, tenían buenas razones frente al espectáculo que daban los Borbones afincados en España, y hasta es posible que José I hubiese sido mejor gobernante. Sin embargo, no se recordará un hecho muy importante: que José I era el rey legítimo según las reglas vigentes de la soberanía. Lo que quiere decir que el levantamiento del dos de mayo y los hechos que le siguieron fueron una rebelión contra la monarquía legítima y legal. Pero los españoles no le reconocieron la legitimidad por considerar que, en realidad, era una monarquía impuesta sin consultar la voluntad de los españoles. Fue una rebelión en toda regla contra el principio monárquico. La rebelión general fue un hecho espontáneo en todas las regiones o provincias de entonces. Móstoles fue el detonante. En todas ellas se formaron Juntas por la urgencia del caso, pero decididas a someterse a un poder unitario, la Junta central, representativa de toda la nación. En ello destacó por cierto la de Cataluña. Los catalanes pidieron que, en lo sucesivo, “no se hablase más que del santo nombre de España”. Aquella rebelión contra una monarquía legal, y legítima de acuerdo con las leyes y costumbres de entonces, pero impuesta, se transformó en una revolución en la que emergió la nación española como un todo, dueña de sí misma, de su voluntad para quitar o poner reyes. De ahí arranca la historia de la España contemporánea hasta nuestros días, en que la división es una consecuencia lejana de la historia interna de la dinastía restaurada, más interesada en sí misma que en la nación que la había repuesto. Las dos restauraciones posteriores fueron en realidad instauraciones debidas a la voluntad de grupos de intereses y no al deseo de la nación: en ninguno de los casos fue consultada. Si fuese una empresa honrada la traída y llevada “memoria histórica”, inventada por el régimen actual con mentalidad de película del Oeste para quedar como el bueno, imaginándose así justificaciones para dividir la nación, tendría que comenzar por recordar estos hechos fundamentales. Pero no llegará tan lejos porque no le conviene, lo que demuestra la falsedad de esa memoria histórica y del régimen. Será como un fantástica falsificación histórica del estilo de la Enciclopedia Soviética.

La administrativización de la Justicia, algo propio de la inseparación de poderes, conduce irremisiblemente a su burocratización, y el error deja de ser judicial para convertirse en político. Hechos tan lamentables como el sucedido con el presunto asesino de la niña Mari Luz, por omisión de la tutela ejecutiva en el cumplimiento de las penas pendientes del principal sospechoso, manifiestan carencias judiciales más allá de lo meramente material.   La desvergüenza de los políticos telefoneando al padre de la víctima para prometerle depuración de responsabilidades sólo es comparable al admirable ejemplo de serenidad y templanza de éste. Esas llamadas de los Sres. Fernández Bermejo y Rodríguez Zapatero son un reconocimiento de la supeditación del poder judicial al político, demostrando que los premios o castigos de las actuaciones de Jueces y Magistrados no corresponden al Órgano de Gobierno de éstos, sino al poder que realmente dirige la Justicia: el Ejecutivo.   Mariano Fernández-Bermejo.  Cuando no hay separación de poderes la clase política lleva a cabo el doble juego de crear una judicatura adaptada a sus intereses, y a la vez presentar los mecanismos de corrección de unos errores, que la desidia e inoperancia de la organización institucional permiten cuando no directamente fomentan. Un juego con cartas marcadas en el que esa clase política nunca pierde.   La defenestración del juez indolente está cantada. Sin embargo no se atisba reprensión alguna para aquellos que ocupan cargos de responsabilidad por elección política en el Tribunal Superior de Justicia correspondiente ni en el Consejo General del Poder Judicial, a quienes corresponde la organización de la planta judicial, determinante del volumen y reparto de asuntos a cada Juzgado, factor clave de su adecuado funcionamiento. Tampoco para el Ministro de Justicia o responsables de la Comunidad Autónoma que han de proporcionar los medios materiales y personales para una eficaz puesta en marcha de la Administración de Justicia.   En lugar de prometer depuración personal de responsabilidades, los Sres. Bermejo y Zapatero deberían asumir las propias, pues en la “Justicia” del Estado de Partidos, ellos son los principales responsables de las deficiencias estructurales.

