La corrupción no comienza cuando se roba dinero público ni cuando se reciben subvenciones. Comienza mucho antes, cuando se acepta participar en un régimen políticamente ilegítimo. En el Estado de partidos no hay corruptos y honrados: hay integrados y excluidos, por la fuerza o voluntariamente. Y todo aquel que se integra en el sistema acepta su lógica, su moral y su corrupción estructural. Se corrompe a sabiendas.

Quien participa en este régimen no es corrupto porque cobre comisiones, sino porque consiente la falsificación de la representación política. El robo material es solo la consecuencia visible de una corrupción previa: la corrupción política, la que convierte al ciudadano en súbdito y al partido en órgano del Estado.

El engaño consiste en creer que un partido es «estatal» únicamente porque recibe subvenciones públicas. Eso es una trivialidad contable. El verdadero carácter estatal del partido reside de forma protagonista en su participación en el sistema de proporcionalidad, que destruye el vínculo entre elector y representante. La proporcionalidad no representa a nadie: reparte poder entre aparatos. Y todo partido que acepta ese reparto acepta convertirse en pieza del Estado, no en expresión de la sociedad civil.

Desde el momento en que un partido concurre a comicios convocados a través del sistema de listas, entra en el régimen. Desde el momento en que acepta escaños proporcionales, deja de representar ciudadanos y pasa a representar cuotas de poder. Desde ese instante, su corrupción ya está consumada, aunque no haya recibido un solo euro público.

De la misma forma, el Partido Popular y el Partido Socialista no son corruptos porque existan las Gürtel, Bárcenas, Kitchen o los ERE. Esos casos no son la causa, sino la prueba. Son corruptos porque gobiernan sin representación, porque ocupan el Estado como botín del partido y porque utilizan la legalidad para blindar su irresponsabilidad política.

La trama Gürtel no fue una degeneración del PP: fue la expresión natural de un partido estatal, que se financia mediante el control del poder administrativo. Bárcenas no fue una anomalía: fue el producto lógico de una organización que no rinde cuentas a los electores, sino a su jerarquía interna. El caso Kitchen no fue un exceso: fue el uso coherente del Estado por un partido que se identifica con él.

Los ERE no fueron un escándalo socialista: fueron un sistema de gobierno. El PSOE en Andalucía no robaba para enriquecerse solamente, sino para mandar, para sostener una red clientelar, para comprar lealtades y asegurar la reproducción del poder.

Por eso es falso hablar de reforma. No puede reformarse aquello cuya esencia es la corrupción moral, y su destilado, la corrupción política. Las comisiones parlamentarias son farsas, las dimisiones son sacrificios teatrales y las leyes de transparencia son cortinas de humo. Un sistema sin responsabilidad política no puede producir gobernantes responsables.

Quien persigue el cambio de la relación de poder desde dentro del Estado de partidos no entiende nada. Aquí no falta ética; falta libertad política. No falta control judicial; falta representación. No falta moral privada; falta representación y separación de poderes. Mientras los partidos sigan siendo órganos del Estado mediante la proporcionalidad, mientras los diputados no representen a electores concretos sino a cúpulas, mientras participar en el régimen sea condición para existir políticamente, todo participante será corrupto, aunque se proclame puro y no haya tocado un céntimo.

La corrupción no es una desviación del sistema. Es su principio organizador. Es factor de gobierno. Y la verdadera limpieza política no empezará con juicios ni con dimisiones, sino con la ruptura democrática de un régimen donde la corrupción no es una vergüenza, sino una norma de funcionamiento.