Corporativismo

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Tras cada proceso electoral se engrasa la máquina novatoria del CGPJ y del Tribunal Constitucional. Invariablemente, el nuevo gobierno maquilla la transacción política con la cara amable de un nuevo “Pacto por la Justicia”

Y con la misma precisión de reloj, el Ministro de turno subrayará la necesidad de que los Colegios Profesionales implicados se involucren decididamente, recabando su activa participación.

La configuración de los Colegios de Abogados y Procuradores como Administración Corporativa facilita la sumisión de estos operadores jurídicos a la voluntad política, al acudir sus gerifaltes a la llamada ministerial a ver que pescan. La disposición política de fondos en materias tan importantes como la gestión de la Justicia Gratuita, y las promesas de fortalecimiento del control burocrático sobre los profesionales obligatoriamente integrados, sirven de elemento catalizador.

La última llamada a filas se saldó con la famosa Ley de Capacitación Profesional para el Ejercicio de las Profesiones de Abogado y Procurador, que regula el acceso a las mismas a través de un sistema de prácticas y créditos de postgrado obligatorio, rompiendo con el tradicional ejercicio libre desde la Licenciatura en Derecho. Hasta la referida Ley, la práctica capacitadora exigía del futuro Abogado o Procurador la dura pasantía o práctica apenas remunerada, con apoyo en las Escuelas de Práctica Jurídica dependientes de las Universidades, cuya voluntaria matriculación garantizaba el interés del futuro profesional.

Generaciones de ilustres Juristas, Abogados de fe y una procura eficaz se forjaron sin otro filtro que el vocacional en la exigencia de la profesión que eligieron, sometidos a la dura crítica del ejercicio diario. La sinecura del acceso controlado por el Colegio pone en sus manos un poder otorgado políticamente como burócratas del acceso y jueces de la capacitación profesional.

La homologación de cursos impartidos por centros de formación concertados con los Colegios, y la propia matriculación en los propios, ahora indispensable para poder ejercer, se unen a las prácticas puntuadas en macrodespachos reconocidos por la Ilustre Corporación. Los recursos colegiales se multiplican, y la integración en el consenso político-judicial se consuma.

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Lolo CerradaJuan Sin Miedo.Gonzalo Comentaristas mas recientes
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Gonzalo Alvarez

Las Asociaciones de jueces,magistrados y fiscales son adecuadas para presentar candidaturas al colegio director que administre la vida judicial.Pero su elección únicamente desistirá de ser corporativista si el colectivo electoral encaja con el de todo el mundo jurídico que participa en los cometidos civilizadores de la justicia,incorporados,por supuesto,los abogados en activo,los procuradores y secretarios judiciales.En democracia no tiene razón de ser la pertenencia obligatoria a un Colegio profesional.

Juan Sin Miedo.
Juan Sin Miedo.

Bueno, estos no son más que episodios del culebrón que se titula LA OLIGARQUÍA DEL ESTADO DE PARTIDOS, ETC.; seguramente, con total seguridad, que a este ritmo llegaremos a ver el episodio en el que el curilla de parroquia o de aldea, o el boticario de pueblo dicten órdenes de detención, prisión y/o ejecución. Todo ello, faltaría más, muy legal, arreglo a ley y blablablá.
Mucho ánimo amigos y compañeros repúblicos y a seguir SIN TREGUA con nuestra labor de repúblicos, por nuestros objetivos, principios y valores del M.C.R.C.

Lolo Cerrada
Lolo Cerrada

Y no sólo eso. La ley de acceso dificulta acceder a la profesión a los estudiantes con menos recursos económicos mientras se facilita mano de obra barata a los grandes despachos, donde muchas veces lo que menos se valora es el conocimiento jurídico, sino el inglés y la informática vinculados a la productividad del trabajo en cadena. Mientras, la administración institucional en forma de colegios a los que obligatoria mente hay que pertenecer para ejercer bendice estos mecanismos como si fueran a suponer algún beneficio para los abogados (quizás para los malos que ya ejercen y que pensarán que esto restringe la competencia) y para el conjunto de la sociedad, a la que cada día se le limita más el acceso a los tribunales. Pero nadie se plantea por qué para estudiar Derecho se exige una de las notas de acceso a la universidad más bajas, si luego la misma administración justifica estas medidas en la falta de preparación de los nuevos profesionales. Tampoco nadie interviene en la corrupción manifiesta que invade las universidades y que aleja de ellas, en Derecho como en otras carreras, a los mejores alumnos. Y qué decir del acceso a la judicatura y a los cuerpos jurídicos superiores, con preparadores pertenecientes a esos cuerpos cobrando en negro como forma institucionalizada de preparación de las oposiciones, cuando en cualquier otra profesión esa práctica sería perseguida sin piedad. Como bien señalas, Pedro, la partitocracia tiene en la Justicia (y en todo lo que la rodea) uno de sus principales bastiones. Garantía de que ese poder “casi nulo” permanecerá dormido y sin cuestionar nada de lo que hagan los otros dos, fundidos en uno solo y repartiéndose el negocio, también el de la Justicia.