En el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña están consignadas las subvenciones a los medios de comunicación durante el año pasado. La cifra destinada a las mismas asciende a 17.631.657 euros, que supone un aumento de un 70% respecto al 2006 y un 123% en relación al 2005. El Periódico de Cataluña, con una doble edición (catalán y castellano), ha recibido la mayor suma: 1.263.438 euros; le siguen el Avui, La Vanguardia y El País. En la ampliación de la línea 5 que pasa por el barrio del Carmel, el túnel del metro se hundió, provocando derrumbes y desprendimientos en varios edificios de la zona: miles de personas fueron desalojadas de sus hogares. El consejero de Obras Públicas, Joaquim Nadal declaró que con un mayor control de la adjudicación y la ejecución de obras de túneles podría haberse evitado el derrumbe del Carmel. Unos días más tarde, en el parlamento, el Sr. Maragall acusó a los nacionalistas catalanes de cobrar comisiones en la adjudicación de obras públicas: “el problema de CiU se llama tres por ciento”. La prensa catalana recibió numerosas críticas por su escasa atención al hundimiento del Carmel y por su nula investigación de las referidas acusaciones de corrupción. Arcadi Espada junto a Albert Boadella han condenado la insignificante atención que ha merecido en la prensa catalana la creación y actividad del nuevo partido político Ciutadans de Catalunya. Espada escribe en sus Diarios de internet que el Colegio de Periodistas de Cataluña ha contribuido a “hacer de Cataluña una inmensa y modélica Caja B”, “¿Acaso no es Caixa cobri el grito mosquetero de los periodistas catalanes”? Cataluña tiene unas características idiomáticas y culturales que la hacen diferente, que contó con una destacada burguesía gracias a la pujanza industrial del pasado, y que ahora está, tal como en el resto de España, a la sombra de una clase política inclinada al pactismo permanente. Pero lo que distingue a Cataluña es disponer de una prensa particularmente servil con los poderes políticos y económicos cercanos. hechos significativos El COI no se pronunciará sobre el estado de las libertades y los derechos en China, aludiendo a que tampoco lo hace con Guantánamo en EEUU o el País Vasco en España. La Generalitat reconoce que el Gobierno central pidió que se ocultase el posible trasvase del Segre hasta después de las elecciones del 9-M. El primer ministro de Irlanda anunció de forma imprevista que presentará la dimisión por un caso de corrupción.

Templo de Dandera (foto: David serquera) Iluminados “Toda inteligencia se hace moral cuando se hace mundo. Si aquélla se separa de él nos convertimos en iluminados.” A través de las metáforas del tiempo y la luz, las antiguas civilizaciones lograron la catarsis entre la vida y el fin. La arquitectura hija de la muerte creó dos tipos de templos: Aquéllos que dejaban que el mundo natural se integrara como la hiedra y floreciera como el loto y la fuente; y los que, ensimismados en su culto, convirtieron la evocación solar en técnica y artificio de la propaganda de si mismos. Como endiosados anuncios de neón. De diferentes cosmogonías se derivan distintas actitudes vitales. Aquellos hombres que permanecen en el mundo, siguiendo el ritmo moral del humanismo, y aquellos en busca de un fulgor mágico, dispuestos a ser elegidos y redimidos. Unos observadores y experimentadores de lo natural, otros transformadores de lo social para el más allá. Como si fueran concepciones cosmogónicas opuestas, en la dialéctica del iluminismo se enfrentan la satisfacción de la verdad con la eficacia en su operación. ¿No es esta dialéctica en si misma un producto facticio? ¿Acaso existe un enfrentamiento inherente entre lo que es complementario? ¿Es posible la negación del ancestro fuera de la traición? ¿Lo es la del sucesor y seguir viviendo? Dicen que existe un lugar donde todos los niños juegan entre claroscuros al escondite. Quizás, todavía exista este lugar común donde los pequeños torbellinos nos intimidan con sus cabriolas y engaños, o nos pulverizan con una sonrisa sostenida en el vacío, o nos llaman asomándose a través de una mirada universal. Aunque finjan esconderse, son el grito del mundo. Jamás renunciarían a él, porque a él pertenecen y junto con él se transforman.

