Sobre los recursos públicos (I)

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LORENZO ALONSO.

Ante el despilfarro político generalizado, se ha puesto de moda confeccionar listas de recortes, así que voy a poner mi granito de arena, a modo de un pequeño resumen de la primera parte, dedicada al Estado, para iluminar a las personas que están a punto de aprobar los Presupuestos Generales del Estado para 2013 y a aquellos dirigentes que influyen en el destino de nuestra nación:

1.- El Estado debe prescindir de órganos inútiles como el Senado, ya que España no lo necesita porque no es un Estado Federal; del Tribunal Constitucional, tribunal político por excelencia, cuyas funciones deberían estar residenciadas en el Tribunal Supremo y del Defensor del Pueblo, una institución redundante en un Estado con separación de poderes, en el que el Poder Judicial controla las diversas actuaciones que realizan los otros Poderes, sobre todo al Poder Ejecutivo. Además de redefinir las funciones de los órganos consultivos que, además de conllevar auténticas prebendas y una forma elitista de selección de las personas que los integran, están cargados de tareas duplicadas (Consejo de Estado, múltiples Órganos Consultivos, Comisiones variopintas, Abogacías del Estado, etc.).

2.- En estos momentos de penuria económica, no es una forma ejemplar de comportamiento que los diputados “cesantes” reciban unas pensiones e indemnizaciones de escándalo (inmoral). El Estado debería reflexionar sobre el origen y la justificación de estas pautas de conducta (ética) y actuar en consecuencia, eliminando todas las pensiones temporales y vitalicias de Presidentes de gobiernos autonómicos, de Senadores y Diputados, de Ministros y Secretarios de Estado, y demás privilegiados de la “casta política”, que no hayan cotizado el mínimo exigido por la ley a los demás ciudadanos. El tiempo de la duración en el cargo simplemente les debe servir para cobrar el subsidio de desempleo correspondiente y para añadir el tiempo que han estado en ese puesto al cálculo de la futura pensión, como a cualquier cotizante de la Seguridad Social.

3.- Las subvenciones a Partidos políticos, Sindicatos, Organizaciones empresariales y demás Organizaciones no Gubernamentales (religiosas, culturales, artísticas, etc.) no deberían existir, ya que, al ser asociaciones voluntarias de ciudadanos, sus miembros deben hacerse cargo de sus gastos. Otra cosa será que el Estado conceda alguna bonificación tributaria a los ciudadanos que aporten cuotas o realicen donativos a su mantenimiento, o coadyuve a su financiación de acuerdo con los fines sociales objetivamente probados que practiquen. Estos días hemos asistido a una justificación política absurda: La Vicepresidenta nos dice que eliminan el famoso “canon digital” para no gravar la compra de dispositivos electrónicos y lo reconvierten en una subvención presupuestaria, como si ésta no se financiase con tributos.

4.- Es una vergüenza conocer la existencia de miles de coches oficiales, de miles de tarjetas de crédito con cargo a cuentas públicas, de cientos de ordenadores portátiles, “tablets” (“iPad” o similares), “smartphones” (“iPhone” o similares), todo tipo de artilugio telemático o electrónico con contrato a cargo de algún organismo público, de la infinidad de gastos de protocolo y toda esa multitud de gastos reservados y a justificar. Es una virtud democrática que el Estado utilice estos objetos y esos créditos con mesura y de forma controlada y proceda a la eliminación de todo lo superfluo.

5.- Es de justicia y lealtad la desaparición de todos aquellos “cargos de confianza” cuyas tareas las pueden desempeñar los funcionarios de carrera, en muchos casos relegados a meros “pinches” administrativos; y de toda la grasa burocrática, visible en los miles de cargos y carguillos que inflan las Relaciones de Puestos de Trabajo (las famosas RPT) de los diversos Ministerios y de todos sus ramajes (Organismos, Agencias, Empresas, Fundaciones, Consorcios y demás Entes Públicos) carentes de contenido propio, cuyas funciones pueden ser desempañadas perfectamente por los órganos ordinarios de dichos departamentos. Como hemos dicho muchas veces, las RPT se utilizan para incrementar las remuneraciones de ciertas categorías de funcionarios y empleados públicos y todos esos ramajes administrativos para evitar varios controles en las diversas facetas de su  “simulada” actividad (sobre todo la contratación de obras y servicios, de inversiones y de personal) y para inventar RPT a medida con puestos de trabajo bien remunerados.

6.- Es una obscenidad política ver contratos de prestación de servicios o realización de actividades, ideados como externalización de servicios para mejorar su gestión, mientras los funcionarios que antes los realizaban, se ven relegados a meros archivadores u observadores. Para colmo de la malicia, los generadores de esta situación y sus terminales mediáticos se aprovechan de ella para argumentar sobre la inutilidad de esos funcionarios.

Si se llevasen a buen puerto estos seis consejos en el aparato estatal, podrían generar un ahorro cercano al 2% de nuestro PIB, de acuerdo con lo que han evaluado varios economistas a través de las diversas partidas de los Presupuestos Generales del Estado. No hace falta ser muy sagaz para imaginar la minoración que tendrían lugar en las cargas que el Estado impone a las empresas y los ciudadanos y/o la generación de excedentes para ser utilizados por el Gobierno en inversiones productivas que generen empleo; o en investigación, desarrollo e innovación (I+D+i).

Un pequeño ejemplo de estas últimas inversiones: ha sido tan brutal el recorte en estas partidas que están fomentando la huida de muchos de nuestros científicos. Actualmente varios investigadores del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT) se han marchado a Qatar y otros cuantos están haciendo las maletas; dirigentes e ingenieros del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDEA) han hecho lo mismo que los anteriores; y por si fuera poco en nuestros pequeños ambientes estamos oyendo cada día conversaciones sobre la marcha de miles de universitarios formados con dinero de todos nosotros; huyen porque aquí no hay futuro. Deseo terminar esta primera parte con dos perlas de estas conversaciones, una frase: “en este país no hay pan para tanto chorizo”; y una pregunta retórica: ¿No sería más rentable que invitásemos a marchar a todos los integrantes de “la casta política” de este país?

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