PABLO SEBASTIÁN.
Mal deben de andar las cosas en el seno del Gobierno cuando la vicepresidenta Sáenz de Santamaría pierde los nervios con tanta facilidad en el Congreso de los Diputados frente a las preguntas de la oposición, a las que responde con una agresividad impropia de la dignidad del cargo que ostenta. O cuando ella convierte las ruedas de prensa del Consejo de Ministros en continuas evasivas o soflamas y sermones a los periodistas presentes como si fueran parvularios a los que se empeña en explicar lo buenas que son las decisiones del Gobierno. Es decir, hay que educar a la prensa para que aplauda la ley de Educación. Aunque, en el caso del desafío del independentismo catalán, la evasivas se convierten en actitudes ‘complacientes’ de la mayor gravedad por el aparente ‘silencio administrativo’ con el que se dan largas al desafío catalán.
Le preguntan a la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría si el Consejo de Ministros no aprobó la ley de Educación por el éxito de las manifestaciones contra el proyecto de ley, y la señora se va por los cerros de Úbeda a contarnos el cuento del fracaso escolar que hemos escuchado hasta la saciedad, como aquél otro de ‘no se puede gastar más de lo que se ingresa’, (‘las gallinas que entran por las que salen’, que diría José Mota). Le convendría repasar a doña Soraya las ruedas de prensa de El Elíseo, la Casa Blanca, la cancillería de Berlín, Bruselas y demás centros de poder de nuestro entorno europeo occidental, a ver si aprende algo.
Luego le preguntan por la escalada del desafío catalán y la vice se nos esconde detrás Tribunal Constitucional, aparentando que este Gobierno está asustado con Cataluña y no se atreve a abordar la cuestión desde la tribuna política y judicial, como debiera, cosa que ya saben los independentistas catalanes y por ello no frenan su escalada soberanista de hechos consumados y mofa continua -mientras pasan el cazo de miles de millones al Estado- no solo de la Constitución, sino de la legalidad y el Gobierno de España.
Porque, amén de ser inconstitucional lo ocurrido con la declaración de soberanía, hay otros hechos políticos de la mayor gravedad y muy probablemente fuera de la legalidad: la puesta en marcha de organismos de Estado, la creación de una comisión parlamentaria para un referéndum de autodeterminación ilegal, o los insultos a España en el extranjero desde las embajadas catalanas.
Hechos que indignan a la gran mayoría de ciudadanos españoles que esperan inútilmente la respuesta del Gobierno, y que además pueden ser actos delictivos porque se ataca al Estado español, la Constitución y la legalidad desde instituciones (la Generalitat, el Parlament y sus embajadas) que no solo emanan de la Constitución, como dice Sáenz de Santamaría, sino que además están financiadas con el dinero público del Estado, por lo que podemos estar ante un delito de desacato o deslealtad, y otro flagrante de malversación de fondos públicos.
Por lo que es el Gobierno el que debe advertir públicamente a los gobernantes de Cataluña de que han sobrepasado las líneas rojas; y la fiscalía del Estado -tan impetuosa para amparar a la Infanta Cristina-, la que debe actuar con la mayor diligencia contra estos presuntos delitos. Lo de esconderse detrás del Tribunal Constitucional en lo que afecta a la Constitución no está mal pero es insuficiente y ofrece la imagen de un Gobierno dubitativo que teme responder como debiera. Algo -lo de responder adecuadamente- difícil de imaginar en un político tan huidizo como Rajoy.
Ellos dirán que así se evita la confrontación política que buscan los independentistas, pero estamos llegando a unos niveles en los que la indignación ciudadana crece sin parar y en los que, con esa actitud timorata y asustadiza, se está enviando a Cataluña un mal mensaje. Sobre todo a los medios de comunicación catalanes que están implicados en el proceso independentista y también al poder económico y financiero que financia los disparates de Artur Mas y es corresponsable de todas estas invectivas de la Generalitat, entre otras cosas porque todos ellos creen que en Madrid o no se atreven a dar la cara, o que empiezan a tragar la deriva secesionista.
Hasta el punto de que cuando ya no haya más remedio que actuar, entonces las decisiones deberán ser drásticas y chocarán con una población pro soberanismo que cree estar en la pista de despegue hacia la independencia, toda vez que considera que el silencio del Gobierno de Rajoy es algo parecido al silencio administrativo o al refrán de ‘el que calla otorga’ el permiso para despegar.