El PNV, representante de una minoría que habla en nombre de la totalidad, escenificará rechazos, llorará su marginación política pero negociará un trozo de poder: blindaje del “cupo”, asunción de ciertas competencias, fusión de las cajas de ahorro vascas, participación en la gestión del Puerto de Bilbao, financiación del AVE a Vitoria, Bilbao y San Sebastián (la famosa Y), garantía de que Iberdrola continuara teniendo el domicilio fiscal en Bilbao con la empresa EDF francesa en liza y otras “minucias”.    Siguen disfrutando de un privilegio concedido en tiempos de Cánovas mediante un Real Decreto de 1878, conocido como concierto económico, por el que se establecía el régimen de tributación para las tres provincias vascas. Este instrumento fiscal convierte a cada Diputación Foral en pequeños Estados en materia fiscal. Recaudan y/o comparten los tributos estatales de acuerdo con unas reglas establecidas y le entregan una parte (el llamado "cupo") en compensación por las competencias que aún permanecen en el Estado. Esta aportación se calcula aplicando el llamado "índice de imputación" o porcentaje que alcanza la renta relativa o participación de cada una de estas Comunidades en la riqueza nacional (6,24% el País Vasco, 1,6% Navarra).   Museo Guggenheim de Bilbao   En el caso vasco, el cálculo actual se concreta en la Ley 29/2007 que expone de forma clara los privilegios de los que gozan. En ella no se tiene en cuenta el total de los Presupuestos Generales del Estado (324.963 me. (millones de euros)) sino una parte, los de la Administración General del Estado (188.417 me.), de los que se restan las cargas asumidas por la Comunidad Autónoma . Sobre el resto (85.753 me.) se calcula el cupo teórico de 5.351 me. (6,24%). La cosa no queda ahí, pues hay multitud de ajustes y compensaciones (tributos no concertados, ingresos no tributarios, déficit público previsto) que minoran dicha cantidad hasta dejarla en 1.565 me.    No es de extrañar que las Comunidades Autónomas de la Rioja y de Castilla y León tengan frecuentes contenciosos con el País Vasco por las localizaciones industriales. Uno de los cuales está actualmente en el Tribunal de la Unión Europea por aplicar tipos impositivos más bajos en el Impuesto de sociedades, interpretados como una subvención encubierta contraria a las normas de competencia de la Unión Europea.

En Cataluña se afronta una situación de emergencia tras la sequía más persistente de los últimos cincuenta años. La Generalitat ha solicitado de forma excepcional un trasvase de agua desde el río Segre (afluente del Ebro), que tendría carácter temporal, para garantizar el abastecimiento del área metropolitana de Barcelona (cinco millones de habitantes). Esta petición ha provocado la oposición del resto de Cataluña, de otras Comunidades Autónomas, y del Gobierno central. En la misma Cataluña, hay un movimiento comarcal de rechazo a la cesión de agua a Barcelona ya que ésta lleva demasiado tiempo absorbiendo recursos de zonas con menos habitantes y menos inversiones; también CiU se opone al trasvase por razones ecológicas y económicas. El presidente de Aragón, Marcelino Iglesias ha señalado que el Estatuto de su comunidad impide cualquier trasvase del Ebro o sus afluentes, y en Valencia y Murcia llaman la atención sobre la contradicción de los socialistas :"Ahora sí quieren trasvases" (portavoz del Gobierno valenciano). La vicepresidenta Fernández de la Vega anunció el pasado viernes que el Gobierno no autorizará el trasvase Segre-Barcelona. Sin embargo, al presidente catalán ha declarado que no le "temblarán las piernas" a la hora de imponer un trasvase del río Segre o coger "agua de donde haya", porque se necesita "para que la gente beba", y además "los recursos hídricos no son propiedad de nadie, son de todos". Por eso, el PSC defenderá el trasvase incluso contra un Gobierno central de su mismo partido que se ha opuesto a todos los trasvases para favorecer la puesta en marcha de unas desaladoras todavía inoperantes; en este sentido, el consejero de Interior de la Generalitat tachó a la vicepresidenta de "irresponsable" y "desleal". Mientras en una parte de España el agua se desaprovecha porque los embalses están llenos o debido a la ausencia de una infraestructura que canalice el agua de los ríos que se desborda o va a parar al mar, ciertas regiones padecen una pertinaz escasez de agua. En un proceso de cantonalismo hídrico, el uso del agua se ha convertido en un elemento de confrontación política e interregional, en la que cada Comunidad quiere retener la que pasa por ellas, sin un Gobierno central que asuma las competencias necesarias para asegurar un sensato aprovisionamiento de todos los españoles.   hechos significativos El sindicato CSI-CSIF denuncia las numerosas negligencias que produce un sistema judicial obsoleto como el espanol. El Sr.Llamazares asegura que seguirá en Izquierda Unida.  

Plaza de Vistalegre, 12 de febrero de 2008 (foto: Petezin) Hoy se ve lejano el crimen de estado y la corrupción galopante de años pasados. Pero todavía persisten lazos personales. Pérez Rubalcaba, el Portavoz del Gobierno de los GAL, ha ejercido, con total naturalidad, de Ministro del Interior en la pasada “legislatura”. Se ha demostrado, con ello, y por la innegable vía de los hechos, que: 1º) no existe arrepentimiento alguno en el PSOE por el saqueo de los fondos reservados, que se utilizaron, en parte, para financiar un grupo paraterrorista que secuestró y asesinó a ciudadanos inocentes, 2º) no se tienen escrúpulos morales, tanto en el plano personal como organizativo, en pasar de hacer comprensible la guerra sucia, a negociar con el terrorismo etarra, el mismo que había empujado a justificar aquel sórdido asunto del GAL, 3º) no hay, tal como entonces, ningún mecanismo institucional capaz de impedir esto.   Llegándose a alcanzar las citadas cotas de degeneración moral y comportamiento criminal en el Estado de partidos, hubo profesionales de la información-opinión que denunciaron estos escándalos. Sin embargo, su inconsciente partidismo y su soberbia intelectual no les dejaron ver que la verdadera causa del mal está en la antidemocrática constitución del poder político que siguen apoyando.   Era previsible que el Presidente del Gobierno, y el resto de jefes de partido, mandaran siempre sobre unos diputados que les deben el puesto. Pero, en vez de introducir en la opinión pública la necesidad de someter al Ejecutivo al control de un parlamento de hombres independientes, elegidos, cada uno de ellos, en una mónada de ciudadanos, a la que representarían en la Asamblea Legislativa, prefirieron dedicarse a recrear una fantástica posesión infernal del Estado, que llamaron “felipismo”, para salvar los muebles institucionales en aquella ominosa situación. La posterior moderación respecto a la corrupción, y algunos éxitos internacionales y económicos de los gobiernos del PP, fortalecieron sus creencias en el régimen partidocrático.   Pero la excepción, cuando es permanente, no confirma la regla, sino que la desmiente. Al examinar el orden político español de una manera global, sin prejuicios de partido, se confirma el diagnóstico y la terapéutica democrática.

En un diálogo entre los directores de El País y La Repubblica se recurre a la noción de 'espacio público' sin detenerse a descifrar el significado de tal concepto, que ha sufrido una sustancial modificación desde los tiempos del ágora ateniense hasta las modernas sociedades individualistas, con la preponderancia del 'homo oeconomicus' que Louis Dumont analizó notablemente en su obra 'Homo Aequalis'. Este cambio afecta a las posibilidades mismas de la existencia de la democracia. A esta dificultad se añaden otros impedimentos de orden estructural, entre los cuales la falta de representación de los ciudadanos en las modernas oligocracias partidistas no es el menos importante. Los directores citados consideran que la prensa ostenta un papel importante en la conformación de ese espacio público, que al parecer en toda 'democracia' existe. Ahora bien el auténtico 'punctun pruriens' de la cuestión, es decir, el poder que tal espacio público pueda ejercer sobre la sociedad política, es frecuentemente objeto de un equívoco que conviene señalar: la posibilidad de un espacio público pasa, como mínimo, por la existencia de libertades públicas, pero éstas no implican, ni mucho menos, que haya democracia. Y ese espacio público será tanto más inoperante, su grado de influencia sobre la sociedad política será tanto menor, cuanto más pequeñas sean las posibilidades de que se traduzca en una efectiva libertad política. En España, los propagandistas de nuestra 'ejemplar transición', y entre ellos, de forma señalada, El País, son responsables de haber propiciado esta grave confusión entre libertades públicas y democracia. En las actuales circunstancias, resulta ilusorio esperar que la prensa vaya a favorecer el surgimiento de un espacio público en el que se reclame la libertad política. 'Los diarios tienen la obligación de referirse a la política, pero han de afrontarla sin que la política hable de sí misma', dice el director de La Repubblica. El vínculo entre las oligarquías partidistas y los intereses empresariales del 'cuarto poder' ha frustrado que semejante deseo se haga realidad.   Prensa independiente.